Crispin Flavio Gonzalez Hernandez

Expediente 336/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
336/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
22/05/2017

Partes del expediente

  • Crispin Flavio Gonzalez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19 DE mayo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional concedida mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 5 a 16); en consecuencia, devuélvasele el billete de depósito N 795944, por la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional concedida mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 5 a 16); en consecuencia, devuélvasele el billete de depósito N 795944, por la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE abril DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Encargado de la Fiscalía de Zona Región Sur Oriente de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto, el estado procesal de los presentes autos, se advierte la inexistencia de los actos reclamados por las autoridades que fueron señaladas como responsables - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que el quejoso Crispín Flavio González Hernández, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete y, ante este órgano federal el mismo día, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director de la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla (en su denominación correcta), 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y 4. Inspector en Jefe de la Zona Poniente de la Agencia Estatal de Investigación, que hizo consistir en la orden de aprehensión o comparecencia, así como su ejecución. Mediante proveído de diecisiete de marzo del actual, se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. En ese sentido, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Director de la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur-Oriente de Tehuacán, Puebla (en su denominación correcta), 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla y 4. Inspector en Jefe Zona Poniente de Izúcar de Matamoros, Puebla, negaron la existencia de los actos reclamados, tal como se advierte a fojas once (11), veintiocho (28), dieciocho (18) y veinte (20) de autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Crispín Flavio González Hernández y, en atención al contenido del mismo, téngasele solicitando que se requiera informes de la carpeta de investigación 334/2017/IZUCAR, pues aduce que fue buscado por Agentes adscritos a la Agencia Estatal de investigación del Estado de Puebla, quienes le expresaron que le iban hacerle una entrevista, debido a que el quejoso tiene la calidad de testigo dentro de la citada carpeta de investigación. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, pues como se aprecia de autos por resolución de diez de abril último (fojas 45 a 48), se resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados, en el sentido de negar la medida cautelar solicitada, debido a que las autoridades responsables negaron categóricamente los actos que se les atribuye, por lo que, los hechos que aduce el quejoso (posteriores a la presentación de la demanda de amparo), serían materia de otro juicio de amparo.

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