Consuelo Hernández García

Expediente 360/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
360/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Consuelo Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; por tanto, se hace constar que el doce de enero actual, se reanudaron las labores presenciales de este juzgado federal, para los efectos legales pertinentes. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Consuelo Hernández García y tercera interesada Marisa Azucena Rodríguez Tinoco, interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, es susceptible de destrucción. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales a la quejosa y tercero interesada María Azucena Rodríguez Tinoco, como tampoco de garantía alguna, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la última en el incidente de suspensión respectivo. Por otro lado, dado que resulten innecesario su retención, se ordena devolver al magistrado responsable las documentales y registro audiovisual que adjuntó a su informe justificado; en la inteligencia que deberá remitir el acuse de recibo correspondiente en el plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que las recibió a entera satisfacción. Ahora, dado que en el expediente electrónico de este juicio no se observa la notificación al agente del Ministerio Público adscrito a la sala penal responsable, se ordena que junto al oficio que se expida por este auto, se le adjunte copia confirmas digitales de la sentencia en comento, para los efectos legales conducentes. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico. Notifíquese; por oficio a la fiscal adscrita a este juzgado, así como a la autoridad responsable y fiscal tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado, Juan Francisco Orozco Córdova, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, asistido de la licenciada Claudia Paulina García Ortiz, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-360/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veinte, ALICIA ISAMAR SANTACRUZ HIDALGO, en su carácter de defensora particular de la CONSUELO HERNÁNDEZ GARCÍA solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de quien reclamó la resolución dictada el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda este Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán, misma que se registró con el número 360/2020, y se admitió a trámite por auto de nueve de julio del año actual, data en la cual se ordenó notificar la tramitación de este juicio a la representación social adscrita, se solicitó el informe de la responsable. Así, en el transcurso del procedimiento, en auto de veintidós de julio del año que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Marisa Azucena Rodríguez Tinoco, quien fue debidamente emplazada al presente juicio, como se observa de la constancia que obra en autos; así, colmados los requisitos legales del caso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional el veintiuno de agosto del año actual, en los que términos que se observan del acta correspondiente, quedando los autos en estado para dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, mediante oficio 4873/2020 el Juez de control, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, informó a este juzgado federal que en el proceso penal de donde emanan los actos reclamados, se tomaron las determinaciones siguientes: Se autorizó a la acusada Consuelo Hernández García, el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, al satisfacerse los requisitos de oportunidad y procedencia que establecen los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Se aprobó el plan de reparación acordado por la acusada y la víctima, que consistirá en el pago de la suma total de $9,000,00 pesos, en 3 exhibiciones de $3,000.00 pesos cada una, que serán cubiertas en las siguientes fechas: 25 de agosto de 2021; 25 de agosto de 2022; y, 25 de agosto de 2023. El plazo por el que permanecerá vigente la suspensión condicional del proceso será el de 3 años, por lo que el mismo concluirá el 25 de agosto de 2023. Durante ese término, la persona acusada estará sujeta a les condiciones establecidas en el artículo 195 fracciones I y II del CNPP, consistentes en: - Residir en el domicilio en el que actualmente habita, ubicado en la calle José Ma. Morelos, sin número, de la población de Unión Progreso, del municipio de Charo, Michoacán; habiéndosele enterado del deber de informar a este órgano jurisdiccional y a la autoridad supervisora cualquier cambio de domicilio que llegara a tener. - Abstenerse de realizar actos de molestia (por cualquier medio: personal, telefónico, virtual, a través de redes sociales, etcétera) en perjuicio de la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. Corresponderá a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la vigilancia del cumplimiento de dichas condiciones. Con motivo del acceso a la mencionada salida alterna, se generaron los siguientes efectos: el proceso penal y la medida cautelar a la que se encontraba sujeta la acusada Consuelo Hernández García, quedan suspendidos a partir de esta fecha; de igual manera, se interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal; el ministerio público deberá mantener en debido resguardo los registros de la investigación para el caso de que su utilización resulte necesaria con posterioridad; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 199 del CNPP. Se