Cristian Alcides Alomoto Castro

Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
627/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Cristian Alcides Alomoto Castro
  • Luis Kleber Catota Vaca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusieran recurso de queja contra el auto dictado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Visto; las razones asentadas por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, con motivo de las diligencias ordenadas en proveído de veintiséis de agosto del año en cuso, entendida con los directos quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, de las que se desprende que dichos quejosos no ratificaron la demanda de amparo interpuesta a su favor por Saúl Martínez Villalpando; en consecuencia, como se apercibió a los quejosos en auto de admisión, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que originó este expediente, quedando sin efecto las providencias decretadas en el citado auto de la referida data.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Saúl Martínez Villalpando, en favor de ******y **********, contra actos del Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 627/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala, esencialmente, como actos reclamados los siguientes: 1. La deportación a su país de origen. 2. La incomunicación y los malos tratos de que es objeto. 3. La posible desaparición forzada. 4. La privación de la vida. 5. El aseguramiento, alojamiento y/o detención ilegal de la libertad de los quejosos en la Estación Migratoria de Zacatecas. 6. La exposición al virus COVID-19 y/o SARS-COV-2. En el entendido que los directos quejosos son extranjeros de nacionalidad "Ecuatorianos" y en la demanda de amparo se refiere que se encuentran detenidos en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración, Delegación Zacatecas. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse informes con justificación a la autoridades responsable, los cuales deben rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifiquen, donde expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas con veinte minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. TERCERO INTERESADO. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a los quejosos y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Mediante oficio y copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. CONSULTA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Toda vez que es un hecho notorio que el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, ha proporcionado en diversos asuntos del índice de este juzgado, el nombre de usuario "HectorR"; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, los promoventes señalan como actos reclamados: 1. La deportación a su país de origen. 2. La incomunicación y los malos tratos de que es objeto. 3. La posible desaparición forzada. 4. La privación de la vida. 5. El aseguramiento, alojamiento y/o detención ilegal de la libertad de los quejosos. 6. La exposición al virus COVID-19 y/o SARS-COV-2. Además, se toma en consideración que los quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, son extranjeros de nacionalidad Ecuatoriana. Así las cosas, con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de oficio y de plano en favor de Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, en los términos siguientes: a) La incomunicación que reclaman los quejosos. Para el efecto de que las autoridades responsables cesen de inmediato el acto reclamado de referencia, y en su caso, de los actos enunciados por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, en contra de Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca; por lo que, al cesar dicha incomunicación, las responsables deberán permitir a los directos quejosos firmar cualquier escrito que a su defensa y libertad corresponda. En forma especial, como consecuencia de la presente medida suspensional, las autoridades responsables deberán restituir de inmediato el derecho fundamental de los quejosos al contacto y asistencia consular, con todas sus implicaciones legales correspondientes b) La retención o privación de la libertad fuera de procedimiento por autoridad administrativa en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. Para el efecto de que, en caso de que las autoridades responsables se encuentran ejecutando la retención y/o privación de la libertad (alojamiento) que refieren los promoventes, con vista en las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo y en las constancias que obren en sus respectivos expedientes, las autoridades responsables determinen si dichos quejosos se encuentran en situación legal en el territorio nacional, en términos de los artículos 68, 100 y 111 de la Ley de Migración, y se sitúa en alguna hipótesis legal para obtener su libertad; de ser así, deberán poner en inmediata libertad personal a Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, lo cual procederá sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que queden a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra, supuesto en el cual, dichos quejosos deberán ser inmediatamente notificados de la existencia de dicho procedimiento, y las causas y fundamentos con base en los cuales fue instaurado. Ahora bien, para el caso de que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional en vigor, la medida cautelar se concede para el efecto que los quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca queden a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentren, sin perjuicio de que sin dilación alguna sean puestos a disposición de Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. En esos casos, el efecto de la suspensión será que los quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, permanezcan en el lugar en que se encuentran detenidos, retenidos o alojados, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos de los agraviados en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que los quejosos pretendan garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares, esto es, deberán informar a los detenidos sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quienes libremente pueden decir si ejercen o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito a los quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, deberá informarlo a este Juzgado de inmediato, acompañando las constancias que la acrediten. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. Asimismo, del análisis de los actos reclamados en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa estima que por estar detenidos dentro de la Estación Migratoria de Zacatecas, de donde no se les permite salir y que en ese lugar se cuenta con una población numerosa, y se desconoce si se encuentran garantizadas las medidas de salubridad necesarias se pone en riesgo su vida por la exposición al virus covid-19 y/o SARS-COV-2; por tanto, las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias deberán adoptar las medidas necesarias de higiene y saneamiento ambiental para evitar la propagación del virus y provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con las medidas señaladas en el protocolo establecido por la Secretaría de Salud. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsable que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [.] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." En ese caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y, en consecuencia, será plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informen el inmediato cumplimiento que deberán dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor de los aquí quejosos. Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, como ya se precisó, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. El Actuario Judicial adscrito deberá notificar esta determinación a los quejosos y deberá certificar el estado físico en que se encuentran los directamente agraviados. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que del escrito de demanda, se advierte que los directos quejosos Cristian Alcides Alomoto Castro y Luis Kleber Catota Vaca, se encuentran al parecer en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en dicho centro, para localizar a los citados quejosos, y realice las siguientes diligencias: a) Requiera a los directos quejosos, para que en la propia diligencia o en el plazo de tres días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no, la demanda de amparo promovida a su favor por Saúl Martínez Villalpando, para estar en posibilidad de acordar lo conducente. b) Los prevenga para que, en caso de no ratificar la demanda en el plazo concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, dejándose sin efecto las providencias decretadas en este auto. c) Los requiera para que en el acto de la diligencia o bien, dentro del término de tres días legalmente computado, señalen domicilio en esta Ciudad de Zacatecas, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, les serán realizadas mediante lista que se fije en lo estrados de este juzgado, conforme lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, ante los altos índices de inseguridad y violencia que imperan en la región, especialmente en esta Ciudad, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, se instruye al actuario para que, por razones de seguridad en su persona, realice la presente encomienda y las subsecuentes en un horario prudente y que estime no peligra su integridad corporal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar el trámite de incidente de suspensión, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó suspender de plano los actos reclamados. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Martínez Villalpando. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Preparatoria, número doscientos cuarenta y cuatro (244), Fraccionamiento Agrónomos II, en esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. Hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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