Cornelio Santos Lazaro

Expediente 1607/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1607/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Cornelio Santos Lazaro

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por *********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio y anexo signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por el cual remite el juicio de amparo indirecto promovido por Cornelio Santos Lázaro, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez. Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, regístrese con el número********************; por haberse conocido previamente el diverso juicio 512/2022, promovido por Cornelio Santos Lázaro. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, la suscrita advierte de oficio que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Lo anterior se sostiene, habida cuenta que ningún fin práctico tendría, en su caso, la concesión de la protección constitucional solicitada, por las consideraciones siguientes. Como antes quedó visto en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial C-408/2021, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez, en la cual se ordenó al agente del Ministerio Público realizara el descubrimiento probatorio a su defensor público. Ahora bien, ningún caso práctico tendría conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de dejar sin efectos la resolución reclamada de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial C-408/2021; en razón de que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte el diverso juicio de amparo 512/2022, del índice de este órgano jurisdiccional promovido por el aquí quejoso Cornelio Santos Lázaro, por su propio derecho, mismo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. A lo antes expuesto tiene aplicación la tesis I.1o.A.14 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Expuesto lo anterior, del juicio de amparo que se invoca como hecho notorio al cual se le concede valor probatorio pleno, se advierte que se precisó que el peticionario de amparo señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: "III) AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable emisora la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta Ciudad, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta Ciudad, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez, le reclamo las resoluciones relativa a la audiencia de control, detención, vinculación a proceso y de medidas cautelares, dictadas el veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) deducidos de la carpeta judicial C-408/2021, que se sigue en mi contra." Luego, en la sentencia de amparo dictada el once de octubre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente (lo resaltado es propio): "Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Cornelio Santos Lázaro en la audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro de la carpeta judicial C-408/2021. Citar a las partes para que tenga verificativo la audiencia respectiva, en la que, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que resuelva la situación jurídica del imputado, en el entendido de que: Debe otorgar razones específicas de su análisis al sólo manifestar que se debe a "ciertas circunstancias" por las cuales se acredita la privación de la libertad. Cómo, conforme a su justipreciación, la conducta encuadra en el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, señalando el modo, tiempo y lugar. Debe estudiar, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público, la finalidad con la que la víctima pudo ser privado de la libertad, en virtud que, como señaló el órgano investigador, acontecieron diversos momentos: a) cuando dice lo interceptaron, b) cuando dice fue llevado al inmueble y c) una vez que fue puesto en libertad. Entonces, analizar de manera clara cuál es la intención en cada uno de los hechos que narró el Ministerio Público, es decir, si la intención del primer momento fue robarle la cantidad de dinero que llevaba con él, así como el teléfono celular, o fue aprovechado el momento para quitarle esos objetos o si desde un inicio se tenía el objetivo de extorsionarlo (a manera de ejemplo). Establecido ello, de considerar que hubo una privación de libertad, debe analizar cómo se integran los hechos que la ley señala como robo o extorsión y cómo son tipificados dentro de la legislación penal aplicable, en tanto que del artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se advierte que "para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro" lo que conlleva a que sea indispensable justipreciar cómo se advierte la finalidad de la conducta del quejoso. Debe señalar en el caso cuál es el alcance probatorio que tiene el sólo dicho de la víctima en cuanto a cómo dice el Ministerio Público fue privado de la libertad o analizar en ese rubro si ese dicho se encuentra relacionado con algún otro dato de prueba. Debe advertir que dentro del procedimiento penal ocurrió una circunstancia específica en el sentido de que la detención del quejoso fue declarada como ilegal. Debe analizar dentro de la etapa en que se encuentra la carpeta de investigación, si es posible que se acumule a esta carpeta, la diversa C-476/2021, integrada en contra de Carlos David Tenango Jiménez, con base en los hechos que narra el Ministerio Público, con el objetivo de que no se emitan determinaciones contradictorias de conformidad con el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior no implica que deje de existir un hecho que la ley señala como delito en contra del quejoso, en tanto que el juez de control tiene la facultad, de ser procedente, reclasificar la conducta en beneficio o perjuicio. Es aplicable la jurisprudencia 29/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2022166, de rubro: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." En ese contexto, de lo expuesto con antelación es dable advertir que en el juicio de amparo 512/2022, del propio índice, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en contra del aquí quejoso Cornelio Santos Lázaro en la audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro de la carpeta judicial C-408/2021; en ese orden de ideas, es dable advertir que a consecuencia de ello, la responsable nuevamente citará a las partes a la audiencia inicial en la que con plenitud de jurisdicción, emitirá otra determinación en la que habrá de resolver la situación jurídica del imputado aquí quejoso Cornelio Santos Lázaro, tomando en consideración las precisiones establecidas en el diverso juicio de amparo invocado como hecho notorio. De ahí que, si el acto reclamado en la demanda que se provee, fue emitido el dieciocho de octubre de dos mil veintidós en la etapa intermedia y se trata de la orden del Juez de Control responsable al Agente del Ministerio Publico de realizar el descubrimiento probatorio a su defensor público dentro de la carpeta judicial C-408/2021, no procede su análisis al encontrarse pendiente como quedó visto, que la responsable resuelva la situación jurídica del imputado, con motivo de la concesión del amparo concedido en el juicio invocado como hecho notorio, de lo que dependerá en su caso la continuación del proceso penal, al haber regresado el estado de autos a la celebración de la audiencia inicial a efecto de emitir la resolución correspondiente. Además, no debe perderse de vista que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; para la procedencia del mismo, es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.P.13 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de número de registro 2014666, de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2867, de texto siguiente: Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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