Cornelio Del Ángel Zapata
Expediente 801/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cornelio Del Ángel Zapata
- Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
- Ana Rosa Raygoza Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso **, no realizó manifestación en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio...Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas (fojas 33 a 39), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, para el efecto de que la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: " Deje insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve dictada en el toca 174/2019. En otra que dicte, reitere que al tratarse de un asunto donde se ventilan los derechos de un menor de edad es necesario realizar las operaciones aritméticas para determinar la existencia o no de un adeudo por pensión alimenticia en el periodo de julio de dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis; Previa valoración de los medios de convicción admitidos y visibles en autos, se determine las cantidades aportadas por el deudor a la acreedora alimentaria mensualmente, las cuales deberán confrontarse con aquella que corresponde al monto de la pensión (quince por ciento de las percepciones, previo descuentos de ley y vivienda), determine si existe diferencia a pagar. Deje intocada, la determinación relativa al desistimiento de la acción de la diversa acreedora Ruth Guadalupe del Ángel Raygoza." Así los lineamientos fijados en la sentencia ejecutoriada fueron: ".se omitió tomar en consideración las diversos medios de convicción admitidos durante el trámite incidental, para efecto de acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo, en tanto si bien la sala responsable hizo referencia a las manifestaciones hechas en la contestación, lo cierto es que de ninguna manera fueron valorados los recibos y comprobantes ofrecidos, aun cuando se aprecia se refieren al periodo adeudado -julio de dos mil quince a diciembre dos mil dieciséis-." (Foja 12) 2) En auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 63 y 64). 3) La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria realizó lo siguiente I. Mediante oficio 1853, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados el veintiuno de noviembre del presente año y turnado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 105 a 117), adjuntó copia certificada de la resolución de veintiuno de noviembre del presente año, pronunciada dentro del toca I-174/2019, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio en donde realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dentro del toca I-174/2019. b) Asimismo, dictó otra, bajo las siguientes consideraciones: ".Y es que, si bien al fijarse tal pensión alimenticia, no se determinó que el deudor alimentario podía cumplir con la misma, de otra forma a la señalada; no pasa desapercibido -como bien lo estimó la juez en el fallo apelado- que la incidentista, no tomó en cuenta -al presentar la planilla de liquidación de marras- que para obtener el monto de la pensión alimenticia que se trata, debía considerarse primero, los descuentos legales y de vivienda que se le hicieron a CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, lo que se advierte claramente de su escrito incidental, no hizo, pues por lo que ve, verbigracia, al mes de julio de 2015, tomó en cuenta el neto de las percepciones del deudor alimentario ($23,269.82 pesos) y, sin hacer previamente los descuentos legales y de vivienda al mismo, aplicó el 33% (lo que dio como resultado: $7,679.04 pesos), procediendo a restar los $2,000.00 pesos que dijo recibió en efectivo, para concluir que el incidentado debe por concepto de alimentos, por ese mes (julio), la suma de $5,679.04; y así sucesivamente tal y como se advierte de la siguiente imagen, que reproduce su pedimento : [.] Lo que sin duda alguna, va en detrimento del patrimonio del deudor alimentario pues, no se ajusta a lo determinado judicialmente, como contrario ocurrió, a partir del mes de enero de 2017, en que -como lo reconoce la parte incidentista- se empezó a hacer el descuento correspondiente, vía nomina, al deudor alimentario, respecto de sus percepciones, las que son variables, previo los descuentos de ley y vivienda que tuviera, como se desprende de los informes rendidos por la empresa para la cual labora que obran en autos;8 montos que fueron transferidos vía SPEI, a la cuenta bancaria de la aquí apelante, como se evidenció de sus estados de cuenta bancaria correspondientes [.] De ahí que no sea verdad que, al reprobar la juez la planilla de liquidación en esos términos presentada, se esté "...solapando su irresponsabilidad como padre..." pues, cabe señalar, que