Crecencio Hernandez Mendez
Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crecencio Hernandez Mendez
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA Crecencio Hernández Méndez Cruz, por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Miembros Integrantes de la Junta Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ACTOS RECLAMADOS 1. El acuerdo de once de abril de dos mil veintidós en el cual se ordena la continuación del procedimiento y ordena requerir su reinstalación, el pago de laudo, información presupuestal para el cumplimiento del laudo y en su defecto llevar a cabo una sesión de cabildo para que implementen mecanismos, transferencias y adecuaciones a las partidas presupuestales para cumplir con la condena. 2. Omisión de cuantificar y actualizar en dicho acuerdo, el monto de los salarios caídos. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 581/2021 DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Así, en la especie se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA relativa a que no se trata de la última resolución emitida en la fase de ejecución, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]." [Lo resaltado es propio] De la intelección de los preceptos transcritos, se colige que la causal de improcedencia en cita, se verifica a partir de la interpretación en sentido contrario de dos hipótesis normativas, a saber: La primera, atendiendo a la naturaleza del procedimiento de origen, en el que los actos reclamados son considerados como dictados en la fase de ejecución, donde la regla general, contenida en el primer párrafo de la fracción IV del artículo 107, invocado, refiere que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados fuera o después de concluido el juicio. Y la segunda, como regla específica, la que establece el párrafo segundo de la porción normativa citada en último término, que señala que el juicio constitucional procede contra actos de ejecución de sentencia que constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante esa secuela ejecutiva que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al estado final del asunto en cuestión. Así, en el caso, la causal de improcedencia en estudio, estriba en la búsqueda de armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal que también rigen en la etapa de ejecución de las contiendas jurisdiccionales y, así evitar que se utilice la vía constitucional para fines meramente dilatorios que, de tolerarse, resultarían sendos vehículos hacia la obstaculización en el cumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas, esto es, de la cosa juzgada, si se llegara a permitir la promoción de tantas demandas de amparo como actos ejecutivos se emitan durante las fases comprendidas después de concluidos los juicios naturales. Sin que con ello se limite el derecho del quejoso a impugnar en sede constitucional las violaciones cometidas en su perjuicio dentro de esos procesos de ejecución de sentencia o laudo, pues la propia Ley de Amparo establece la posibilidad de combatirlas de forma conjunta con la última resolución que ponga fin a al procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, la última resolución emitida en la fase de ejecución, se define como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el acato total de la resolución definitiva, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, se ordene el archivo definitivo del expediente. Bajo ese contexto normativo, es menester destacar que de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expuso la parte promovente, se advierte que la etapa procesal en la que se encuentra el juicio laboral primigenio, es la relativa a la ejecución del laudo firme ahí pronunciado. Luego, si el quejoso -parte actora en la contienda natural- combate en esta vía constitucional la determinación emitida por la junta responsable el once de abril de dos mil veintidós, a través de la cual se ordena la continuación del procedimiento de ejecución y en consecuencia, la reinstalación y requerimiento de pago al demandado; además de requerirle información presupuestal para el cumplimiento del laudo; y en su defecto llevar a cato una sesión de cabildo para implementar mecanismos, transferencias y adecuaciones a las partidas presupuestales para cumplir con la condena por la cantidad total de $68,658.00 (sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional); además de reclamar la omisión de cuantificar y actualizar en el aludido proveído el monto de los salarios caídos; esto en el expediente laboral 228/2008; resulta evidente que el acto de reclamo destacado se produjo dentro de la etapa ejecutiva del juicio laboral de origen, sin que le revista el carácter de "última resolución" dictada en esa fase. En efecto, el acuerdo emitido por la autoridad responsable no tiene el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución de laudo, ya que en el mismo no se aprobó ni se reconoció, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total del laudo; de igual forma, en él tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo firme, ni se ordenó el archivo definitivo. ... Lo anterior, pues si bien la parte actora (aquí quejosa) alega esencialmente que en el proveído reclamado se ordenó continuar con la ejecución del laudo sin cuantificar ni actualizar los salarios caídos; no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio laboral primigenio, que amerite la procedencia excepcional de la vía de amparo. Ahora, conviene distinguir sobre dos tipos de actuaciones que se dictan después de concluido el juicio, que son las siguientes: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de sentencia o laudo; y, b) Actos en ejecución de sentencia o laudo. En efecto, del primer supuesto reseñado, debe precisarse que alude a aquellos actos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa ejecutar el fallo dictado en el juicio natural [en todo caso, solo llegan a servir de preparación para ello], los cuales pueden ser impugnados de manera inmediata en el juicio de amparo; y por lo que hace al segundo de ellos, se refiere a las actuaciones que pueden ser combatidas en la vía constitucional pero sólo cuando se reclamen conjuntamente con la última resolución del procedimiento respectivo. En el caso en particular, el acto reclamado integra la fase ejecutiva de mérito, colocándose en la segunda de las categorías previamente definidas, ya que en él se dictó un acuerdo en el que se ordenó continuar con la ejecución del laudo, sin realizar pronunciamiento sobre la cuantificación y actualización de los salarios caídos. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues la parte promovente debió esperar hasta la última resolución del procedimiento respectivo, para promover su demanda en esta vía constitucional, en la que haga valer todas aquellas violaciones que estime se hayan producido en su perjuicio durante la ejecución del laudo. Así, el auto recurrido no constituye el cierre de la etapa ejecutiva, porque se trata de una actuación que no es la última resolución dictada, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; de ahí que se torne improcedente este juicio constitucional intentado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que precisa en el proemio de su demanda; y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Omar Gerardo Lavida Díaz. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto, con el usuario DahirGuzman mismo que fue proporcionado en la demanda de amparo. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, como lo solicita el promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que solicite. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 7/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. Notifíquese vía electrónica y cúmplase.
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