informó a la persona acusada el deber que tiene, de comparecer a cualquier audiencia a la que sea convocada; apercibida que, en caso de no hacerlo, sin justa causa, en el acto procesal de que se trate, será representada por la defensa. En atención a lo anterior, se solicitó al aludido juzgador de origen informara si contra la aludida determinación, cualquiera de las partes habría interpuesto el medio de impugnación ordinario que establece la legislación que lo rige. Así, en diverso oficio 8532/2020 recibido el catorce de octubre actual, el aludido juzgador de primera instancia informó que contra la determinación de autorizar a la acusada aquí quejosa Consuelo Hernández García el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, ninguna de las partes en ese procedimiento impugnó tal determinación; por lo que, en proveído del quince de octubre en comento, se ordenó tomar en consideración lo informado por el juez de la causa para el dictado de la sentencia que ahora se emite; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que las autoridades responsables que emitieron los actos reclamados tienen residencia dentro de la circunscripción territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso. En ese orden, del estudio integral de demanda, analizada como un todo, y en atención a la causa de pedir, se tiene que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable el acto siguiente: La resolución dictada por el magistrado responsable el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable que se enuncia a continuación: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Cierto Se robustece la existencia del acto reclamado con la copia certificada del toca de apelación XI-16/2020, y con el disco compacto que de igual modo remitió el magistrado responsable correspondiente a audiencias del juicio de origen 986/2019. Medios de convicción a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, ya que pone de relieve que el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en contra de la peticionaria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 186, tomo VI, Séptima época, materia común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es dable precisar que los actos reclamados son, como ya se dijo: La resolución dictada por el magistrado responsable el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra Precisado lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que en el asunto a estudio se actualiza respecto del citado acto reclamado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral y fracción citados disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Primeramente, cabe precisar que en los autos del proceso penal 986/2019, el Juez de control, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, mediante audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veinte, determinó lo que se anota a continuación: "Determiné que el hecho antes narrado, de lesiones, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 135 fracción I, inciso b), vinculados con los numerales 19 fracción 1, 20 fracción 1 y 24 fracción II, Código Penal del Estado (CPMICH), en agravio de Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. De igual modo, resolví que existían datos que permitían establecer que probablemente Consuelo Hernández García, en calidad de autor, al tenor de lo que señala el artículo 24 fracción III del CPMICH." ".siendo las 16:32 horas del día de hoy, emití auto de vinculación a proceso a Consuelo Hernández García, por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 135 fracción I, inciso b), vinculados con los numerales 19 fracción I, 20 fracción 1 y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán (CPMICH), en agravio de Marisa Azucena Rodríguez Tinoco" "16:34 horas. [Medida Cautelar]. Se impuso a la imputada Consuelo Hernández García, en el artículo 155 fracción VIII del CNPP, es decir: La prohibición de convivir, acercarse a una distancia menor a 5 metros, o comunicarse -por cualquier medio: personal, telefónico, electrónico o redes sociales- con la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco y con los testigos, siempre que ello no afecte el derecho de defensa". La imputada no estuvo conforme con la anterior determinación, por lo que interpuso en su contra recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde se registró tal medio de impugnación como toca XI-16/2020, y seguidos los trámites del caso, mediante sentencia del dieciséis de junio de dos mil veinte, la autoridad de alzada determinó confirmar tanto el auto de vinculación, como la medida cautelar impuesta a la ahora peticionaria de amparo. Siendo la anterior resolución la que constituye el acto reclamado en este juicio. Una vez anotada la materia de estudio en el presente juicio, lo procedente es indicar los motivos por los que se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La causa de improcedencia en cita tiene su razón de ser en la imposibilidad de que la autoridad de amparo lleve a cabo el estudio de actos con los cuales se encuentra conforme la parte quejosa, dado que no es jurídicamente permitido que en el juicio constitucional se pueda revocar, modificar o anular un acto que el propio peticionario de amparo no considere lesivo de sus derechos, precisamente por su conformidad con el mismo. Así, para dar claridad a la determinación preinserta, es menester traer a colación los razonamientos de orden legal expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la que se estableció lo siguiente: ". Ahora bien, con independencia de que la regulación específica que cada una de las legislaciones invocadas, asigna a las dos figuras procesales en estudio, podemos señalar que: Los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. (artículos 186 y 187 del Código Nacional) La suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. (artículos 50, 201 y 203 de la legislación de Chihuahua) En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto- el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. (artículos 186 y 189 del Código Nacional, así como 50, párrafos segundo y tercero, 203 y 204 de la legislación de Chihuahua) Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. (artículos 186 del Código Nacional y 209 de la legislación de Chihuahua) En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal (artículos 189, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional). Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la cuestión a resolver en la presente contradicción de tesis, consiste en: determinar si en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del acto reclamado, que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." (énfasis añadido) Pues bien, a juicio de esta Primera Sala, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. No se opone a la conclusión asumida, lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA SENTENCIA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.", dado en la ejecutoria de la que derivó, se analizó una hipótesis distinta a la que se presentó en esta contradicción de tesis. En efecto, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2010, se analizó el supuesto si la aceptación de un beneficio como la condena condicional o la sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, establecidas en la sentencia definitiva, implica el consentimiento de la sentencia para los efectos de la procedencia del amparo. En esa hipótesis, esta Primera Sala consideró que el hecho de que el sentenciado, se hubiese acogido a los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, otorgados en la sentencia condenatoria, no implica que consienta la sentencia definitiva, dado que el bien jurídico afectado por la aplicación de la pena de prisión es la libertad personal, que por ser un valor supremo, justifica que todo procesado en un juicio penal, agote todos y cada uno de los recursos que la ley le otorgue, a fin de conservarla o recuperarla, pues considerar lo contrario, esto es, que el acogerse al beneficio de la pena sustituta, implica que el inculpado aceptó los razonamientos y el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, significa dejarlo inaudito sin posibilidad alguna de combatirla no obstante que le agravia; o, lo que es más grave, condicionar el medio de defensa extraordinario a que permanezca en prisión. Como puede observarse, el caso que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, es distinta a la que se estudió en esta determinación, dado que los mecanismos de solución alterna no son equivalentes al beneficio de condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, básicamente porque éstos presuponen la imposición de una pena, mientras que aquéllos buscan resolver el conflicto penal sin necesidad de la imposición de una sanción, sino a través de la restauración del daño causado por el delito. De ahí que lo sustentado en dicho criterio jurisprudencial no se contraponga a lo resuelto en la contradicción de tesis que nos ocupa". La contradicción en comento dio origen a la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.), que indica: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". De la transcripción inmediata anterior se observa que el Más Alto Tribunal de Justicia del país determinó que si en un proceso penal, luego de dictada la vinculación al mismo, la parte imputada solicita y le es autorizada una salida alterna al mismo, ello sólo puede ser interpretado como una conformidad con la referida vinculación, precisamente porque la salida alterna de que se trate, parte de la base jurídica de una aceptación de la vinculación al procedimiento, pero optando por una alternativa de reparación del daño a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la legislación correspondiente. Dicho lo anterior, se tiene que en el presente asunto, el juez que conoce del proceso penal de origen informó que autorizó a la aquí quejosa las medidas siguientes: Se autorizó a la acusada Consuelo Hernández García, el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, al satisfacerse los requisitos de oportunidad y procedencia que establecen los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Se aprobó el plan de reparación acordado por la acusada y la víctima, que consistirá en el pago de la suma total de $9,000,00 pesos, en 3 exhibiciones de $3,000.00 pesos cada una, que serán cubiertas en las siguientes fechas: 25 de agosto de 2021; 25 de agosto de 2022; y, 25 de agosto de 2023. El plazo por el que permanecerá vigente la suspensión condicional del proceso será el de 3 años, por lo que el mismo concluirá el 25 de agosto de 2023. Durante ese término, la persona acusada estará sujeta a les condiciones establecidas en el artículo 195 fracciones I y II del CNPP, consistentes en: - Residir en el domicilio en el que actualmente habita, ubicado en la calle José Ma. Morelos, sin