si bien el deudor alimentario, al dar contestación al incidente, sostuvo que cumplió con su obligación, al realizar diversos depósitos bancarios a la cuenta de la madre de sus hijos (aquí recurrente), otros a la cuenta bancaria de su hija, RUTH GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, haber dado en efectivo a la primera, distintas cantidades de dinero y, además, en especie, listando tales aportaciones. No menos cierto lo es, que por el período comprendido del mes de julio de 2015, al mes de diciembre de 2016, durante el cual precisó la parte incidentista que, aquel solo aportó $2,000.00 pesos en efectivo al mes, sin que -como también se evidenció con los informes rendidos por la empresa para la cual labora- se le hubiere hecho algún descuento vía nómina, por ese concepto; el incidentado demostró que realizó los diversos pagos a que se refieren los recibos firmados por la propia ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, de fechas 4 de agosto y 15 de septiembre del año 2015, por la sumas de $3,455.40 y $2,041.84 pesos, respectivamente. Los que si bien fueron objetados por la misma, en su ocurso de 9 de agosto de 2017 -visible a foja 109- no lo hizo en cuanto a su falsedad, ya que solo los refutó en cuanto a su alcance y valor probatorio; por lo que tales documentos privados, sí cuentan con pleno valor convictivo, al haber sido suscritos por una de las partes, desvirtuando el argumento de la disidente, en cuanto que debieron haber sido ratificados o bien, haber el incidentado demostrado que la firma es de ella, pues los mismos están robustecidos con el testimonio del hijo mayor de las partes contendientes, de nombre CORNELIO ALEJANDRO DEL ANGEL RAYGOZA, quien declaró -entre otras cosas- que: "mi papá estuvo pagando, hasta que se le depositó directamente a mi mamá, incluso él está (refiriéndose a su hermano menor y acreedor alimentario) en un colegio particular y si no pagan pues lo sacan.";12 por lo que tampoco se le puede atribuir la mala fe y violencia económica que la aquí recurrente, le imputa a su contrario, ya que la misma incluso, se halla habitando el bien inmueble propiedad de aquel, sin tener el carácter de acreedora alimentaria, sino el hijo procreado entre ambos. De igual manera, y contrario a lo que se hace valer en los agravios a estudio, debe tomarse en consideración la información rendida por parte del banco SANTANDER, respecto de los diversos depósitos bancarios que, en efectivo y vía transferencia SPEI, adujo el incidentado en su contestación que realizó a ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, por diversas cantidades, por dicho período comprendido de julio de 2015 a diciembre de 2016,13 ya que con tal medio de prueba, se demuestra que, efectivamente, esta última los recibió.14 Sin que para ello obste que, las sumas de dinero así confiadas, no correspondan al 33% que conforma la pensión alimenticia, como de manera desacertada lo estimó la juez en el fallo apelado,15 pues de ese modo, es que se podrá determinar con mayor certeza, si el deudor alimentario cumplió o no, en relación a sus acreedores alimentistas, con su obligación; siendo así necesario, tomar en cuenta dichos depósitos bancarios y transferencias que hizo, a la cuenta número 60572365754, con tarjeta de debido número 5579070051045782, a nombre de la incidentista ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ por las siguientes cantidades: [.] Consecuentemente, la a quo, en vez reprobar la partida de mérito, debió, tomar en cuenta que en el caso se ventilan derechos de un menor de edad, por ende, hacer las operaciones aritméticas necesarias y, determinar si en realidad, el incidentado adeuda por concepto de pensión alimenticia, alguna cantidad correspondiente al periodo comprendido, del mes de julio de 2015 a diciembre de 2016, ya que como se dijo, a partir de enero de 2017, se le empezó a hacer el descuento respectivo, directamente vía nómina; lo que esta sala, ante tal omisión de la juez, lo hace en su lugar, en la tabla siguiente: [.] Debiéndose decir que, para lo anterior, además, debe tomarse en consideración que, la diversa acreedora, RUTH GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, con fecha 4 de julio de 2018, se desistió de la reclamación incidental y de su interés en exigir el pago de la pensión alimenticia de que se trata, pues expuso que ya no vive en el domicilio en que habita su madre y menor hermano, HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA (inmueble propiedad de su progenitor), ni tampoco se halla estudiando, por lo que -agregó- ya no necesita alimentos, toda vez que también está laborando por su cuenta; por lo que, al total de la cantidad que pudiera deber el