Consuelo Angélica Frausto Carmona
Expediente 86/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Consuelo Angélica Frausto Carmona
- Agentes del Ministerio Público Investigadores En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 23 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de tres de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
veintitrés de febrero de dos mil veintidós. En la ciudad de León, Guanajuato, a veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la suscrita María Quiroz García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que el quejoso recurriera el proveído de tres de febrero del año en curso, ya feneció, sin medio de impugnación alguno; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En la misma data, la secretaria da cuenta a la jueza, con la certificación que antecede, así como con el estado procesal de autos, a fin de que se sirva acordar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. I. Causa estado determinación. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de tres de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH María Quiroz García,
- Principal
tres de febrero de dos mil veintidós. Cuenta. En la ciudad de León, Guanajuato, a tres de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con la demanda de amparo, con número de registro 1347, a fin de que se sirva acordar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, tres de febrero de dos mil veintidós. I. Registro y expediente. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 86/2022-I. II. Quejosa. Consuelo Angélica Frausto Carmona. III. Precisión de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." IV. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Por tanto, son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este juzgado Federal se presentó la diversa demanda de amparo promovida por la aquí impetrante, Consuelo Angélica Frausto Carmona, la cual se registró bajo el número 79/2022-IV, contra las mismas autoridades y por los mismos actos que reclama en la demanda de amparo de cuenta, consistentes en la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." En efecto, en el juicio de amparo 79/2022-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que la quejosa reclama la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Por su parte, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que también señaló como actos reclamados la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Actos que se atribuyen a las mismas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras. De ahí que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado por la citada impetrante, ya que tal cuestión se encuentra pendiente de resolver en el diverso asunto 79/2022-IV, del índice este Juzgado Federal a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar de nueva cuenta tal tópico, pues de hacerlo así implicaría que la parte quejosa, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Lo anterior patentiza que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama la promovente son materia de análisis en el juicio constitucional 79/2022-IV, del índice de este tribunal, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, todo lo cualhace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Sin que obste a lo anterior que el juicio de amparo 79/2022-IV se encuentre en prevención, pues los requerimientos ahí formulados derivaron de las inconsistencias advertidas en su demanda de amparo, encontrándose la impetrante en aptitud de subsanar las mismas; por tanto, dicho estado procesal no faculta a la promovente del amparo a presentar una nueva demanda, debiendo en todo caso atender lo requerido por este órgano jurisdiccional con motivo de la primer demanda que presentó, dentro del término establecido y bajo los apercibimientos ahí decretados. V. Domicilio y autorizados. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Marco Antonio y Edgar Cruz, ambos de apellidos López Rodríguez, en virtud de que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de María Quiroz García, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. CGRH María Quiroz García,
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 03 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "III. Precisión de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." IV. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si éste se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Por tanto, son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: a) La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; b) Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que ante este juzgado Federal se presentó la diversa demanda de amparo promovida por la aquí impetrante, Consuelo Angélica Frausto Carmona, la cual se registró bajo el número 79/2022-IV, contra las mismas autoridades y por los mismos actos que reclama en la demanda de amparo de cuenta, consistentes en la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución, lo que constituye un hecho notorio, sin que para ello sea menester deducir copia certificada de la misma, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al constar los datos atinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." En efecto, en el juicio de amparo 79/2022-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que la quejosa reclama la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Por su parte, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que también señaló como actos reclamados la orden detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. Actos que se atribuyen a las mismas autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras. De ahí que este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado por la citada impetrante, ya que tal cuestión se encuentra pendiente de resolver en el diverso asunto 79/2022-IV, del índice este Juzgado Federal a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar de nueva cuenta tal tópico, pues de hacerlo así implicaría que la parte quejosa, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Lo anterior patentiza que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la constitucionalidad de los actos que reclama la promovente son materia de análisis en el juicio constitucional 79/2022-IV, del índice de este tribunal, al existir identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia, todo lo cualhace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar la demanda por su manifiesta improcedencia. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Sin que obste a lo anterior que el juicio de amparo 79/2022-IV se encuentre en prevención, pues los requerimientos ahí formulados derivaron de las inconsistencias advertidas en su demanda de amparo, encontrándose la impetrante en aptitud de subsanar las mismas; por tanto, dicho estado procesal no faculta a la promovente del amparo a presentar una nueva demanda, debiendo en todo caso atender lo requerido por este órgano jurisdiccional con motivo de la primer demanda que presentó, dentro del término establecido y bajo los apercibimientos ahí decretados."
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