número, de la población de Unión Progreso, del municipio de Charo, Michoacán; habiéndosele enterado del deber de informar a este órgano jurisdiccional y a la autoridad supervisora cualquier cambio de domicilio que llegara a tener. - Abstenerse de realizar actos de molestia (por cualquier medio: personal, telefónico, virtual, a través de redes sociales, etcétera) en perjuicio de la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. Corresponderá a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la vigilancia del cumplimiento de dichas condiciones. Con motivo del acceso a la mencionada salida alterna, se generaron los siguientes efectos: el proceso penal y la medida cautelar a la que se encontraba sujeta la acusada Consuelo Hernández García, quedan suspendidos a partir de esta fecha; de igual manera, se interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal; el ministerio público deberá mantener en debido resguardo los registros de la investigación para el caso de que su utilización resulte necesaria con posterioridad; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 199 del CNPP. Se informó a la persona acusada el deber que tiene, de comparecer a cualquier audiencia a la que sea convocada; apercibida que, en caso de no hacerlo, sin justa causa, en el acto procesal de que se trate, será representada por la defensa. De lo anterior se observa que en el proceso de origen, la parte quejosa manifestó una conformidad tácita con el acto reclamado -confirmación de la vinculación al procedimiento y a la medida cautelar-, mediante la petición de una salida alterna a dicha causa penal, consistente en las medidas que se señalan líneas atrás; por tanto, es inconcuso que este juzgado federal se encuentra impedido para llevar a cabo el análisis de la legalidad del acto reclamado, dado que a nada práctico conduciría puesto que el procedimiento de origen, la propia imputada aquí quejosa ha aceptado las consecuencias legales del mismo, peticionando -y siendo autorizada- una composición alterna en el mismo. Máxime que, según lo informado por el propio juez de origen, tal determinación no fue impugnada por ninguna de las partes del procedimiento penal de origen, de modo que se encuentra surtiendo todos los efectos legales correspondientes. En esas condiciones, según se indicó, es evidente que en el presente caso se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que ocasiona que se decrete el SOBRESEIMIENTO del mismo, en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley en consulta, por los motivos y fundamentos expuestos en este considerando. Finalmente, hágase las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por CONSUELO HERNÁNDEZ GARCÍA, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el último considerando de esta determinación.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-360/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veinte, ALICIA ISAMAR SANTACRUZ HIDALGO, en su carácter de defensora particular de la CONSUELO HERNÁNDEZ GARCÍA solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de quien reclamó la resolución dictada el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda este Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán, misma que se registró con el número 360/2020, y se admitió a trámite por auto de nueve de julio del año actual, data en la cual se ordenó notificar la tramitación de este juicio a la representación social adscrita, se solicitó el informe de la responsable. Así, en el transcurso del procedimiento, en auto de veintidós de julio del año que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Marisa Azucena Rodríguez Tinoco, quien fue debidamente emplazada al presente juicio, como se observa de la constancia que obra en autos; así, colmados los requisitos legales del caso, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional el veintiuno de agosto del año actual, en los que términos que se observan del acta correspondiente, quedando los autos en estado para dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, mediante oficio 4873/2020 el Juez de control, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, informó a este juzgado federal que en el proceso penal de donde emanan los actos reclamados, se tomaron las determinaciones siguientes: Se autorizó a la acusada Consuelo Hernández García, el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, al satisfacerse los requisitos de oportunidad y procedencia que establecen los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Se aprobó el plan de reparación acordado por la acusada y la víctima, que consistirá en el pago de la suma total de $9,000,00 pesos, en 3 exhibiciones de $3,000.00 pesos cada una, que serán cubiertas en las siguientes fechas: 25 de agosto de 2021; 25 de agosto de 2022; y, 25 de agosto de 2023. El plazo por el que permanecerá vigente la suspensión condicional del proceso será el de 3 años, por lo que el mismo concluirá el 25 de agosto de 2023. Durante ese término, la persona acusada estará sujeta a les condiciones establecidas en el artículo 195 fracciones I y II del CNPP, consistentes en: - Residir en el domicilio en el que actualmente habita, ubicado en la calle José Ma. Morelos, sin número, de la población de Unión Progreso, del municipio de Charo, Michoacán; habiéndosele enterado del deber de informar a este órgano jurisdiccional y a la autoridad supervisora cualquier cambio de domicilio