Crecencio Camilo Bautista

Expediente 230/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
230/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Ismael Camilo Bautista
  • Crecencio Camilo Bautista
  • Crecencio Camilo Bautista y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la suspensión solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, facción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 230/2018, promovido por Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, por propio derecho; y, RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, y de otras autoridades, que estimaron violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Finalmente en auto de veinticinco de junio se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver bajo las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, reclaman: Del Congreso de la Unión [Cámara de Diputados y Cámara de Senadores], del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas facultades, la discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, la aplicación del numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el auto de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 235/2017. Tercera. Certeza de los actos. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la publicación de la citada Ley Nacional que contiene el precepto tildado de inconstitucional en el Diario Oficial de la Federación, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el citado juez, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario mercantil 452/2013, del que derivan los actos reclamados. Lo que se corrobora con el disco magnético que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, en el que obra las constancias en formato escrito "PDF", relativas a la audiencia intermedia celebrada el tres de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 235/2017. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." También resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Como se advierte de la transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Causal de improcedencia que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, el quejoso señaló como acto reclamado el acuerdo dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 235/2017, en el cual la autoridad responsable declaró cerrada la etapa de investigación complementaria y con fundamento en el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenó poner en conocimiento del Procurador General de Justicia del Estado Michoacán, para que en el término de quince días hábiles contado a partir de su notificación, se pronunciara respecto de los supuestos del numeral 324 de la legislación nacional en comento. Dicho auto es del tenor siguiente: "CAUSA PENAL NO. 00235/2017 NUC NO. 1005-2017-36659 RAZÓN. el que suscribe Didier del Ángel Ortega Ramírez, jefe de causa en funciones de administrador del sistema de justicia penal causa en funciones de administrador del sistema de justicia penal acusatorio y oral de la región Zamora, Michoacán, hago constar que el plazo de investigación complementada concedido a las partes feneció el 10 de enero de 2018, y el término del ministerio público para pronunciarse sobre los supuestos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales comenzó a computarse a partir del día 11 y feneció el 31 de ese mes y año, sin que se hubiera pronunciado al respecto y la defensa hasta esta fecha es que se manifiesta al respecto, lo que se hace constar a efecto de dar cuenta al juez de control y enjuiciamiento que corresponda el acuerdo respectivo. Conste. SE DECLARA CERRADA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, POR OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO DESE VISTA AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO Y AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO. Zamora, Michoacán, 28 de febrero de 2018. En relación a la razón levantada por el jefe de causa en funciones de administrador del sistema de justicia penal acusatorio y oral de esta región, en relación al estado procesal que guarda la causa penal número 235/2017 que se instruye contra Cescencio e Ismael, ambos de apellidos Camilo Bautista, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley cataloga como el delito de lesiones calificadas, en detrimento de Brayan Baltazar Calixto, y en especial del acta de audiencia de 10 de noviembre de 2017, en que el suscrito fijé como plazo para el cierre de investigación complementaria, el 10 de enero del presente año, y fue al día siguiente (11 de enero de 2018) en que conforme lo establecido por el numeral 324, adjetivo, que le comenzó a computar a los agentes del ministerio público Erick de Jesús Ruiz Moreno y Esmeralda Fernández Pérez (de la fiscalía regional de justicia de Zamora, Michoacán que participan en esta causa penal) el plazo para que se pronunciaran respecto de los supuestos del dicho numeral, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, pues, realizando el cómputo correspondiente, han pasado no solo quince días sino treinta y dos días hábiles (contando aquellos quince más diecisiete días más) para que los agentes del ministerio público que llevan la causa penal, se hubieran pronunciado al respecto de los supuestos del artículo 324, del código nacional de procedimientos penales. Atento a lo anterior, se declara cerrada la etapa de investigación complementariante y con fundamento en el numeral 325 del código nacional de procedimientos penales, se ordena poner de inmediato esos hechos en conocimiento del procurador general de justicia del estado de Michoacán, para que en el improrrogable término de 15 días hábiles contados a partir de su legal notificación, se pronuncie respecto de los supuestos del numeral 324 de la legislación nacional en comento, bajo el apercibimiento establecido en el último párrafo el primero de los arábigos de referencia. Por otra parte, es evidente que además del descuido de la fiscalía, de no pronunciarse respecto de lo previsto por el numeral 324 de la ley instrumental de la materia, se advierte desatención de la defensa pública de los acusados, licenciado Leonel Espinoza Nava (que junto con Porfirio Mateo Cortés asisten a los imputados), porque si bien es cierto que en esta fecha solicita se analice dicha cuestión, no menos cierto es que ello lo debió haber planteado desde el 1 de febrero del presente año, al ser el día siguiente hábil a aquel en que le feneció el término al representante social para que se manifestara respecto de los supuestos del multicitado numeral 324, adjetivo, lo que ha repercutido en perjuicio de su defendido lo que denota que