incidentado por concepto de pensión alimenticia, se le debe restar un 50% ya que, a pesar de que al fijarse la pensión, no se precisó qué porcentaje correspondía a cada uno de los acreedores alimentistas; por tratarse de 2 dos, se deduce que, proporcionalmente, les corresponde un 50% a cada uno, esto es, respecto del 33% que, de los ingresos mensuales obtiene su padre -una vez hechos los descuentos de ley y vivienda- que constituye la pensión alimenticia de mérito. Siendo inexacto el argumento de la recurrente, en el sentido de que, en razón de que la citada RUT GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, "...fue mantenida por s madre, la que tiene la obligación de reclamarlos es la señora ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, porque ella es la encargada de mantener a sus hijos y de administrar de la mejor manera para sus hijos los alimentos..."; ya si bien la obligación alimentaria es irrenunciable, en el caso, dicha acreedora alimentista solo se desistió de incidente en cuestión; esto es, del reclamo hecho en el mismo, a su progenitor, sin que en algún momento haya renunciado a su derecho -aún vigente- de recibirlos por parte de aquel, quien -siendo a la fecha mayor de edad- tiene expedito ese derecho, para hacerlo valer en caso de que así lo considere conveniente. Luego, al no ser su madre, ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, la titular del mismo pues, como se establece en el numeral 444 del Código Familiar, la obligación alimentaria, además, es personalísima e intransferible; es que es desacertada la apreciación subjetiva de la impugnante, en cuanto que la pensión fue disminuida en su propio perjuicio, máxime que, como se dejó asentado en el cuerpo de este fallo, el incidentado justificó que realizó los pagos a que se refieren los recibos firmados por la citada ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, de fechas 4 de agosto y 15 de septiembre del año 2015, por la sumas de $3,455.40 y $2,041.84 pesos, respectivamente, así como los depósitos en efectivo y vía transferencia SPEI, a la cuenta bancaria de la citada ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, por diversas cantidades -anotadas en la tabla correspondiente- por el período comprendido de julio de 2015 a diciembre de 2016, que sumadas resultó un total de: $114,719.00 (ciento catorce mil, setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), tal y como se excepcionó; sumas de dinero que, también deben ser descontadas a la deuda alimentaria, por haberlas recibido los acreedores, además de los $2,000.00 pesos que reconoció la incidentista, recibía por parte de su contrario mes con mes, en efectivo y de manera personal. Así, tomando en cuenta que de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario, se adeudaría por concepto de pensión alimenticia, por lo que ve a los meses de julio de 2015 a diciembre de 2016, período en el que la aquí apelante adujo haber recibido la suma de $2,000.00 pesos al mes, la que fue ya descontada como se anotó en la tabla anterior, la cantidad total de: $92,926.46 pesos; y, que a esta suma, se le debe de restar las cantidades que el incidentado demostró en autos, pagó a sus acreedores, a saber: $3,455.40, $2,041.84 y $114,719.00 pesos, las que suman: $120,216.24 pesos; se arriba a la conclusión de que, CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, no debe suma de dinero alguna, en favor de su menor hijo, HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA, por concepto de alimentos pues, aún cuando a dicho menor correspondía el 50% de los citados $92,926.46 pesos, esto es, la cantidad de $46,463.23 pesos; el incidentado y padre del mismo, por su parte, demostró dentro del presente incidente que, pagó $120,216.24 pesos por concepto de pensión alimenticia en ese período (julio de 2015 a diciembre del 2016), de los cuales, debió corresponder a su menor hijo HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA, la cantidad de $60,108.12 pesos; suma que -se determina- es mayor a la que legalmente le correspondía, a saber: $46,463.23 pesos. Dinero el anterior con cuyo pago, el deudor alimentario, se liberó de su obligación, por ese período, ya que -como se dijo- a partir del mes de enero de 2017, se le empezó a realizar el descuento correspondiente, por concepto de pensión alimenticia, directamente de su nómina, cumpliendo de ese modo y a partir de entonces, con su obligación alimentaria; tan es así que, como bien lo advirtió la a quo en el fallo recurrido, la aquí disidente, con fecha posterior a su petición de liquidación, recibió además de la citada empresa, las sumas de $34,208.63 pesos y $16,323.74 pesos, correspondiente al 33% del finiquito de liquidación