Coraima Balderas Ochoa
Expediente 960/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Coraima Balderas Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro del expediente laboral 4A2940/2019, en donde las partes llegaron a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral, el cual en ese mismo acto fue cumplido por la parte demandada y consecuentemente fue ordenado el archivo del juicio de origen como totalmente concluido. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de once de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por CORAIMA BALDERAS OCHOA, contra actos de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, por los actos que hace consistir en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número 4A2940/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable ha sido omisa en pronunciarse respecto al señalamiento de nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como de realizar las medidas necesarias para el desahogo de la misma, por lo que tal omisión, dilata y paraliza el presente controvertido, causándome perjuicio a mi economía y a mi persona" Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, se advierte el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, entre otras cuestiones, como se anticipó, la autoridad responsable, celebró la audiencia inicial dentro del expediente laboral 4A2940/2019, de la que se advierte que las partes llegaron a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral, mismo que en ese acto fue cumplido por la parte demandada y consecuentemente fue ordenado el archivo del mismo como totalmente concluido; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que el emplazamiento aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló en esencia como actos reclamados destacados, como se anticipó, la omisión de señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como de realizar las medidas necesarias para el desahogo de la misma, en el juicio laboral número 4A-2940/2019, en virtud que se ostenta parte actora en dicho expediente, también lo es que, la Junta responsable informó que en comparecencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral en trato, junto con la aquí tercera interesada celebraron convenio con el cual se dio por concluido el referido juicio laboral; convenio que fue ratificado y pagado en esa misma fecha, ordenándose el archivo del expediente; por lo que resulta claro que al haberse celebrado convenio, ratificado y pagado, aunado a que ordenó el archivo del expediente de donde emana el acto reclamado, ello con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, cesaron los efectos de los actos reclamados. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b y c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; al tercero interesado y a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro del expediente laboral 4A2940/2019, en donde las partes llegaron a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral, el cual en ese mismo acto fue cumplido por la parte demandada y consecuentemente fue ordenado el archivo del juicio de origen como totalmente concluido. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Lo anterior es así, en razón a que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de once de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovida por CORAIMA BALDERAS OCHOA, contra actos de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta capital, por los actos que hace consistir en: ".La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no desarrolla el juicio ordinario laboral número 4A2940/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con diligencia, si no con dilación o demora en perjuicio de mi parte, ahora quejosa, lo anterior acontece así ya que de autos se desprende que la autoridad responsable ha sido omisa en pronunciarse respecto al señalamiento de nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como de realizar las medidas necesarias para el desahogo de la misma, por lo que tal omisión, dilata y paraliza el presente controvertido, causándome perjuicio a mi economía y a mi persona" Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, se advierte el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante el cual, entre otras cuestiones, como se anticipó, la autoridad responsable, celebró la audiencia inicial dentro del expediente laboral 4A2940/2019, de la que se advierte que las partes llegaron a un convenio conciliatorio que puso fin al conflicto laboral, mismo que en ese acto fue cumplido por la parte demandada y consecuentemente fue ordenado el archivo del mismo como totalmente concluido; documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que el emplazamiento aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló en esencia como actos reclamados destacados, como se anticipó, la omisión de señalar nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, así como de realizar las medidas necesarias para el desahogo de la misma, en el juicio laboral número 4A-2940/2019, en virtud que se ostenta parte actora en dicho expediente, también lo es que, la Junta responsable informó que en comparecencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós en el juicio laboral en trato, junto con la aquí tercera interesada celebraron convenio con el cual se dio por concluido el referido juicio laboral; convenio que fue ratificado y pagado en esa misma fecha, ordenándose el archivo del expediente; por lo que resulta claro que al haberse celebrado convenio, ratificado y pagado, aunado a que ordenó el archivo del expediente de donde emana el acto reclamado, ello con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, cesaron los efectos de los actos reclamados. Por lo cual, al haber surgido una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio de diecisiete de enero de dos mil veintidós, informó que en el juicio de origen laboral 4A-2940/2019, ya fueron emplazados los demandados A) FUENTE DE EMPLEO DENOMINADA INDUVAME S. A. DE C.V.; B) MORAL DENOMINADA FIVANCA S. A. DE C. V.; C) MOTOS MORELIA S. A. DE C. V.; D) SIMARIK S. A. DE C.V.; y, E) QUIEN O QUIENES RESULTEN SER RESPONSABLE Y/0 BENEFICIARIOS DE LA RELACIÓN LABORAL CON LA TRABAJADORA ACTORA; en consecuencia, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe si ya fue celebrada la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso a lo anterior, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de la materia en vigor. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional prevista para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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