tampoco están al pendiente del desarrollo del proceso, incluso podrían entenderse desde el instante en que fue requerida la coordinadora de defensores públicos en esta región, por segunda ocasión, para que ante la revocación de los imputados de sus defensores particulares, indicara qué servidores públicos de su dependencia asumirían la defensa, por ende, es evidente que no han tenido comunicación del proceso con los imputados Crescencio e lsmael ambos de apellidos Camilo Bautista, de lo contrario sabrían que el proceso intruido contra aquellos, presentaba estas irregularidades, lo que significa que incumplieron con la obligación que le impone el numeral 117 fracción XII de la legislación procesal penal, consecuentemente, se ordena también hacer del conocimiento del director del instituto de la defensoría pública en el estado de Michoacán dicha circunstancia, para que proceda conforme a sus atribuciones legales. Lo acordó y firma Ramón Sánchez Magaña, juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral región Zamora, Michoacán." Luego, el veinte de marzo de dos mil dieciocho el juez responsable tuvo por recibido el escrito presentado por el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, mediante el cual formuló acusación contra los imputados Crescencio e Ismael, ambos de apellidos Camilo Bautista, por el hecho que la ley cataloga como delito de lesiones calificadas. Con lo anterior corrió traslado a los acusados y a su defensa, así como a la víctima directa y sus asesores jurídicos para que se impusieran de su contenido, y fijó las nueve horas del tres de mayo de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia intermedia, lo cual ordenó notificar a las partes. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que en la fecha indicada (tres de mayo de dos mil dieciocho) se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que destacan los siguientes aspectos: La defensa de los acusados Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, expuso la suspensión condicional del proceso; La fiscalía manifestó que la reparación del daño a la víctima es para la ayuda del tratamiento de la no disminución visual; El empleado federal para la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, manifestó que de no llevarse a cabo en esa audiencia la suspensión condicional del proceso, se debía devolver la cantidad de ochenta mil pesos otorgada para la reparación del daño; La víctima manifestó que aceptaba la reparación del daño y estaba de acuerdo con la suspensión condicional del proceso en los términos en que lo solicitó la defensa, por lo que no presentaba oposición y se daba por pagado de la reparación del daño; y, En atención a lo anterior, el juez de los autos determinó que, como los acusados pagaron a la víctima la suma de ochenta mil pesos en efectivo, recurso que fue proveído por la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y entregado a la víctima, en términos de los artículos 179, 192, 195, 197 y 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó la suspensión condicional del proceso a Crescencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, por el plazo de un año, el cual fenece el tres de mayo de dos mil diecinueve, fijando las condiciones respectivas. Por tanto, es claro que la suspensión condicional del proceso, instruido contra los quejosos originó una situación jurídica diversa a aquélla en que se encontraban al momento de la presentación de la demanda (catorce de marzo de dos mil dieciocho), habida cuenta que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, pues ello implicaría desconocer la diversa que surgió por virtud de la acusación formulada contra los imputados por el delito de lesiones calificadas; por tanto, las violaciones que se pudieron cometer con el acto reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. Lo anterior es así, porque la situación jurídica de los quejosos ya no deriva de lo equivalente a lo ordenado en el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho por el juez de los autos, consistente en dar vista al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que se pronunciara sobre la acusación o no de los imputados, por omisión del agente del Ministerio Público, sino de la suspensión condicional del proceso concedida en la audiencia intermedia de tres de mayo del mismo año, la cual generó diverso estatus jurídico, aunado a que ésta guarda autonomía con los actos reclamados, ya que puede subsistir, con independencia de que los actos reclamados resultaran o no inconstitucionales. Ello porque, como lo informó el juez responsable, los imputados accedieron a la solución alterna del proceso consistente en la suspensión condicional del proceso a prueba, fijándose el plazo de suspensión por un año, el cual fenece el tres de mayo de dos mil diecinueve, y aceptaron sujetarse a las condiciones contenidas en las fracciones I, II, IX y X del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cubriendo además la reparación del daño por lo que, de cumplirse el plazo citado sin que la suspensión sea revocada, se decretará a favor de los acusados el sobreseimiento del proceso por cumplimiento de aquellas condiciones, con calidad de una sentencia absolutoria. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Lo anterior, no obstante que los quejosos promovieron el amparo contra la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su primer acto de aplicación, pues no es dable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por lo que si en relación con este se actualiza una causa de improcedencia, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sustenta lo anterior la tesis P.XVII/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, registro 194092, del rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista, por el acto y autoridad que precisados quedaron en la consideración tercera, y por los motivos expuestos en la diversa cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy trece de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Crecencio Camilo Bautista e Ismael Camilo Bautista por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Agente del Ministerio Público adscrito al Área de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de esta autoridad que a los quejosos ******************** ambos de apellidos ******************** se les concedió la suspensión condicional del proceso a prueba; por tanto, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos de los artículos 119 y 123 de la ley de Amparo. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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