Crispina O Cristina Santiago Enriquez

Expediente 610/2013 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
610/2013
Año
2013
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2015

Partes del expediente

  • Crispina O Cristina Santiago Enriquez
  • CRISPINA O CRISTINA SANTIAGO ENRIQUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veinticuatro de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil quince, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, se concedió la suspensión definitiva; y no se tramitó incidente de violación a la suspensión provisional. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diez de marzo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, para resolver respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por este Juzgado en el juicio de garantías número 610/2013, promovido por Crispina Santiago Enríquez o Cristina Santiago Enríquez, Eusebio Cruz Román, Rutilo Cruz Román, Carmen de los Santos Islas, Justino Cruz Román, Francisco Antonio García Jarquín, Jorge Gálvez Méndez, Genaro Mendoza Tomás y Aarón Mendoza Antonio, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Director de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, residentes en la ciudad capital y Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; y tomando en consideración que la parte quejosa, no hizo manifestación respecto de la vista que se le dio mediante proveído de nueve de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir lo siguiente: I.-Crispina Santiago Enríquez o Cristina Santiago Enríquez, Eusebio Cruz Román, Rutilo Cruz Román, Carmen de los Santos Islas, Justino Cruz Román, Francisco Antonio García Jarquín, Jorge Gálvez Méndez, Genaro Mendoza Tomás y Aarón Mendoza Antonio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Director de la Penitenciaría Central del Estado de Oaxaca, residentes en la ciudad capital y Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; que hizo consistir en: IV. ACTO RECLAMADO: de la autoridad responsable ordenadora, reclamó la resolución dictada por la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha tres de octubre de 2013, en el toca penal número 472/2013, mismo que resuelve, confirmando, el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de formal prisión, dictado en el expediente penal número 47/2012 del índice del juzgado mixto de primera instancia, del distrito judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Esta me fue notificada el dia ocho de octubre de 2013 (sic)". II. Previo trámite del juicio, en sentencia engrosada el dieciocho de junio de dos catorce, este Juzgado de Distrito, concedió la protección de la Justicia Federal a los quejosos, Crispina Santiago Enríquez o Cristina Santiago Enríquez, Eusebio Cruz Román, Rutilo Cruz Román, Carmen de los Santos Islas, Justino Cruz Román, Francisco Antonio García Jarquín, Jorge Gálvez Méndez, Genaro Mendoza Tomás y Aarón Mendoza Antonio, para el efecto de que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejara insubsistente su fallo y dictara uno nuevo, en el que previo estudio de todos los agravios hechos valer por la defensa en esa instancia, fundando y motivando adecuadamente sus argumentos, resolviera lo que estimara procedente conforme a derecho, misma resolución que podría ser dictada en sentido similar a la primigenia, pero purgando las deficiencias formales apuntadas en dicha sentencia (fojas 147 a 160). III.- Por acuerdo de fecha siete de julio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio de garantías, y se requirió a las autoridades responsables, dieran cumplimiento al fallo protector (foja 172). IV. Mediante oficio número 1889 signado por la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, manifestó haber cumplido con la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, copias certificadas de la resolución dictada el siete de agosto de dos mil catorce, deducidas del Toca Penal número 472/2013, promovido por los aquí quejosos Crispina Santiago Enríquez o Cristina Santiago Enríquez, Eusebio Cruz Román, Rutilo Cruz Román, Carmen de los Santos Islas, Justino Cruz Román, Francisco Antonio García Jarquín, Jorge Gálvez Méndez, Genaro Mendoza Tomás y Aarón Mendoza Antonio, contra el auto de término constitucional fecha nueve de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de Secuestro Agravado (Fojas 177 a 196). V.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este expediente (fojas 208 a 211). VI.-Mediante acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra proveído de fecha veintisiete de agosto del año en curso (foja 220). VII.