Consultores Y Administradores del Sureste, Sociedad Civil Particular

Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
892/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Consultores Y Administradores del Sureste, Sociedad Civil Particular

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el quince de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus primeros dos puntos resolutivos sobreseyó el juicio, y en el tercero negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se negó a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 892/2022-I-B, promovido por CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR, por conducto de su representante legal Víctor Antonio Castro Suaste. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; recibido, el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el treinta siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Víctor Antonio Castro Suaste como representante legal de CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambos del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación; Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Secretario de Gobernación, todos con residencia en la Ciudad de México; Jefe del Servicio de Administración Tributaria; Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" y Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", ambos del Servicios de Administración Tributaria del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Previo auto aclaratorio y escrito de cumplimiento, por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo por los actos reclamados al Jefe del Servicio de Administración Tributaria con sede en Ciudad de México; Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" dependiente del Jefe de Servicio de Administración Tributaria y Administrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" dependiente del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ambos con sede en esta ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en: "Todas las órdenes, instrucciones y demás actuaciones tendentes a procurar la recaudación, cobro y aplicación por si, o por medio de subordinados, del "DECRETO por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos" y en especial el artículo 208 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de noviembre de dos mil veintiuno y que entró en vigor el día primero de enero de dos mil veintidós dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México." Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción I, en su parte conducente, y 217, todos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del Apéndice 1985, Parte VIII, Quinta Época, con registro 395568, al considerarse actos futuros de realización incierta, al no existir la certeza clara y fundada de que pudiera llegar a existir. Por otra parte, se admitió a trámite únicamente respecto a los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambos del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Gobernación, Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en la Ciudad de México, se solicitó sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con tal acuerdo, la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, interpuso recurso de queja, por lo que se ordenó suspender el procedimiento en el presente juicio. CUARTO. Mediante resolución pronunciada en la queja 394/2022, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, declaró infundado el recurso interpuesto; por lo que se dejó sin efectos la suspensión del procedimiento y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación; en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tienen ejecución en esta localidad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar íntegramente cada uno de los apartados del escrito de demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, lo siguiente: De las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas competencias: La aprobación, expedición y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que fue adicionada en ese Decreto para entrar en vigor el uno de enero de dos mil veintidós. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: El refrendo que hizo del "DECRETO por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos" y en especial el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de noviembre de dos mil veintiuno y que entró en vigor el día primero de enero de dos mil veintidós dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria: El primer acto de aplicación consistente en la presentación de la declaración del mes de enero de dos mil veintidós, realizada el siete de marzo de dos mil veintidós, en el portal de declaraciones y pagos de esa autoridad. Así como el cambio que hizo del régimen fiscal de la quejosa a "RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA" desde el uno de enero de dos mil veintidós. Del Secretario de Gobernación: El refrendo del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos" y en especial el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de noviembre de dos mil veintiuno y que entró en vigor el día primer de enero de dos mil veintidós dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México. Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación: La publicación en el medio de difusión que dirige del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos y en especial el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de noviembre de dos mil veintiuno y que entró en vigor el día primero de enero de dos mil veintidós, dado la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público (número de promoción 10070), y Jefa del Servicio de Administración Tributaria (número de promoción 14219), ambas con residencia en la Ciudad de México, ya que así lo refirieron de manera categórica al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna al respecto o aportara prueba idónea para desvirtuar aquella negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dichos informes. Sin que sea óbice a lo expuesto, el hecho de que la quejosa señale que se actualiza dicha aplicación con la presentación de la declaración del mes de enero de dos mil veintidós, aplicando la deducción por concepto de anticipo a socios, no implica que las autoridades señaladas como responsables hayan tenido una intervención directa, sino es resultante de sus obligaciones fiscales. Y al no existir alguna prueba ofrecida por parte de la quejosa que demuestre lo contrario, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, al resultar inexistentes las conductas atribuidas a las autoridades de mérito. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (número de promoción 10069), y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (número de promoción 11133), consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno. El cual entró en vigor el primero de enero de dos mil veintidós. En específico el artículo 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Toda vez que dichas autoridades así lo manifestaron al momento de rendir sus informes con justificación. Esto de conformidad con la jurisprudencia número 278, visible a foja 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." También es cierto el acto reclamado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, toda vez que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado de su requerimiento, como se advierte de la constancia de notificación correspondiente que obra en autos (foja 201), de donde se desprende que el plazo de quince días para presentar informe justificado transcurrió sin que lo rindiera. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 172 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le atribuye, sin que haya lugar a requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello se le estaría concediendo una nueva oportunidad, no prevista en la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página mil trescientos sesenta y tres, Marzo de dos mil dos, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 187512, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Máxime que la existencia de los actos de naturaleza legislativa no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos públicos y notorios. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en las jurisprudencias de rubros "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA" y "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL)". Por lo que se tienen plenamente probados tales actos. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia, ya sea que se adviertan de oficio o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que en relación con los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación del Decreto y Resolución Miscelánea Fiscal reclamados, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no reclamó dichos actos por vicios propios. Para dar sustento a lo anterior, conviene tener presente el contenido de dichos artículos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" De los anteriores preceptos, se obtiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos que se encuentran previstos en el pacto federal o en la ley de la materia; por su parte, el artículo 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal establece que cuando en la demanda de amparo se reclamen normas de carácter general, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa citó como autoridades responsables, entre otras, al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, quienes conforme a sus atribuciones, se encargaron del refrendo y de la publicación del Decreto y de la Resolución Miscelánea Fiscal reclamados; no obstante, del estudio integral de la demanda de amparo, no se desprende que la peticionaria de amparo haya reclamado dichos actos por vicios propios. En tal virtud, lo conducente es sobreseer el juicio de amparo por lo que hace a las autoridades responsables y actos reclamados que han quedado precisados, de conformidad con los establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora General de Amparos Contra Leyes, con sede en la Ciudad de México, hace valer como causa de sobreseimiento, la prescrita en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, consistente en la inexistencia de los actos que se le atribuyen; no obstante, resulta innecesario abordar su estudio, dado que dicha causa ha sido abordada implícitamente en términos de lo expuesto en el considerando cuarto, en el que se tuvieron por ciertos los actos reclamados que se les imputan. Por otra parte, la misma autoridad responsable señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no señaló los efectos para los cuales solicita el amparo y protección de la justicia federal. Los artículos en comento se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] VIII. Los conceptos de violación." El citado artículo 61, fracción XXIII, refiere que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley. Por su parte, el invocado artículo 108, fracción VIII, estatuye que en la demanda se deberán formular conceptos de violación en contra de los actos que se estimen ilegales. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que para que se tengan por vertidos conceptos de violación se requieren simples razonamientos aducidos en la demanda, en los que se exprese con claridad: a) La causa de pedir; b) La lesión o agravio con que la quejosa estima que se le vulneró su esfera jurídica con el acto, ley o resolución reclamada; c) Los motivos que originaron ese agravio; y, d) Cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se precisa especificar los derechos fundamentales que contravienen la Carta Magna. Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia que se inserta a continuación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. (Época: Novena Época. Registro: 191384. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 68/2000. Página: 38)." Así, los conceptos de violación constituyen un elemento esencial en el juicio de amparo, pues son el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones de los derechos fundamentales en perjuicio de quien promueve la acción constitucional, por ende, ante su ausencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de que se trate. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa sí realizó diversos razonamientos lógico jurídicos para demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos que por esta vía combate. Pues adujo que el artículo 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contravienen el derecho de equidad tributaria. Toda vez que por el régimen en el que tributa no le permiten deducir anticipos a remanentes que se efectúen a los socios que integran la persona moral quejosa. Mientras que a las sociedades civiles que no tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales sí pueden realizar dicha deducción. Además argumentó que los anticipos de remanentes que entregan las sociedades civiles a sus miembros constituyen una deducción estructural que al disminuirlas de los ingresos que éstas generan, permitían que contribuyeran conforme a su auténtica y real capacidad tributaria. Por lo que su prohibición para el Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales viola el principio de proporcionalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Así, de lo anterior se advierte que la parte quejosa sí formuló conceptos de violación; de ahí que sea infundada la causal de improcedencia propuesta. En diverso tenor, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, señala que resulta improcedente el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 77, ambos de la Ley de Amparo, ya que no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, pues este Juzgado Federal suplantaría las facultades del poder legislativo al modificar la norma. Para verificar si se actualiza la mencionada causa de improcedencia, es necesario tener en consideración lo que establecen los numerales 61, fracción XXIII, y 77 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". De los numerales en comento, se desprende que el juicio de control constitucional es improcedente cuando se conceda la protección constitucional, y el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie no pueda materializarse. Cabe destacar que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.3o.C. J/6, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2005327, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2895, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique". Del mismo modo, es de invocarse la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal del país, con número de registro 197245, difundida a través del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, página 9, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Por otro lado, es importante tener en cuenta