Crisoforo Valdes Martínez

Expediente 1874/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1874/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Crisoforo Valdes Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 35159/2018, a través del cual se le remitió el original del juicio de amparo indirecto 1874/2018-I, asimismo, comunica que se avocó el conocimiento del mismo, el cual registró con el número de amparo directo DT. 20/2019. Por tanto, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    i)Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Crisoforo Valdés Martínez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1874/2018-I. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace consistir sus actos reclamados en: Notificación de ocho de octubre de dos mil diecisiete. Notificación de acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho. Notificación de siete de agosto de dos mil dieciocho. Notificación de diez de septiembre de dos mil dieciocho. Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Todas las actuaciones en el expediente J.5/200/2017. Auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Notificación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho. Notificación de laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho. Notificación de siete de agosto de dos mil dieciocho. Acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho. Auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Certificación de Boletín y publicaciones de Boletín. Todas las actuaciones en que haya intervenido el Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, en el caso en concreto el acto que por esta vía se reclama son las notificaciones de ocho de octubre de dos mil diecisiete, trece de junio de mil dieciocho, siete de agosto de dos mil dieciocho, diez de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, notificación de laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho; siete de agosto de dos mil dieciocho, certificación de Boletín y publicaciones de Boletín (sin especificar fecha), dichos actos no tienen el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en los artículos 752, 762, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, se estima que los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o confirmados a través del incidente de nulidad de notificaciones regulado por los citados artículos, que disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo". "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Sobre este tenor, se colige que los actos reclamados, debieran combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones regulado por los artículos 752, 762, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, al establecer la legislación laboral, la procedencia del incidente de nulidad contra las notificaciones que no se hubieren hecho con las formalidades de ley, de ahí que debió interponer el incidente de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir los actos reclamados es el incidente de nulidad de notificaciones; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.T. J/51, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Cuarto Circuito, publicada en la página 1403, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Laboral, Novena Época, número de registro 181922, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." De igual modo por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por otra parte, en consideración a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, respecto de los actos reclamados siguientes: Todas las actuaciones en el expediente J.5/200/2017; auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, y audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. En virtud de que se actualiza la hipótesis normativa siguiente que da lugar a su desechamiento de plano, toda vez que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos del ordenamiento citado, por las razones que a continuación se indican. Los ordinales 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así las cosas, como se precisó anteriormente de la demanda se desprende que el quejoso del amparo señala como actos reclamados todas las actuaciones en el expediente laboral J.5/200/2017, así como los autos de veintinueve de septiembre y veintiocho de noviembre, ambos de dos mil diecisiete y la audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, los cuales se dictaron en el expediente laboral de referencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dichos actos reclamados no son considerados como de imposible reparación, para estimar procedente el juicio de constitucional. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que en esta vía se reclaman, porque dichas actuaciones tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose de los actos reclamados mencionados, dichas determinaciones no dejan sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlos violatorios deberán reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo correspondiente, si son contrarias a los intereses del impetrante de amparo. A mayor abundamiento, dichos actos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene un lado favorable. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Carta Magna, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, debe combatirse hasta que se dicte el laudo en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrán subsanar tales violaciones, como se refirió anteriormente. Es aplicable a esta determinación la tesis jurisprudencial IV.2º.C. J/2 (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo III, visible en la página 1539 que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013): El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, este Juzgador también estima que resulta procedente desechar la demanda promovida por el ahora quejoso respecto a los actos reclamados siguientes: Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Ahora bien, cabe precisar que de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden reglas diversas de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, a saber: a) La primera regla es la relativa a la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. b) La segunda regla prevé la procedencia del juicio de amparo bi-instancial contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. c) Una tercera regla consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En el entendido de que conforme con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis I.13o.T.13 K (10a.), visible en la página 1602 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Así como en la diversa 177, visible en la página 145, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y en la diversa IX. 1° J/11, consultable en la página 85, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Materia Común, del texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCION DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Por tanto, si en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictados por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en el expediente laboral J.5/200/2017, emitidos en etapa de ejecución de laudo, lo procedente es desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En efecto, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencia o laudo, debe tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento, de manera tal, que no cualquier auto o resolución pronunciados en ésta etapa, son reclamables en juicio biinstancial, circunstancia que en el caso acontece, dado que la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictados por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en el expediente laboral J.5/200/2017, no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. De ahí que, si los actos reclamados no son el último dictado en la ejecución del laudo, ya que no cierran la etapa de ejecución, dado que la procedencia de la acción constitucional sólo podrá darse en el momento en que la junta responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo resuelto en el laudo o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece, pues se tratan de actuaciones cuya finalidad es justamente obtener la ejecución del laudo; de ahí, que resulte procedente el desechamiento por cuanto a dichos actos se refiere. Por otra parte, en lo atinente a los actos reclamados al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, consistentes en todas las actuaciones en que haya intervenido, certificaciones y comparecencias, así como notificaciones por Boletín y Estrados posteriores al seis de septiembre de dos mil diecisiete la demanda de referencia, resulta procedente desechar la demanda en estudio. Ello, pues si bien es cierto, se señaló como autoridad responsable al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, no menos cierto lo es que dicho funcionario sólo da certeza al procedimiento y seguridad jurídica a las partes de que los autos, determinaciones y resoluciones dictadas por el titular del juzgado, fueron emitidas por él y no por algún otro funcionario. Por tanto, en virtud de que no pueden actuar con imperio ni facultad decisoria, su conducta no puede tomarse como acto de autoridad, con lo que se justifica el no tenerlo con el carácter de responsable para los efectos del presente asunto. Tiene aplicación la jurisprudencia 1006, visible en la página 692 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917, cuyos rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez; empero dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quién es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/95, con registro 198939, visible en la página 185 del Tomo V, Materia Laboral, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Abril 1997, cuyos rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." En atención a dichas consideraciones lo procedente es desechar la demanda por lo que hace al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Finalmente, por lo que respecta al laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho dictado en el expediente laboral de referencia se precisa lo siguiente: Incompetencia. Ahora bien, en principio se analiza la competencia de este juzgado para conocer de la demanda de amparo de referencia, pues es un presupuesto procesal y una condición de validez para dar trámite al juicio constitucional. En ese tenor, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado". "V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares". "VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones". Por su parte, el ordinal 170 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" A su vez, el diverso 47, de la ley de la materia en comento, en lo conducente establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (..)" Los preceptos legales transcritos detallan los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, precisamente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por tanto, para efectos del amparo directo, debe entenderse que esa determinación defina una controversia en lo principal, al establecer el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, o bien, esa resolución debe poner aunque no lo decida en el fondo, fin al juicio, siempre que, respecto de ellas, no proceda recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificadas o revocadas. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 1016, en la página 699 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada." Sobre esa base, del análisis del escrito inicial de demanda, concretamente en el apartado conducente de la demanda de amparo se especifica como acto reclamado el siguiente: "La sentencia definitiva de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la autoridad responsable, de la cual se aprecian serias violaciones a mis garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente ante la incongruencia, indebida fundamentación y motivación del acto reclamado y la suplencia de la queja a favor del demandado." Lo expuesto permite advertir que el acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional, encuadra dentro de las hipótesis previstas en los párrafos primero y segundo del numeral 170 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de una sentencia que concluyó un juicio y dio por concluido el procedimiento. Por ende, la resolución reclamada debe ser impugnada en amparo directo, en términos del artículo 170 y 175 la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, 47 y 170 de la Ley de Amparo y en el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con independencia de su procedencia, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de referencia, pues el acto reclamado es un laudo, emitido por una autoridad de ámbito laboral, por lo que se estima que el expediente en que se actúa debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con la clave P./J. 40/97, en la página seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Con copias certificadas de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa en el proemio de la demanda de amparo. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizado en términos amplios a Luis Fernando González González y Ángel Eduardo Escandón Arriaga, por tener registrada de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    i)SE LISTA EL CITATORIO DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Crisoforo Valdés Martínez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1874/2018-I. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, porque el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace consistir sus actos reclamados en: Notificación de ocho de octubre de dos mil diecisiete. Notificación de acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho. Notificación de siete de agosto de dos mil dieciocho. Notificación de diez de septiembre de dos mil dieciocho. Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Todas las actuaciones en el expediente J.5/200/2017. Auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Notificación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho. Notificación de laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho. Notificación de siete de agosto de dos mil dieciocho. Acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho. Auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Certificación de Boletín y publicaciones de Boletín. Todas las actuaciones en que haya intervenido el Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, en el caso en concreto el acto que por esta vía se reclama son las notificaciones de ocho de octubre de dos mil diecisiete, trece de junio de mil dieciocho, siete de agosto de dos mil dieciocho, diez de septiembre de dos mil dieciocho, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, notificación de laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho; siete de agosto de dos mil dieciocho, certificación de Boletín y publicaciones de Boletín (sin especificar fecha), dichos actos no tienen el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en los artículos 752, 762, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, se estima que los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o confirmados a través del incidente de nulidad de notificaciones regulado por los citados artículos, que disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo". "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Sobre este tenor, se colige que los actos reclamados, debieran combatirse a través del incidente de nulidad de notificaciones regulado por los artículos 752, 762, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, al establecer la legislación laboral, la procedencia del incidente de nulidad contra las notificaciones que no se hubieren hecho con las formalidades de ley, de ahí que debió interponer el incidente de referencia, circunstancia que no aconteció. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir los actos reclamados es el incidente de nulidad de notificaciones; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.T. J/51, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Cuarto Circuito, publicada en la página 1403, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, Materia Laboral, Novena Época, número de registro 181922, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y NO EN EL AMPARO DIRECTO. Si la parte quejosa considera la existencia de irregularidades en la notificación que se le practicó dentro del procedimiento laboral, debe previamente promover ante la Junta responsable el incidente de nulidad de notificaciones para lograr su invalidez, en términos de los artículos 762, fracción I y 763, en relación con el 752 de la Ley Federal del Trabajo y no ante la Justicia Federal en amparo directo, porque ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." De igual modo por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por otra parte, en consideración a las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, respecto de los actos reclamados siguientes: Todas las actuaciones en el expediente J.5/200/2017; auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, y audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho. En virtud de que se actualiza la hipótesis normativa siguiente que da lugar a su desechamiento de plano, toda vez que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos del ordenamiento citado, por las razones que a continuación se indican. Los ordinales 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así las cosas, como se precisó anteriormente de la demanda se desprende que el quejoso del amparo señala como actos reclamados todas las actuaciones en el expediente laboral J.5/200/2017, así como los autos de veintinueve de septiembre y veintiocho de noviembre, ambos de dos mil diecisiete y la audiencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, los cuales se dictaron en el expediente laboral de referencia. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dichos actos reclamados no son considerados como de imposible reparación, para estimar procedente el juicio de constitucional. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que en esta vía se reclaman, porque dichas actuaciones tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose de los actos reclamados mencionados, dichas determinaciones no dejan sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlos violatorios deberán reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra del laudo correspondiente, si son contrarias a los intereses del impetrante de amparo. A mayor abundamiento, dichos actos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene un lado favorable. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Carta Magna, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, debe combatirse hasta que se dicte el laudo en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrán subsanar tales violaciones, como se refirió anteriormente. Es aplicable a esta determinación la tesis jurisprudencial IV.2º.C. J/2 (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo III, visible en la página 1539 que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013): El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otra parte, este Juzgador también estima que resulta procedente desechar la demanda promovida por el ahora quejoso respecto a los actos reclamados siguientes: Diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Ahora bien, cabe precisar que de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden reglas diversas de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, a saber: a) La primera regla es la relativa a la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. b) La segunda regla prevé la procedencia del juicio de amparo bi-instancial contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. c) Una tercera regla consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En el entendido de que conforme con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la tesis I.13o.T.13 K (10a.), visible en la página 1602 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Así como en la diversa 177, visible en la página 145, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Y en la diversa IX. 1° J/11, consultable en la página 85, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Materia Común, del texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCION DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio." Por tanto, si en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como actos