Crispin Martínez Salazar

Expediente 307/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
307/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Ma. Angélica Noriega Rodríguez
  • Crispin Martínez Salazar
  • Pablo Alvarado Reza
  • María Leticia Noriega Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, funge como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, ello para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Vista la cuenta y certificación que anteceden, se acuerda: Toda vez que de autos se advierte que el quejoso ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en el término concedido, como se le previno en dicho auto, con fundamento en el artículo ****************************************4 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con que se formó el expediente en que se actúa, únicamente por lo que al citado quejoso se refiere. Por otra parte, respecto a los diversos quejosos ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo ****************************************3 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo ****************************************3. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 6******************** de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ello es así, porque los artículos 76********************, 762, fracción I, 763, 764, 765, de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 76********************. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad;.." "Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." "Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se resolverán de plano oyendo a las partes." Se resalta especialmente para los efectos del examen que se viene realizando, que en contra de los laudos no procede ningún recurso o medio legal de defensa, por lo que la decisión que contienen es definitiva en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo; en cambio, dentro del juicio las partes tienen la oportunidad de inconformarse con la ilegalidad de las notificaciones practicadas en el procedimiento haciendo valer el incidente relativo, que la Junta de Conciliación y Arbitraje debe resolver en una interlocutoria como cuestión de previo y especial pronunciamiento. En efecto, los artículos del 739 al 75******************** de la Ley Federal del Trabajo establecen los requisitos y formalidades que deben reunirse para practicar las notificaciones a las partes en el juicio laboral y, asimismo, el artículo 752 dispone que son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con los diversos preceptos indicados. Igualmente la Ley Federal del Trabajo, especialmente en su artículo 762, dispone que se tramitará como cuestión de previo y especial pronunciamiento, entre otras, la nulidad, sin especificar a qué tipo de nulidad se refiere; pero ello, en concordancia con la disposición del diverso artículo 752 ya mencionado, indica claramente la procedencia de la nulidad de notificaciones, la cual deberá resolverse en un incidente en la forma y términos previstos en la propia ley. Para ello, los artículos 763 a 765 establecen la forma en que deberán sustanciarse tales incidentes; y, para establecer el término con que cuentan las partes habrá de tomarse en consideración lo que dispone el artículo 735, que dice: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." Ahora bien, los ahora quejosos hacen consistir el acto que ahora reclama en: ". La falta de notificación del nuevo laudo dictado en acato a la sentencia pronunciada dentro del Juicio de Amparo Directo promovido ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta Ciudad Capital y marcado con el número 747/20********************7; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74******************** y 742 fracción IV y VIII de la Ley Federal del Trabajo." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, se desprende que: ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, demandaron ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, por el pago de aguinaldo y otras prestaciones. Admitida que fue la demanda se ordenó emplazar al demandado, y el veinticinco de marzo de dos mil once, se inició el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Seguidos los trámites correspondientes el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó laudo en el cual absolvió a la demandada. Inconforme con tal determinación ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, promovieron juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que se registró con el número 747/20********************7. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, concedió el amparo a los quejosos, para que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo, que carecía de firma del Presidente, señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo y resolviera observando las formalidades contenidas en la ejecutoria de amparo. Hasta la fecha ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, ignoran el cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado; es decir el contenido del nuevo laudo que debió notificarles en el domicilio para tal efecto señalado; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo antes asentado se advierte que contra el acto que ahora reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de notificarles el contenido del nuevo laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo 747/20********************7, en el domicilio señalado para tal efecto sito en calle ******************** número ********************, interior ********************, colonia ******************** en esta Ciudad, los artículos 76********************, 762, fracción I, 763, 764, 765, de la Ley Federal del Trabajo, establecen un medio de defensa ordinario, específicamente, el de nulidad; por lo que, al no haberlo hecho valer la parte quejosa antes de comparecer al juicio de amparo, resulta palmario que se viola el principio de definitividad que prevé el citado precepto transcrito en el párrafo que antecede, lo que hace improcedente el juicio de garantías. Lo anterior es así pues de los artículos antes detallados, queda claramente determinada la posibilidad de declarar la nulidad de notificaciones practicadas en forma distinta de la prevenida por la ley, por parte de la autoridad responsable, mediante la promoción que realice la parte que, habiéndose apersonado al juicio, resulte afectada de un incidente de nulidad, seguida de una interlocutoria pronunciada por la propia autoridad. Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses; b) debe estar establecido en la ley correspondiente; y c) debe tener un procedimiento para su resolución. De ahí, que el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de los quejosos, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Tribunal de Amparo suplantaría las facultades del juzgador ordinario. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, ante la manifiesta causal de improcedencia antes analizada, procede, con fundamento en el artículo ****************************************3 de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado.

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓ PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista la cuenta y certificación que anteceden, se acuerda: Toda vez que de autos se advierte que el quejoso ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en el término concedido, como se le previno en dicho auto, con fundamento en el artículo ****************************************4 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con que se formó el expediente en que se actúa, únicamente por lo que al citado quejoso se refiere. Por otra parte, respecto a los diversos quejosos ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo ****************************************3 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo ****************************************3. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 6******************** de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 6********************. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ello es así, porque los artículos 76********************, 762, fracción I, 763, 764, 765, de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 76********************. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta ley." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad;.." "Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." "Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se resolverán de plano oyendo a las partes." Se resalta especialmente para los efectos del examen que se viene realizando, que en contra de los laudos no procede ningún recurso o medio legal de defensa, por lo que la decisión que contienen es definitiva en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo; en cambio, dentro del juicio las partes tienen la oportunidad de inconformarse con la ilegalidad de las notificaciones practicadas en el procedimiento haciendo valer el incidente relativo, que la Junta de Conciliación y Arbitraje debe resolver en una interlocutoria como cuestión de previo y especial pronunciamiento. En efecto, los artículos del 739 al 75******************** de la Ley Federal del Trabajo establecen los requisitos y formalidades que deben reunirse para practicar las notificaciones a las partes en el juicio laboral y, asimismo, el artículo 752 dispone que son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con los diversos preceptos indicados. Igualmente la Ley Federal del Trabajo, especialmente en su artículo 762, dispone que se tramitará como cuestión de previo y especial pronunciamiento, entre otras, la nulidad, sin especificar a qué tipo de nulidad se refiere; pero ello, en concordancia con la disposición del diverso artículo 752 ya mencionado, indica claramente la procedencia de la nulidad de notificaciones, la cual deberá resolverse en un incidente en la forma y términos previstos en la propia ley. Para ello, los artículos 763 a 765 establecen la forma en que deberán sustanciarse tales incidentes; y, para establecer el término con que cuentan las partes habrá de tomarse en consideración lo que dispone el artículo 735, que dice: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." Ahora bien, los ahora quejosos hacen consistir el acto que ahora reclama en: ". La falta de notificación del nuevo laudo dictado en acato a la sentencia pronunciada dentro del Juicio de Amparo Directo promovido ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta Ciudad Capital y marcado con el número 747/20********************7; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74******************** y 742 fracción IV y VIII de la Ley Federal del Trabajo." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, se desprende que: ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, demandaron ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, por el pago de aguinaldo y otras prestaciones. Admitida que fue la demanda se ordenó emplazar al demandado, y el veinticinco de marzo de dos mil once, se inició el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Seguidos los trámites correspondientes el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó laudo en el cual absolvió a la demandada. Inconforme con tal determinación ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, promovieron juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que se registró con el número 747/20********************7. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, concedió el amparo a los quejosos, para que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo, que carecía de firma del Presidente, señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo y resolviera observando las formalidades contenidas en la ejecutoria de amparo. Hasta la fecha ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, ignoran el cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado; es decir el contenido del nuevo laudo que debió notificarles en el domicilio para tal efecto señalado; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo antes asentado se advierte que contra el acto que ahora reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de notificarles el contenido del nuevo laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo 747/20********************7, en el domicilio señalado para tal efecto sito en calle ******************** número ********************, interior ********************, colonia ******************** en esta Ciudad, los artículos 76********************, 762, fracción I, 763, 764, 765, de la Ley Federal del Trabajo, establecen un medio de defensa ordinario, específicamente, el de nulidad; por lo que, al no haberlo hecho valer la parte quejosa antes de comparecer al juicio de amparo, resulta palmario que se viola el principio de definitividad que prevé el citado precepto transcrito en el párrafo que antecede, lo que hace improcedente el juicio de garantías. Lo anterior es así pues de los artículos antes detallados, queda claramente determinada la posibilidad de declarar la nulidad de notificaciones practicadas en forma distinta de la prevenida por la ley, por parte de la autoridad responsable, mediante la promoción que realice la parte que, habiéndose apersonado al juicio, resulte afectada de un incidente de nulidad, seguida de una interlocutoria pronunciada por la propia autoridad. Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses; b) debe estar establecido en la ley correspondiente; y c) debe tener un procedimiento para su resolución. De ahí, que el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de los quejosos, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Tribunal de Amparo suplantaría las facultades del juzgador ordinario. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis I.6o.C.43 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil cien, tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, ante la manifiesta causal de improcedencia antes analizada, procede, con fundamento en el artículo ****************************************3 de la Ley de Amparo, desechar la demanda de amparo promovida por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado.

  4. Principal

    Vista, la demanda de amparo presentada por Crispín Martínez Salazar, J. Jesús Martínez Salazar, Martha de la Rosa Alvarado, José Antonio Morales López, Rosa Chávez Rodríguez, Servando Soto Andrade, José Cortés Rodríguez, Manuel Soto Martínez, Ercilia Chávez Rodríguez, Juan Alberto Venegas de Ávila, Jesús Reyes Flores, Gonzalo Moya Zamora, J. Paz Pizaña Medellin, Rito Medellin Delgado, Jaime Vázquez Herrera, Eduwiges Medellin Delgado, Ma. Angélica Noriega Rodríguez, Andrés Vargas Serrano, María Leticia Noriega Rodríguez, Pablo Alvarado Reza y Francisco Esparza Salas, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas; se acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en atención a que de una imposición de la demanda de amparo se advierte que la misma carece de firma autógrafa del quejoso Servando Soto Andrade, sin que se advierta que la Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas ni la Oficial de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, al recibir la demanda de amparo de cuenta, hayan anotado en la razón o acuse correspondiente que se presentó sin firma autógrafa del citado quejoso; en consecuencia, dicha omisión genera la presunción en el sentido que la demanda de referencia se presentó en original y con la referida firma; por tanto, requiérase al quejoso Servando Soto Andrade, para que dentro del término de cinco días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de manifestar si ratifica el contenido de la demanda de cuenta o bien, si no es su deseo se admita a trámite la misma. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), publicada en la página tres mil seiscientos treinta y dos, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2000130, que dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención antes destacada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada respecto de Servando Soto Andrade. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************y ********************; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle ********************número ********************(********************), colonia ********************en la ciudad de Zacatecas.

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