Concepción Ek Castro
Expediente 697/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Concepción Ek Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió a CONCEPCIÓN EK CASTRO el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Delegado Estatal y de la Jefatura del Departamento de Titulación y Catastro Rural, ambos de la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional y con sede en esta ciudad, para el efecto que realizaran la gestiones necesarias a fin que de inmediato se concluyera el procedimiento relativo a la expedición del título o títulos de propiedad, y de ser legalmente procedente, sin mayor dilación, los remitieran para su inscripción en las oficinas registrales respectivas, y hecho lo anterior, en breve término fueran puestos a disposición del promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Posteriormente, en auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado Estatal y la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en esta ciudad, mediante misivas relacionadas en proveído de veintitrés de marzo último, comunicaron que tuvieron por recibido el diverso oficio signado por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en Ciudad de México, mediante el cual remitió la calificación registral de veinticinco de abril de dos mil diecisiete recaída a la parcela 307 del ejido de Sierra Papacal, municipio de Mérida, la cual fue en sentido negativo, por lo que no resultó factible la expedición del título de propiedad respectivo. Por tal motivo, como se advierte de las constancias remitidas, el referido Delegado Estatal mediante oficio de seis de diciembre de la pasada anualidad, hizo la devolución al quejoso de la documentación exhibida con la solicitud de adopción de dominio pleno de la citada parcela y le remitió copia certificada de la calificación registral respectiva a manera de notificación, quedando a su disposición en el Centro de Atención a Usuarios de dicha delegación. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas a realizar las gestiones necesarias a fin de que se revolviera lo legalmente procedente respecto al procedimiento relativo a la expedición del título de propiedad, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se concedió a CONCEPCIÓN EK CASTRO el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Delegado Estatal y de la Jefatura del Departamento de Titulación y Catastro Rural, ambos de la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional y con sede en esta ciudad, para el efecto que realizaran la gestiones necesarias a fin que de inmediato se concluyera el procedimiento relativo a la expedición del título o títulos de propiedad, y de ser legalmente procedente, sin mayor dilación, los remitieran para su inscripción en las oficinas registrales respectivas, y hecho lo anterior, en breve término fueran puestos a disposición del promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Posteriormente, en auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Delegado Estatal y la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en esta ciudad, mediante misivas relacionadas en proveído de veintitrés de marzo último, comunicaron que tuvieron por recibido el diverso oficio signado por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en Ciudad de México, mediante el cual remitió la calificación registral de veinticinco de abril de dos mil diecisiete recaída a la parcela 307 del ejido de Sierra Papacal, municipio de Mérida, la cual fue en sentido negativo, por lo que no resultó factible la expedición del título de propiedad respectivo. Por tal motivo, como se advierte de las constancias remitidas, el referido Delegado Estatal mediante oficio de seis de diciembre de la pasada anualidad, hizo la devolución al quejoso de la documentación exhibida con la solicitud de adopción de dominio pleno de la citada parcela y le remitió copia certificada de la calificación registral respectiva a manera de notificación, quedando a su disposición en el Centro de Atención a Usuarios de dicha delegación. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas a realizar las gestiones necesarias a fin de que se revolviera lo legalmente procedente respecto al procedimiento relativo a la expedición del título de propiedad, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos y el Delegado Estatal, ambos del Registro Agrario Nacional, residentes en esta ciudad, y anexo que acompaña el último de los nombrados, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos y el Delegado Estatal, ambos del Registro Agrario Nacional, residentes en esta ciudad, y anexo que acompaña el último de los nombrados, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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