Crescencio Esteban Soto Jarquin
Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crescencio Esteban Soto Jarquin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es conservable, porque se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Tanivet, Oaxaca, el disco DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente José Alberto Morelos Gómez, Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3616/2023 de esa fecha; con la licenciada Damaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, ... ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Crescencio Esteban Soto Jarquín, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en perjuicio de Abigail Martínez García, dentro de la causa penal 1481/2022. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. SON CIERTOS los actos reclamados, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. ... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial, presidida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Oaxaca, en la cual se individualizó a las partes, se hizo saber sus derechos al imputado, posteriormente el Fiscal formuló imputación contra Crescencio Esteban Soto Jarquín, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Abigail Martínez García. 2. El hecho por el cual se comunicó imputación es el siguiente: Que el señor Crescencio Esteban Soto Jarquín y la víctima Abigail Martínez García tienen una relación de concubinato desde el año dos mil once, establecieron su domicilio en la privada de Jarquín número 8, colonia El Arenal, municipio de Santa María del Tule, Oaxaca, de esta relación procrearon tres hijos de nombres de iniciales C.A, K.N. y J.E. de apellidos Soto Martínez, de los cuales únicamente se mencionaron sus iniciales por ser menores de edad. Que el día veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, a las nueve horas cuando la víctima se encontraba en un cuarto del domicilio citado, el señor Crescencio Esteban Soto Jarquín le dijo que la iba a matar a ella y a su familia, que ella quiso salir de ese cuarto, pero él la encerró, quedándose con ella en el interior de este. La víctima quiso impedirlo, pero el señor Crescencio la empujó con sus dos manos en su pecho para después abrazarla e impedir que ella saliera de la habitación. Que siendo aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos de la misma fecha, cuando la víctima y el señor Crescencio se encontraban en el cuarto del domicilio ya mencionado, al ver la víctima que el señor Crescencio afilaba un machete, la víctima le pidió a su mamá que la ayudara a salir de ese cuarto, por lo que entre ambas forcejaron con el señor Crescencio y siendo aproximadamente las diecinueve horas de ese mismo día, la víctima logró salir por la ventana del cuarto hacia la calle junto con sus hijos, saliendo el señor Crescencio tras de ella, resguardándose la víctima en la casa de un vecino que se encuentra a un costado del domicilio que tienen juntos. El señor Crescencio sacó a la calle un tanque de gas al cual le abría y cerraba de la llave y en la mano derecha portaba un encendedor amenazando con prender fuego mientras llamaba a la víctima para que se saliera de donde se encontraba, al ver que esta no salía, el señor Crescencio se metió al domicilio y sacó unas botellas de gasolina para rociarlas en una casa de madera que se encontraba en el domicilio del vecino, prendiéndole fuego al mismo tiempo. Aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos de la misma fecha, cuando la policía municipal de Santa María del Tule, Oaxaca, arribó el domicilio ubicado en la privada de Jarquín número 8, Colonia el Arenal municipio de Santa María el Tule Oaxaca, la víctima salió de ese lugar donde se resguardaba ingresando a otro domicilio para agarrar al señor Crescencio en el patio, la víctima lo sujetó forcejeando con él, el señor Crescencio portaba un machete en el cual le cortó tres dedos de la mano, motivo por el cual la víctima solicitó la detención. Que derivado de estas conductas antes mencionadas; el señor Crescencio le causó lesiones a la víctima consistente en equipos en el pómulo izquierdo, múltiples equimosis y escoriación en el brazo izquierdo, escoriación en la mano derecha, equimosis en la mano izquierda, herida lineal en la región palmar tercio del dedo falange proximal de la mano derecha, así como una exfoliación lineal en la región palmar de la falange proximal del cuarto y quinto dedo de la mano derecha, múltiples equimosis en el tórax posterior, así como una afectación en el estado emocional consistente en un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido crónico. 4. En la audiencia de ampliación de término constitucional, celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, una vez desahogadas los datos de prueba ofrecidos por las partes, se vinculó a proceso a Crescencio Esteban Soto Jarquín, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto en el artículo 404, relacionado con el 404 bis fracciones I y II y sancionado por el diverso 405, del Código Penal en el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Abigail Martínez García. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: ... Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia .... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. El Juez de Control al momento de dictar la resolución no otorgó una valoración correcta a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia. 2. Que no está acreditado la existencia del delito de violencia familiar y la probable participación del ahora quejoso en su comisión. 3. Que respecto a la violencia física, no existe un certificado médico que certifique las lesiones que presenta la víctima. 4. Que el Juez de Control infringe el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se estableció el lugar y las circunstancias en las que se involucra al ahora quejoso en el delito de violencia familiar. 