reclamados la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictados por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en el expediente laboral J.5/200/2017, emitidos en etapa de ejecución de laudo, lo procedente es desecharla de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. En efecto, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencia o laudo, debe tratarse de la última resolución dictada en dicho procedimiento, de manera tal, que no cualquier auto o resolución pronunciados en ésta etapa, son reclamables en juicio biinstancial, circunstancia que en el caso acontece, dado que la diligencia de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, acuerdo de requerimiento y embargo de tres de octubre de dos mil dieciocho y auto aclaratorio de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictados por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en el expediente laboral J.5/200/2017, no son la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. De ahí que, si los actos reclamados no son el último dictado en la ejecución del laudo, ya que no cierran la etapa de ejecución, dado que la procedencia de la acción constitucional sólo podrá darse en el momento en que la junta responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo resuelto en el laudo o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no acontece, pues se tratan de actuaciones cuya finalidad es justamente obtener la ejecución del laudo; de ahí, que resulte procedente el desechamiento por cuanto a dichos actos se refiere. Por otra parte, en lo atinente a los actos reclamados al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, consistentes en todas las actuaciones en que haya intervenido, certificaciones y comparecencias, así como notificaciones por Boletín y Estrados posteriores al seis de septiembre de dos mil diecisiete la demanda de referencia, resulta procedente desechar la demanda en estudio. Ello, pues si bien es cierto, se señaló como autoridad responsable al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, no menos cierto lo es que dicho funcionario sólo da certeza al procedimiento y seguridad jurídica a las partes de que los autos, determinaciones y resoluciones dictadas por el titular del juzgado, fueron emitidas por él y no por algún otro funcionario. Por tanto, en virtud de que no pueden actuar con imperio ni facultad decisoria, su conducta no puede tomarse como acto de autoridad, con lo que se justifica el no tenerlo con el carácter de responsable para los efectos del presente asunto. Tiene aplicación la jurisprudencia 1006, visible en la página 692 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917, cuyos rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez; empero dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quién es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/95, con registro 198939, visible en la página 185 del Tomo V, Materia Laboral, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Abril 1997, cuyos rubro y texto son: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." En atención a dichas consideraciones lo procedente es desechar la demanda por lo que hace al Secretario de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Finalmente, por lo que respecta al laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho dictado en el expediente laboral de referencia se precisa lo siguiente: Incompetencia. Ahora bien, en principio se analiza la competencia de este juzgado para conocer de la demanda de amparo de referencia, pues es un presupuesto procesal y una condición de validez para dar trámite al juicio constitucional. En ese tenor, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso a) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado". "V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares". "VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones". Por su parte, el ordinal 170 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" A su vez, el diverso 47, de la ley de la materia en comento, en lo conducente establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (..)" Los preceptos legales transcritos detallan los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, precisamente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por tanto, para efectos del amparo directo, debe entenderse que esa determinación defina una controversia en lo principal, al establecer el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, o bien, esa resolución debe poner aunque no lo decida en el fondo, fin al juicio, siempre que, respecto de ellas, no proceda recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificadas o revocadas. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 1016, en la página 699 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada." Sobre esa base, del análisis del escrito inicial de demanda, concretamente en el apartado conducente de la demanda de amparo se especifica como acto reclamado el siguiente: "La sentencia definitiva de fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018), emitida por la autoridad responsable, de la cual se aprecian serias violaciones a mis garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente ante la incongruencia, indebida fundamentación y motivación del acto reclamado y la suplencia de la queja a favor del demandado." Lo expuesto permite advertir que el acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional, encuadra dentro de las hipótesis previstas en los párrafos primero y segundo del numeral 170 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de una sentencia que concluyó un juicio y dio por concluido el procedimiento. Por ende, la resolución reclamada debe ser impugnada en amparo directo, en términos del artículo 170 y 175 la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, 47 y 170 de la Ley de Amparo y en el diverso 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con independencia de su procedencia, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de referencia, pues el acto reclamado es un laudo, emitido por una autoridad de ámbito laboral, por lo que se estima que el expediente en que se actúa debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno. Es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con la clave P./J. 40/97, en la página seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, Materia Común, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Con copias certificadas de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa en el proemio de la demanda de amparo. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizado en términos amplios a Luis Fernando González González y Ángel Eduardo Escandón Arriaga, por tener registrada de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho registro. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano