Cornelio Santos Lázaro

Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
512/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • Cornelio Santos Lázaro
  • GANADERO . . y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; no obstante ello, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Cornelio Santos Lázaro en la audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro de la carpeta judicial--------------------- Citar a las partes para que tenga verificativo la audiencia respectiva, en la que, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que resuelva la situación jurídica del imputado, en el entendido de que: Debe otorgar razones específicas de su análisis al sólo manifestar que se debe a "ciertas circunstancias" por las cuales se acredita la privación de la libertad. Cómo, conforme a su justipreciación, la conducta encuadra en el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, señalando el modo, tiempo y lugar. Debe estudiar, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público, la finalidad con la que la víctima pudo ser privado de la libertad, en virtud que, como señaló el órgano investigador, acontecieron diversos momentos: a) cuando dice lo interceptaron, b) cuando dice fue llevado al inmueble y c) una vez que fue puesto en libertad. Entonces, analizar de manera clara cuál es la intención en cada uno de los hechos que narró el Ministerio Público, es decir, si la intención del primer momento fue robarle la cantidad de dinero que llevaba con él, así como el teléfono celular, o fue aprovechado el momento para quitarle esos objetos o si desde un inicio se tenía el objetivo de extorsionarlo (a manera de ejemplo). Establecido ello, de considerar que hubo una privación de libertad, debe analizar cómo se integran los hechos que la ley señala como robo o extorsión y cómo son tipificados dentro de la legislación penal aplicable, en tanto que del artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se advierte que "para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro" lo que conlleva a que sea indispensable justipreciar cómo se advierte la finalidad de la conducta del quejoso. Debe señalar en el caso cuál es el alcance probatorio que tiene el sólo dicho de la víctima en cuanto a cómo dice el Ministerio Público fue privado de la libertad o analizar en ese rubro si ese dicho se encuentra relacionado con algún otro dato de prueba. Debe advertir que dentro del procedimiento penal ocurrió una circunstancia específica en el sentido de que la detención del quejoso fue declarada como ilegal. Debe analizar dentro de la etapa en que se encuentra la carpeta de investigación, si es posible que se acumule a esta carpeta, la diversa--------------, integrada en contra de --------------------------, con base en los hechos que narra el Ministerio Público, con el objetivo de que no se emitan determinaciones contradictorias de conformidad con el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior no implica que deje de existir un hecho que la ley señala como delito en contra del quejoso, en tanto que el juez de control tiene la facultad, de ser procedente, reclasificar la conducta en beneficio o perjuicio. Es aplicable la jurisprudencia 29/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2022166, de rubro: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó en lo que interesa lo siguiente: Mediante oficio S-1969/2022, remitió copia del acta circunstanciada de la audiencia, así como el disco compacto que contiene la videograbación de los actos procesales de la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta judicial C-408/2021. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos, dado que al reproducir el disco compacto DVD que remitió para acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se advierte que en la audiencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós celebrada en la carpeta judicial C-408/2021, el Juez de Control aludido resolvió lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Cornelio Santos Lázaro en la audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro de la carpeta judicial ------------------, en la cual se le vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como secuestro exprés agravado (visible y audible en el minuto 22:25 y 02:04:25). También expuso que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, citó a las partes a las cuales mencionó para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, advirtiéndose la fecha para dicha diligencia del oficio que la responsable remitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, a las quince horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós (visible y audible en el minuto 22:53 y 31:10). Asimismo, estudió la finalidad con la que la víctima pudo ser privado de su libertad, aludiendo que, como señaló el órgano investigador, acontecieron diversos momentos: a) cuando dice lo interceptaron, b) cuando dice fue llevado al inmueble y c) una vez que fue puesto en libertad (visible y audible en el minuto 31:25, 46:15 y 02:05:00). Después, analizó cuál fue la intención en cada uno de los hechos que narró el Ministerio Público, es decir, si la intención del primer momento fue robarle la cantidad de dinero que llevaba con él, así como el teléfono celular, o fue aprovechado el momento para quitarle esos objetos o si desde un inicio se tenía el objetivo de extorsionarlo (a manera de ejemplo) (visible y audible en el minuto 02:05:13). Establecido ello, consideró que si hubo una privación de la libertad, y analizó cómo se integran los hechos que la ley señala como robo o extorsión y cómo son tipificados dentro de la legislación penal aplicable, es decir del Código Penal, señalando lo siguiente: "este juzgador se hizo cargo respecto del artículo 223 y su posibilidad de encuadramiento fáctico de la imputación y de los datos de prueba expuesto por la Fiscalía cuestión que a criterio de ese juzgador no quedó patentada, en tanto que el artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se advierte que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro lo que conlleva a que sea indispensable justipreciar cómo se advierte la finalidad de la conducta del quejoso" (visible y audible en el minuto 02:01:19 y 02:05:37). Señaló cuál es el alcance probatorio que tiene el sólo dicho de la víctima en cuanto a cómo dice el Ministerio Público fue privado de la libertad y analizó en ese rubro si ese dicho se encontraba relacionado con algún otro dato de prueba, por lo que no tuvo por acreditada la privación de la libertad, justipreciando los hechos de la ley aplicable de robo y de extorsión los datos de prueba se encuentran pertinentes, útiles y suficientes para establecer el hecho que la ley penal señala como el delito de extorsión agravada y que existe la posibilidad de que Cornelio Santos Lázaro lo pudo haber cometido (visible y audible en el minuto 47:00 y 02:06:33). Asimismo, analizó la circunstancia de la detención del quejoso sin que advirtiera una causa de ilicitud de algún dato de prueba o la nulidad de alguno de ellos, toda vez de que dicha detención ilegal indicó era porque no se iba a solicitar la prisión preventiva en contra de Cornelio Santos Lázaro (visible y audible en el minuto 02:07:27). Por otra parte, indicó que mediante audiencia de diez de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza de Control y Enjuiciamiento Yolanda Mora Silva resolvió y decidió que al existir conexidad entre los asuntos tuvo a bien acumular la carpeta C-476/2021 a la diversa C-408/2022, (visible y audible en el minuto 16:00). Finalmente, siendo las diecisiete horas con treinta y dos minutos con plenitud de jurisdicción procedió a emitir una nueva determinación respecto de la situación jurídica del imputado Cornelio Santos Lázaro, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de extorsión en agravio de la víctima de identidad reservada de seudónimo ganadero (visible y audible en el minuto 02:08:41). 