lo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. (.)". El ordenamiento legal transcrito, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que en su caso se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, lo que se conoce en la doctrina como principio de relatividad de las sentencias. En efecto, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En la especie, la quejosa se duele del artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su texto vigente a partir del uno de enero de dos mil veintidós, por considerar, entre otras cuestiones, que contraviene los derechos y principios de equidad tributaria; de ahí que, de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de la parte promovente, el efecto de dicha ejecutoria se traduciría en que se extienda la posibilidad de que la moral quejosa pueda efectuar las deducciones de los anticipos que entregue a sus miembros, en términos de lo previsto en esta última porción normativa, razón por la que no existe imposibilidad legal para decretar los efectos del amparo de manera individual. Lo anterior tiene singular relevancia, pues en el supuesto de concederse la protección constitucional a la solicitante del amparo, el efecto de esa decisión sería únicamente en su beneficio, por lo que no se darían efectos generales a la ejecutoria de amparo, pues en ningún momento se vincularía a los demás gobernados, o bien, a la sociedad en general; motivo por el que no se modificaría el contenido del artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sino que únicamente se ordenaría la incorporación a la esfera jurídica de la moral quejosa, en cuanto a la posibilidad de efectuar las deducciones de los anticipos que se entreguen a sus miembros, cuando los distribuya en los términos de la fracción II del artículo 94 de la referida ley; por lo que resulta infundada la hipótesis de improcedencia en análisis. Es aplicable a lo antedicho, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 94/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 166737, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 97, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO EN QUE SE CUESTIONA UNA NORMA FISCAL QUE SE ESTIMA INEQUITATIVA PORQUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, RESPECTO DE LOS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. ANTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE Y EN EL DIRECTO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO ES OPERANTE. No se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 80, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, cuando en un juicio de garantías se impugna una norma fiscal que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, excluyendo a quienes jurídicamente deben considerarse iguales -entre ellos el quejoso-. Lo anterior deriva de la posibilidad jurídica de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, pues de estimarse inequitativa la norma reclamada los efectos de la concesión de amparo se traducirán en hacer extensivo al agraviado el beneficio previsto en el precepto jurídico declarado inconstitucional, sin poder considerar lo contrario, o sea, estimar que es imposible que tenga efectos esa determinación, pues ello impediría salvaguardar el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al no operar dicha causa de improcedencia, no debe sobreseerse en el juicio, tratándose de amparo indirecto, ni declarar inoperantes los conceptos de violación, en amparo directo, aduciendo la imposibilidad de materializar, en tal supuesto, los efectos restitutorios que son propios del juicio constitucional; en consecuencia, de no actualizarse diverso motivo de improcedencia, debe estudiar el fondo planteado respecto de la inconstitucionalidad de la norma." En otro aspecto, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, sostiene que el juicio de amparo que se resuelve es improcedente, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico que le asiste para impugnar la constitucionalidad de la normatividad reclamada. Ahora bien, para analizar la citada causa de improcedencia resulta necesario destacar lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, constitucional, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Del precepto constitucional transcrito, en la parte que aquí interesa, se advierte que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." De la transcripción anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales- quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Con base en la disposición de la Norma Suprema analizada, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa impugna el proceso legislativo que dio origen al "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno; en específico, el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual entró en vigor el uno de enero del año en curso; lo anterior, al considerar que dicha normatividad es inequitativa respecto de lo establecido en la fracción IX del artículo 25 de la citada ley tributaria, al no prever la posibilidad de que las morales incorporadas al régimen simplificado de confianza, puedan efectuar deducciones en relación con los anticipos que entreguen a sus miembros, en términos de lo previsto en esta última porción normativa. Es decir, lo que la parte quejosa pretende con la impugnación del referido dispositivo legal, es justamente que se le incorpore en su esfera jurídica la posibilidad de realizar las deducciones conforme a lo establecido en la fracción IX del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; por lo que, sería un contrasentido exigir que la impetrante demuestre que la normatividad impugnada le ha causado alguna afectación a sus derechos con motivo de su aplicación o su sola entrada en vigor, cuando el planteamiento de su inconstitucionalidad radica precisamente en que se le excluyó de la posibilidad de ejercer un derecho previsto en diverso numeral. De ahí que, en el caso su interés jurídico se deba acreditar con la demostración de que es sujeto pasivo de la norma combatida, circunstancia que se encuentra acreditada, con la documental que adjuntó a su escrito inicial de demanda, consistente en copia digital de la constancia de identificación fiscal de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, con sello digital y cadena original, de cuyo contenido se obtiene que la moral quejosa se encuentra incorporada al régimen simplificado de confianza de personas morales, desde el uno de enero de dos mil veintidós. Documental pública que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que dicha constancia fue emitida por una institución pública en el ejercicio de sus funciones, sin que además haya sido objetada en su autenticidad por alguna de las partes. De ahí que, con dicha probanza deviene patente el interés jurídico que le asiste a la quejosa, para impugnar en amparo el numeral 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que se encuentra obligada a tributar en términos de lo ahí establecido, conforme al régimen simplificado de confianza de personas morales; motivo por el cual, resulte infundado el planteamiento de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la tesis XIX.2o.A.C.40 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con registro digital: 172155, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1168, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "RENTA. SI SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO AL CONSIDERAR QUE VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, BASTA QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE QUE ES SUJETO DEL TRIBUTO PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO, SIN QUE DEBA EXIGIRSE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Cuando en el amparo se plantea la inconstitucionalidad del artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta porque da un trato inequitativo, privilegiando o beneficiando a las sociedades cooperativas de producción respecto de sociedades mercantiles que se ubican en la misma hipótesis de causación del tributo, al determinarlo conforme a reglas distintas, asimilando el régimen de las primeras al de las personas físicas con actividades empresariales, lo que implica excluirlas de realizar pagos provisionales del mencionado gravamen, resulta un contrasentido exigir que el quejoso demuestre la aplicación tácita o expresa de la citada disposición, pues precisamente ese planteamiento implica que se le ha excluido de ella; de ahí que en esos casos el interés jurídico se acredita con la demostración de que se es sujeto pasivo de la norma combatida, como en el caso, con la sola exhibición del comprobante del pago provisional que están obligadas a realizar las personas morales en términos del artículo 14 de la aludida ley, sin que deba exigirse un acto concreto de aplicación." En otro orden de ideas, resultan inatendibles la diversa causa de improcedencia que el Presidente de la República aduce que en el presente juicio de amparo se actualizan. En la inteligencia que la parte quejosa no señaló como actos reclamados los diversos artículos 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mucho menos reprocho alguna omisión legislativa. En consecuencia, no se realizará mayor pronunciamiento respecto de las causas invocadas respecto de los anteriores actos, dado que a ningún fin práctico llevaría al no formar parte de la litis en el presente asunto. Por último, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, refiere que el juicio de amparo también resulta improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues señala que la parte quejosa reclama una omisión legislativa. Sin embargo, contrario a lo argüido por la citada responsable, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria del amparo reclama la limitación o prohibición que establece la normatividad impugnada, dirigida a las personas morales incorporadas al régimen simplificado de confianza, para efectuar la deducción conforme al supuesto genérico contenido en el numeral 25, fracción IX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en específico, los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 94 de la citada legislación, lo cual refiere es violatorio de los principios de equidad tributaria. De ahí que, al considerar que en el caso se reclama la aludida restricción contenida en los dispositivos legales reclamados, no así una omisión legislativa, es que deviene infundada la causa de improcedencia propuesta. Así, al no advertirse diversa causa de improcedencia invocada por las partes, ni oficiosamente por este juzgador, resulta procedente entrar al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los preceptos tildados de inconstitucionales. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y por tanto debe negársele la protección de la Justicia Federal. Al respecto la parte quejosa señala que el artículo 208 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vulnera sus derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad tributaria, en virtud de que impide a los contribuyentes sociedades civiles, efectuar las deducciones de los anticipos y rendimientos que paguen o entreguen a sus socios o miembros en términos de la fracción II, del artículo 94 de la citada ley, al encontrarse obligados a tributar bajo el nuevo régimen simplificado de confianza, colocándola así en un plano de desigualdad frente a aquellos contribuyentes que también son sociedades civiles pero que tributan bajo el régimen general para personas morales quienes sí tienen derecho a efectuar esa deducción, lo que a su vez implica que pueda deducir más quien gana más y por ende, la vulneración a dichos principios en materia de contribuciones. Para dar respuesta a tales conceptos, se precisa que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, regula los principios que deben regir a las contribuciones: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De lo anterior, se advierte que todo gobernado debe cubrir aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, siempre y cuando se establezcan atendiendo los siguientes principios constitucionales: a) Principio del destino de las contribuciones; b) Principio de proporcionalidad tributaria; c) Principio de equidad tributaria; y, d) Principio de legalidad fiscal; En primer término, es menester establecer que el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, consiste en que los elementos esenciales de la contribución deben estar consignados o definidos en un acto formal y materialmente legislativo, tal como se desprende de la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su integración en la Séptima Época de rubro "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". El contenido de la tesis citada advierte que el principio de legalidad tributaria radica, medularmente, en que las contribuciones estarán previstas en un acto legislativo, es decir, deben provenir del órgano que tiene atribuida la función primordial de crear leyes, y en ellas deben contenerse sus elementos esenciales como es el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Entonces, en aras de tutelar la seguridad jurídica del sujeto pasivo, el principio de legalidad exige que las contribuciones estén contenidas en un acto material y formalmente legislativo, así como todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo del tributo, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado suficiente certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en general, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Por su parte, el principio de equidad tributaria prevé que ante la ley tributaria todos los sujetos pasivos de un mismo tributo que se ubiquen en la misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula a fin de evitar cualquier trato discriminatorio ante situaciones análogas. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula; esto es, obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Es aplicable al caso, la jurisprudencia publicada en la página 43 del tomo V, junio de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente contenido: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." De igual manera, se destaca que el principio de proporcionalidad tributaria consiste en el hecho que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva; es decir, para que un gravamen sea proporcional, es necesario que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, la cual debe entenderse como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. De sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 109/99, emitida por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, página 22, de la Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguiente: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto". También resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 10/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, mayo de dos mil tres, página 144, de la Novena Época, que establece: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción". De lo expuesto, se sigue que el principio de proporcionalidad tributaria exige que las contribuciones se establezcan con estricta observancia de la capacidad contributiva de los gobernados, de tal manera que se generen únicamente respecto de hechos reveladores de riqueza y, en esa medida, se establezcan las cargas que cada uno de ellos debe soportar, para lo cual es necesario que exista una estrecha relación entre el hecho imponible y la base del impuesto. Por otra parte, es menester precisar que el derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional que a la letra dispone: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." El derecho humano de igualdad, contemplado en el artículo 1° constitucional o principio de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Sin embargo, no toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar tal derecho, sino que dicha violación la produce aquella desigualdad o discriminación con base en alguna categoría sospechosa, que introduce una diferencia entre situaciones jurídicas que pueden considerarse iguales, cuando dicha disparidad carece de una justificación razonable y objetiva. Así, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no estar apoyadas en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución no basta que el fin sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de la norma sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de tal manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el objetivo pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que el concepto de igualdad en el plano jurídico significa que en una determinada situación todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos, de tal manera que en ningún caso la autoridad pueda dar trato diferente a los gobernados que se ubiquen en las mismas situaciones jurídicas. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 55/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de dos mil seis, Materia Constitucional, página 75, del contenido siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado." Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 81/2004, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, materia Constitucional, página 99, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." Al interpretar el artículo 1° constitucional referido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que tal norma contiene el principio de igualdad, el cual permea a todo el ordenamiento jurídico, de modo que cualquier trato discriminatorio hecho con base en alguna "categoría sospechosa" es incompatible con ese principio. Asimismo, ha establecido que la igualdad, como principio constitucional, subyace en toda la estructura del sistema jurídico y, por tanto, constituye un límite a los poderes del Estado conforme al cual debe cuidarse el no generar paridad entre todos los individuos (igualdad formal o jurídica), ni tampoco una igualdad material o real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato. De igual forma, ha señalado que el principio de igualdad está vinculado con la no discriminación, pues al existir un deber de dar el mismo trato (tanto material como formal), se prohíbe la discriminación, exclusión o preferencia de una persona sobre otra, con base en elementos subjetivos cuyo establecimiento normativo resulte discrecional e injustificado, como acontece con las denominadas "categorías sospechosas". Este principio de igualdad y no discriminación opera en el sistema jurídico de manera transversal; es decir, al permear a todo el ordenamiento, impone diversos deberes a las autoridades del Estado. En esa tesitura, ha definido las denominadas "categorías sospechosas" como los factores constitucionalmente prohibidos de discriminación, como lo son las motivadas por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esa manera, con el fin de verificar si el legislador respetó el principio de igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe valorarse el cumplimiento de manera escalonada, de los criterios siguientes: 1) Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable, no necesariamente idéntica, sino solamente análoga; 2) Que la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida; 3) Que la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) Que la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para llevar a cabo un juicio de igualdad es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, los conceptos de violación o agravios en el que se hagan valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria devienen inoperantes. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 54/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, mayo de dos mil dieciocho, tomo II, página 1356, de rubro y texto siguientes: "IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHOS PRINCIPIOS, SON INOPERANTES SI NO SE PROPORCIONA UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN IDÓNEO PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. Para llevar a cabo un juicio de igualdad o equidad tributaria es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene en inoperante." Ello es así, ya que el estudio o análisis de una norma, que se estime discriminatoria, a la luz del derecho fundamental de igualdad jurídica y/o del principio de equidad tributaria, se lleva a cabo en dos etapas sucesivas y no simultáneas, a saber: A) Determinar si las situaciones a comparar efectivamente pueden contrastarse o, en caso contrario, revisten divergencias importantes que impiden una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado. B) Anotada la situación de igualdad, debe determinarse si la distinción de trato: i) persigue una finalidad constitucionalmente válida; ii) es adecuada y necesaria para el logro del fin legítimo buscado; y, iii) resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados en relación con los objetivos perseguidos. Expuesto lo anterior, resulta conveniente tener presente el marco normativo que regula el Régimen Simplificado de Confianza, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. El numeral 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece, en lo que interesa, que los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos para el Régimen Simplificado de Confianza, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos. Asimismo, que los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que perciban por las actividades a que se refiere el primer párrafo de ese artículo y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por Internet efectivamente cobrados, sin incluir el impuesto al valor agregado, y sin aplicar deducción alguna, considerando la tabla ahí señalada. De dicha tabla se obtienen las tasas aplicables dependiendo del monto de ingresos del contribuyente, las cuales van del 1.00% al 2.5%. Por su parte, el artículo 206 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta precisa que pertenecerán al Régimen Simplificado de Confianza, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida. El artículo 208 de la citada ley establece que los contribuyentes que tributen bajo el Régimen Simplificado de Confianza de personas morales, podrán efectuar las deducciones ahí precisadas. Mientras que el numeral 211 refiere que dichos contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, precisando que los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9° de dicha Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine conforme a lo señalado en ese artículo, pudiendo acreditarse en los términos ahí señalados. Finalmente, el numeral 212 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece que dichos contribuyentes deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 9° de esa Ley, pudiendo efectuar los acreditamientos ahí precisados. En este contexto, conviene destacar que el artículo 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala, en lo que interesa, que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. De igual manera, cabe significar que en la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, se obtiene lo siguiente: Que el ejecutivo consideró que a fin de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, resultaba necesario la incorporación de regímenes fiscales simplificados basados en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos; de modo que tratándose de personas físicas que evidentemente cuentan con una menor capacidad administrativa y de gestión para ello (en relación con las personas jurídicas) se implementaría el Régimen Simplificado de Confianza, a través del cual los contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones de una manera ágil y sencilla, ya que únicamente deberán i) inscribirse o actualizar su Registro Federal de Contribuyentes; ii) generar su firma electrónica avanzada y activar su buzón tributario; iii) expedir y solicitar facturas a través del Portal del Servicio de Administración Tributaria; iv) ingresar al Portal de la citada autoridad donde encontrarán su información precargada, y v) generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente, en caso de que proceda. Régimen que además prevé tasas impositivas mínimas que se aplican de manera progresiva de acuerdo con los ingresos que obtenga el contribuyente, pudiendo ser incluso del 1% cuando los ingresos anuales no son mayores de $300,000.00 (trecientos mil pesos), aplicando una tasa de máxima de 2.5% para quienes obtengan ingresos de $2'500,000.00 (dos millones y medio de pesos) y hasta $3'500,000.00 (tres millones y medio de pesos). Al respecto, se destacó que para determinar el monto máximo de ingresos anuales de tres millones quinientos mil pesos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza, se analizó el padrón de contribuyentes activos al cierre del ejercicio fiscal 2020, con un total de 79.8 millones de contribuyentes, de los cuales 12.5 millones son personas físicas que realizan actividades empresariales pertenecientes a los regímenes que se asemejan en su forma de tributar. De los 12.5 millones de contribuyentes personas físicas con actividad empresarial, 10.2 millones perciben ingresos menores a tres millones quinientos mil pesos anuales, lo que representa que el 81.6% de dichos contribuyentes se verían beneficiados con el nuevo Régimen Simplificado de Confianza. Por su parte, respecto al Régimen Simplificado de Confianza para personas morales, se señaló que con el fin de promover la reactivación económica mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión, se proponía la creación de un régimen de tributación que beneficiará a las personas morales residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de treinta y cinco millones de pesos en el ejercicio, lo que equivale alrededor del 96% del total de los contribuyentes personas morales. Que de acuerdo con el padrón de contribuyentes registrado en el Servicio de Administración Tributaria, en México existen cerca de 2.1 millones de establecimientos micro y pequeños que constituyen un segmento estratégico que hoy en día cumple con sus obligaciones bajo un mecanismo en el que acumulan sus ingresos conforme los devengan y en lugar de deducir sus erogaciones utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional. Empresas que están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier otra de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administrativos significativos. Por lo que se consideró necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a treinta y cinco millones de pesos anuales, que permita que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen (flujo de efectivo), apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de la carga impositiva. De modo que los contribuyentes en este nuevo régimen dejarían de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad obtenido de su declaración anual del ejercicio fiscal anterior, que puede significar una carga importante tratándose de las micro y pequeñas empresas que presentan estacionalidades en su actividad económica y, por su componente inflacionario, puede representar una importante presión mensual en el cumplimiento del pago de sus obligaciones. En el caso, la parte quejosa sostiene que el Régimen Simplificado de Confianza viola sus derechos fundamentales de igualdad y equidad tributaria, así como el de proporcionalidad, en virtud de que impide a los contribuyentes sociedades civiles, efectuar las deducciones de los anticipos y rendimientos que paguen o entreguen a sus socios o miembros en términos de la fracción II, del artículo 94 de la citada ley, al encontrarse obligados a tributar bajo el nuevo régimen simplificado de confianza, colocándola así en un plano de desigualdad frente a aquellos contribuyentes que también son sociedades civiles pero que tributan bajo el régimen general para personas morales quienes sí tienen derecho a efectuar esa deducción, lo que a su vez implica que pueda deducir más quien gana más y por ende, la vulneración a dichos principios en materia de contribuciones. Al respecto, puede concluirse que los puntos propuestos por la quejosa no resultan idóneos para demostrar que se ubica en un supuesto homologable, semejante o análogo respecto de algún otro sujeto u objeto; y, por consiguiente, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para realizar ejercicio analítico alguno a efecto de determinar si la disposición impugnada es contraria, o no, a los postulados o reglas tendentes a garantizar el derecho fundamental a la igualdad jurídica. Lo anterior, pues si bien en el proceso legislativo de creación del artículo 208 no se justificó expresamente el motivo por el cual no resultaba procedente otorgar las mismas deducciones para todas las personas jurídicas; lo cierto es que la diferencia de trato se justifica sobre la base que aunque se trata de personas morales, poseen características propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) que impiden considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad económica y actualicen el mismo hecho imponible, toda vez que tales personas morales responden de manera limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad adoptada). Además, cuentan con un patrimonio multipersonal y, en el caso, permiten apreciar una menor capacidad administrativa y económica, lo que incluso fue parámetro para encuadrarlas bajo dicho régimen -régimen simplificado de confianza-, pues se consideró que esa clasificación para las personas morales que no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos, era más accesible incluso para el cumplimiento de las obligaciones fiscales para tales contribuyentes, sumado a que ese trato se debió precisamente para apoyar a esos pequeños contribuyentes