que llegara a tener. - Abstenerse de realizar actos de molestia (por cualquier medio: personal, telefónico, virtual, a través de redes sociales, etcétera) en perjuicio de la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. Corresponderá a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la vigilancia del cumplimiento de dichas condiciones. Con motivo del acceso a la mencionada salida alterna, se generaron los siguientes efectos: el proceso penal y la medida cautelar a la que se encontraba sujeta la acusada Consuelo Hernández García, quedan suspendidos a partir de esta fecha; de igual manera, se interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal; el ministerio público deberá mantener en debido resguardo los registros de la investigación para el caso de que su utilización resulte necesaria con posterioridad; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 199 del CNPP. Se informó a la persona acusada el deber que tiene, de comparecer a cualquier audiencia a la que sea convocada; apercibida que, en caso de no hacerlo, sin justa causa, en el acto procesal de que se trate, será representada por la defensa. En atención a lo anterior, se solicitó al aludido juzgador de origen informara si contra la aludida determinación, cualquiera de las partes habría interpuesto el medio de impugnación ordinario que establece la legislación que lo rige. Así, en diverso oficio 8532/2020 recibido el catorce de octubre actual, el aludido juzgador de primera instancia informó que contra la determinación de autorizar a la acusada aquí quejosa Consuelo Hernández García el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, ninguna de las partes en ese procedimiento impugnó tal determinación; por lo que, en proveído del quince de octubre en comento, se ordenó tomar en consideración lo informado por el juez de la causa para el dictado de la sentencia que ahora se emite; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que las autoridades responsables que emitieron los actos reclamados tienen residencia dentro de la circunscripción territorial en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para descubrir cuál es la verdadera intención del quejoso. En ese orden, del estudio integral de demanda, analizada como un todo, y en atención a la causa de pedir, se tiene que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable el acto siguiente: La resolución dictada por el magistrado responsable el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable que se enuncia a continuación: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Cierto Se robustece la existencia del acto reclamado con la copia certificada del toca de apelación XI-16/2020, y con el disco compacto que de igual modo remitió el magistrado responsable correspondiente a audiencias del juicio de origen 986/2019. Medios de convicción a los que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, ya que pone de relieve que el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en contra de la peticionaria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto la jurisprudencia número 228, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 186, tomo VI, Séptima época, materia común, Apéndice 1917-2000, del Semanario Judicial de la Federación, señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es dable precisar que los actos reclamados son, como ya se dijo: La resolución dictada por el magistrado responsable el dieciséis de julio del año en curso, en el toca de apelación XI-16/2020 interpuesto por la propia quejosa contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictada en su contra en el proceso penal 986/2019, instruido en su contra Precisado lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que en el asunto a estudio se actualiza respecto del citado acto reclamado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El numeral y fracción citados disponen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; Primeramente, cabe precisar que en los autos del proceso penal 986/2019, el Juez de control, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, mediante audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veinte, determinó lo que se anota a continuación: "Determiné que el hecho antes narrado, de lesiones, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 135 fracción I, inciso b), vinculados con los numerales 19 fracción 1, 20 fracción 1 y 24 fracción II, Código Penal del Estado (CPMICH), en agravio de Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. De igual modo, resolví que existían datos que permitían establecer que probablemente Consuelo Hernández García, en calidad de autor, al tenor de lo que señala el artículo 24 fracción III del CPMICH." ".siendo las 16:32 horas del día de hoy, emití auto de vinculación a proceso a Consuelo Hernández García, por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 135 fracción I, inciso b), vinculados con los numerales 19 fracción I, 20 fracción 1 y 24 fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán (CPMICH), en agravio de Marisa Azucena Rodríguez Tinoco" "16:34 horas. [Medida Cautelar]. Se impuso a la imputada Consuelo Hernández García, en el artículo 155 fracción VIII del CNPP, es decir: La prohibición de convivir, acercarse a una distancia menor a 5 metros, o comunicarse -por cualquier medio: personal, telefónico, electrónico o redes sociales- con la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco y con los testigos, siempre que ello no afecte el derecho de defensa". La imputada no estuvo conforme con la anterior determinación, por lo que interpuso en su contra recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde se registró tal medio de impugnación como toca XI-16/2020, y seguidos los trámites del caso, mediante sentencia del dieciséis de junio de dos mil veinte, la autoridad de alzada determinó confirmar tanto el auto de vinculación, como la medida cautelar impuesta a la ahora peticionaria de amparo. Siendo la anterior resolución la que constituye el acto reclamado en este juicio. Una vez anotada la materia de estudio en el presente juicio, lo procedente es indicar los motivos por los que se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" La causa de improcedencia en cita tiene su razón de ser en la imposibilidad de que la autoridad de amparo lleve a cabo el estudio de actos con los cuales se encuentra conforme la parte quejosa, dado que no es jurídicamente permitido que en el juicio constitucional se pueda revocar, modificar o anular un acto que el propio peticionario de amparo no considere lesivo de sus derechos, precisamente por su conformidad con el mismo. Así, para dar claridad a la determinación preinserta, es menester traer a colación los razonamientos de orden legal expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la que se estableció lo siguiente: ". Ahora bien, con independencia de que la regulación específica que cada una de las legislaciones invocadas, asigna a las dos figuras procesales en estudio, podemos señalar que: Los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues consiste en un acuerdo celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes podrán suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. (artículos 186 y 187 del Código Nacional) La suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. (artículos 50, 201 y 203 de la legislación de Chihuahua) En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto- el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. (artículos 186 y 189 del Código Nacional, así como 50, párrafos segundo y tercero, 203 y 204 de la legislación de Chihuahua) Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. (artículos 186 del Código Nacional y 209 de la legislación de Chihuahua) En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal (artículos 189, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional). Ahora bien, tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, la cuestión a resolver en la presente contradicción de tesis, consiste en: determinar si en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso, la aceptación del quejoso de concluir el proceso penal, a través de un acuerdo reparatorio o suspensión del proceso a prueba, entraña el consentimiento del acto reclamado, que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." (énfasis añadido) Pues bien, a juicio de esta Primera Sala, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia, se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. No se opone a la conclusión asumida, lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA CONDENA CONDICIONAL O SUSTITUCIÓN O CONMUTACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA SENTENCIA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.", dado en la ejecutoria de la que derivó, se analizó una hipótesis distinta a la que se presentó en esta contradicción de tesis. En efecto, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2010, se analizó el supuesto si la aceptación de un beneficio como la condena condicional o la sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, establecidas en la sentencia definitiva, implica el consentimiento de la sentencia para los efectos de la procedencia del amparo. En esa hipótesis, esta Primera Sala consideró que el hecho de que el sentenciado, se hubiese acogido a los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, otorgados en la sentencia condenatoria, no implica que consienta la sentencia definitiva, dado que el bien jurídico afectado por la aplicación de la pena de prisión es la libertad personal, que por ser un valor supremo, justifica que todo procesado en un juicio penal, agote todos y cada uno de los recursos que la ley le otorgue, a fin de conservarla o recuperarla, pues considerar lo contrario, esto es, que el acogerse al beneficio de la pena sustituta, implica que el inculpado aceptó los razonamientos y el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, significa dejarlo inaudito sin posibilidad alguna de combatirla no obstante que le agravia; o, lo que es más grave, condicionar el medio de defensa extraordinario a que permanezca en prisión. Como puede observarse, el caso que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2011, es distinta a la que se estudió en esta determinación, dado que los mecanismos de solución alterna no son equivalentes al beneficio de condicional o sustitución o conmutación o suspensión de la pena privativa de libertad, básicamente porque éstos presuponen la imposición de una pena, mientras que aquéllos buscan resolver el conflicto penal sin necesidad de la imposición de una sanción, sino a través de la restauración del daño causado por el delito. De ahí que lo sustentado en dicho criterio jurisprudencial no se contraponga a lo resuelto en la contradicción de tesis que nos ocupa". La contradicción en comento