Consuelo Ramírez González
Expediente 1221/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Consuelo Ramírez González
- Secretaría de Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indigenas Residentes de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
(28/09/2022).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 23/09/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual solicita que se requiera al quejoso ****, para que se presente en las instalaciones de la autoridad responsable a efecto de continuar con los trámites administrativos y así dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo de referencia, requiérase al quejoso Gilberto García Vázquez, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en las instalaciones que ocupa la Subdelegación de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en calzada Ignacio Zaragoza, número mil setecientos once (1711), colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa, código postal cero nueve mil doscientos veinte, en la Ciudad de México, con credencia pensionista, original y copia, credencial de elector con dos copias, CURP actualizado y cedula de identificación fiscal, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, debiéndolo hacer del conocimiento de éste Juzgado dicha circunstancia, apercibido que en caso de no hacerlo así, se entenderá su desinterés en el asunto y se decretará cumplida la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. De igual modo, requiérase a la Subdelegación de Prestaciones de la Zona Oriente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en cuanto acuda Gilberto García Vázquez, exhiba el título de quedito a nombre del quejoso por la cantidad de ****, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 del Código invocado, de conformidad con lo previsto en los artículos 158, 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el escrito signado por Reyna Iveth Sánchez González, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita a este juzgado que se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta tomando conocimiento de su contenido, debiendo estarse a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe. """""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA __ EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de cuenta a través de la cual la quejosa Consuelo Ramírez González, ratifica el contenido y firma del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el doce de agosto de dos mil veintidós, registrado con el número de promoción 019857; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngase por ratificado el escrito de mérito, por ende, por desahogada la prevención formulada en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, conforme con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113, de la Ley de Amparo, a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En principio, previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis de la demanda, se advierte que la promovente señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO La convocatoria pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes, publicada el treinta de mayo del presente año, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En ese contexto, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la demanda por ser manifiesto e indudable, a saber, la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación." De la porción normativa trascrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se impugnan resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Establecido lo anterior, conviene destacar que en el caso, como se dijo, la quejosa reclama "La convocatoria pública para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes, publicada el treinta de mayo del presente año, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. De dicha convocatoria se desprende que la misma se emitió, entre otros, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el Expediente SCMJDC150/2021 y acumulados, la cual vinculó a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México a implementar el Sistema de Registro y los correspondientes procedimientos "para la acreditación de la condición de pueblos y barrios originarios, así como para el registro de sus integrantes." En efecto, en la sentencia aludida el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la parte que interesa, determinó lo siguiente: ". 3. Omisión de establecimiento de plazos ciertos El agravio en estudio se considera fundado, puesto que, si bien el Tribunal local vinculó a las autoridades que participan en el proceso de reconocimiento de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, no se precisó que el procedimiento debe realizarse previo a la realización del próximo proceso de participación ciudadana relacionado con COPACO, con el objeto de que, de ser el caso, los pueblos y barrios a los que pertenecen las partes actoras, se les otorgue tratamiento como tales. En efecto en la sentencia impugnada se vinculó: A la Secretaría y a las demás autoridades relacionadas, para que, cada una dentro de su ámbito competencial, continuaran con los trabajos que habían venido realizando, a fin de implementar el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y los correspondientes procedimientos para la acreditación de esa condición, así como el registro de sus integrantes. Al Instituto local, para coadyuvar a esa labora, con las herramientas que estuvieran a su alcance, siempre en atención a su esfera competencial. Lo anterior, con la finalidad de que, en su momento, el Instituto Local, realice los ajustes al Marco Geográfico y al Catálogo de Pueblos y Barrios. Sin embargo, tal como lo sostienen las partes actoras, no se estableció un plazo para la realización de las actuaciones, lo cual, genera incertidumbre respecto a futuros ejercicios de participación ciudadana, por lo que vulnera el principio de certeza. El principio de certeza, contenido en los artículos 41 y 116 de la Constitución, que funge como una garantía para el respeto del orden jurídico, en el que están inmersos los valores, principios y derechos fundamentales reconocidos en ella, los tratados internacionales y la legislación secundaria. Este principio fundamental tiene como finalidad que no exista duda o incertidumbre en cuanto al contenido de las normas y actos que establecen o determinan las directrices para su válida celebración, ya que resulta imprescindible que todas las personas participantes en los procedimientos democráticos conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas que rigen la actuación de todos los sujetos que han de intervenir, así como las de las autoridades electorales. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 96 de la Ley de Participación las COPACO se eligen cada tres años, lo cual implica que el siguiente proceso electoral se llevará a cabo en dos mil veintitrés, por lo que, es necesario que previo a éste, se definan los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, puesto que, entonces se estaría en posibilidad de realizar los ajustes necesarios a efecto de que se les dé el tratamiento como tales en ese proceso a quienes se integren a dicho catálogo oficial. Al respecto, debe precisarse, que si bien, como sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver el juicio SCM-JDC-126/2020, debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país es necesaria la suspensión de determinadas actividades con la finalidad de proteger los derechos de las y los integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, lo cierto es, que existen actividades tendentes a determinar si se les reconoce tal carácter y que eventualmente podrían llevarse a cabo aun en el contexto de la pandemia. Inclusive, en la sentencia impugnada se enlistan los actos que se han llevado a cabo por el Instituto local y por la Secretaría. En tal contexto, en concepto de esta Sala Regional, a efecto de dotar de certeza a las partes actoras, lo procedente es modificar la sentencia impugnada, para vincular a la Secretaría y demás autoridades relacionadas, así como al Instituto local para que establezcan un cronograma de trabajo, con la finalidad de que, de manera previa a la celebración del siguiente procedimiento de participación ciudadana en que se designen COPACO, en el ámbito de sus competencias, se concluya con el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como el Marco Geográfico y Catálogo de Pueblos y Barrios Originarios. . OCTAVA. Efectos. De conformidad con lo razonado, se modifican los efectos 4.4 y 4.5 de la sentencia impugnada para quedar de la siguiente manera: 4.4. Se vincula a la Secretaría y a las demás autoridades relacionadas, para que, cada una dentro de su ámbito competencial, continúen con los trabajos que han venido realizando, a fin de que de implementar el Sistema de referencia y los procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos y barrios originarios, así como para el registro de sus integrantes. ." En esas condiciones, si bien es cierto, la convocatoria reclamada por la quejosa, no constituye propiamente una resolución emitida por el Tribunal Federal Electoral, si es un acto emitido en cumplimiento una sentencia emitida por el referido Tribunal, quien, conforme al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la máxima autoridad jurisdiccional en esa materia, funciona como entidad especializada, lo que trae como consecuencia que su competencia se constriña a resolver sobre la constitucionalidad de o ilegalidad de actos y resoluciones emitidos por las autoridades y órganos jurisdiccionales federales o locales en materia electoral, por ello gozan de autonomía e independencia en sus decisiones. Decisiones como la que dio origen a la convocatoria reclamada, respecto de la que este juzgado carece de facultades para analizarla en cuanto a su constitucionalidad, pues deriva de una decisión firme dictada por dicho Tribunal, quien, en todo caso, es el que debe decidir si la convocatoria reclamada cumple o no con lo mandatado en su decisión; por ende, este juzgado no tiene la competencia para analizar el acto que aquí se reclama y tampoco es la vía legal idónea para combatirlo. Es aplicable en lo conducente la tesis a a en aptitud de determinar si de rubro, texto y datos de localización siguientes: ACUERDO QUE DETERMINA PROCEDENTE UNA SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo prevé la improcedencia del juicio cuando se impugnen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Por tanto, cuando se impugna un acuerdo mediante el cual se declara procedente una solicitud de consulta popular fundada en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo, dicha causal de improcedencia se actualiza de forma manifiesta e indudable. Lo anterior, porque además de que la autoridad que emitió el acuerdo impugnado como acto de aplicación de una normativa de contenido eminentemente electoral se trata de una autoridad en esa materia, sin duda, aunado a que la organización y el desarrollo de un mecanismo de democracia directa, como lo es la consulta ciudadana o popular, tiene un contenido propio de un proceso electoral, en que se vinculan, al igual que en las elecciones de representantes populares, contenidos propios de derechos político electorales, en los que debe garantizarse el voto universal, libre, secreto y directo; así como las demás garantías previstas constitucionalmente para su ejercicio." (Registro digital: 2019045, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: XXVII.3o.155 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2272, Tipo: Aislada) Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular." (Registro digital: 167034, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: I.15o.A.136 A, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009, página 1859, Tipo: Aislada) Por lo tanto, como la convocatoria reclamada se dictó en cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el Expediente SCMJDC150/2021 y acumulados, respecto de la cual este juzgado carece de facultades para analizar su constitucionalidad y, por ende, la de dicha convocatoria, es evidente que el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, este Juzgador considera que en el presente asunto, también se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal; y, 5, fracción I, y 6, de la citada Ley, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Dicho numeral, en su primer hipótesis, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, o