y del fondo de ahorro del deudor alimentario, por lo que devienen infundados, los agravios en cuanto que, dicho ente moral, para el cual aquel laboró, realizó incorrectamente los descuentos de mérito pues, no es verdad que solo debía restarse a los ingresos mensuales del deudor, el I.S.R y la cuota del IMSS, sino también, la aportación del fondo de ahorro proporcionada por el patrón, el pago al préstamo de INFONAVIT y, el seguro de vivienda, por así haberse fijado la pensión alimenticia de mérito, misma que ahora se liquida, por el período de tiempo precisado." De la anterior, transcripción se advierte que la autoridad responsable, al resolver el recurso de apelación promovido por la incidentista ahora tercera interesada, se pronunció respecto de los medios de convicción ofrecidos por el ahora quejoso dentro del incidente de liquidación de pensión alimenticia, entre ellos, los comprobantes y recibos de depósitos realizados a la citada acreedora durante el periodo de julio dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis, a efecto de acreditar el cumplimiento de la obligación alimentara a su cargo Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca 174/2019, y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, analizó la totalidad de los medios de convicción ofrecidos por el aquí quejoso en el incidente de que se trata, condenando al aquí quejoso al pago de alimentos por la cantidad ahí establecida y en la que se tomó en consideración los pagos realizados respecto del periodo de julio de dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis y en la que demás, dejó intocada el desistimiento de la acción de la diversa acreedora Ruth Guadalupe de Ángel Raygoza. Por lo que este tribunal, determina que la ejecutoria de amparo quedó cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo y/o resolución de fecha diez de diciembre dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso **, no realizó manifestación en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio...Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas (fojas 33 a 39), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, para el efecto de que la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: " Deje insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve dictada en el toca 174/2019. En otra que dicte, reitere que al tratarse de un asunto donde se ventilan los derechos de un menor de edad es necesario realizar las operaciones aritméticas para determinar la existencia o no de un adeudo por pensión alimenticia en el periodo de julio de dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis; Previa valoración de los medios de convicción admitidos y visibles en autos, se determine las cantidades aportadas por el deudor a la acreedora alimentaria mensualmente, las cuales deberán confrontarse con aquella que corresponde al monto de la pensión (quince por ciento de las percepciones, previo descuentos de ley y vivienda), determine si existe diferencia a pagar. Deje intocada, la determinación relativa al desistimiento de la acción de la diversa acreedora Ruth Guadalupe del Ángel Raygoza." Así los lineamientos fijados en la sentencia ejecutoriada fueron: ".se omitió tomar en consideración las diversos medios de convicción admitidos durante el trámite incidental, para efecto de acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo, en tanto si bien la sala responsable hizo referencia a las manifestaciones hechas en la contestación, lo cierto es que de ninguna manera fueron valorados los recibos y comprobantes ofrecidos, aun cuando se aprecia se refieren al periodo adeudado -julio de dos mil quince a diciembre dos mil dieciséis-." (Foja 12) 2) En auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 63 y 64). 3) La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria realizó lo siguiente I. Mediante oficio 1853, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados el veintiuno de noviembre del presente año y turnado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 105 a 117), adjuntó copia certificada de la resolución de veintiuno de noviembre del presente año, pronunciada dentro del toca I-174/2019, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio en donde realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dentro del toca I-174/2019. b) Asimismo, dictó otra, bajo las siguientes consideraciones: ".Y es que, si bien al fijarse tal pensión alimenticia, no se determinó que el deudor alimentario podía cumplir con la misma, de otra forma a la señalada; no pasa desapercibido -como bien lo estimó la juez en el fallo apelado- que la incidentista, no tomó en cuenta -al presentar la planilla de liquidación de marras- que para obtener el monto de la pensión alimenticia que se trata, debía considerarse primero, los descuentos legales y de vivienda que se le hicieron a CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, lo que se advierte claramente de su escrito incidental, no hizo, pues por lo que ve, verbigracia, al mes de julio de 2015, tomó en cuenta el neto de las percepciones del deudor alimentario ($23,269.82 pesos) y, sin hacer previamente los descuentos legales y de vivienda al mismo, aplicó el 33% (lo que dio como resultado: $7,679.04 pesos), procediendo a restar los $2,000.00 pesos que dijo recibió en efectivo, para concluir que el incidentado debe por concepto de alimentos, por ese mes (julio), la suma de $5,679.04; y así sucesivamente tal y como se advierte de la siguiente imagen, que reproduce su pedimento : [.] Lo que sin duda alguna, va en detrimento del patrimonio del deudor alimentario pues, no se ajusta a lo determinado judicialmente, como contrario ocurrió, a partir del mes de enero de 2017, en que -como lo reconoce la parte incidentista- se empezó a hacer el descuento correspondiente, vía nomina, al deudor alimentario, respecto de sus percepciones, las que son variables, previo los descuentos de ley y vivienda que tuviera, como se desprende de los informes rendidos por la empresa para la cual labora que obran en autos;8 montos que fueron transferidos vía SPEI, a la cuenta bancaria de la aquí apelante, como se evidenció de sus estados de cuenta bancaria correspondientes [.] De ahí que no sea verdad que, al reprobar la juez la planilla de liquidación en esos términos presentada, se esté "...solapando su irresponsabilidad como padre..." pues, cabe señalar, que si bien el deudor alimentario, al dar contestación al incidente, sostuvo que cumplió con su obligación, al realizar diversos depósitos bancarios a la cuenta de la madre de sus hijos (aquí recurrente), otros a la cuenta bancaria de su hija, RUTH GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, haber dado en efectivo a la primera, distintas cantidades de dinero y, además, en especie, listando tales aportaciones. No menos cierto lo es, que por el período comprendido del mes de julio de 2015, al mes de diciembre de 2016, durante el cual precisó la parte incidentista que, aquel solo aportó $2,000.00 pesos en efectivo al mes, sin que -como también se evidenció con los informes rendidos por la empresa para la cual labora- se le hubiere hecho algún descuento vía nómina, por ese concepto; el incidentado demostró que realizó los diversos pagos a que se refieren los recibos firmados por la propia ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, de fechas 4 de agosto y 15 de septiembre del año 2015, por la sumas de $3,455.40 y $2,041.84 pesos, respectivamente. Los que si bien fueron objetados por la misma, en su ocurso de 9 de agosto de 2017 -visible a foja 109- no lo hizo en cuanto a su falsedad, ya que solo los refutó en cuanto a su alcance y valor probatorio; por lo que tales documentos privados, sí cuentan con pleno valor convictivo, al haber sido suscritos por una de las partes, desvirtuando el argumento de la disidente, en cuanto que debieron haber sido ratificados o bien, haber el incidentado demostrado que la firma es de ella, pues los mismos están robustecidos con el testimonio del hijo mayor de las partes contendientes, de nombre CORNELIO ALEJANDRO DEL ANGEL RAYGOZA, quien declaró -entre otras cosas- que: "mi papá estuvo pagando, hasta que se le depositó directamente a mi mamá, incluso él está (refiriéndose a su hermano menor y acreedor alimentario) en un colegio particular y si no pagan pues lo sacan.";12 por lo que tampoco se le puede atribuir la mala fe y violencia económica que la aquí recurrente, le imputa a su contrario, ya que la misma incluso, se halla habitando el bien inmueble propiedad de aquel, sin tener el carácter de acreedora alimentaria, sino el hijo procreado entre ambos. De igual manera, y contrario a lo que se hace valer en los agravios a estudio, debe tomarse en consideración la información rendida por parte del banco SANTANDER, respecto de los diversos depósitos bancarios que, en efectivo y vía transferencia SPEI, adujo el incidentado en su contestación que realizó a ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, por diversas cantidades, por dicho período comprendido de julio de 2015 a diciembre de 2016,13 ya que con tal medio de prueba, se demuestra que, efectivamente, esta última los recibió.14 Sin que para ello obste que, las sumas de dinero así confiadas, no correspondan al 33% que conforma la pensión alimenticia, como de manera desacertada lo estimó la juez en el fallo apelado,15 pues de ese modo, es que se podrá determinar con mayor