Cristhoper Natanahel Poot Osorio

Expediente 447/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
447/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Cristhoper Natanahel Poot Osorio
  • Cristhoper Natanahel Poot Osorio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 2928 suscrito por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que acusa recibo del oficio 31413/2021, con el que se le devolvió las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1919/20217, que en su oportunidad remitió dicha autoridad como justificación de sus actos. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, devuélvanse las copias certificadas que en apoyo a su informe justificado remitió la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, solicitando acusar de recibo correspondiente. Por otra parte, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por Carlos Giovanni Palma Lara endosatorio en procuración de la persona moral Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercero interesado en el presente juicio de amparo, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en estos autos. En virtud de lo anterior, téngase como su nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones del citado tercero interesado el señalado en el escrito de cuenta y respecto a que cause ejecutoria la sentencia dictada en estos autos, estese a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 447/2021-II, promovido por Christopher Natanahel Poot Osorio, contra actos que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a dicho juzgado, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Christopher Natanahel Poot Osorio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario adscrito a dicho juzgado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución en el estado de Yucatán, que se localiza dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades señaladas como responsables: a) El emplazamiento que le fue realizado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en su calidad de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 1919/2017, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Carlos Giovanni Palma Lara como endosatario en procuración de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra del aquí quejoso como deudor principal y de María del Pilar Osorio Suaste como aval, y en consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento. Tercero. Actos existentes. La Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir sus informes justificados negaron la certeza de los actos reclamados; sin embargo, de la lectura de sus propios informes se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, lo que además se corrobora de las constancias relativas al juicio de origen remitidas por la autoridad ordenadora, las cuales cuentan con valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo; de ahí que los mismos deban considerarse existentes, en cuanto a dichas autoridades se refiere, en el ámbito de su competencia, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el alegato ministerial 214/2021. Cuarto. Causales de improcedencia invocadas por la parte tercero interesada. Previo al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o invoquen las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Carlos Giovanni Palma Lara, endosatario en procuración de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte tercero interesada, indica que el presente juicio de amparo debe sobreseerse de conformidad a lo previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que reclama fueron consentidos por la parte quejosa, al no utilizar los medios de defensa que prevé el Código de Comercio vigente, para efectos de desvirtuar el emplazamiento a juicio antes del dictado de la sentencia en el mismo. Dicha causal de improcedencia deviene infundada, pues contrario a lo manifestado por dicha parte tercero interesada, el quejoso precisamente lo que reclama en el presente juicio de amparo, es el emplazamiento al juicio de origen, y en consecuencia todo lo actuado en el mismo, incluidas las actuaciones posteriores al dictado de la sentencia, de ahí lo infundado de la referida causa de improcedencia. Asimismo, la referida parte tercero interesada, refiere que en este juicio se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que en relación a la actuación consistente en el embargo salarial del quejoso ordenado por la juez responsable, se trata de un acto consumado de modo irreparable, al dejar de laboral en la empresa donde prestaba sus servicios, la cual ejecutó dicho embargo, por lo que ya no sería posible la restitución del mismo a su favor. Lo anterior se considera infundado, pues en el supuesto de haber sido emplazado el quejoso de manera ilegal al juicio de origen, el efecto de la concesión del amparo sería el de dejar sin efectos todo lo actuado en el mismo a partir de su emplazamiento, sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que exista la imposibilidad de restituirle al quejoso el embargo salarial ordenado por la juez responsable y ejecutado por la empresa donde prestaba sus servicios. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a la transcripción de los mismos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Jurisprudencia, Materia(s): Común, consultable en la página 830, Registro IUS número 164618. En el caso a estudio, el quejoso alega básicamente que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no fue oído ni vencido en juicio, pues no fue emplazado legalmente al juicio de origen. Refiere que en la diligencia de emplazamiento, el actuario judicial no se cercioró de la identidad de la persona con la cual entendió la notificación, que fue omiso en preguntar por algún familiar o de corroborar si la persona con la cual entendió la diligencia era el quejoso, si éste se encontraba en ese momento en el inmueble en donde se realizó dicha diligencia y si habitaba en el citado predio. Así, los argumentos que en vía de conceptos de violación expone la parte quejosa, se estiman infundados aún suplidos en su deficiencia, de conformidad con los razonamientos que a continuación se exponen. En principio es importante precisar que el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" El dispositivo constitucional transcrito contiene el derecho fundamental de audiencia previa al acto privativo, la cual estriba en que antes de llevarse a cabo, es necesaria la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada, previamente al dictado del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. III. Ocasión de alegar. IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así las cosas, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por lo que, la falta o el emplazamiento defectuoso al juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en indefensión. Las anteriores consideraciones, se toman de la jurisprudencia P./J. 47/95, por analogía y en lo conducente, bajo registro IUS 200234, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, que dispone lo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Entonces, la primera y más importante de esas formalidades, además de constituir un requisito indispensable para cumplimentar las restantes, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, denominada en el proceso jurisdiccional como emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado que la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; así, resulta indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. A manera de ejemplo sobre lo anterior, por analogía y en lo conducente, se cita la siguiente jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, registro IUS 190656, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Con el mismo fin que la anterior, se cita la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, volumen 163-198 cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, materia civil, registro IUS 240531, que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Por tales motivos, es que la propia Ley impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar al afectado por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho de audiencia. En la especie, del examen de las constancias que integran el juicio de origen, que fueran enviadas por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desprende que el emplazamiento realizado a la quejosa en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen 1919/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido en su contra, no es violatorio de sus derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por encontrarse sustentados dentro del marco de derecho aplicable al caso. De las señaladas constancias se advierten como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: a) Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, turnado al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, Carlos Giovanni Palma Lara, endosatario en procuración de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó al aquí quejoso como deudor principal y a María del Pilar Osorio Suaste como aval, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de diversas prestaciones (fojas 3 a 10 del cuaderno auxiliar). b) Por auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de referencia y, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada (fojas 18 y 19 del cuaderno auxiliar). c) El día veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta minutos, la actuaria designada se constituyó en compañía de la parte actora, en el domicilio señalado como de los demandados y al no haberlos encontrado, pero cerciorada de que se trataba de su domicilio, procedió a dejarles con la persona con la que se entrevistó en dicho domicilio, citatorio para que la esperen con respecto al quejoso a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15 del cuaderno auxiliar). d) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta minutos, la actuaria responsable se constituyó nuevamente en compañía de la parte actora en el citado domicilio y, previo cercioramiento de ser el domicilio correcto, procedió a realizar con la persona que ahí se encontraba, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado, aquí quejoso (fojas 17, 18, 21 y 22 del cuaderno auxiliar). e) Por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se tuvieron por perdidos los derechos que la parte demandada en su oportunidad pudo haber ejercitado en el juicio de origen (foja 85 del cuaderno auxiliar) f) Posteriormente, previos los trámites legales, el quince de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, condenando a la aquí quejosa y a su codemandada, al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 89 a 94 del cuaderno auxiliar). Ahora bien, con base en lo antes reseñado y en las constancias existentes en el juicio de origen, al quejoso no le asiste la razón al exponer en sus motivos de queja que no fue llamado de manera correcta a aquél procedimiento y que por tanto, se le dejó en estado de indefensión, pues contrario a su dicho, de las constancias anotadas se advierte que en el juicio natural, se le otorgó el derecho fundamental de defensa al haber sido emplazado conforme a lo establecido en la ley aplicable, que en el caso lo es el Código de Comercio vigente en la época en que se realizó la notificación impugnada. Como se mencionó, dichos conceptos de violación esgrimidos por la quejosa resultan infundados, debido a que los artículos 1392, 1393, 1394, primero y segundo párrafos, y 1396 del Código de Comercio aplicable, que son los