bien, carezca de legitimación para promover el juicio de amparo, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la Ley. En relación con dicho normativo, se acude a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que señala: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, debe acudirse a los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que se insertan enseguida: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De la concatenación legal de los anteriores dispositivos se advierte, en lo que interesa, que el artículo 107, fracción I, señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En los demás preceptos se establece que resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, para promover el juicio de amparo se deberá demostrar tener un interés jurídico o interés legítimo para combatir el acto reclamado, para lo cual, se deberá acreditar fehacientemente el derecho que le asiste para ello, el cual en ningún momento podrá inferirse con base en presunciones. Para entender en qué consiste la legitimación, es necesario hablar del interés procesal, el cual se encuentra ligado al derecho de acceso a la jurisdicción. En efecto, el derecho de acceso a la jurisdicción encuentra su fundamento en el artículo 17, Constitucional, que en su segundo párrafo señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales Como se desprende del precepto referido, el derecho de acceso a la jurisdicción no sólo conlleva la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes, previamente, establecidos, solicitando impartición de justicia, sino que además, conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración. Ello es así, pues el artículo 14, Constitucional, en su segundo párrafo, también ordena que nadie sea privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, bajo los principios de certeza y seguridad jurídica que conforme a los preceptos constitucionales referidos deben brindar las leyes, se puede afirmar que si bien cualquier persona que tenga "interés" en una determinada pretensión, puede poner en movimiento al órgano jurisdiccional, ello no implica que necesariamente vaya a obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, sobre todo si sus pretensiones son de índole civil, pues el artículo 14, Constitucional, ordena que las sentencias que se dicten en esa materia sean conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, o en su defecto acorde a los principios generales del derecho, por tanto, para poder obtener una sentencia favorable a sus intereses, el que accede a la jurisdicción debe ajustar su actuar a ciertos requisitos o condiciones tanto de índole sustantivo como adjetivo. El interés, es lo que da legitimación a las partes en el juicio; por tanto, la legitimación puede ser activa o pasiva (activa es la que corresponde a la parte actora y la pasiva a la parte demandada). Es así, que el requisito de la capacidad de las partes es un presupuesto procesal y por consiguiente un requisito de validez de la demanda. La capacidad procesal es una cualidad intrínseca y natural de la persona, a ella corresponde en el plano jurídico la posibilidad de ejercer válidamente los derechos inherentes a ella; esta posibilidad se llama legitimación en el proceso, que no debe confundirse con la legitimación en la causa que es la necesidad de accionar. Para este asunto, es necesario fijar la atención en la legitimación activa por ser la que al caso interesa. Así, debe decirse que la legitimación activa, a su vez, puede ser de dos tipos, "ad procesum" y "ad causam". La legitimación "ad procesum", la puede tener cualquier persona que comparezca a juicio al amparo de una pretensión, ya sea por sí o por interpósita persona, pero el que una persona cuente con esa legitimación, la cual surge al amparo del simple ejercicio del derecho a la jurisdicción, no implica que en automático, tenga legitimación "ad causam", pues ésta sólo la tiene aquel que tiene una pretensión legitima al amparo de la ley, es decir aquella que conforme a la ley, tiene la posibilidad de obtener una pretensión favorable a sus pretensiones. En efecto, se habla de una posibilidad, pues aun y cuando al amparo de la ley, al actor le asista el derecho que reclama le sea respetado o reconocido, puede acontecer que por una mala asesoría en el procedimiento no ofrezca oportunamente sus pruebas o tenga alguna falla que le impida el dictado de una sentencia favorable a sus intereses. Como se ve, la legitimación "ad procesum" y la legitimación "ad causam" son diversas, pues si bien, la persona que comparece a juicio al amparo de una pretensión puede tener la primera, no necesariamente implica que cuente con la segunda. Esto es así, pues la legitimación "ad procesum", únicamente se refiere a la capacidad que se tiene para actuar; es decir, la legitimación "ad procesum" se identifica con un presupuesto procesal de personalidad, que se refiere a la capacidad que tienen las partes para obrar válidamente actos procesales ya sea por si o a través de sus legítimos representantes; en cambio, la legitimación "ad causam", se identifica con la vinculación que existe entre un derecho reconocido en la ley y aquel que lo invoca a su favor. Es decir, la legitimación "ad causam" no es su presupuesto procesal, sino una cuestión substancial, que equivale al presupuesto mínimo de la pretensión de aquel que desea obtener una sentencia de fondo favorable a sus intereses. Así, aunque jurídicamente es inadmisible que un individuo venga a juicio alegando una pretensión susceptible de reconocimiento judicial sin demostrar su interés, si lo hace, únicamente tendrá legitimación procesal, pero no una legitimación "ad causam", pues ésta sólo la tiene aquel que demuestra que la acción que intenta, tiene sustento en un derecho sustantivo que la ley reconoce a su favor. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. (Época: Novena Época. Registro: 196956. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 75/97. Página: 351). También, son aplicables, en lo conducente, los criterios siguientes: LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA. La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados. (Época: Novena Época. Registro: 189294. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, julio de 2001. Materia(s): Civil, Común. Tesis: VI.2o.C. J/206. Página: 1000). INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera). (Época: Novena Época. Registro: 166405. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, septiembre de 2009. Materia(s): Común. Tesis: I.7o.A.129 K. Página: 3144). En el caso, como se dijo, del análisis realizado al escrito de demanda se advierte que la promovente acude a la presente instancia judicial, por su propio derecho, señalando como acto reclamado la convocatoria publicada para constituir el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes, publicada el treinta de mayo del presente año. Ahora bien, cabe precisar que del contenido de la convocatoria reclamada, se advierte lo siguiente: "LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONVOCA A LOS GRUPOS SOCIALES DE PERSONAS QUE SE AUTOIDENTIFIQUEN COLECTIVAMENTE COMO PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS O COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESENTAR SU SOLICITUD PARA INTEGRAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Por lo tanto, tomando en consideración que la quejosa promueve la presente instancia constitucional, en contra de la citada convocatoria, carece de legitimación para hacerlo, pues dicha convocatoria está dirigida a todos los grupos sociales de personas que se auto identifiquen colectivamente como pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, a presentar su solicitud para integrar el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, más no a la peticionario del amparo de manera individual; además, como se señaló párrafos arriba, dicha convocatoria fue emitida en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el Expediente SCMJDC150/2021 y acumulados, que vincula a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México a implementar el Sistema de Registro y los correspondientes procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos y barrios originarios, así como para el registro de sus integrantes, de la cual la quejosa no es parte en dicho expediente, tal como lo señaló en el escrito que ratificó. En consecuencia, con apoyo en lo que dispone el artículo 61, fracciones, IV y XII, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda promovida por Consuelo Ramírez González, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en ***
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***** Ciudad de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no están integradas las constancias de notificación del auto de cinco de julio actual y del proveído de veinticuatro de junio de este año, a efecto de obtener el cumplimiento del fallo protector. Ahora, tomando en cuenta que cumplimiento de una sentencia de amparo de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, Con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y al DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en su carácter de autoridades responsable y vinculada, para que en el plazo de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido de que para ello deben: - Haber solicitado y otorgado la suficiencia presupuestal por la cantidad líquida que se le debe devolver a la parte quejosa, que asciende a $27,499.63 (veintisiete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 63/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo, correspondiente al año dos mil diecinueve. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con invocado artículo 297, fracción I, dada la naturaleza de los actos a realizar REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la Fiscal y a la Coordinadora General de Administración, de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superiores jerárquicas, conminen a sus subordinados a que den cumplimiento al fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acrediten haber ordenado a la directa responsable y vinculada el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismas a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismas. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá, a cada una de las personas físicas que ocupen el cargo de las citadas autoridades, una multa de cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 236/2021-VIII, así como copia certificada del testimonio de la resolución dictada mediante sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, en el toca R.A.-151/2022. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: PRIMERO. En la materia competencia delegada de este Tribunal Colegiado, se desecha por improcedente el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que haya lugar a acusar el recibo del estilo correspondiente, por así haberlo expresado el Tribunal oficiante. Ahora bien, conviene precisar que los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En ese sentido, conviene precisar que mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al precepto constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que le corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele. Por ende, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se requiere a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles, dada la naturaleza de los actos a realizar, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual, deben cumplir cabalmente con lo ordenado en el fallo protector, esto es: Desvincule de la esfera jurídica del quejoso, los "Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, para el personal de la rama ministerial, rama policial, rama pericial y del nuevo sistema de justicia penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, y su aplicación". ? Realice el cálculo del aguinaldo de dos mil veinte, que le corresponde a la aquí parte quejosa con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. ? Pague la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del citado código y del artículo 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y en el tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (antes Oficial Mayor), para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas la totalidad de las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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