5. Asimismo, se viola en su perjuicio lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Juez de Control hizo una variación del hecho, además de que indicó al Ministerio Público que no logró acreditar ciertos actos y que los mismos los debía omitir en la etapa de acusación, lo que va en contra de lo estipulado en la Carta Magna, porque el juez no puede asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del imputado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, expresados por la parte quejosa, sin que exista queja deficiente por suplir. Al respecto, el auto de vinculación a proceso que se estudia se encuentra regulado por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinan los requisitos que han de cumplirse para la emisión de un auto de vinculación a proceso: ... El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se puede apreciar de la anterior transcripción, para que sea válido el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que previamente se comunique la imputación al indiciado, en la que se debe indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, que se le otorgue la oportunidad de declarar y que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Bajo este contexto, del análisis de las videograbaciones que contienen las audiencias que tuvieron lugar en el proceso penal, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierte la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, relacionada con la imputación que se formuló al aquí quejoso y la diversa de ampliación de término de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le dictó auto de vinculación a proceso. De ellas se determina que en el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos señalados previstos en la norma constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir: 1. Que se haya formulado la imputación. 2. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés ... se comunicó la imputación a CRESCENCIO ESTEBAN SOTO JARQUIN, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto en el artículo 404, relacionado con el 404 bis fracciones I y II y sancionado por el diverso 405, del Código Penal en el Estado de Oaxaca. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como imputado y asistido de defensa particular, se le dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de reservarse a emitir su declaración...del archivo denominado A2 FORMULACION DE IMPUTACION 22-03-2023). Ahora, para justificar el tercero de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistentes en que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en la audiencia inicial de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el juez responsable otorgó el uso de la voz a la representación social quien realizó la solicitud de vinculación a proceso, ... 1. Informe policial homologado de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por Carlos Martínez Hernández, Policía Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca, mediante el cual realizó la puesta a disposición de Crescencio Esteban Soto Jarquín. 2. Denuncia por Comparecencia de Abigail Martínez García, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público. 3. Dictamen médico de informe de zonas erógenas rendido por la doctora Karina Pérez Luna, de treinta de diciembre de dos mil veintidós. 4. Dictamen psicológico emitido por la perito Claudia Ivonne Morales Guzmán, de treinta de diciembre de dos mil veintidós. 5. Disco compacto que contiene fotografías de la inspección del lugar de los hechos, realizado por Gabriel Jesús Ventura Hernández, Agente Estatal de Investigaciones en compañía de la víctima Abigail Martínez García. 6. Entrevista de Oscar Jarquín Ángeles, realizada por Gabriel Jesús Ventura Hernández, Agente Estatal de Investigaciones, de treinta de diciembre de dos mil veintidós. 7. Entrevista de la víctima Abigail Martínez García, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, realizada por Gabriel Jesús Ventura Hernández, Agente Estatal de Investigaciones. Luego de la enunciación de los datos de prueba, la representación planteó los argumentos por los que consideró que se reúnen los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso contra el imputado. Posteriormente, en atención a que el imputado y su defensa solicitaron la duplicidad del plazo constitucional ... del archivo denominado A2 FORMULACION DE IMPUTACION 22- 03-2023), en la audiencia de ampliación de término constitucional celebrada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a la defensa del imputado...del archivo denominado A3 AMPLIACIÓN DE TÉRMIMO CONSTITUCIONAL 28-03- 2023), quien como teoría del caso indicó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público no acreditaban el hecho que la ley señala como delito no existía la probabilidad de que participó en su comisión. Asimismo, ofreció los siguientes datos de prueba: 1. Informe policial homologado de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por Carlos Martínez Hernández, Policía Municipal de Santa María el Tule, Oaxaca. 2. Certificado médico de lesiones emitido por el doctor Edgar Noé Cabrera Vásquez, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 3. Certificado médico de lesiones emitido por el doctor Edgar Noé Cabrera Vásquez, de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. 