Concepción Ochoa Hagar y Otros.

Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
29/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Concepción Ochoa Hagar y Otros.
  • Concepción Ochoa Hagar

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió en exceso el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veinte de enero de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Concepción Ochoa Hagar, Fátima María Cruz Ochoa y Bernardo Cruz Guerrero, por propio derecho; por tanto, se declara que el mismo causa estado. Ahora bien, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo laboral 693/2021, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Concepción Ochoa Hagar, Fátima María Cruz Ochoa y Bernardo Cruz Guerrero; contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, así como informe justificado de la junta responsable, autos originales del expediente 4/19/2068 relativo al juicio laboral, en virtud de que por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda propuesta; atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asume la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al tribunal de alzada en vía de acuse de recibo. En razón de lo anterior, regístrese la demanda en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número consecutivo 29/2022-V y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, con fundamento en lo que se establece en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva a desechar la demanda, por los motivos que a continuación se expondrán. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de Tesis 297/2011, de donde deriva Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 929, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materias Común y Administrativa, de la Décima época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 2001071, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. Así las cosas, la interpretación de lo que se dispone en el artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, es preciso señalar, y como lo estableció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito al declarar su incompetencia, que la parte promovente reclama la resolución interlocutoria dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida por la Junta responsable, dentro del expediente laboral 4/19/2068, respecto de la falta de personalidad de los apoderados de la parte actora. Establecido lo anterior, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se extrae que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva o resolución final, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto, respectivamente, según la naturaleza del acto, que se intente contra dicha determinación que ponga fin al juicio, pues tendrá la posibilidad de impugnar todas y cada una de las de las violaciones que se hayan cometido, no sólo en la resolución aludida, sino en todo el procedimiento. Por ello, no causa por sí mismo una afectación grave, trascendental e irreparable a los promoventes y no puede ser considerado como acto de imposible reparación, sino que únicamente forma parte del proceso, que debe sustanciarse en todas sus etapas. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sentado lo precedente, toda vez que el acto materia de reclamo consiste en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, que declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso en contra de la demanda, así ligado con ello, la parcialidad en el actuar de la junta responsable dentro del procedimiento 4/19/2068, como se dijo, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, virtud que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que, las consecuencias de la determinación reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Esto es así, en razón de que no constituye por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, no proceda el juicio de amparo biinstancial, toda vez que la naturaleza del acto reclamado se considera meramente procesal y no afecta directa o indirectamente algún derecho sustantivo; asimismo tampoco ocasiona afectación al demandado en el procedimiento de origen, pues el perjuicio únicamente se refiere a que continúe el juicio con la representación de la parte que señaló en el escrito de contestación, pero no impide la participación procesal de la parte quejosa, ni implica que necesariamente dentro de ese procedimiento original se emita una sentencia contraria a los intereses del demandado. Así resulta, ya que de obtener el agraviado una sentencia favorable a sus intereses en el procedimiento administrativo de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo directo que se intente en contra de dicho fallo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis que se contempla en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 (registro 2006589), que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos arábigos 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo que se establece en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Concepción Ochoa Hagar, Fatima María Cruz Ochoa y Bernardo Cruz Guerrero, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia que se prevé en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Por otra parte, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con apoyo en los artículos , 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Rio Jamapa 4725, departamento 211, fraccionamiento Los Pinos, en esta ciudad y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Said Oliver Pacheco Armenta, Nóe Francisco Muñoz Escárcega, Alfonso Becerra Allen y Daniel Alberto Álvarez Calderón, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y en términos restringidos del aludido numeral a Juan Carlos Barrí Baeza, Gerardo Esparza Neumann, Leticia Bribiesca del Valle, Arcadio Scudiero, Antonio Cázares Rodríguez y Enrique Hernández Santiago, por no tener sus cédulas profesionales en el sistema aludido y por así haberlo solicitado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 20 DE ENERO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO:Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo laboral 693/2021, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Concepción Ochoa Hagar, Fátima María Cruz Ochoa y Bernardo Cruz Guerrero; contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, así como informe justificado de la junta responsable, autos originales del expediente 4/19/2068 relativo al juicio laboral, en virtud de que por auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda propuesta; atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asume la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al tribunal de alzada en vía de acuse de recibo. En razón de lo anterior, regístrese la demanda en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número consecutivo 29/2022-V y fórmese expediente electrónico e impreso. Ahora bien, con fundamento en lo que se establece en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva a desechar la demanda, por los motivos que a continuación se expondrán. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se extrae que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva o resolución final, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto, respectivamente, según la naturaleza del acto, que se intente contra dicha determinación que ponga fin al juicio, pues tendrá la posibilidad de impugnar todas y cada una de las de las violaciones que se hayan cometido, no sólo en la resolución aludida, sino en todo el procedimiento. Por ello, no causa por sí mismo una afectación grave, trascendental e irreparable a los promoventes y no puede ser considerado como acto de imposible reparación, sino que únicamente forma parte del proceso, que debe sustanciarse en todas sus etapas. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sentado lo precedente, toda vez que el acto materia de reclamo consiste en la resolución emitida el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, que declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el quejoso en contra de la demanda, así ligado con ello, la parcialidad en el actuar de la junta responsable dentro del procedimiento 4/19/2068, como se dijo, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, virtud que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que, las consecuencias de la determinación reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Esto es así, en razón de que no constituye por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, no proceda el juicio de amparo biinstancial, toda vez que la naturaleza del acto reclamado se considera meramente procesal y no afecta directa o indirectamente algún derecho sustantivo; asimismo tampoco ocasiona afectación al demandado en el procedimiento de origen, pues el perjuicio únicamente se refiere a que continúe el juicio con la representación de la parte que señaló en el escrito de contestación, pero no impide la participación procesal de la parte quejosa, ni implica que necesariamente dentro de ese procedimiento original se emita una sentencia contraria a los intereses del demandado. Así resulta, ya que de obtener el agraviado una sentencia favorable a sus intereses en el procedimiento administrativo de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo directo que se intente en contra de dicho fallo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis que se contempla en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 (registro 2006589), que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos arábigos 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo que se establece en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Concepción Ochoa Hagar, Fatima María Cruz Ochoa y Bernardo Cruz Guerrero, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia que se prevé en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.

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