Crispín Pilar Alonso
Expediente 1367/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2017
Partes del expediente
- Crispín Pilar Alonso
Actuaciones
- Principal
VIII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de dieciséis de los cursantes (foja 425), para desahogar la vista respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a analizar el cumplimiento al fallo de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora, para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: La parte agraviada señaló como acto reclamado: "ACTOS RECLAMADOS: "Del C. Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia, del Distrito judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, reclamo las diligencias de embargo de cuatro de julio de mil (sic) dieciséis, en la que se obtiene, se señaló, balo la más estricta responsabilidad de la parte actora, para garantizar el pago de las cantidades reclamadas en los autos del juicio ejecutivo mercantil 246/2016, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, inmueble de mi propiedad, ubicado en la calle de Álvaro Obregón número 25, fraccionamiento Sor Juana Inés de la Cruz, en Toluca, Estado de México, sin haber sido oída, ni vencida en juicio. El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia, del Distrito judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, el acuerdo de once de julio de dos mi dieciséis, dictado en los autos del expediente 246/02016, por el que dicho Juez, ordena se gire oficio al Instituto de la función registral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a fin de que se inscriba el embargo trabado sobre el inmueble de mi propiedad, acto por el que se pretende privar a la suscrita de la posesión y dominio del inmueble ubicado en la calle de Álvaro Obregón número 25, fraccionamiento Sor Juana Inés de la Cruz, en Toluca, México. Por lo expuesto, reclamo del C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, todo lo actuado en el ejecutivo mercantil referido, pues se siguió un procedimiento ilegal, en donde la suscrita no fue oída, ni vencida en juicio y de manera por demás ilegal se me pretende afectar y privar de la posesión y dominio que detento del inmueble citado, lo que se traduce en un estado de indefensión para la tutela de mis intereses y violación flagrante de derechos humanos." Mediante resolución emitida el veinticinco de mayo del presente año (fojas 325 a 345), se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María de los Ángeles Jannett Silva Rodríguez, por los motivos expuestos en la parte final de esta resolución." Inconforme con dicha resolución, en auto de cinco de junio de dos mil diecisiete se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la quejosa (foja 363). Mediante proveído de ocho de los cursantes, se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remitió el testimonio de la resolución dictada el trece de julio del presente año, por el pleno del tribunal de su adscripción, relativo al recurso de revisión interpuesto por la quejosa María de los Ángeles Jannette Silva Rodríguez, en la que determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante. En esa tesitura, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: - Que el Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, Con residencia en Metepec, México dejara sin efectos el embargo reclamado respecto del cincuenta por ciento de los derechos de su propiedad, y las consecuencias jurídicas que generó, se insiste, sólo respecto del porcentaje aludido." Razón por la cual, en auto de ocho del presente mes y año (foja 413), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por auto de dieciséis de los cursantes (foja 425), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniese. Ahora, en los oficios números 1879 y 1878 (fojas 418 a 424), la Ejecutora y el Juez, ambos del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, remitieron copia certificada del auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 246/2016 de su índice, por el que se dejó sin efecto el embargo trabado respecto del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que le corresponden a la quejosa, levantó el embargo trabado en diligencia de cuatro de julio de dos mil dieciséis, únicamente respecto del cincuenta por ciento correspondiente a la agraviada, y giró oficio al titular del Instituto de la Función Registral de Toluca, Estado de México a efecto de que cancelara parcialmente la inscripción del embargo practicado únicamente respecto al cincuenta por ciento correspondiente a la agraviada. En consecuencia, después de realizar un análisis minucioso de la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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