Crisóforo Zavala Ulloa
Expediente 510/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 27/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crisóforo Zavala Ulloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 205 a 209), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se declaró sin materia la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 200 y 201), el que se notificó personalmente el veintiuno siguiente (foja 201 vuelta), transcurrió del veintitrés al veintisiete de junio del presente año, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 137 a 158), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, en virtud de que se determinó que era ilegal la clausura de la tortillería propiedad del quejoso, ubicada en la calle Principal Norte esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, en dicha población, llevada a cabo el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el Síndico Municipal, representante legal del Ayuntamiento Municipal de Chahuites, Oaxaca; por tal razón, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso de mérito, para que: 1. El Síndico Municipal de dicha población, dejara insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el que ordenó la clausura de la tortillería propiedad de CRISOFORO ZAVALA ULLOA, ubicada en la calle Principal Norte esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, en dicha población. 2. Hecho lo anterior, levantara los sellos de clausura correspondientes que se hubieran adheridos a dicha negociación, a efecto de que el quejoso pudiera continuar con la venta de su producto comercial; quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal para determinar lo procedente, en caso de que el quejoso no cumpliera con todos los requisitos para el funcionamiento de su negocio, previa substanciación del procedimiento administrativo correspondiente. En otro aspecto, tocante a los actos reclamados del Ayuntamiento Municipal y Tesorero Municipal de Chahuites, Oaxaca, en la ampliación de la demanda, consistentes en: ? LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A RECIBIR EL PAGO DEL REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; Y, ? LA ORDEN ESCRITA DE NO ENTREGARLE LA ORDEN DE PAGO O DE RECIBIR EL FINIQUITO PARA REFRENDAR EL DERECHO DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE DE LA TORTILLERIA PROPIEDAD DEL QUEJOSO. ? LA ORDEN VERBAL DE NO ENTREGARLE LA ORDEN DE PAGO O DE RECIBIR EL FINIQUITO PARA REFRENDAR EL DERECHO DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE DE LA TORTILLERIA PROPIEDAD DEL QUEJOSO. Los cuales se tuvieron por presuntivamente ciertos, y como se dijo en la sentencia de amparo, debían considerarse fundados los conceptos de violación formulados respecto de los dos primeros actos reclamados; porque cuando se sostiene que el acto no está fundado ni motivado, corresponde a la autoridad responsable comprobar su legitimidad y no al quejoso, porque implicaría para éste la obligación de probar un hecho negativo como lo es el que la resolución que reclama, carece de fundamento legal, y cuando se tiene por cierto el acto reclamado, por no haberse demostrado su constitucionalidad, resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso. Por tales motivos, ante la presunción de certeza de los actos reclamados y toda vez que el último acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, las autoridades responsables Ayuntamiento Municipal y Tesorero Municipal de Chahuites, Oaxaca, deberían: ? Dejar insubsistentes las órdenes verbal y/o escrita que hubieran emitido, relativas a su negativa de recibir el pago del refrendo correspondiente al año dos mil dieciséis; y, de no entregarle al quejoso la orden de pago o recibir el finiquito para refrendar el derecho de la licencia respectiva de la tortillería de su propiedad; ello, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete (fojas 179 y 180), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficios sin números, la Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, la primera, informó que dejó insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la clausura de la tortillería propiedad del quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, ubicado en la calle principal Norte Esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, asimismo, indicó que se retiraron los sellos de clausura desde el uno de enero del presente año, y que dicha negociación ha continuado con sus labores, tan es así que esa autoridad municipal le otorgó al quejoso la respectiva licencia para el año en curso. Y, la segunda autoridad responsable, manifestó que dejó insubsistente las órdenes verbal y/o escrita que se hubiera emitido, relativas a la negativa de recibir el pago de refrendo corresponde al año dos mil dieciséis; informando que se realizó el refrendo de la licencia respectiva de la tortillería propiedad de CRISOFORO ZAVALA ULLOA, la que se encuentra realizando sus labores del año en curso; anexando ambas autoridades responsables copia certificada de la licencia expedida a favor del quejoso, correspondiente al año dos mil diecisiete (fojas 194 y 199). De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que se dejó insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la clausura de la tortillería propiedad del quejoso, así también, se levantaron los sellos de clausura correspondientes; se dejaron insubsistentes las órdenes verbal y/o escrita que se hubieran emitido por parte de las autoridades responsables, relativas a su negativa de recibir el pago de refrendo correspondiente al año dos mil dieciséis; y, de no entregarle al quejoso la orden de pago o recibir el finiquito para refrendar el derecho de la licencia respectiva de la tortillería de su propiedad; y, le recibieron el pago correspondiente a dos mil dieciséis y refrendar el derecho de la licencia correspondiente. Lo anterior, toda vez que ya se refrendó y se otorgó al quejoso de mérito la licencia de funcionamiento correspondiente, inclusive la relativa al año dos mil diecisiete, encontrándose en funcionamiento su tortillería. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los citados efectos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de junio dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 200 y 201), el que se notificó personalmente el veintiuno siguiente (foja 201 vuelta), transcurrió del veintitrés al veintisiete de junio del presente año, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 137 a 158), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, en virtud de que se determinó que era ilegal la clausura de la tortillería propiedad del quejoso, ubicada en la calle Principal Norte esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, en dicha población, llevada a cabo el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el Síndico Municipal, representante legal del Ayuntamiento Municipal de Chahuites, Oaxaca; por tal razón, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso de mérito, para que: 1. El Síndico Municipal de dicha población, dejara insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el que ordenó la clausura de la tortillería propiedad de CRISOFORO ZAVALA ULLOA, ubicada en la calle Principal Norte esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, en dicha población. 2. Hecho lo anterior, levantara los sellos de clausura correspondientes que se hubieran adheridos a dicha negociación, a efecto de que el quejoso pudiera continuar con la venta de su producto comercial; quedando a salvo los derechos de la autoridad municipal para determinar lo procedente, en caso de que el quejoso no cumpliera con todos los requisitos para el funcionamiento de su negocio, previa substanciación del procedimiento administrativo correspondiente. En otro aspecto, tocante a los actos reclamados del Ayuntamiento Municipal y Tesorero Municipal de Chahuites, Oaxaca, en la ampliación de la demanda, consistentes en: ? LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A RECIBIR EL PAGO DEL REFRENDO CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; Y, ? LA ORDEN ESCRITA DE NO ENTREGARLE LA ORDEN DE PAGO O DE RECIBIR EL FINIQUITO PARA REFRENDAR EL DERECHO DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE DE LA TORTILLERIA PROPIEDAD DEL QUEJOSO. ? LA ORDEN VERBAL DE NO ENTREGARLE LA ORDEN DE PAGO O DE RECIBIR EL FINIQUITO PARA REFRENDAR EL DERECHO DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE DE LA TORTILLERIA PROPIEDAD DEL QUEJOSO. Los cuales se tuvieron por presuntivamente ciertos, y como se dijo en la sentencia de amparo, debían considerarse fundados los conceptos de violación formulados respecto de los dos primeros actos reclamados; porque cuando se sostiene que el acto no está fundado ni motivado, corresponde a la autoridad responsable comprobar su legitimidad y no al quejoso, porque implicaría para éste la obligación de probar un hecho negativo como lo es el que la resolución que reclama, carece de fundamento legal, y cuando se tiene por cierto el acto reclamado, por no haberse demostrado su constitucionalidad, resulta violatorio de los derechos fundamentales del quejoso. Por tales motivos, ante la presunción de certeza de los actos reclamados y toda vez que el último acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, las autoridades responsables Ayuntamiento Municipal y Tesorero Municipal de Chahuites, Oaxaca, deberían: ? Dejar insubsistentes las órdenes verbal y/o escrita que hubieran emitido, relativas a su negativa de recibir el pago del refrendo correspondiente al año dos mil dieciséis; y, de no entregarle al quejoso la orden de pago o recibir el finiquito para refrendar el derecho de la licencia respectiva de la tortillería de su propiedad; ello, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete (fojas 179 y 180), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficios sin números, la Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, la primera, informó que dejó insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la clausura de la tortillería propiedad del quejoso CRISOFORO ZAVALA ULLOA, ubicado en la calle principal Norte Esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, asimismo, indicó que se retiraron los sellos de clausura desde el uno de enero del presente año, y que dicha negociación ha continuado con sus labores, tan es así que esa autoridad municipal le otorgó al quejoso la respectiva licencia para el año en curso. Y, la segunda autoridad responsable, manifestó que dejó insubsistente las órdenes verbal y/o escrita que se hubiera emitido, relativas a la negativa de recibir el pago de refrendo corresponde al año dos mil dieciséis; informando que se realizó el refrendo de la licencia respectiva de la tortillería propiedad de CRISOFORO ZAVALA ULLOA, la que se encuentra realizando sus labores del año en curso; anexando ambas autoridades responsables copia certificada de la licencia expedida a favor del quejoso, correspondiente al año dos mil diecisiete (fojas 194 y 199). De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que se dejó insubsistente el oficio sin número de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó la clausura de la tortillería propiedad del quejoso, así también, se levantaron los sellos de clausura correspondientes; se dejaron insubsistentes las órdenes verbal y/o escrita que se hubieran emitido por parte de las autoridades responsables, relativas a su negativa de recibir el pago de refrendo correspondiente al año dos mil dieciséis; y, de no entregarle al quejoso la orden de pago o recibir el finiquito para refrendar el derecho de la licencia respectiva de la tortillería de su propiedad; y, le recibieron el pago correspondiente a dos mil dieciséis y refrendar el derecho de la licencia correspondiente. Lo anterior, toda vez que ya se refrendó y se otorgó al quejoso de mérito la licencia de funcionamiento correspondiente, inclusive la relativa al año dos mil diecisiete, encontrándose en funcionamiento su tortillería. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los citados efectos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIIB-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los oficios sin números, signados por el Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca, por el que informan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente el oficio sin número de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se ordenó la clausura de la tortillería propiedad de Crisoforo Zavala Ulloa, ubicado en la calle principal Norte Esquina con Agricultura sin número, Colonia Centro, asimismo informan que han retirado los sellos de clausura desde el primero de enero del presente año, dicha comercial ha continuado con sus labores, tan es así que el Síndico Municipal, le otorgó la respectiva licencia para el año en curso, del cual anexa copia certificada; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a las terceras interesadas, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdos de veintisiete de octubre y dos de diciembre de dos mil dieciséis. IIIB-A
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