Crispín Anacleto de Jesús

Expediente 534/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
534/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Crispín Anacleto de Jesús
  • CRISPÍN ANACLETO DE JESÚS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a la demanda de amparo con diversas documentales; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, de autos se advierte que en acuerdo de veintiuno de junio de la presente anualidad, se reservó a proveer en relación a las constancias que remitió la autoridad responsable junto a su informe justificado, hasta en tanto el presente asunto quedara totalmente concluido, y como la anterior ya aconteció, se procede a proveer sobre el particular; por tanto, ante lo innecesario de que continúen a disocian de este órgano jurisdiccional la copia certificada del expediente 501/2016, previa certificación de su desglose devuélvase a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, CONFORME A LO SOLICITADO EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Juez Mixto de Paz de Xochistlahuaca, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 246/2017, que se envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara del inicio del presente juicio a la tercero interesada Eva Anacleto de Jesús. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 534/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, CRISPÍN ANACLETO DE JESÚS, ROBERTO MONTALVÁN LÓPEZ, HERMENEGILDO CAMERO DE JESÚS, HERMILA PINEDA LÓPEZ Y ABEL PINEDA LÓPEZ, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE "El C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41.". ACTO RECLAMADO "Todo lo actuado y acuerdos que dictó en el segmento de audiencia de instrucción, que tuvo verificativo el 16 de mayo de 2017, dentro del juicio agrario 501/2016". SEGUNDO. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 2, 14, y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Por acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno con el número 534/2017; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se notificó a la tercero interesada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones II y V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se le atribuye por al Tribunal Unitario Agrario, con residencia en la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. SEGUNDO. Precisión del acto. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama esencialmente lo actuado en la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, celebrada en el juicio agrario número 501/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. TERCERO. Oportunidad. Bajo protesta de decir verdad, los quejosos se ostentaron sabedores de los actos reclamados el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del dieciocho de mayo siete de junio de dos mil diecisiete, descontados los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, dos y cuatro de junio, todos del año en curso, por haber sido inhábiles, de ahí que, al haberse presentado la demanda el seis de junio de dos mil diecisiete, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con residencia en esta ciudad, lo anterior, en razón de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación. Certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 501/2016, que allegó el Tribunal responsable al sumario, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO.- Previamente al fondo del asunto, debe analizarse si en el caso se materializa alguna hipótesis que haga improcedente el juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son definidos como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La interpretación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, fue explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la jurisprudencia antes transcrita se obtiene que las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento son: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que esos "derechos afectados materialmente" revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Bajo este contexto, en el caso que nos atañe, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que se obtiene que los promoventes señalan como acto reclamado la audiencia celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete en el juicio agrario 501/2016, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, de la que se advierte que tuvo por no contestada la demanda y no ofreciendo pruebas a los demandados; por ende, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, se trata de un acto intrapocesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución. Se afirma lo anterior, porque como quedó precisado, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene su pretensión en el fondo; lo que hace indudable que el acto reclamado en este asunto no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa, requisito para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, actualizándose de esta forma la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, no constituye un acto de imposible reparación, ya que tiene efectos meramente procesales, dado que no afecta ningún derecho sustantivo al no producir de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal mediante los derechos fundamentales, sino solamente genera efectos formales o intraprocesales, ya que únicamente se trata de auto que tuvo por no contestada la demanda y por no ofrecidas pruebas respecto de los ahora quejosos. Orienta lo anterior, la tesis IV.2o.C. J/2 (10a.), visible en la página 1539 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, correspondiente a la Décima Época de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2006338, de contenido siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas circunstancias, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en comento, y por ende, se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 534/2017, promovido por CRISPÍN ANACLETO DE JESÚS, ROBERTO MONTALVÁN LÓPEZ, HERMENEGILDO CAMERO DE JESÚS, HERMILA PINEDA LÓPEZ Y ABEL PINEDA LÓPEZ. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Incidental

    Acapulco, Guerrero, diez de julio de dos mil diecisiete. Agréguese la copia certificada del escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele la copia certificada que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción; así mismo téngase como su autorizada para tal efecto a la persona que señala.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

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