a reactivar su economía tras el paso de la pandemia por la que se pasó. Lo que, como se expuso, fue tomado en consideración en la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. De modo que las características objetivas de los sujetos obligados a pagar el tributo personas jurídicas, motivan la existencia de una regulación distinta, esto es, el trato desigual a sujetos desiguales, en la medida en que si bien son sujetos del mismo impuesto, también lo es que el legislador ha considerado que poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus capacidades económicas y operativas, sujetándolos, por tanto, a regímenes diversos. En ese orden de ideas, la afirmación relativa a que se transgreden los derechos de igualdad y equidad tributaria, en virtud que el Régimen Simplificado de Confianza otorga un tratamiento diferenciado entre contribuyentes personas jurídicas que se encuentran en igualdad de circunstancias, pues impide a los contribuyentes sociedades civiles, efectuar las deducciones de los anticipos y rendimientos que paguen o entreguen a sus socios o miembros en términos de la fracción II, del artículo 94 de la citada ley, no constituye un término o punto de comparación idóneo que permita reclamar un trato desigual, pues para ello es necesario que, además, concurran circunstancias similares en la realización de los supuestos que prevé la norma; de ahí que resulte inoperante el concepto de violación en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 47/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 439, que establece lo siguiente: "IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. En la medida en que la definición conceptual del principio de igualdad formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2005, exige como requisito previo al juicio de igualdad que se proporcione un término de comparación, esto es, un parámetro o medida válida a partir de la cual se juzgará si existe o no alguna discriminación y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas que se consideren contrarias al referido principio. Así, si en los conceptos de violación no se proporciona dicho término de comparación, entonces deben calificarse como inoperantes, pues no existen los requisitos mínimos para atender a su causa de pedir". También ilustra lo anterior la Jurisprudencia 2a./J.174/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 542, cuyo contenido señala: "RENTA. LOS ARTÍCULOS 17, PRIMER PÁRRAFO, 46, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO Y 47, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2002, QUE OBLIGAN ÚNICAMENTE A LAS PERSONAS MORALES A CALCULAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. No puede establecerse un trato igual entre las personas morales y las personas físicas con actividades empresariales, dado que se encuentran obligadas en virtud de situaciones fiscales diversas, toda vez que el régimen general de tributación de las primeras está regulado en el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1o. de enero de 2002, en tanto que las personas físicas con actividades empresariales deben enterar el tributo atendiendo al título IV de la propia ley, de manera que este ordenamiento regula en forma específica el mecanismo para el cálculo del ajuste anual por inflación, reconociendo las características objetivas de los sujetos obligados a pagar el tributo y que, por ende, motivan la existencia de una regulación distinta, esto es, el trato desigual a sujetos desiguales, en la medida en que si bien es cierto que son sujetos del mismo impuesto, también lo es que el legislador ha considerado que poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus capacidades económicas y operativas, sujetándolos, por tanto, a regímenes diversos. Por lo anterior, si bien el ajuste anual por inflación es un elemento a tomar en cuenta para la determinación del resultado fiscal del ejercicio, no es factible pretender que las mismas reglas para su amortización se apliquen a los sujetos obligados, pues las leyes fiscales deben dar un trato igual a aquellos sujetos que están en los mismos supuestos y desigual a los que se colocan en situaciones desiguales. Además, del contenido de los artículos 17, 18, 19 y 122 de la misma ley se evidencia que la acumulación de los ingresos de las personas morales se efectúa en distintos momentos, en tanto que tratándose de las personas físicas con actividades empresariales ello ocurre al momento en que sean efectivamente percibidos, de ahí que no se encuentren en un mismo plano de igualdad y estén sujetos a un régimen legal diferente, pues se trata de contribuyentes que se ubican en distintas hipótesis, de lo que resulta que no existe violación al principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como en la tesis 2a. XX/2017(10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de 2017, Tomo II, página 1402, de contenido siguiente: "RENTA. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UNA TASA PARA PERSONAS FÍSICAS, DIVERSA A LA APLICABLE PARA PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto legal mencionado, al prever que las personas físicas que obtengan ingresos derivados de la enajenación de acciones en casa de bolsa, aplicarán la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio, cuyo pago se considerará definitivo (mientras que las personas morales se encuentran sujetas a una tasa diversa), no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la diferencia de trato se justifica sobre la base de que ambas categorías de contribuyentes poseen características propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) que impiden considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad económica y actualicen el mismo hecho imponible, toda vez que las personas físicas responden con su patrimonio de manera total, cuentan con un patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica; en cambio, las personas morales responden de manera limitada (atendiendo a la modalidad o tipo de sociedad adoptada); cuentan con un patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica. Adicionalmente, en la composición legal de la base gravable de las personas físicas y morales, se tiene en cuenta que, entre ellas existe distinta aptitud contributiva de la riqueza, pues mientras que aquéllas tributan conforme a un régimen cedular, atendiendo a las distintas fuentes de sus ingresos, estas últimas son gravadas conforme a un régimen global, según el cual, la obtención de sus ingresos está delimitada por la ejecución de su objeto social." Asimismo, es inoperante el concepto de violación de la parte quejosa en cuanto que dicha distinción vulnera el principio de proporcionalidad, pues como se ha dicho, de la reseña de los motivos de creación de la norma se advierte que se realizó con el fin de promover la reactivación económica mediante un esquema de simplificación que fomente la inversión, y beneficiar a las personas morales residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de treinta y cinco millones de pesos en el ejercicio. Además, porque dichas personas morales cumplen con sus obligaciones bajo un mecanismo en el que acumulan sus ingresos conforme los devengan y en lugar de deducir sus erogaciones utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional, lo que implica están sujetas a las mismas obligaciones que debe cumplir cualquier otra de mayor escala, lo que puede llegar a implicar