que regulan el emplazamiento en los procedimientos ejecutivos mercantiles, como aquél del que derivan los actos reclamados en este juicio, textualmente disponen: "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste". "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. "Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." "Artículo 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Con base en lo transcrito y de la revisión de las constancias levantadas por la actuaria responsable se advierte que dicha fedataria cumplió en su actuación con las formalidades impuestas por los señalados numerales, pues de las mismas se advierte que al constituirse por vez primera a las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en compañía de la parte actora, en el predio número doscientos veintinueve de la calle treinta y seis, de Hunucmá, Yucatán, domicilio que le fue señalado para emplazar al demandado Christopher Natanahel Poot Osorio, se cercioró de que en efecto en dicho predio vive, habita y tiene su domicilio la persona buscada, por la nomenclatura pública puesta por el municipio de la localidad en la esquina de la cuadra, en la que se indica la calle, así como del número que ostenta el predio; también por el dicho de los vecinos del rumbo, quienes así se lo aseguraron y, porque así lo corroboró una persona del género femenino que se encontraba presente en el interior del domicilio, quien confirmó que efectivamente ese era el predio buscado y que ahí habitan y tienen su domicilio el demandado quejoso y su codemandada, misma persona ante quien la fedataria se identificó como actuaria judicial y a quien a su vez le requirió para que se identificara, lo cual manifestó llamarse Olga Esther Xool Chay, quien dijo habitar de igual manera en el referido predio y ser pariente de las personas buscadas, negándose a precisarle a la federataria el tipo de parentesco, sin que se advierta que se haya identificado con documento idóneo, no obstante la actuaria judicial describe su media filiación, siendo de complexión media a gruesa, cabello largo, tez morena, de aproximadamente cuarenta años de edad y un metro con sesenta centímetros de altura y, ante el requerimiento de la presencia de los demandados, la citada informante manifestó que en ese momento éstos no se encontraban, pues se encontraban laborando, razón por la cual la fedataria, con fundamento en el artículo mil trescientos noventa y tres del Código de Comercio en vigor, procedió a dejarle a los demandados, por conducto de su informante, los correspondientes citatorios para que la esperaran en ese mismo domicilio el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta minutos en relación del aquí quejoso, mismos que la entrevistada recibió de conformidad y se le hizo saber de la obligación legal de hacerlos llegar oportunamente a su destinatarios, no firmando de recibido por no desear hacerlo, con lo cual se dio por terminada la diligencia, levantando el acta correspondiente de la cual la fedataria dio lectura en voz alta, firmando ésta dicha fedataria únicamente de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, al no querer hacerlo la entrevistada, ni la parte actora. Al constituirse por segunda ocasión al domicilio de la demandada, en compañía de la parte actora, en la fecha y hora señalada en el citatorio, previo cercioramiento realizado en los mismos términos que la diligencia anterior, y no encontrar a dicho demandado y su codemandada, procedió a entender la diligencia con la nombrada Olga Esther Xool Chay, quien se encontraba en el interior del domicilio y señaló nuevamente ser pariente de los demandados y habitar en dicho predio, negándose a precisarle a la federataria el tipo de parentesco, sin que se advierta que se haya identificado con documento idóneo, no obstante la actuaria judicial describe su media filiación, siendo de complexión media a gruesa, cabello largo, tez morena, de aproximadamente cuarenta años de edad y un metro con sesenta centímetros de altura, la cual confirmó que en efecto ese era el predio buscado y que ahí podían ser localizados los demandados, ya que en el mismo viven, habitan y tienen su domicilio, y ante el requerimiento de la presencia de los demandados, manifestó que éstos no se encontraban en ese momento toda vez que se encontraban laborando, no obstante los citatorios que había dejado; razón por la cual, con fundamento en el artículo mil trescientos noventa y tres del Código de Comercio, procedió a entender la diligencia con dicha informante, a quien le leyó en alta voz el auto de exeqüendo de quince de diciembre de dos mil diecisiete y el de veinte de agosto de dos mil dieciocho, poniéndole a la vista el documento base de la acción y lo requirió para que en el acto pague en nombre de la parte demandada a la parte actora, la cantidad de ochenta mil pesos moneda nacional como suerte principal, los intereses moratorios al tipo pactado y los gastos y costas del procedimiento o en su defecto, señale bienes de la propiedad de los demandados para su embargo que sean suficientes para cubrir las prestaciones y costas reclamadas, bajo el apercibimiento que de no hacer tal señalamiento, el derecho para hacerlo pasará a la parte actora, a lo que la persona con la que se entendió la diligencia manifestó que no paga y que tampoco señala bienes para embargar, por lo que el derecho pasó a la parte actora, quien en relación al aquí quejoso se reservó el derecho de señalar bienes para embargar y, formalizado el embargo, la fedataria responsable procedió a notificar y emplazar al demandado, ahora quejoso, por medio de cédula, que contenía inserto el auto de mandamiento en forma, misma que entregó a la persona con quien entendió la actuación haciéndole saber a la parte demandada que tenía ocho días