-Mediante oficio 4161, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, precisó que de la lectura integra del escrito mediante el cual la parte quejosa interponía recurso de queja, se advirtió que en realidad se promovió recurso de inconformidad, por lo que en suplencia de las deficiencias de la vía y de los argumentos hechos valer por la parte quejosa, se le tuvo interponiendo recurso de inconformidad (fojas 224 a 226). VIII.- Mediante oficio 4509, de fecha seis de octubre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informo que admitió a trámite el recurso de inconformidad hecho valer por la parte quejosa, quedando registrado bajo el número 29/2014, de su índice (fojas 338 a 339). IX.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, se tuvo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitiendo testimonio de la ejecutoria de veinticuatro de noviembre del año que antecede, en la que se declaró fundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, por lo que se requirió a la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en la resolución dictada por dicho Tribunal Colegiado, en el recurso de inconformidad 29/2014,. X.- Mediante oficio número 12 signado por la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, manifestó haber cumplido con la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto, copias certificadas de la resolución dictada el cinco de enero del año en curso, deducidas del Toca Penal número 472/2013, promovido por los aquí quejosos Crispina Santiago Enríquez o Cristina Santiago Enríquez, Eusebio Cruz Román, Rutilo Cruz Román, Carmen de los Santos Islas, Justino Cruz Román, Francisco Antonio García Jarquín, Jorge Gálvez Méndez, Genaro Mendoza Tomás y Aarón Mendoza Antonio, contra el auto de fecha nueve de febrero de dos mil trece, dictado por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de Secuestro Agravado (Fojas 374 a 393). Ahora bien, de las copias certificadas de las constancias de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que la autoridad responsable, por resolución de cinco de enero del presente año, dejo insubsistente la resolución de siete de agosto de dos mil catorce, dictada en la toca penal 472/2013, y siguiendo los lineamientos del fallo protector, dicto una nueva resolución en la cual motivo adecuadamente sus argumentos pues al respecto precisó: SÉPTIMO.- Son infundados los agravios que expresa el defensor ya que respecto del primer agravio, éste afirma que el Juez natural no debió tomar en cuenta las declaraciones ministeriales de los recurrentes ni otorgarles valor probatorio alguno ya que adolecen de irregularidades violando así los derechos humanos, toda vez que los inculpados en sus declaraciones manifestaron al Ministerio Público que son hablantes de la lengua zapoteco del Sur, lo que resulta suficiente para que se les proporcionara defensor que conociera su lengua y cultura indígena y al no hacerlo se violaron los derechos humanos de los inculpados; no le asiste la razón al defensor por las razones siguientes: obra en autos las declaraciones de los inculpados rendidas ante la Autoridad Ministerial con asistencia del defensor de oficio, en las que si bien es cierto los recurrentes JUSTINO CRUZ ROMÁN, CRISPINA SANTIAGO ENRÍQUEZ, GENARO MENDOZA TOMAS y/o GENARO MENDOZA alias "FLACO" y RUTILO CRUZ ROMÁN manifiestan que hablan la lengua indígena zapoteca, también lo es que declaran hablar y entender a la perfección el español, lo anterior aunado a que a excepción de GENARO MENDOZA TOMAS y/o GENARO MENDOZA alias "FLACO", manifiestan saber leer y escribir por contar con la instrucción de nivel básico y de secundaria; y en lo que respecta a los recurrentes AARÓN MENDOZA ANTONIO ó OTHON MENDOZA ANTONIO, CARMEN DE LOS SANTOS ISLAS, FRANCISCO ANTONIO GARCÍA JARQUÍN, EUSEBIO CRUZ ROMÁN y JORGE GALVEZ MÉNDEZ, al declarar manifiestan que no hablan lengua indígena zapoteca y que sí hablan y entienden a la perfección el español, aunado esto a que los recurrentes a excepción de la inculpada CARMEN DE LOS SANTOS ISLAS quien sólo sabe leer pero no escribir, manifestaron que si saben leer y escribir por contar con la instrucción primaria, con lo que queda demostrado que en ningún momento la Representación Social incurrió en violación alguna a sus derechos, ya que por el hecho de que los inculpados hayan manifestado hablar y entender a la perfección el español no se considera necesario que al momento de rendir sus declaraciones, los recurrentes fueran asistidos por un defensor que conociera la lengua indígena zapoteca; en tal virtud queda demostrado que en ningún momento se cometió por parte de la autoridad violación alguna a sus derechos toda vez que para un imputado tenga