Cooperativa Xitzo Unión, S.R.L. de C.V.

Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1252/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Cooperativa Xitzo Unión, S.R.L. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de quince de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente Lucia Flores Miranda 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.9d 10/06/23 17:12:05 electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por Daniel Moreno Cruz, en representación de Cooperativa Xitzo Unión, Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos de las autoridades que a continuación se enlistan: 1) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (delegación) del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo; 2) Titular del Órgano Operativo (subdelegación) del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (delegación) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Pachuca, Hidalgo (subdelegado en Pachuca Hidalgo); 3) Titular de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en Pachuca, Hidalgo; 4) Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en el Estado de Hidalgo; 5) Ejecutores adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo; y, 6) Jefa del Área del Departamento de Cobros adscrita al Órgano Operativo en Pachuca, Hidalgo, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Hidalgo. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1252/2022-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Así, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Del primer dispositivo legal en comento se desprende, que el juicio de amparo puede ser improcedente por causas adicionales a las establecidas en el propio precepto, siempre que resulten de alguna disposición de la Ley. El segundo precepto, interpretado en sentido contrario, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos emanados de procedimientos seguidos en forma de juicio, que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, porque en este caso, ha de poder combatirse la última resolución, dictada en ese procedimiento, momento en el que podrán hacerse valer todas las violaciones cometidas ya sea en la resolución o durante el procedimiento. Precisado lo anterior, se afirma que el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y no constituye la resolución definitiva dictada en el mismo. Para determinar cuándo se está en presencia de actos que por sus consecuencias dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio son de imposible reparación, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción III, inciso b), ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por tales se entienden ...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Ahora, los actos reclamados por el quejoso consisten en: - La negativa por parte del ejecutor: Jorge Armando Pontaza Castillo, de realizar la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución que se le solicito en la diligencia del día 20 de julio de 2022 en el domicilio de la persona moral (quejosa). - La omisión de la identificación de las supuestas autoridades que mencionaron actuaban en apoyo del ejecutor: Jorge Armando Pontaza Castillo, en la diligencia del día 20 de julio de 2022 en el domicilio de la persona moral (quejosa). - La actuación sin mandamiento de ejecución por parte de las supuestas autoridades que mencionaron actuaban en apoyo del ejecutor: Jorge Armando Pontaza Castillo, en la diligencia del día 20 de julio de 2022 en el domicilio de la persona moral (quejosa). - La emisión del mandamiento de ejecución de los créditos 222000784 y 227002201; 222005050; 222006339 y 227007763; y 222009188 por parte de la subdelegación de Pachuca Hidalgo y el departamento de cobranza en la subdelegación del Instituto en Pachuca, Hidalgo. (Mario Alberto Maldonado Hernández y el subdelegado en Pachuca Hidalgo). - La omisión a realizar la suspensión y/o cancelación del mandamiento ejecución de los créditos 222000784 y 227002201; 222005050; 222006339 y 227007763; y 222009188, por parte de la subdelegación de Pachuca Hidalgo y el departamento de cobranza en la subdelegacion del Instituto en Pachuca, Hidalgo. (Mario Alberto Maldonado Hernández y el subdelegado en Pachuca Hidalgo). - El cobro indebido y aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (en adelante: PAE) sobre aportaciones de las que no existe la exigibilidad de realizar el cobro ni solicitar garantía y por ende, aplicar el PAE, por parte de la subdelegación de Pachuca Hidalgo y el departamento de cobranza en la subdelegación del Instituto en Pachuca, Hidalgo, respecto a los créditos antes mencionados. (Mario Alberto Maldonado Hernández y el subdelegado en Pachuca Hidalgo). - La omisión a realizar la cancelación de lo actuado a través del PAE dentro de los 3 días que establece el Código Fiscal de la Federación, por parte de la subdelegación de Pachuca Hidalgo y el departamento de cobranza en la subdelegación del Instituto en Pachuca, Hidalgo (Mario Alberto Maldonado Hernández y el subdelegado en Pachuca Hidalgo). Respecto a las solicitudes con las cuales se acredito la ilegalidad de la aplicación del PAE y se solicitó la cancelación de lo actuado en restitución de los derechos afectados, presentados en escrito libre ante la autoridad subdelegacional con fechas de 12 de mayo y 27 de mayo del presente año. - La omisión del Secretario del H. Consejo Consultivo Delegacional en el Estado de Hidalgo a emitir en tiempo y forma la suspensión del PAE y/o remitirla a las autoridades correspondientes (jefe de la oficina para cobros del Instituto). A efectos de brindar la protección legal que involucra el otorgamiento de dicha suspensión. - La omisión de observancia, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a lo dispuesto en la norma constitucional y legal, respecto a los procedimientos que se realizan dentro del propio Instituto; del cual es atribuible al: Consejo Técnico y al director general del Instituto; al titular delegacional estatal en Hidalgo; al titular subdelegacional en Pachuca Hidalgo; y al titular de la Oficina para Cobros en Pachuca Hidalgo. - La solicitud indebida de documento completo del recurso de inconformidad por parte de las autoridades subdelegacionales de Pachuca Hidalgo mediante el ejecutor de nombre Tonantzin Abigail Vela Ramos y durante la diligencia efectuada en el domicilio de la persona moral quejosa el día 27 de junio 2022. En el entendido de que no compete a estas la sustanciación del recurso ni es requisito para la suspensión de la suspensión del PAE. De los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el impetrante, así como de las constancias que acompaña a la demanda, se advierte que con fechas veintitrés de febrero, diecisiete de