Crecencia Bautista Pérez
Expediente 89/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Crecencia Bautista Pérez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 11 a 21), por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Crecencia Bautista Pérez; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que hace consistir literalmente en el siguiente: "ACTO RECLAMADO: "LA MEDIDA DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIA PRECAUTORIA" de fecha nueve de Marzo del dos mil diecisiete, mediante la cual fui desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colonia Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca y que, al ser de tracto sucesivo me sigue causando agravio y violentando mis garantías individuales. Dictada dentro de la carpeta de Investigación número 4521/FPE/2016. (sic)". Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 89/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA Al respecto se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que los juzgados federales, deben desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Bajo esta perspectiva, este Órgano Jurisdiccional, considera que el caso, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." La fracción recién citada contempla la improcedencia del juicio de amparo en caso de que la parte quejosa haya consentido tácitamente los actos reclamados, entendiéndose este consentimiento como la extemporaneidad en la presentación de la demanda, es decir, al no hacerse dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia que corre de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 18 del propio ordenamiento. En relación con los numerales 17 y 18 de la propia ley de la materia, señalan textualmente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Con relación al término para la presentación de la demanda de amparo y el cómputo respectivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando los artículos correlativos de la anterior ley de la materia de contenido similar a los recién transcritos, emitió la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, página 286, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Jurisprudencia que, sigue siendo aplicable, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto de promulgación de la nueva Ley de Amparo. (Tal como sucede con las que más adelante se invocarán de acuerdo al estudio del asunto). Así, de los numerales transcritos, así como, del contenido del criterio jurisprudencial y obligatorio en cita, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Es importante resaltar que, los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Luego, como excepciones a ese término genérico de los quince días, son las que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, anteriormente transcrito. Empero, en el caso, se reclama la medida de protección y providencia precautoria de fecha NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, dictada dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016, mediante la cual fue desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colono Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca. Así, de inicio, dicho acto no se encuentra comprendido dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días. Se afirma lo anterior, pues el mismo no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, tampoco involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas. De la misma forma, no se trata de un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, para que el amparo pueda presentarse fuera del término genérico antes señalado. Así pues, los actos que se combaten no se encuentran dentro de alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para promover fuera del término genérico; el cuál, de conformidad con el numeral 18, se tomará como punto de partida, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o bien, una vez que se tiene conocimiento del acto o, de que el quejoso se ostente sabedor. Resta entonces verificar el momento a partir del cual, debe empezarse a computar el término genérico de los quince días que tuvo la parte quejosa para instar el juicio de amparo en contra de lo que hoy reclama. En el caso, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, substancialmente, refiere que el nueve de marzo de dos mil diecisiete, fue desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle cinco de mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colonia Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca, con base en la medida de protección y providencia precautoria, dictada por la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016. Aquí es importante señalar que, como se dijo anteriormente, los supuestos contenidos en el artículo 18 de la Ley de Ampro, sobre la temporalidad para promover el juicio de amparo, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; de tal manera que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Aunado a ello, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda para determinar la data en la cual la promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial. Esto tal como lo sostiene la tesis aislada I.9o.A.20 K (9a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1852, con registro 160126, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO DE SU CONTENIDO SE ADVIERTEN MANIFESTACIONES EXPRESAS DE DIVERSAS FECHAS EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales puede computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de garantías, los cuales se cuentan a partir del día siguiente que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, la esencia del citado artículo se sustenta en el conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si en una demanda de amparo el quejoso señala diversas fechas que pueden considerarse como aquella en la que conoció los actos reclamados, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda y, en su caso, de las constancias que la acompañan para determinar la data en la cual el promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial." Así las cosas, la quejosa señala expresamente que el NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, fue desposeída y desalojada del inmueble que refiere, con base en la medida de protección y providencia precautoria, dictada por la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016. Por ende, desde esa data (9/marzo/2017), debe tomarse como referencia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y el plazo para promover la demanda de amparo debe de computarse a partir del día siguiente en el que la quejosa tuvo cabal conocimiento del acto reclamado, siendo el diez de marzo de dos mil diecisiete, pues la quejosa se ostenta sabedora a partir de aquélla, por tanto, desde ese momento nació el derecho de la quejosa de promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De manera que, en este caso, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el cual, de conformidad con el numeral 18 de la ley de la materia, se computará a partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado. Y si fue el DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (día siguiente), cuando se actualizó dicha hipótesis; por lo que, el término de quince días para promover el presente juicio de amparo, en contra de dicho acto, transcurrió del diez de marzo al tres de abril de dos mil diecisiete, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, uno y dos de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se advierte que la presente demanda de amparo fue presentada el VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE; es evidente que la presentación de la misma resulta extemporánea. Ello pues, la misma fue presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo y sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo, por todo lo ya expuesto. En consecuencia, como se dijo, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo, por todo lo ya expuesto. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso, y por autorizados únicamente para tales efectos a Marcos Antonio García, José Wenceslao Hernández, Marcos Antonio García, José Mateo Antonio Chagoya e Iván Carlos Martínez Gopar. LEY DE TRANSPARENCIA Por último, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que hace consistir literalmente en el siguiente: "ACTO RECLAMADO: "LA MEDIDA DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIA PRECAUTORIA" de fecha nueve de Marzo del dos mil diecisiete, mediante la cual fui desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colonia Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca y que, al ser de tracto sucesivo me sigue causando agravio y violentando mis garantías individuales. Dictada dentro de la carpeta de Investigación número 4521/FPE/2016. (sic)". Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 89/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE DEMANDA Al respecto se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que los juzgados federales, deben desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Bajo esta perspectiva, este Órgano Jurisdiccional, considera que el caso, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." La fracción recién citada contempla la improcedencia del juicio de amparo en caso de que la parte quejosa haya consentido tácitamente los actos reclamados, entendiéndose este consentimiento como la extemporaneidad en la presentación de la demanda, es decir, al no hacerse dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia que corre de acuerdo a lo establecido en el diverso numeral 18 del propio ordenamiento. En relación con los numerales 17 y 18 de la propia ley de la materia, señalan textualmente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Con relación al término para la presentación de la demanda de amparo y el cómputo respectivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando los artículos correlativos de la anterior ley de la materia de contenido similar a los recién transcritos, emitió la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, página 286, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Jurisprudencia que, sigue siendo aplicable, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto de promulgación de la nueva Ley de Amparo. (Tal como sucede con las que más adelante se invocarán de acuerdo al estudio del asunto). Así, de los numerales transcritos, así como, del contenido del criterio jurisprudencial y obligatorio en cita, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Es importante resaltar que, los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Luego, como excepciones a ese término genérico de los quince días, son las que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, anteriormente transcrito. Empero, en el caso, se reclama la medida de protección y providencia precautoria de fecha NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, dictada dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016, mediante la cual fue desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle Cinco de Mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colono Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca. Así, de inicio, dicho acto no se encuentra comprendido dentro de alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término genérico de quince días. Se afirma lo anterior, pues el mismo no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales, tampoco involucra inconstitucionalidad de leyes reclamadas como autoaplicativas. De la misma forma, no se trata de un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, para que el amparo pueda presentarse fuera del término genérico antes señalado. Así pues, los actos que se combaten no se encuentran dentro de alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para promover fuera del término genérico; el cuál, de conformidad con el numeral 18, se tomará como punto de partida, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; o bien, una vez que se tiene conocimiento del acto o, de que el quejoso se ostente sabedor. Resta entonces verificar el momento a partir del cual, debe empezarse a computar el término genérico de los quince días que tuvo la parte quejosa para instar el juicio de amparo en contra de lo que hoy reclama. En el caso, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, substancialmente, refiere que el nueve de marzo de dos mil diecisiete, fue desposeída y desalojada del inmueble ubicado en la calle cinco de mayo esquina con calle Guillermo Prieto, colonia Aeropuerto, Puerto Escondido, Oaxaca, con base en la medida de protección y providencia precautoria, dictada por la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016. Aquí es importante señalar que, como se dijo anteriormente, los supuestos contenidos en el artículo 18 de la Ley de Ampro, sobre la temporalidad para promover el juicio de amparo, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; de tal manera que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Aunado a ello, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda para determinar la data en la cual la promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial. Esto tal como lo sostiene la tesis aislada I.9o.A.20 K (9a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1852, con registro 160126, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO DE SU CONTENIDO SE ADVIERTEN MANIFESTACIONES EXPRESAS DE DIVERSAS FECHAS EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales puede computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de garantías, los cuales se cuentan a partir del día siguiente que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) El quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, la esencia del citado artículo se sustenta en el conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si en una demanda de amparo el quejoso señala diversas fechas que pueden considerarse como aquella en la que conoció los actos reclamados, el juzgador debe justipreciar el contenido de la demanda y, en su caso, de las constancias que la acompañan para determinar la data en la cual el promovente tuvo realmente conocimiento pleno de aquéllos, tanto del acto mismo como de las autoridades que lo hubieren ordenado y ejecutado para poder llamarlas a juicio y, a partir de ahí, realizar el cómputo para la interposición del escrito inicial." Así las cosas, la quejosa señala expresamente que el NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, fue desposeída y desalojada del inmueble que refiere, con base en la medida de protección y providencia precautoria, dictada por la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación número 4521/PE/2016. Por ende, desde esa data (9/marzo/2017), debe tomarse como referencia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y el plazo para promover la demanda de amparo debe de computarse a partir del día siguiente en el que la quejosa tuvo cabal conocimiento del acto reclamado, siendo el diez de marzo de dos mil diecisiete, pues la quejosa se ostenta sabedora a partir de aquélla, por tanto, desde ese momento nació el derecho de la quejosa de promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De manera que, en este caso, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el cual, de conformidad con el numeral 18 de la ley de la materia, se computará a partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado. Y si fue el DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE (día siguiente), cuando se actualizó dicha hipótesis; por lo que, el término de quince días para promover el presente juicio de amparo, en contra de dicho acto, transcurrió del diez de marzo al tres de abril de dos mil diecisiete, descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticinco y veintiséis de marzo, uno y dos de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se advierte que la presente demanda de amparo fue presentada el VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE; es evidente que la presentación de la misma resulta extemporánea. Ello pues, la misma fue presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo y sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo, por todo lo ya expuesto. En consecuencia, como se dijo, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria e indudable su improcedencia, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que estemos frente a alguno de los supuestos de excepción que establecen las fracciones I a la IV del mencionado artículo, por todo lo ya expuesto. Se invoca la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso, y por autorizados únicamente para tales efectos a Marcos Antonio García, José Wenceslao Hernández, Marcos Antonio García, José Mateo Antonio Chagoya e Iván Carlos Martínez Gopar. LEY DE TRANSPARENCIA Por último, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.
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