Crecencia Bautista Pérez

Expediente 169/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
169/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Crecencia Bautista Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a catorce de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que Crecencia Bautista López, quien promovió la demanda de amparo, por propio derecho, no cumplió con el requerimiento de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dentro del plazo que para tal efecto se le concedió (foja 8 y 12); en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 357915, visible en la foja doscientos ocho, tomo LI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto que dicen: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA. Si no se hace la aclaración de la demanda de amparo, ordenada por el Juez, tal omisión debe ser sancionada en la forma que establece el artículo 146 de la Ley de Amparo, es decir, debe tenerse por no interpuesta la demanda y no desecharla por improcedente, si el acto reclamado sólo afecta los derechos patrimoniales del quejoso." La tesis aplicada, se invoca en términos del artículo sexto transitorio de esta ley, por no oponerse al texto de la misma. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero, aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese. IV-B

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por Crecencia Bautista Pérez, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir, literalmente, en: "El desalojo de la casa habitación que se encuentra ubicada en calle Mar Timor, Colonia la Paz, sin número domicilio conocido, Puerto Escondido, Oaxaca, toda vez que no ha terminado el procedimiento del Juicio Civil en el cual nos encontramos en litigio para ser precisos en la etapa procesal de ofrecimientos de pruebas y así pues que no existe una sentencia definitiva y tampoco existe una resolución que faculte al actuario del Juzgado Primero Mixto para que este lleve a cabo un lanzamiento de desalojo". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 169/2018-IV-B. Ahora bien, como se advierte irregularidad en la demanda de amparo de que se trata y a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de su admisión o no, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción V, en relación con el 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir en que sea legalmente notificada de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para las partes y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Deberá precisar concretamente el acto que le reclama a la autoridad responsable señalada como ordenadora, toda vez que resulta ambiguo. Lo anterior es así, porque de la lectura integral de la demanda se advierte, por una parte, que en el capítulo del acto reclamado, se duele del desalojo de la casa habitación de su propiedad ubicada en la calle Mar Timor, Colonia la Paz, sin número, domicilio conocido de Puerto Escondido, Oaxaca, derivado del juicio ordinario 83/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Puerto Escondido, Oaxaca; destacándose que aduce que dicho juicio se encuentra en la etapa procesal de ofrecimiento de pruebas, en razón de que no existe sentencia definitiva ni tampoco resolución que faculte al actuario del aludido juzgado para llevar a cabo un lanzamiento de desalojo. Mientras, que en el único concepto de violación, refiere que se viola en su perjuicio su derecho a ser oído y vencido en juicio mediante el cual se le tengan reconocidas sus pruebas ofrecidas escrito en el juicio ordinario 83/2017, radicado ante el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Ante lo expuesto, la quejosa, deberá precisar, en caso de que exista una resolución en la que se haya ordenado el desalojo del inmueble del que se ostenta propietario, entonces, indicará la fecha en que tuvo conocimiento del acto o actos reclamados, así como la autoridad que la haya emitido. Asimismo, deberá especificar si el acto que le reclama a la autoridad responsable, es que no le haya acordado su escrito mediante el cual ofreció pruebas en el juicio ordinario 83/2017, radicado ante Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. La citada prevención, se le formula en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda de amparo, la quejosa expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, y que la autoridad se encuentre en aptitud de rendir el informe justificado que se le solicite, con relación al acto que se le reclame; asimismo, acompañe las constancias que tengan relación con el mismo. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes para el traslado a las partes en este juicio. Resulta aplicable en lo sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J.161/2013, con registro 2005636, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común. Décima época, con texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.- De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 36/2001, con registro 189977, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (Abril de 2001), Página 79, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la tesis II.3o.A.23 K (10a.), con registro 2007130, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 1554, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. Por lo tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Téngase únicamente para recibir notificaciones e imponerse a Gaudencio Adolfo Martínez Cárdenas, José Luis García Olivera y Erick Leonel Silva Maldonado, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparecen registradas cédulas profesionales alguna a su favor, que los faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado. Toda vez que el domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágasele por lista de acuerdos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. IV-B

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