4. Denuncia por Comparecencia de Abigail Martínez García, de treinta de diciembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público. Analizados los datos de prueba que fueron proporcionados por parte de la Fiscalía, los argumentos y datos de prueba de la defensa del imputado, llevaron a concluir al Juez de Control que la hipótesis que hasta ese momento prevalecía para sustentar la vinculación a proceso de Crescencio Esteban Soto Jarquín, era su probable intervención en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima Abigail Martínez García, en razón de que fue detenido en el lugar de los hechos, el señalamiento que realizó la víctima en su contra, por lo tanto era la única persona que pudo haber cometido dicho hecho delictivo, a través de agresiones físicas y verbales dentro del domicilio donde tenían vida en común, además hubo una agresión al exterior de dicho domicilio, bajo un esquema de violencia por razón de género. Esos hechos encuadraban en las hipótesis de los artículos 404 y 404 bis de la fracción I y fracción II, porque se trataba de una violencia física, de una agresión física sobre el cuerpo de la víctima que atenta contra su integridad y asimismo las agresiones verbales afectaron la esfera psicoemocional de la víctima. La forma de intervención del imputado fue de manera directa (minuto 01:55´50 al minuto... del archivo electrónico denominado A3 AMPLIACIÓN DE TÉRMIMO CONSTITUCIONAL ...). Ahora, para justificar el cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistente en que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, de las razones expuesta por el Juez de Control, no se advierte que el imputado actuara bajo una causa de justificación de las que señala el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca como lo es la legítima defensa, un estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; tampoco se observa que el imputado no tuviera capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y conducirse de acuerdo a esa comprensión pues es mayor de edad; además que cuenta con la capacidad de goce y ejercicio pues no quedó justificado que padezca algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; menos se justificó la existencia de algún error de prohibición que le hiciera creer que su conducta era lícita. De esta manera, fue acertado el actuar del juez responsable al dictar contra el quejoso auto de vinculación a proceso, considerándolo probable responsable en la comisión del hecho señalado como violencia familiar, previsto en el artículo 404, relacionado con el 404 bis fracciones I y II y sancionado por el diverso 405, del Código Penal en el Estado de Oaxaca, ya que en el acto reclamado se precisó, en función de los datos de pruebas aportada, la forma comisiva del delito; las peculiaridades del agente del delito; y la forma en que acontecieron los hechos por la que someterá a acusación al quejoso Con lo anterior, según se adelantó, se cumple con los requisitos formales establecidos constitucional y legalmente para el dictado del acto que aquí se reclama, pues no advierte que se hubieren violentado en perjuicio del quejoso los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se encuentra satisfecho el principio de inmediación procesal, tutelado o garantizado cuando el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados, debe percibir a través de sus propios sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. Se trata, de que los jueces presencien directamente en la práctica de las diligencias donde comparezcan las partes, con ello se pretende que el juez conozca a quienes realizan afirmaciones acerca de los hechos observados según las capacidades de percepción, interpretación, memoria y narración explicitadas, por quienes participan en un proceso de corte acusatorio. Entonces, el principio de inmediación procura evitar introducir mediaciones adicionales, con la finalidad de permitir que el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados tenga ante sí la información de la mejor calidad que resulta posible obtener en el contexto del juicio penal adversarial. Dicho principio rige para la totalidad del procedimiento penal y no solamente en la etapa de juicio oral; el cual fue satisfecho en el caso concreto, tomando en consideración que el Fiscal formuló imputación al aquí quejoso, en una diligencia en la que se encontraba presente el imputado y su defensa particular, lo que ocurrió en presencia del Juez de Control que dirigió la audiencia de formulación de imputación y que lo vinculó a proceso; además, se hizo saber al imputado su derechos constitucional, quien no hizo uso de ese derecho (declarar); y que dentro del plazo constitucional ampliado se emitió auto de vinculación a proceso, en razón que la parte quejosa así lo solicitó, conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se encuentran satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, porque fue ante presencia judicial que se desahogó de forma directa la diligencia; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación fueron verbalizados directamente por el órgano acusador y cuestionados por la defensa del imputado; esto es, no existió intermediario entre el juez y las partes, al momento en que se suscitó el debate. Asimismo, el Juez de Control llevó a cabo la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, conforme a las características y principios rectores que rigen al nuevo sistema de justicia penal, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes que rigen a dicho sistema de justicia, así como a lo dispuesto por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el derecho del imputado a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. De ahí que como ya se precisó en párrafos precedentes, de la reproducción de los registros de audio y video de la audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, el Juez actuante ponderó cada uno de los datos de prueba que fueron ofrecidos y que sirvieron como base para dictar el auto de vinculación a proceso dentro del término constitucional; además, el Juez de Control tuvo oportunidad de desahogar todas y cada una de las diligencias ya precisadas; e, incluso fue narrando de manera pormenorizada el valor pertinente e inclusive la preponderancia y eficacia jurídica que le otorgó a cada dato, conforme los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el Juez natural no violentó el derecho de igualdad procesal, pues tal y como se hizo patente en