Crisoforo Gayosso Escamilla

Expediente 767/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Crisoforo Gayosso Escamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva, respectivamente), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 767/2020-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Crisoforo Gayosso Escamilla; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte, mediante buzón judicial y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Crisoforo Gayosso Escamilla solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecinueve de octubre del presente año, la demanda promovida por Crisoforo Gayosso Escamilla, se registró con el número de juicio de amparo indirecto 767/2020-E; asimismo, se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, Crisoforo Gayosso Escamilla, en esta instancia constitucional, reclama: - Las ordenes de aprehensión, localización, presentación y detención, decretadas en contra del aquí quejoso y su ejecución. TERCERO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla. Negó 2 Agente del Ministerio Público de la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla. Negó 3 Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Investigación de Huauchinango, Puebla -en su denominación correcta-. Negó 4 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de Huauchinango, Puebla. Negó Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto del acto destacado en este apartado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Crisoforo Gayosso Escamilla, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto, intégrese a los presentes autos el pedimento 180/2020 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, por el que solicita que: 1. Se tenga por presentado en tiempo y forma el pedimento de cuenta; 2. Se sobresea en el juicio de amparo; y, 3. Se le expida copia de la sentencia que se emita en el controvertido constitucional en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas sus manifestaciones, vertidas en vía de alegatos; solicitando se sobresea en el juicio de amparo; y, en el momento procesal oportuno, expídasele a su costa copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Crisóforo Gayosso Escamilla, por su propio derecho, acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte (suspensión provisional), informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos. Así mismo, da cuenta con el informe previo que rinde la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Investigación en Huauchinango, Puebla. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el informe previo de la autoridad responsable 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Investigación en Huauchinango, Puebla, y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria certifica que las partes no ofrecieron pruebas. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, con lo que concluye este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados mediante pedimento 136/2020, por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido el derecho del resto de las partes para formularlos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 767/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Crisóforo Gayosso Escamilla, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por Crisóforo Gayosso Escamilla, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados al 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: a) Las órdenes de aprehensión, localización, presentación y detención, decretadas en contra del aquí quejoso; y, b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla. Niega 2 Agente del Ministerio Público de la Primera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla. Niega 3 Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Investigación en Huauchinango, Puebla. Niega 4 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Grupo Huauchinango, Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables citadas en el recuadro que antecede, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se reclaman. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Crisóforo Gayosso Escamilla, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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