Consuelo Rodríguez Calvillo
Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Consuelo Rodríguez Calvillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la impetrante de amparo y agente del Ministerio Público de la adscripción pudieran interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el doce de los actuales, en la que se sobreseyó en el juicio en que se actúa, sin que lo hubiesen hecho dentro de tal temporalidad. En tales condiciones, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es destruible, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo,
- Principal
R E S O L U T I V O S: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 396/2023-VII, promovido por ********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables indicadas en el proemio de esta resolución y por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como por la Actuaria adscrita dicha junta, ambas con residencia en esta ciudad, con los cuales rinden el informe justificado solicitado y exhiben documentales como apoyo al mismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 117 de la ley en la materia, por lo que dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de abril de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, por encontrarse en tiempo y forma, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Consuelo Rodríguez Calvillo, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 55 (cincuenta y cinco) de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 396/2023-VII-T. Sin que se ordene la apertura del cuaderno incidental, dado que la parte agraviada, no solicitó la suspensión de los actos reclamados. Se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cabe precisar que en lo concerniente a la audiencia de ley, se levantará el acta correspondiente, misma que será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, ya sea por vía electrónica o en físico, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. De conformidad en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que consideren pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles y ordenadas de todas las constancias de las que deriven dichos actos, necesarias para apoyar su informe, apercibidas que de no hacerlo se impondrá, a la omisa, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirán ciertos los actos a ella reclamados, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, para lo cual se ordena agregar copia de la demanda de amparo a los oficios con los que se notifique este proveído. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, así como al del licenciado Fernando Javier Miranda Marín, secretario de juzgado fernando.miranda.marin@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00 extensión 1246, esto en atención a lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. De acuerdo con los artículos 107 constitucional y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le incumbe al agente del Ministerio Público de la Federación, para lo cual debe notificársele personalmente el presente proveído y entregarle copia simple de la demanda. No obstante que la agraviada indica no existe tercero interesado y dado que de los antecedentes del acto reclamado se advierte demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social, le decrete la incapacidad total permanente en virtud de las secuelas que ha dejado la enfermedad de trabajo adquirida en la empresa, a quien le recaería tal carácter. Sin embargo, tomando en consideración los actos reclamados en esta instancia y los efectos de la sentencia protectora, en su caso, se limitarían a amparar a la quejosa para que la junta responsable ajuste su actuar a los términos establecidos por la legislación laboral, lo cual incide exclusivamente a la autoridad responsable; aunado a que tanto el actor como el demandado en el juicio de origen, están interesados en la celeridad de la controversia planteada; deviene innecesario ordenar el emplazamiento del tercero interesado. Por lo que hace a la documental pública que ofrece, consistente en las constancias del expediente laboral de origen, dígasele que una vez que se tenga por recibido informe justificado rendido por dicha responsable se acordará lo conducente. Con fundamento en los artículos 64 párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les aplicará multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización descrita en párrafos anteriores, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/servicios Tramite s.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la FIREL, los oficios que correspondan a este asunto. Hágase del conocimiento de las partes que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con apoyo en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativa a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, infórmese a las partes que se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en la calle Tompiros, número 2039, esquina con Avenida Ejército Nacional, en el fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley en aplicación a los licenciados Susana Prieto Terrazas, Vicente Hernández García, Perla Cristina González Rentería y Karla Janeth García Ruiz, dado que se trata de un asunto laboral promovido por la parte actora, así como en términos restringidos del citado numeral a Tania Litz Villagrán Martínez, por así solicitarlo la promovente. En términos de lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; mientras que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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