Crispín Anacleto de Jesús
Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Crispín Anacleto de Jesús
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativo 33/2022, formada con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto emitido por este juzgado que desechó la demanda de amparo; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. El recurso de queja es infundado." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso d), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; hágase constar en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; catorce de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la quejosa, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veinte de enero de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 103 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, en esta ciudad; el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias y actuaciones que integran el presente asunto, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Ahora bien, de conformidad con el arábigo último citado, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó la resolución reclamada. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Crispín Anacleto de Jesús, por su propio derecho, contra actos del Comisariado de Bienes Ejidales de Xochistlahuaca, Guerrero; Faustino Celedonio Luis, Jacinto García López y Silvano Gil Nieves, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente. Regístrese en el libro de gobierno con el número 39/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y sus anexos, se obtiene advierte que la parte quejosa reclama: .la ilegal orden de desposesión que emite el Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el cual pretende desposeerme de mi predio que se ubica en Arroyo Mujer, perteneciente a la población de Xochistlahuaca, Guerrero, mismo que es de jurisdicción del Ejido de Xochistlahuaca, y dárselo a mis hermano Eva, Victoriano y Caritino todos de apellidos Anacleto de Jesús" Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, ya que no puede ser considerado como un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII y 5º, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". Del análisis conjunto de dichos preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Agraria, prevé que el comisariado ejidal, entre otros, es un órgano del ejido; por tanto, no puede reputarse como un órgano del Estado. De ahí que no puede considerarse como autoridad; máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con la asamblea) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 33, en relación con el 23 de la Ley Agraria, se advierte que: 1. El presidente del comisariado no cuentan con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; 2. Su relación con los sujetos del ejido, por ejemplo, la asamblea o avecindados, es de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) Aun cuando su artículo 27 establezca que las resoluciones de las asambleas por ellos convocadas, son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar del Comisariado Ejidal de Xochistlahuaca, Guerrero la orden de desposesión del predio ubicado en Arroyo Mujer, perteneciente a ese núcleo ejidal. Acto que conforme con lo expuesto, no constituye un equivalente a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que el Comisariado en su relación con los sujetos del ejido, no involucran la actuación o abstención de un órgano del Estado, frente a un gobernado en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son además de la unilateralidad, también la imperatividad y coercibilidad; sino que derivan de un controversia entre particulares que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Volumen 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de título y contenido: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA.NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional.". Así como en la Jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 218 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2184, Décima Época, Materia Común, la cual resulta aplicable por analogía, la cual es de título y contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo". Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano de control jurisdiccional, lo que se realiza mediante lista publicada en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; y dada la naturaleza del juicio por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria, a Luis Yael López Aparicio y Francisco Ojeda Ríos, a quienes se autoriza para que se impongan de los autos del presente asunto mediante el uso de aparatos electrónicos; lo anterior de conformidad en la circular número 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II, del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales, se tienen como datos de contacto el correo electrónico y teléfono proporcionados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. . . LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO QUE SE NOTIFICA.
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