dio origen a la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 33/2017 (10a.), que indica: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". De la transcripción inmediata anterior se observa que el Más Alto Tribunal de Justicia del país determinó que si en un proceso penal, luego de dictada la vinculación al mismo, la parte imputada solicita y le es autorizada una salida alterna al mismo, ello sólo puede ser interpretado como una conformidad con la referida vinculación, precisamente porque la salida alterna de que se trate, parte de la base jurídica de una aceptación de la vinculación al procedimiento, pero optando por una alternativa de reparación del daño a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la legislación correspondiente. Dicho lo anterior, se tiene que en el presente asunto, el juez que conoce del proceso penal de origen informó que autorizó a la aquí quejosa las medidas siguientes: Se autorizó a la acusada Consuelo Hernández García, el acceso a la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso, al satisfacerse los requisitos de oportunidad y procedencia que establecen los artículos 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Se aprobó el plan de reparación acordado por la acusada y la víctima, que consistirá en el pago de la suma total de $9,000,00 pesos, en 3 exhibiciones de $3,000.00 pesos cada una, que serán cubiertas en las siguientes fechas: 25 de agosto de 2021; 25 de agosto de 2022; y, 25 de agosto de 2023. El plazo por el que permanecerá vigente la suspensión condicional del proceso será el de 3 años, por lo que el mismo concluirá el 25 de agosto de 2023. Durante ese término, la persona acusada estará sujeta a les condiciones establecidas en el artículo 195 fracciones I y II del CNPP, consistentes en: - Residir en el domicilio en el que actualmente habita, ubicado en la calle José Ma. Morelos, sin número, de la población de Unión Progreso, del municipio de Charo, Michoacán; habiéndosele enterado del deber de informar a este órgano jurisdiccional y a la autoridad supervisora cualquier cambio de domicilio que llegara a tener. - Abstenerse de realizar actos de molestia (por cualquier medio: personal, telefónico, virtual, a través de redes sociales, etcétera) en perjuicio de la víctima Marisa Azucena Rodríguez Tinoco. Corresponderá a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, la vigilancia del cumplimiento de dichas condiciones. Con motivo del acceso a la mencionada salida alterna, se generaron los siguientes efectos: el proceso penal y la medida cautelar a la que se encontraba sujeta la acusada Consuelo Hernández García, quedan suspendidos a partir de esta fecha; de igual manera, se interrumpe el plazo para la prescripción de la acción penal; el ministerio público deberá mantener en debido resguardo los registros de la investigación para el caso de que su utilización resulte necesaria con posterioridad; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 197 y 199 del CNPP. Se informó a la persona acusada el deber que tiene, de comparecer a cualquier audiencia a la que sea convocada; apercibida que, en caso de no hacerlo, sin justa causa, en el acto procesal de que se trate, será representada por la defensa. De lo anterior se observa que en el proceso de origen, la parte quejosa manifestó una conformidad tácita con el acto reclamado -confirmación de la vinculación al procedimiento y a la medida cautelar-, mediante la petición de una salida alterna a dicha causa penal, consistente en las medidas que se señalan líneas atrás; por tanto, es inconcuso que este juzgado federal se encuentra impedido para llevar a cabo el análisis de la legalidad del acto reclamado, dado que a nada práctico conduciría puesto que el procedimiento de origen, la propia imputada aquí quejosa ha aceptado las consecuencias legales del mismo, peticionando -y siendo autorizada- una composición alterna en el mismo. Máxime que, según lo informado por el propio juez de origen, tal determinación no fue impugnada por ninguna de las partes del procedimiento penal de origen, de modo que se encuentra surtiendo todos los efectos legales correspondientes. En esas condiciones, según se indicó, es evidente que en el presente caso se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que ocasiona que se decrete el SOBRESEIMIENTO del mismo, en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley en consulta, por los motivos y fundamentos expuestos en este considerando. Finalmente, hágase las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por CONSUELO HERNÁNDEZ GARCÍA, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el último considerando de esta determinación.

  4. Principal

    Agréguese al cuadernillo en que se actúa, el oficio de Félix Francisco Cortés Sánchez Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia; mediante el cual en atención al requerimiento hecho en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, informa que contra las determinaciones referentes a la suspensión condicional del proceso autorizada en audiencia de veinticinco de agosto del año en curso, no se promovió el medio impugnativo que establece el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, a fin de ser tomado en consideración en el dictado de la sentencia respectiva en el juicio de donde emana este cuaderno. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico

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