la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso, concedió el derecho al imputado de ampliar el término constitucional, con el fin de desahogar los datos de prueba estimara pertinentes, solicitando previa consulta con su defensor que se resolviera su situación jurídica en la ampliación de término constitucional, velando de esta forma la igualdad procesal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en el artículo 20, apartado A, el cual establece en su parte in fine que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectiva. De esta forma, los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son INFUNDADOS, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, en sus conceptos de violación, el quejoso señala, en esencia, que en el acto reclamado no están acreditados ni siquiera a nivel indiciario elementos de convicción que confirmen la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado y que el juez no otorgó una valoración correcta a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, contrario a lo que afirma la parte quejosa, tales argumentos son infundados, pues como se vio con antelación, el juez responsable ponderó de manera correcta los datos de pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público, así como los datos de prueba de la defensa del imputado, las cuales fueron valoradas y desarrollados para concluir que con ellas quedaron acreditados de manera probable los hechos que se le imputan y en los mismo términos su participación. Aunado a lo anterior, el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. En cuanto a que no existe un certificado médico que certifique las lesiones que presenta la víctima, también resulta infundado tal argumento; pues con la valoración de la psicóloga Claudia Ivonne Morales Gurrión se advirtieron agresiones físicas en contra de la víctima Abigail Martínez García, entre las que se destacan diversas equimosis en el brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, palma izquierda, palma derecha, en la mama derecha, en el torax, que dichas lesiones fueron provocadas con un objeto con filo y objeto duro, que dichas lesiones tenían menos de veinticuatro horas, además de que dichas lesiones no ponían en peligro la vida de la víctima y tardan en sanar menos de quince días. Por lo cual, el Juez de control consideró dicho dato de prueba para tener acreditada de manera probable la violencia ejercida en contra de la víctima. En cuanto a que el Juez de Control infringe el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se estableció el lugar y las circunstancias en las que se involucra al ahora quejoso en el delito de violencia familiar, además de que el Ministerio Público no acreditó diversos hechos. Dicho concepto de violación es infundado, toda vez que la autoridad responsable consideró que existen datos suficientes para considerar que el aquí quejoso realizó un hecho constitutivo del delito de violencia familiar, además de que de los datos de prueba se advertía el lugar en donde sucedieron los hechos. Aunado a que, el Juez precisó que la modalidad del hecho delictivo imputado de violencia familiar, no requiere que se cometa dentro de un domicilio, tal como lo refería la defensa. Asimismo, el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente fundado y motivado; porque la Juez responsable señaló los artículos aplicables al caso concreto; los cuales sirvieron de base para acreditar el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, acontecido el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; asimismo, desglosó los elementos que a su consideración acreditan de manera probable la existencia de ese hecho. Cabe agregar, como correctamente lo señaló la responsable en el acto reclamado, que no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que no hay dato de prueba que demuestre que el quejoso participó en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable del quejoso como sujeto activo, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quien solicita el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio (si se llega a ella); sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometió. .... Finalmente, conforme a la legalidad del ejercicio de ponderación que realizó el Juez de Control y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación, se advierte los datos de prueba de las partes fueron valorados correctamente sin que este órgano tenga facultades para sustituir la ponderación de esos datos de prueba. ... En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a CRESCENCIO ESTEBAN SOTO JARQUIN, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CRESCENCIO ESTEBAN SOTO JARQUIN, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, conforme a la certificación que antecede se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días para que el quejoso Crescencio Esteban Soto Jarquin, se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Oaxaca. Vista con informes. Así mismo, en atención al emplazamiento de la parte tercera interesada y a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la citada parte procesal con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; a fin de que manifieste lo que a sus intereses convenga. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 83/2023 orden 171/2023 del índice de este Juzgado, enviado para emplazar a juicio en su carácter de tercera interesada a *****. Por tanto, dese de baja la aludida comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en el libro de control correspondiente. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de ocho de mayo del año en curso, a la tercera interesada *****, sin que señalara domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. Finalmente, se le tiene señalando el número telefónico 951 11 32 116, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
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