certeza, si el deudor alimentario cumplió o no, en relación a sus acreedores alimentistas, con su obligación; siendo así necesario, tomar en cuenta dichos depósitos bancarios y transferencias que hizo, a la cuenta número 60572365754, con tarjeta de debido número 5579070051045782, a nombre de la incidentista ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ por las siguientes cantidades: [.] Consecuentemente, la a quo, en vez reprobar la partida de mérito, debió, tomar en cuenta que en el caso se ventilan derechos de un menor de edad, por ende, hacer las operaciones aritméticas necesarias y, determinar si en realidad, el incidentado adeuda por concepto de pensión alimenticia, alguna cantidad correspondiente al periodo comprendido, del mes de julio de 2015 a diciembre de 2016, ya que como se dijo, a partir de enero de 2017, se le empezó a hacer el descuento respectivo, directamente vía nómina; lo que esta sala, ante tal omisión de la juez, lo hace en su lugar, en la tabla siguiente: [.] Debiéndose decir que, para lo anterior, además, debe tomarse en consideración que, la diversa acreedora, RUTH GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, con fecha 4 de julio de 2018, se desistió de la reclamación incidental y de su interés en exigir el pago de la pensión alimenticia de que se trata, pues expuso que ya no vive en el domicilio en que habita su madre y menor hermano, HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA (inmueble propiedad de su progenitor), ni tampoco se halla estudiando, por lo que -agregó- ya no necesita alimentos, toda vez que también está laborando por su cuenta; por lo que, al total de la cantidad que pudiera deber el incidentado por concepto de pensión alimenticia, se le debe restar un 50% ya que, a pesar de que al fijarse la pensión, no se precisó qué porcentaje correspondía a cada uno de los acreedores alimentistas; por tratarse de 2 dos, se deduce que, proporcionalmente, les corresponde un 50% a cada uno, esto es, respecto del 33% que, de los ingresos mensuales obtiene su padre -una vez hechos los descuentos de ley y vivienda- que constituye la pensión alimenticia de mérito. Siendo inexacto el argumento de la recurrente, en el sentido de que, en razón de que la citada RUT GUADALUPE DEL ÁNGEL RAYGOZA, "...fue mantenida por s madre, la que tiene la obligación de reclamarlos es la señora ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, porque ella es la encargada de mantener a sus hijos y de administrar de la mejor manera para sus hijos los alimentos..."; ya si bien la obligación alimentaria es irrenunciable, en el caso, dicha acreedora alimentista solo se desistió de incidente en cuestión; esto es, del reclamo hecho en el mismo, a su progenitor, sin que en algún momento haya renunciado a su derecho -aún vigente- de recibirlos por parte de aquel, quien -siendo a la fecha mayor de edad- tiene expedito ese derecho, para hacerlo valer en caso de que así lo considere conveniente. Luego, al no ser su madre, ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, la titular del mismo pues, como se establece en el numeral 444 del Código Familiar, la obligación alimentaria, además, es personalísima e intransferible; es que es desacertada la apreciación subjetiva de la impugnante, en cuanto que la pensión fue disminuida en su propio perjuicio, máxime que, como se dejó asentado en el cuerpo de este fallo, el incidentado justificó que realizó los pagos a que se refieren los recibos firmados por la citada ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, de fechas 4 de agosto y 15 de septiembre del año 2015, por la sumas de $3,455.40 y $2,041.84 pesos, respectivamente, así como los depósitos en efectivo y vía transferencia SPEI, a la cuenta bancaria de la citada ANA ROSA RAYGOZA GÓMEZ, por diversas cantidades -anotadas en la tabla correspondiente- por el período comprendido de julio de 2015 a diciembre de 2016, que sumadas resultó un total de: $114,719.00 (ciento catorce mil, setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), tal y como se excepcionó; sumas de dinero que, también deben ser descontadas a la deuda alimentaria, por haberlas recibido los acreedores, además de los $2,000.00 pesos que reconoció la incidentista, recibía por parte de su contrario mes con mes, en efectivo y de manera personal. Así, tomando en cuenta que de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario, se adeudaría por concepto de pensión alimenticia, por lo que ve a los meses de julio de 2015 a diciembre de 2016, período en el que la aquí apelante adujo haber recibido la suma de $2,000.00 pesos al mes, la que fue ya descontada como se anotó en la tabla anterior, la cantidad total de: $92,926.46 pesos; y, que