para presentarse ante el juzgado a hacer pago de lo reclamado o en su caso oponerse a la ejecución si para ello contare con excepciones y defensas que hacer valer, haciéndole entrega también de copias simples de la demanda y del documento base de la acción debidamente cotejadas, así como copia del acta de la diligencia levantada, previa lectura en voz alta que hizo de la misma. En la especie se estima que la diligencia de emplazamiento fue realizada conforme a Derecho, contrariamente a lo que alude la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que de las constancias que en copia certificada obran en autos, relativas al juicio ejecutivo mercantil 1919/2017 del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte que la misma sí se realizó al quejoso (por medio de cédula de notificación, previo citatorio que le fuera entregado a una pariente de éste, la cual manifestó habitar en el referido predio), tal como está establecido en los artículos 1393 y 1394 del Código de Comercio, pues se aprecia que la actuaria responsable al constituirse al domicilio del demandado quejoso en su primera búsqueda y al no encontrarlo, previo cercioramiento de que ese era su domicilio, dejó citatorio a su informante para que aquél la esperara al día siguiente a la misma hora, siendo que al constituirse nuevamente en dicho domicilio en la fecha y hora fijada, y al no haberla esperado el mencionado demandado, realizó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento correspondientes y entregó la cédula de notificación respectiva, cumpliendo nuevamente con el requisito de cerciorarse que el domicilio donde practicaba la diligencia era el domicilio del señalado demandado, advirtiéndose de la actuación analizada que tal información la obtuvo, cuando se constituyó en el predio de mérito por los informes de los vecinos, por la nomenclatura de las calles y numeración del predio existentes a la vista y por el dicho de Olga Esther Xool Chay, quien se encontraba en el interior del inmueble y manifestó que ese era el predio donde habita el demandado, ser pariente de éste y habitar de igual manera en el referido inmueble, sin que en el caso resultara necesario exigir a la funcionaria que practicó la diligencia, recabar mayores datos para la ubicación del domicilio del demandado ya que los que recabó se estiman suficientes para tener la certeza que en el predio donde se constituyó era el domicilio del demandado. Máxime si se toma en cuenta que, cuando se cuestiona la falta o el ilegal emplazamiento en la forma en que lo hace la peticionaria de amparo, deben aportarse elementos de convicción suficientes e idóneos para desvirtuarla, pues las actuaciones o razones de notificación realizadas por los actuarios, quienes en su carácter de funcionarios están investidos y gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario suficiente, es decir, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario, sin que el ahora quejoso hubiese aportado probanzas que evidenciaran que en efecto en el caso se incurrió en una falta o ilegal emplazamiento en el juicio natural, a lo cual se encontraba obligado, tomando en consideración la fe pública antes referida que gozan los fedatarios judiciales. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 786, consultable a fojas 532, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394742, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciero en su carácter de funcionario investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Así como la jurisprudencia número 412, visible en la página 279, del Tomo IV, materia civil, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 392,539, que dice: "ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones." De ahí que, al no haber ofrecido el quejoso prueba alguna en este juicio a fin de corroborar sus argumentos y por ende, la ilegalidad con que aduce se realizó dicha diligencia, no es posible tener como válidos tales aspectos y en consecuencia, declarar nula la actuación impugnada en este juicio constitucional. En virtud de lo anteriormente expuesto, y ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y al no haber queja que suplir, lo procedente es dejar incólume la diligencia de emplazamiento de mérito, con todas y cada una de sus consecuencias legales En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja a su favor, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Negativa que se hace extensiva, igualmente respecto de los restantes actos, consistentes en todos lo actuado en el juicio de origen, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento señalado como acto reclamado de manera primigenia. Ilustra el criterio expuesto la tesis aislada, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347, tomo I, primera parte, enero-junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro IUS 207616, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por tanto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Christopher Natanahel Poot Osorio, respecto de los actos que reclama a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (en su correcta denominación), por los motivos y fundamentos expresados en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, siete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    CITATORIO:_ R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Christopher Natanahel Poot Osorio, respecto de los actos que reclama a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (en su correcta denominación), por los motivos y fundamentos expresados en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese Personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, siete de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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