Conrrado Alfonso Guitierrez
Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1156/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Conrrado Alfonso Guitierrez
- Fredi Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En la Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 152/2021, por el Tribunal Colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado resolvió lo siguiente. PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, dictada en el juicio de amparo 199/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Fernando Eder Elizalde Alcántara contra los actos reclamados a las autoridades responsables y para los efectos precisados en el considerando quinto de la sentencia recurrida. Acúsese el recibo del testimonio que se atiende. Precisado lo anterior es oportuno precisar que la sentencia de amparo, concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al dispositivo constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele. Ahora, en términos de la sentencia de amparo, previo a realizar el pago, de alguna cantidad a favor de la parte quejosa, la autoridad administrativa, de acuerdo con el artículo 84, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y el numeral Vigésimo Sexto, fracción II, de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, vigente en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, el cual establece lo siguiente: II. El cálculo del aguinaldo será responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En esas condiciones, se advierte que es el propio Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quien, previo a materializar algún pago a favor del quejoso debe, primero: realizar el cálculo del aguinaldo que le corresponde al quejoso, por el ejercicio fiscal de dos mil veinte, con base en el salario tabular considerado como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria y, después, en caso de que existan diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse; deberán pagar dichas cantidades a la parte quejosa, por lo que necesariamente debe realizar ese cálculo antes de realizar un pago. En ese sentido, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se otorga el plazo de DIECISIETE DÍAS a las siguientes autoridades: responsable, vinculadas y sus respectivos superiores jerárquicos, para que, en el ámbito de su competencia den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se determina como plazos razonables y determinados para realizar cada uno de los actos siguientes: 1.- Respecto de la autoridad directamente responsable y la vinculada Director General de Recursos Humanos y Director de Operación y Control de Pago y su superior jerárquico Oficial Mayor, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, se les otorga CINCO DÍAS, para realizar lo siguiente: a) Elaborar la planilla de liquidación a favor del quejoso, en la cual se realice el cálculo del aguinaldo que le corresponde al quejoso, por el ejercicio fiscal de dos mil veinte, con base en el salario tabular considerado como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria En caso de que se determine una cantidad a favor a la parte quejosa, procederá lo siguiente: 2.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, se les otorga DOS DÍAS, para realizar lo siguiente: b) Acreditar que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a favor del quejoso. 3.- Respecto de la autoridad vinculada Director General Jurídico y Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal y su superior jerárquico Subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos, ambos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, se les otorga DOS DÍAS, para realizar lo siguiente: c) Solicitar a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, el otorgamiento del visto bueno. 4.- Respecto de la autoridad vinculada Director General de Servicios Legales y su superior jerárquico Consejero Jurídico, ambos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, se les otorga DOS DÍAS, para realizar lo siguiente: d) Otorgar el visto bueno de los recursos económicos, para realizar el pago que le corresponde al quejoso, y notificárselo al Director General Jurídico y Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia. 5.- Respecto de las autoridades vinculadas Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Director de Fondos y Valores de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y sus respectivos superiores jerárquicos Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, y Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se les otorga UN DÍA, para realizar lo siguiente: e) Elaborar el contra-recibo a nombre de los impetrantes del amparo, respectivamente. 6.- Respecto de las autoridades vinculadas Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Director de Fondos y Valores de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y sus respectivos superiores jerárquicos Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, y Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se les otorga DOS DÍAS, para realizar lo siguiente: f) Gestionar el título de crédito a nombre del quejoso, por la cantidad que le corresponde. 7.- Respecto de la autoridad directamente responsable Director General de Recursos Humanos y su superior jerárquico Oficial Mayor, ambos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia, se les otorga TRES DÍAS, para realizar lo siguiente: g) Citar y entregar el cheque respectivo al quejoso, por la cantidad que le corresponde, respectivamente. Por lo tanto, toda vez que ya se otorgó el término prudente y determinado, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio electrónico suscrito por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, informa a este Órgano Jurisdiccional que remitió los autos del recurso de queja Q.A. 107/2021, al Decimosegundo Tribunal Colegiado en la misma Materia; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos y la Magistrada Titular de la Primera Ponencia, ambas de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual, acusan recibo del diverso 17693/2021, del índice de este juzgado, a través del cual se hizo de su conocimiento la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agregan en autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el BANCO AUTOFIN MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por medio del cual, informa que dio cumplimiento a lo ordenado en interlocutoria de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, desbloqueando la cuenta número 00001016504. Con fundamento en el artículo 221 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y en obvio de mayores dilaciones procesales se requiere a la parte quejosa, QUE EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído; manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las manifestaciones y constancias que vierte la autoridad oficiante, apercibida que en caso de no desahogar, este juzgado acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
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