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En acatamiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión será destruido; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el precitado punto del acuerdo, procédase a su destrucción. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió la medida cautelar; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen y los discos compactos DVD´s, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con Jurisdicción y Competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: "Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en contra de Cornelio Santos Lázaro en la audiencia inicial de veintiocho de abril de dos mil veintidós dentro de la carpeta------------ Citar a las partes para que tenga verificativo la audiencia respectiva, en la que, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que resuelva la situación jurídica del imputado, en el entendido de que: Debe otorgar razones específicas de su análisis al sólo manifestar que se debe a "ciertas circunstancias" por las cuales se acredita la privación de la libertad. Cómo, conforme a su justipreciación, la conducta encuadra en el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés, señalando el modo, tiempo y lugar. Debe estudiar, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público, la finalidad con la que la víctima pudo ser privado de la libertad, en virtud que, como señaló el órgano investigador, acontecieron diversos momentos: a) cuando dice lo interceptaron, b) cuando dice fue llevado al inmueble y c) una vez que fue puesto en libertad. Entonces, analizar de manera clara cuál es la intención en cada uno de los hechos que narró el Ministerio Público, es decir, si la intención del primer momento fue robarle la cantidad de dinero que llevaba con él, así como el teléfono celular, o fue aprovechado el momento para quitarle esos objetos o si desde un inicio se tenía el objetivo de extorsionarlo (a manera de ejemplo). Establecido ello, de considerar que hubo una privación de libertad, debe analizar cómo se integran los hechos que la ley señala como robo o extorsión y cómo son tipificados dentro de la legislación penal aplicable, en tanto que del artículo 9, fracción I, inciso d) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se advierte que "para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro" lo que conlleva a que sea indispensable justipreciar cómo se advierte la finalidad de la conducta del quejoso. Debe señalar en el caso cuál es el alcance probatorio que tiene el sólo dicho de la víctima en cuanto a cómo dice el Ministerio Público fue privado de la libertad o analizar en ese rubro si ese dicho se encuentra relacionado con algún otro dato de prueba. Debe advertir que dentro del procedimiento penal ocurrió una circunstancia específica en el sentido de que la detención del quejoso fue declarada como ilegal. Debe analizar dentro de la etapa en que se encuentra la carpeta de investigación, si es posible que se acumule a esta carpeta, la diversa C- 476/2021, integrada en contra de Carlos David Tenango Jiménez, con base en los hechos que narra el Ministerio Público, con el objetivo de que no se emitan determinaciones contradictorias de conformidad con el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior no implica que deje de existir un hecho que la ley señala como delito en contra del quejoso, en tanto que el juez de control tiene la facultad, de ser procedente, reclasificar la conducta en beneficio o perjuicio. Es aplicable la jurisprudencia 29/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2022166, de rubro: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)". Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198, de ese mismo ordenamiento legal. En el caso, se estima que el Juez de Control responsable se considera como órgano jurisdiccional plenamente autónomo, en concordancia por identidad jurídica con lo dispuesto en la tesis aislada VII.1o.P.T.4 K (10a.), consultable en la Décima Época, con número de registro 2007263, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el veintidós de agosto de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. El artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo dispone que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esa ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Por otro lado, de conformidad con el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa y pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz prevé que los órganos jurisdiccionales en que se deposita el Poder Judicial local, gozarán de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Por tanto, los Jueces y los Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, al no estar supeditados a alguna autoridad que ejerza sobre ellos poder o mando para obligarlos a actuar o dejarlo de hacer en la forma exigida en el fallo protector, o bien, para cumplir éste por sí mismo, como lo dispone el diverso 194 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior, la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal y al Consejo pero no puede tener facultades de superior jerárquico en relación con la función jurisdiccional de los Jueces, pues sus atribuciones las prevén la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y las leyes procesales respectivas; de ahí que el Consejo y su presidente sólo sean un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia y del Centro Estatal de Justicia Alternativa, es decir, de los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, pero no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionarlas en términos de los artículos 100 y 104 de la ley orgánica aludida. Por lo anteriormente expuesto, y en atención a la tesis transcrita se establece que la autoridad responsable, debe ser clasificada como un órgano que cuenta con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento por ende, no se encuentra sometida a tribunal de alzada, ya que cuenta con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por tanto no cuenta con superior jerárquico alguno. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano