Contadores y Coaching Empresarial, Sociedad Civil
Expediente 494/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Contadores y Coaching Empresarial, Sociedad Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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VISTA CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LAS PARTES RECURRIERAN EL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA DEPURAR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
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CON APOYO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO EN SU TOTALIDAD; ORDENÁNDOSE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA ESTE PROVEÍDO, PARA LOS EFECTOS DE LOS NUMERALES 201 Y 202 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL DE QUINCE DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, SIN MANIFESTACIÓN AL RESPECTO, PROCÉDASE A DETERMINAR LO CONDUCENTE EN RELACIÓN AL CASO PARTICULAR.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ROSA LUZ GONZALEZ GUERRERO, EL AUTO DE 28 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE DA VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO."
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León, Guanajuato, quince de agosto de dos mil dieciocho. I. Sentencia causa ejecutoria. En este caso, se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo previsto por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha resolución. En la presente ejecutoria, se concedió la protección constitucional para el efecto de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "Dejar sin efecto todo lo actuado en el juicio laboral 2538/2017/E1/CC/IND, incluyendo el laudo dictado y actos tendentes a su ejecución, hasta el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, que ordena el emplazamiento de la aquí quejosa "Contadores y Coaching Empresarial", sociedad civil. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a la parte quejosa en sus derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica.". II. Se requiere cumplimiento. Luego, como la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue quien incurrió en la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa; en consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica el contenido de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, manifieste expresamente el impedimento legal o material que tenga para ello, o bien, informe las gestiones que realiza a fin de cumplimentar el fallo, en virtud de que es a esa autoridad, a quien corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales del peticionario de amparo. Ahora bien, en el caso particular se considera que la autoridad responsable requerida carece de superior jerárquico para efectos de obligarlo al cumplimiento de la sentencia constitucional, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se trata de una Junta de Conciliación y Arbitraje, que si bien, tiene una naturaleza formalmente administrativa, lo cierto es que todos los actos que emite como órgano de control de legalidad son materialmente jurisdiccionales y autónomos, de manera que el ejercicio de esa función es análoga a la del Poder Judicial, por lo que no se encuentra subordinada a un imperio superior que le pueda determinar la forma y sentido de su actuación, ni mucho menos substituirla en sus funciones, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir una ejecutoria de amparo, de ahí que no se colme la hipótesis prevista en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3515, Tomo 4, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Finalmente, apercíbase a la responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, se seguirá en su contra el procedimiento previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, se le aplicará una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, y se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para los efectos del numeral 193 del ordenamiento legal citado; en la inteligencia de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten su dicho, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales de la parte quejosa.
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