derecho a ser asistido por un intérprete y por un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, es necesario que acredite su calidad de indígena, lo cual se justifica cuando el inculpado se autoadscribe y se reconoce a sí mismo como tal, lo cual no sucede en el caso, pues para ser considerado como indígena y ser titular de los derechos que le concede el artículo 2º apartado "A" fracción VIII de la Constitución Federal, no basta con que hable lengua indígena, si no que es necesario como se ha dicho que quien se estime indígena se autoadscriba y se reconozca a sí mismo como tal, y que asuma como propios los rasgos sociales y pautas culturales que caracterizan a la comunidad indígena que corresponda, lo cual no sucede en el caso, sirviendo de fundamento a la anterior estimación el artículo 2° apartado "A" fracción VIII, a contrario sensu, de la Constitución Política Federal, y las Tesis aisladas jurisprudencias que a continuación se exponen; Décima Época Registro: 2005030 Primera Sala. Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia (s): Constitucional, Penal Tesis: 1ª./J. 60/2013 (10ª.) Página: 283 PERSONAS INDÍGENAS. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE SER ASISTIDOS POR INTÉRPRETES Y DEFENSORES QUE TENGAN CONOCMIENTO DE SU LENGUA Y CULTURA" (TRANSCRIBE). Décima Época Registro: 2007439 Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada., Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre 2014, Tomo III.Materia(s): Constitucional, Tesis: 1.9ºp.64. P (10ª.) Página: 2515 PERSONAS INDÍGENAS. PROCESADAS. DEFENSA ADECUADA CONFORME AL ARTÍCULO 2º. APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL (TRANSCRIBE). Décima Época Registro: 2003596 Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: 1.6º.P.33 P (10ª.) Página: 1831 INDÍGENA CON CARÁCTER DE INCULPADO. SU CALIDAD Y EL RECONOCIMIENTO TANTO DE SUS DIFERENCIAS Y DERECHOS A NIVEL CONSTITUCIONAL COMO DEL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO CONSTITUYEN UN PARÁMETRO DE VALORACIÓN AL JUZGAR EL HECHO DELICTIVO Y SU RESPONSABILIDAD PENAL LO QUE NO IMPLICA DESCONOCER LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA AL RESARCIMIENTO DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO Y A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) (TRANSCRIBE). Por los fundamentos antes expuestos, se demuestra que los quejosos no acreditaron la calidad de indígena y toda vez que aceptaron al defensor que se les nombro no hay necesidad de nombrarles un defensor indígena y en tales circunstancias, el primer agravio expresado por el defensor deviene infundado; ahora bien, en lo que respecta al segundo agravio, en el que la defensa considera que las declaraciones ministeriales de EUSEBIO CRUZ ROMÁN , RUTILO CRUZ ROMÁN, CRISPINA SANTIAGO ENRÍQUEZ o CRISTINA SANTIAGO ENRÍQUEZ, GENARO TOMÁS o GENARO MENDOZA (a) "EL FLACO" y JUSTINO CRUZ ROMÁN no debieron ser tomadas en consideración para resolver la situación jurídica de los recurrentes, toda vez que no fueron advertidos por la Autoridad Ministerial que tenían derecho a no declarar cuando el inculpado fuese su cónyuge, pariente por consanguinidad o afinidad, así como personas ligadas por amor, respeto, cariño o estrecha amistad; por lo que al no hacerlo violo las garantías de los inculpados, teniendo como resultado la nulidad de las declaraciones; resulta infundado el agravio expresado por la defensa ya que si bien es cierto el artículo 409 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, establece la regla a que se refiere la defensa, sin embargo también lo es que dicho ordenamiento en el numeral 355 fracción segunda, no señala en ninguno de sus incisos, que el hecho de que la Autoridad Ministerial no comunique a la persona que esté declarando, lo que hace alusión el artículo 409 del Código de Procedimientos Penales del Estado, motive que tales confesiones pierdan su credibilidad, mucho menos su valor probatorio y tampoco en un momento dado puedan ser nulas; en tal virtud y por las razones antes expuestas, los agravios expresados por la defensa devienen infundados (.) (fojas 377 a 393). Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó al quejoso, en el goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declararlo cumplido en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese. IIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de enero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia autorizada de la resolución de cinco de enero del año en curso, dictada en el toca penal 472/2013 de su índice. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese. II-B

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