Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.
Expediente 2018/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.
Actuaciones
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa ***, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de control electrónico de este juzgado federal con el número 2018/2023-7-B. Personalidad. En primer término, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad que ostenta V****, en términos del instrumento notarial sesenta y ocho mil novecientos noventa y seis, el cual bajo protesta de decir verdad manifestó que es íntegramente copia del original. Estudio de la demanda. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de amparo, se debe de considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que, en síntesis, el promovente señala como acto reclamado: El acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 17/2023, en el que se ordena el desahogo de una prueba de inspección judicial en un inmueble de la moral quejosa. En ese sentido, quien hoy resuelve considera que, en relación con el acto combatido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que el acto reclamado no es de imposible reparación. Para evidenciar dicho aserto, es necesario tener presente el contenido de los numerales invocados, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquellos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con lo anterior, es menester precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido criterios orientadores a la luz de la Ley de Amparo para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 37/20141 , de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), el Alto Tribunal sostuvo que los actos dictados en juicio, para ser calificados de irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. También, estableció que de la interpretación del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. 1 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39 Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualiza la primera de las condiciones establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para considerar que nos encontramos ante actos de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 17/2023, en el que se ordenó el desahogo de una prueba de inspección judicial en un inmueble de la moral quejosa. En consecuencia, dicha determinación no constituye un acto dentro del juicio de origen, cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en caso de trascender al resultado del fallo y dejar sin defensa a la parte quejosa, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, en su oportunidad puede reclamarla a través del juicio de amparo directo como violación procesal. Luego, en la especie, es improcedente considerar a la determinación impugnada como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación podría repararse si obtiene resolución favorable en el juicio. Por las razones que la integran se invoca el criterio localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175- 180, Séptima Parte, página 457, Instancia: Sala Auxiliar, Séptima Época, Materia laboral, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRUEBAS. DESECHAMIENTO IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. Cuando en una resolución dictada en el juicio laboral se desechan indebidamente las pruebas ofrecidas por una de las partes, esa resolución no puede ser impugnada en amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque la violación cometida podría ser reparada en el laudo, si éste favorece la pretensión deducida por la parte afectada. Y esas resoluciones, con las cuales se comete una violación sustancial del procedimiento, por excepción a la hipótesis de los artículos 44 y 45 pueden ser reclamados en amparo directo, al impugnar el laudo, ya que esa excepción está expresamente establecida en los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales la resolución que indebidamente desecha una prueba incurre en una violación sustancial del procedimiento que puede ser reclamada en amparo directo, al reclamarse el laudo. O sea que en ese amparo directo se puede impugnar la resolución mediante la cual se incurrió en la violación del procedimiento, a fin de anularla si se concede contra ella el amparo, y ordenar que se reponga el procedimiento dictando una nueva resolución que admita la prueba, para lo cual habrá que dejar antes sin efectos la resolución que la desechó. Por lo demás, en materia laboral no es necesario, para impugnar la violación de procedimiento cometida en una resolución durante la tramitación del juicio, que esa resolución sea impugnada previamente por el afectado, pues tal condición sólo la exige el artículo 161 en los juicios civiles." En efecto, en la demanda de amparo directo, que, en su momento sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas de la parte quejosa. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa contra cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto que afecte derechos sustantivos del quejoso, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado ** Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico a los usuarios *** a través del referido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios a ***, toda vez que se encontraron inscritos en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que refiere en su escrito *** de demanda, toda vez que no se encontraron inscritos en el referido registro. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a la parte quejosa para el efecto de que proporcione una cuenta de correo, toda vez que dicho medio alterno de comunicación únicamente se utilizarán para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en los casos en que se considere necesario... 7
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