Consuelo Nuñez Bruno
Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Consuelo Nuñez Bruno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibido el oficio de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual en informa las gestiones que se encuentra realizando para cumplir la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se tiene a la autoridad en cita, en vías de cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, dado que dicho cumplimiento es de orden público, el Juez de Distrito debe vigilar su efectivo acatamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la referida autoridad responsable para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que reciba notificación del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoria de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintiséis de septiembre de este año, que concedió en autos el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa ********************, respecto a actos derivados del expediente ordinario laboral********************, para los siguientes efectos: a) De no solicitar la práctica de otras diligencias, ordene el cierre de instrucción; - - - b) De acuerdo los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ordene entregar copia del proyecto de laudo a los miembros del tribunal responsable; - - - b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros del tribunal para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, - - - c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada con lo anterior dentro del término que se le está otorgando, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 907/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado con el número 16771, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado presentando pedimento, mismo que se tomará en consideración al momento de resolver el presente asunto y por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido el once de julio del año que transcurre, en este órgano jurisdiccional, Consuelo Núñez Bruno, por conducto de su apoderada Carla Jaqueline Luna Rubio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: - La omisión de cerrar la instrucción y de emitir el laudo dentro del expediente ordinario laboral 709/2017. Segundo. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se difirió para el día de hoy, por los motivos expuestos en proveído de diecisiete de agosto del año en curso. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con residencia en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También, sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: - La omisión de cerrar la instrucción y de emitir el laudo dentro del expediente ordinario laboral 709/2017. Tercero. Al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Lo anterior, se robustece con las documentales que allegó a esta instancia constitucional, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Cuarto. Sin que se haya hecho valer por las partes, ni este juzgado advierta de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. La parte peticionaria de amparo en su planteamiento formulado básicamente argumentó que el tribunal responsable vulnera el contenido del artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que desde el trece de marzo de dos mil veintitrés, la responsable en acuerdo de esa misma data, otorgó a las partes e término de tres días para que formularan alegatos, debido a que del juicio y de la certificación secretarial se advertía que no existían pruebas ni diligencias pendientes por desahogar, sin que a la fecha se haya cerrado la instrucción ni emitido el laudo correspondiente. Lo anterior revela que, como lo sostiene la parte quejosa, la omisión del tribunal responsable vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional, pues al no dictar el laudo respectivo generó un retardo o dilación en el dictado del laudo. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra la seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y por la Ley Federal del Trabajo, respecto de los términos y plazos para que el tribunal realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: (.) " Artículo 886. Del proyecto del laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta con citación a las partes, señalará en su caso, día y hora para el desahogo, dentro del término de ocho días, (.)" Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior (.) el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan transcurrido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en sus artículos 8° y 103 prevé lo siguiente: "ARTICULO 8°. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad". "ARTICULO 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución". Entonces, si bien es cierto que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, no prevé un plazo para el desahogo de dicha audiencia, debe atenderse a la naturaleza del asunto, de donde se sigue que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en su artículo 8°, señala que lo no previsto por dicha Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. De lo expuesto, se desprende que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien, deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses de la quejosa, pues aun así, no podrá remediarse la violación del derecho ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. En función de lo anterior, de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dé cumplimiento con lo siguiente: a) De no solicitar la práctica de otras diligencias, ordene el cierre de instrucción; b) De acuerdo los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ordene entregar copia del proyecto de laudo a los miembros del tribunal responsable; b) De no solicitar la práctica de otras diligencias dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros del tribunal para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y, c) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Sin que pase inadvertido, para este órgano jurisdiccional que la reforma publicada el uno de julio de dos mil diecinueve, derogó entre otros los artículos 885, 886, 887 y 889, pues en términos del artículo 7° transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir en el procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Consuelo Núñez Bruno, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, se da vista a las partes por el término de ocho días hábiles, con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remite la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Se da vista a las partes con tales documentales, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional. Finalmente, por encontrarse totalmente concluido y tratarse de un acto de autoridad distinto a aquel por el que se sigue este juicio, se toma nota de que, con antelación a éste, en este juzgado se tramitó el juicio de amparo número I-1301/2022 derivado del juicio original; para ser tomado en cuenta llegado el momento procesal oportuno y en cuanto a derecho proceda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.Ángel/*
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Conrado Guillermo Magaña Martinez1363/2022
- Conrado Sanchez Villa935/2023
- Consuelo Ceja Moreno438/2023
- Consuelo del Carmen Rodriguez Oliveros1108/2023
- Consuelo Dimas Tapia1082/2017
- Consuelo Nuñez Bruno1301/2022
- Consuelo Vianey Bahena Castellanos685/2023
- Consuelo Victoria Arreola1416/2023
- Corina Erika Guia Carreón148/2018
- Corina Erika Guia Carreón652/2019
- Crecencio Camilo Bautista230/2018
- Crescencio Alcauter García611/2018