a esta suma, se le debe de restar las cantidades que el incidentado demostró en autos, pagó a sus acreedores, a saber: $3,455.40, $2,041.84 y $114,719.00 pesos, las que suman: $120,216.24 pesos; se arriba a la conclusión de que, CORNELIO DEL ÁNGEL ZAPATA, no debe suma de dinero alguna, en favor de su menor hijo, HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA, por concepto de alimentos pues, aún cuando a dicho menor correspondía el 50% de los citados $92,926.46 pesos, esto es, la cantidad de $46,463.23 pesos; el incidentado y padre del mismo, por su parte, demostró dentro del presente incidente que, pagó $120,216.24 pesos por concepto de pensión alimenticia en ese período (julio de 2015 a diciembre del 2016), de los cuales, debió corresponder a su menor hijo HAYDAN SAMUEL DEL ÁNGEL RAYGOZA, la cantidad de $60,108.12 pesos; suma que -se determina- es mayor a la que legalmente le correspondía, a saber: $46,463.23 pesos. Dinero el anterior con cuyo pago, el deudor alimentario, se liberó de su obligación, por ese período, ya que -como se dijo- a partir del mes de enero de 2017, se le empezó a realizar el descuento correspondiente, por concepto de pensión alimenticia, directamente de su nómina, cumpliendo de ese modo y a partir de entonces, con su obligación alimentaria; tan es así que, como bien lo advirtió la a quo en el fallo recurrido, la aquí disidente, con fecha posterior a su petición de liquidación, recibió además de la citada empresa, las sumas de $34,208.63 pesos y $16,323.74 pesos, correspondiente al 33% del finiquito de liquidación y del fondo de ahorro del deudor alimentario, por lo que devienen infundados, los agravios en cuanto que, dicho ente moral, para el cual aquel laboró, realizó incorrectamente los descuentos de mérito pues, no es verdad que solo debía restarse a los ingresos mensuales del deudor, el I.S.R y la cuota del IMSS, sino también, la aportación del fondo de ahorro proporcionada por el patrón, el pago al préstamo de INFONAVIT y, el seguro de vivienda, por así haberse fijado la pensión alimenticia de mérito, misma que ahora se liquida, por el período de tiempo precisado." De la anterior, transcripción se advierte que la autoridad responsable, al resolver el recurso de apelación promovido por la incidentista ahora tercera interesada, se pronunció respecto de los medios de convicción ofrecidos por el ahora quejoso dentro del incidente de liquidación de pensión alimenticia, entre ellos, los comprobantes y recibos de depósitos realizados a la citada acreedora durante el periodo de julio dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis, a efecto de acreditar el cumplimiento de la obligación alimentara a su cargo Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca 174/2019, y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, analizó la totalidad de los medios de convicción ofrecidos por el aquí quejoso en el incidente de que se trata, condenando al aquí quejoso al pago de alimentos por la cantidad ahí establecida y en la que se tomó en consideración los pagos realizados respecto del periodo de julio de dos mil quince a diciembre de dos mil dieciséis y en la que demás, dejó intocada el desistimiento de la acción de la diversa acreedora Ruth Guadalupe de Ángel Raygoza. Por lo que este tribunal, determina que la ejecutoria de amparo quedó cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 1853 signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda, asimismo, acusa recibo del toca I-174/2019, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se reservó proveer lo conducente en relación a la solicitud de la prórroga de término que solicitó la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, se amplía el plazo por una sola vez por cinco días hábiles contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, a efecto de que dicha autoridad de cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional, Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe a la Magistrada responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". En la inteligencia que deberá, sin dilación alguna, dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria, dentro del plazo ampliado, por única ocasión, el que ya no podrá ampliarse bajo ningún motivo, en cuyo caso, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgado hará el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la ejecutoria, considerando como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, impondrá la multa y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que reitere si existe o no incumplimiento y, de ser así, remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
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