marzo, veintisiete de abril y veintisiete de mayo, todos de la presente anualidad, se notificó a la moral quejosa de la existencia de los créditos fiscales 222000784 y 227002201; 222005050; 222006339 y 227007763; y 222009188, por la imposición de diversas multas. Así, tras agotar varias instancias y ante la negativa de las autoridades responsables de efectuar la suspensión respecto de la ejecución de los créditos fiscales antes mencionados, la parte quejosa cubrió el importe de los créditos 222000784 y 227002201; además, a la fecha, continúa con la insistencia en la petición respecto de suspender el procedimiento administrativo de ejecución de los mismos mediante diversos recursos de inconformidad que ha ingresado ante las responsables. Ahora bien, con relación al procedimiento de ejecución, el Código Fiscal de la Federación dispone: CAPITULO III Del procedimiento administrativo de ejecución Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. Del Embargo Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: (.) Artículo 155. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente: I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas. II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. Del Remate Artículo 173. La enajenación de bienes embargados, procederá: I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los términos del Artículo 175 de este Código. II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el Artículo 145 de este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento. III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción I del Artículo 192 de este Código. IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de defensa que se hubieren hecho valer. Artículo 174. Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se llevará a cabo a través de medios electrónicos. La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas. Artículo 175. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este Código, en los demás casos, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo practicado. El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 117, en relación con el 127 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. (.) Artículo 187. Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente, libres de gravámenes y a fin de que éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro público que corresponda, en un plazo que no excederá de quince días. Artículo 188. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las órdenes necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso. De lo que se colige, que los actos reclamados emanan de autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y constituye la etapa de ejecución, a virtud de la determinación de diversos créditos fiscales y cuya ausencia de notificación no fue reclamada en este amparo. Por tanto, las órdenes de requerimiento de pago y embargo, derivadas del mandamiento de ejecución de los créditos fiscales 222000784 y 227002201; 222005050; 222006339 y 227007763; y 222009188, así como la negativa de suspender el procedimiento administrativo de ejecución, no constituyen la última resolución dictada dentro de dicho procedimiento; consecuentemente, en su contra es improcedente el juicio de amparo biinstancial; y será hasta que se emita ésta, que el quejoso estará en aptitud de combatirla alegando violaciones cometidas en ésta o durante la sustanciación del procedimiento. Lo anterior, porque si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales llevados a cabo en el procedimiento administrativo de ejecución, de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente su secuencia, siendo que la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezca, mediante la promoción del juicio constitucional. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 17/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 187, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, materia administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Así como la tesis III.2o.A.155 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2171, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, que establece: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONTRA PRONUNCIAMIENTOS ANTICIPADOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO CONCLUIDO, SI SUS EFECTOS SON SUSCEPTIBLES DE REPARARSE MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS QUE EN SU CASO SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AQUÉL. De la interpretación relacionada de las fracciones II y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se concluye que para efectos de la procedencia del amparo indirecto promovido contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo que aún no concluye, la expresión ejecución de imposible reparación, debe estimarse referida a la afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa -no a los de carácter procesal o adjetivo- como lo sería, verbigracia, la imposición de sanciones o multas, no reparables al impugnarse en amparo la resolución culminatoria del procedimiento. Por tanto, tratándose de pronunciamientos anticipados emitidos dentro de un procedimiento administrativo no concluido, es improcedente, por regla general, el amparo indirecto -a excepción de los casos en los que se reclame la inconstitucionalidad de las normas que rigen el acto reclamado-, si sus efectos son susceptibles de repararse en el juicio de garantías que en su caso se promueva contra la resolución definitiva que se dicte en el referido procedimiento. Máxime que, en el caso, a la moral quejosa no le asiste la calidad de tercera extraña por equiparación, dado que conoce las resoluciones que contienen la determinación de los créditos fiscales de los que emanan las órdenes de embargo reclamadas, incluso refiere que ha hecho valer diversos medios de defensa ordinaria en su contra; según se advierte de los antecedentes narrados por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción III, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda promovida por Daniel Moreno Cruz, administrador de Cooperativa Xitzo Unión, Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los preceptos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese de alta al usuario DanielMC, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico y se efectúen las notificaciones a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal el número telefónico 5569409167 y el correo electrónico dmoreno92@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del acuerdo general de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del acuerdo referido, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....M-I

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano