Consuelo Padilla Garfías

Expediente 349/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
349/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Consuelo Padilla Garfías

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de trece de abril de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Rector, Presidente del Consejo Universitario y Tesorero, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegado; mismo que fue notificado a las partes el dieciséis siguiente (foja 298). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el veintitrés de febrero de dos mil quince (fojas 97 a 122), por este Juzgado de Distrito y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veintiocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 167-246), pronunciada en el toca 105/2015, se concedió la protección constitucional a la quejosa Hortencia Santoyo Huacuz, para los efectos que se reproducen: "Desincorporar a la quejosa de la obligación de cubrir la cuota de inscripción en los subsecuentes ciclos escolares, en todos aquellos estudios que realice hasta el nivel de licenciatura". Esto es, en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional se determinó que la Universidad Michoacana, en tanto organismo descentralizado por servicio del Estado de Michoacán, al ser parte de la estructura estatal y depender del Poder Ejecutivo, en términos de la jurisprudencia 2a./J 178/2012, le son aplicables los artículos 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que establecen el derecho a la gratuidad de la educación superior impartida por el Estado. Además, no era óbice el que se tratara de una universidad autónoma, porque la autonomía, como garantía institucional, si bien le confiere facultades de autogobierno para elegir autoridades y darse su propia normatividad, no la excluía de la estructura estatal ni la eximía de cumplir, como cualquier otro organismo, con lo dispuesto en las normas jurídicas del país y de someter su actuación a control judicial. Y, por ende, la Universidad Michoacana debió respetar la gratuidad de la educación superior establecida en la Constitución Local; consecuentemente, el concepto de violación expuesto en la demanda de amparo resultó fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal; evidentemente, toda vez que la quejosa es alumna regular inscrito en la Universidad, quedó claro que tiene el carácter de sujeto activo del derecho humano a la educación gratuita. Además de los argumentos trazados en nuestra ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, de conformidad con los puntos a) y b) del párrafo 243 del amparo en revisión 750/2015, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adicionó obligaciones complementarias que debían llevar a cabo las autoridades responsables, en los términos siguientes: a) Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad Michoacana los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la quejosa, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción. En el entendido de que deberá cubrir las cuotas de inscripción del quejoso, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. b) Para la Universidad Michoacana y sus autoridades, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la parte quejosa, esto es, como mínimo, evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Esto es, en la sentencia, estimó -atendiendo a la línea considerativa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- que las autoridades recurrentes no justificaron las medidas regresivas reclamadas, porque se limitaron a afirmar que carecían de recursos. Ello era así, pues no aportaron prueba alguna que demostrara suficientemente la ausencia de recursos, que aplicaron todos los disponibles, que realizaron todos los esfuerzos razonables para obtenerlos, o que los emplearon para garantizar otro derecho fundamental de mayor importancia relativa, dadas las circunstancias. Por tanto, consideró que las autoridades recurrentes violaron en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la educación superior gratuita previsto en el artículo 3o., de la Constitución Federal y desarrollado en el artículo 138 de la Constitución Local, así como el principio de progresividad previsto en el artículo 1o., de la Constitución Federal; por lo que, confirmaron la sentencia emitida por este juzgado federal y concedieron el amparo en sus términos. Luego, por auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento (fojas 247-248). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el delegado de la autoridad responsable Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, remitió el oficio sin número, al cual anexó copia del diverso comunicado 10/2018, por el que instruye al Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación de dicha casa de estudios, a fin de que sean cancelados los adeudos correspondientes a la inscripción de la quejosa y no le sean cobradas las cuotas de inscripción en los subsecuentes ciclos escolares en el nivel licenciatura que curse en esa institución (fojas 270 y 271). En relación al Gobernador, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en su representación, envió copia del oficio CJEE/DACL/489/2017, por medio del cual solicita al Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que del presupuesto que le fue asignado a dicha casa de estudios, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, destine los recursos necesarios que garanticen la gratuidad en la educación en dicha institución de la parte quejosa; y si bien, no refiere expresamente el nombre de la solicitante del amparo, lo cierto es que pide que el acatamiento al fallo protector se realice conforme a la obligación que le fue impuesta (fojas 258-259). Luego, el veintiocho de febrero del año en curso, al calificar el cumplimiento dado a la sentencia concesiva del amparo, este órgano jurisdiccional no tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al advertir que a la quejosa Hortencia Santoyo Huacuz, no se le había devuelto la cantidad que puso a disposición de la institución educativa que a la postre resultó que no le correspondía percibir; motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Consejo Universitario y Tesorero de dicha institución, para que dieran debida observancia al fallo constitucional (fojas 274-278). Así, en relación al requerimiento efectuado el veintiocho de febrero de la anualidad que transcurre, mediante comunicación oficial sin número de ocho de marzo pasado (foja 287), el delegado de las autoridades señaladas como responsables de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, remitió copia de la diversa misiva, por la cual la abogada general y apoderada del Rector de dicha casa de estudios, solicitó al Tesorero de esa institución educativa, que girara las instrucciones correspondientes a fin de que se expidiera un cheque a favor de la solicitante del amparo Hortencia Santoyo Huacuz, por concepto de devolución de inscripción pagada en el ciclo escolar 2014-2015 (foja 288). Después, por oficio sin número de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el citado delegado en el párrafo precedente, comunicó que giró el calco 341/2018 a la quejosa a fin de hacer de su conocimiento que en las oficinas que ocupa la Tesorería Universitaria, se encontraba a su disposición el cheque 0000102, valioso por la cantidad de cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de devolución de pago de la inscripción que efectúo para ingresar al ciclo escolar 2014-2015; y, para acreditarlo, allegó copia certificada de lo siguiente: Oficio 341/2018, girado a la solicitante de derechos Hortencia Santoyo Huacuz, con el cual le exhorta para que acuda a la Tesorería Universitaria, a recoger el título de crédito expedido a su favor (foja 291). Conviene precisar que de las documentales destacadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Después, mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa Hortencia Santoyo Huacuz, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, compareciera ante las oficinas de la Tesorería de la autoridad responsable correspondiente a fin de que se le hiciera entrega del numerario consistente en $420.00 [cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional], que erogó por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por desinteresada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se calificaría éste con las constancias que obraban en autos (foja 293). Proveído anterior que fue notificado a la parte quejosa por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, el veintiséis de marzo anterior, tal como se advierte a foja 295. Luego, el delegado de las autoridades señaladas como responsables de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante misiva presentada el doce de abril de la anualidad en curso en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, informó que la quejosa Hortencia Santoyo Huacuz, hasta esa fecha, no había comparecido a recoger el cheque emitido en su favor, valioso por la cantidad $420.00 [cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional], que erogó por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015. En tales condiciones, del examen de las documentales citadas y valoradas con anterioridad, hacen patente que, respectivamente, las autoridades responsables, cumplieron con: Por lo que hace al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, la obligación de transferir a la Universidad Michoacana los recursos para garantizar la gratuidad de la educación que recibiera la quejosa, hasta el nivel de licenciatura, lo que incluyó los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción, los cuales fueron cubiertos con los recursos estatales del presupuesto de esta Entidad Federativa. En cuanto a la Universidad Michoacana y sus autoridades, desincorporó a la peticionaria de la obligación de cubrir la cuota de inscripción en los subsecuentes ciclos escolares, en todos aquellos estudios que realizara hasta el nivel de licenciatura. Luego, se abstienen de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la solicitante del amparo, esto es, cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior. Finalmente, ordenó la devolución de la cantidad que enteró por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015. De ahí que, al haber realizado las autoridades responsables las acciones anteriores, así como ordenar la devolución de la cantidad que erogó por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015, se eliminó la afectación de la cual sufría. Sin que sea óbice, la circunstancia de que la quejosa no haya recogido -ante la responsable- el título de crédito valioso por la cantidad de $420.00 [cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional], que erogó por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015; dado que esto es atribuible a la conducta desinteresada de la directamente agraviada, no obstante que de acuerdo a la información proporcionada por la responsable, tal peculio fue puesto a su disposición. Es más, este juzgado emitió proveído -veintitrés de marzo del año en curso, el que fue notificado respectivamente el veintiséis siguiente-, requiriéndola para que se presentara ante la responsable a efecto de que tal cheque le fuera entregado, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que, respectivamente, las responsables acataron lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues a la quejosa se le desincorporó de la obligación de cubrir la cuota de inscripción de los subsecuentes ciclos escolares, en todos aquellos estudios que realice hasta el nivel de licenciatura. Además, se transfirieron los recursos necesarios a la Universidad Michoacana, para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la quejosa, hasta el nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción, las cuales son con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán. Asimismo, la Universidad Michoacana y sus autoridades se abstuvieron de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba la quejosa, al evitar cobrarle la cuota de inscripción durante su educación superior. Y, finalmente, la citada casa de estudios, ordenó la devolución actualizada de la cantidad que enteró la quejosa por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la solicitante del amparo no hubiera cobrado el numerario que le fue devuelto por el concepto antes referido, toda vez que ello se debió a la conducta desinteresada por parte de ésta, quien, en su caso, tendrá el derecho de acudir ante la autoridad responsable a recogerlo, lo cual habrá de informárselo a la autoridad referida para que proceda a realizar la entrega a la parte quejosa; documento mercantil que la responsable deberá tener a disposición de la accionante constitucional, para cuando acuda a recibirlo. Es por esto que, no dejaron de hacer algo que se les haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que, respectivamente, las responsables no fueron más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue desincorporar a la quejosa de una obligación, transferir los recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la solicitante del amparo, hasta el nivel licenciatura, lo que incluía, al menos, los recursos necesarios para cubrir las cuotas de inscripción, con cargo a los recursos estatales del presupuesto del Estado de Michoacán, abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación superior que reciba, esto es, evitando cobrarle las cuotas de inscripción durante su educación superior y, la devolución de la cantidad que enteró por concepto de pago de inscripción para ingresar al ciclo escolar 2014-2015. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I, y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los cuadernos incidentales, así como la devolución de las documentales que exhibió como prueba en el presente juicio la parte quejosa, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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