costos administrativos significativos. Por lo que, como se dijo, el legislador consideró necesario contar con un régimen para personas morales cuyos ingresos no sean superiores a treinta y cinco millones de pesos anuales, que permita que la acumulación de los ingresos y deducción de las erogaciones ocurra hasta que éstos efectivamente se perciban y se paguen (flujo de efectivo), apegándose a la realidad económica del contribuyente y sin que ello implique la reducción de la carga impositiva. De modo que los contribuyentes en este nuevo régimen dejarían de realizar las declaraciones provisionales mediante el uso del coeficiente de utilidad obtenido de su declaración anual del ejercicio fiscal anterior, que puede significar una carga importante tratándose de las micro y pequeñas empresas que presentan estacionalidades en su actividad económica y, por su componente inflacionario, puede representar una importante presión mensual en el cumplimiento del pago de sus obligaciones. Por lo que, al no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son del tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria, sino que constituyen beneficios fiscales, los cuales se conceden como se ha precisado atendiendo a fines de política fiscal, social y económica, de ahí que se considere inoperante el motivo de queja expuesto. Considera ilustrativa la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde a la Décima Época y se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 673, del siguiente contenido: "RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Para respetar el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la capacidad contributiva de las personas afectas al gravamen y, en el caso de la contribución de mérito, ello se cumple cuando la base gravable se constituye por la utilidad real, a la cual se arriba restando de los ingresos brutos los gastos que se realizaron para su obtención (deducciones estructurales); de ahí que las erogaciones no vinculadas con la generación de esos ingresos (deducciones no estructurales) no tienen impacto en la utilidad o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminoraciones que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el principio de justicia tributaria en comento. Ahora, las erogaciones concedidas como deducciones personales para realizarse en forma adicional a las "autorizadas en cada capítulo", en términos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen el carácter de no estructurales, pues se refieren a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto, es decir, se trata de gastos diversos y contingentes, dado que no son erogaciones que habitualmente deban realizarse para la generación de la utilidad o renta neta del tributo. En consecuencia, las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de estricta vinculación con la generación del ingreso, no son del tipo de erogaciones que el legislador debe reconocer para acatar el principio de proporcionalidad tributaria, sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, los cuales se conceden atendiendo a fines de política fiscal, social o económica. Por tanto, son inoperantes los argumentos en el sentido de que el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al establecer un límite para las deducciones personales, viola el principio de proporcionalidad tributaria." También la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 618, del contenido siguiente: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer que la deducción de las inversiones en automóviles sólo podrá realizarse hasta por un monto determinado, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo al permitirle deducir las inversiones en automóviles, aun cuando ponga límites, ya que ello obedece a la finalidad de evitar la evasión fiscal, además de que el carácter de indispensabilidad de una erogación o inversión está estrechamente vinculado con la consecución del objeto social del contribuyente, pues de no llevarse a cabo el gasto o inversión se dejaría de estimular su actividad, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos y el monto de la obligación de contribuir al gasto público; de ahí que permitir sin límite las deducciones de las inversiones en los automóviles adquiridos sería contrario a la finalidad perseguida, consistente en evitar abusos por parte de los contribuyentes o la evasión de impuestos." Finalmente, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 868, del siguiente contenido: "COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. Del referido precepto legal se advierte que en el ejercicio fiscal de 2019 el contribuyente conserva el derecho a compensar saldos a favor, y si bien limita la aplicación de la figura de la compensación únicamente contra las cantidades que esté obligado a pagar por adeudo propio, sin incluir aquellas por retención de terceros, y siempre que deriven del mismo impuesto, incluyendo sus accesorios y no otros, lo cierto es que supera el test de proporcionalidad, pues esa medida es acorde al ejercicio interpretativo constitucional, porque: i) Persigue un fin constitucionalmente válido, ya que la finalidad del legislador fue impedir prácticas de evasión, generar mayor control por parte de la administración tributaria sobre los acreditamientos y un mejor registro de la recaudación; ii) Es racional y adecuada, toda vez que no afecta la existencia del saldo a favor del contribuyente debido a que sólo se establecen modalidades para su obtención, ya sea extinguir diversas obligaciones tributarias por adeudo propio, o bien, solicitar su devolución; y, iii) Es proporcional, porque en atención a la finalidad perseguida, si bien impacta en la disposición inmediata de su flujo de efectivo, lo cierto es que tiene a su alcance los métodos para llevar a cabo la recuperación de los saldos a favor mediante su solicitud ante la autoridad hacendaria, o bien, compensarlos contra los mismos impuestos." Finalmente, toda vez que no prosperaron los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. OCTAVO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DEL SURESTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Particular, contra los actos que reclamó del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Jefa del Servicio de Administración Tributaria, ambas con residencia en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DEL SURESTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Particular, contra los actos que reclamó del Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DEL SURESTE, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Particular, respecto a los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, todos con sede en Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. CUARTO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando sexto de este fallo. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    Lic. Rogelio Eduardo Leal Mota Lic. Raúl Ramos Berzunza. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese el telegrama remitido por el Director de Área de la Subprocuraduría Federal de Amparos, mediante el cual, se solicita copia de la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 394/2022 por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito y sede. En tal virtud, hágase saber a la autoridad responsable que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

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