Consepción Morales Álvarez

Expediente 1647/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1647/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Consepción Morales Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Consepción Morales Álvarez, quien promueve por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales J.C.G.M.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos en original o certificado que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverán los documentos a que se alude. De conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la sala civil responsable, un tomo de pruebas, consistente en el toca civil 467/2021-II, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Ahora, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA. VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Consepción Morales Álvarez, quien promueve por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales J.C.G.M.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos en original o certificado que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverán los documentos a que se alude. De conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la sala civil responsable, un tomo de pruebas, consistente en el toca civil 467/2021-II, que remitió como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Ahora, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1647/2021-2, promovido por Consepción Morales Álvarez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, de identidad reservada, con iniciales J.C.G.M., contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17, 103 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Consepción Morales Álvarez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, de identidad reservada, con iniciales J.C.G.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de apelación 467/2021-II, que deja firme la designación de tutor del menor de iniciales J.C.G.M., realizada mediante acuerdo de dieciséis de junio del aludido año, así como las diversas actuaciones del principal hasta antes de la junta de herederos. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Actuaria de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1647/2021-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO, EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento de (1) Gustavo Jesús Gómez Díaz, (2) Elvia Gómez Díaz, (3) Daniel Gómez Flores, (4) Samuel Ricardo Gómez González (5) Alfredo Gómez González, (6) María del Carmen González Jerónimo y (7) Graciela Gómez Díaz, reconocidos con el precitado carácter, por medio de lista. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de apelación 467/2021-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que deja firme la designación de tutor del menor de iniciales J.C.G.M., realizada mediante acuerdo de dieciséis de junio del aludido año, así como las diversas actuaciones del principal hasta antes de la junta de herederos. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA ACTUARIA. No es cierto el acto reclamado a la fedataria del aludido órgano jurisdiccional, aun cuando lo haya aceptado en el informe justificado, toda vez que, como se advierte de las constancias remitidas por el juez de primera instancia, ninguna intervención tuvo en la emisión de la resolución impugnada. Por lo que no le reviste el carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Si bien, la impetrante señala a la actuaria como autoridad ejecutora, ello es insuficiente para tenerla con ese carácter, ya que de la resolución de mérito se advierte que únicamente se le instruyó la notificación de la misma -lo que no constituye el acto reclamado-. Al respecto, sirve de apoyo la tesis VI.1o.A. J/38, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, Materia(s): Común, página: 1449, con número de registro 173101, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA. EL CARÁCTER QUE LES CORRESPONDE NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, SINO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS. El carácter de ordenadora o ejecutora que la parte quejosa les atribuya a las autoridades que señale como responsables, no puede prevalecer sobre las constancias de autos, es decir, si por regla general cuando la ordenadora niega el acto reclamado también se sobresee respecto de la ejecutora porque ésta no puede ejecutar una orden inexistente, en el caso de que la ordenadora niegue su intervención pero exista el acto reclamado, y éste sea atribuible a la erróneamente señalada sólo como autoridad ejecutora, es inconcuso que en tal hipótesis, esa autoridad reúne el doble carácter de ordenadora y ejecutora, si queda acreditado en autos que es la única autoridad que intervino en la emisión y ejecución del referido acto". En consecuencia, en lo tocante a la fedataria precitada, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo VI, julio de 1997, página 433, con número de registro 198320, del siguiente rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO AL ÓRGANO JURISDICICONAL. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por haberlo reconocido en el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió del toca 467/2021-II. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el aludido Pleno de nuestra Corte Suprema, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". De acuerdo con dicha disposición normativa, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente. En ese tenor, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción de amparo respecto de actos que sean consecuencia de otros consentidos. En el caso, como quedó establecido en el considerando relativo, la quejosa reclama la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de apelación 467/2021-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que deja firme la designación de tutor del menor de iniciales J.C.G.M., realizada mediante acuerdo de dieciséis de junio del aludido año, así como las diversas actuaciones del principal hasta antes de la junta de herederos. No obstante, de las constancias remitidas por el aludido órgano jurisdiccional, se advierte que dicha determinación es consecuencia directa de otro consentido. En efecto: En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 93 a 95 del tomo de pruebas), la Jueza Sexta de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, tuvo a Consepción Morales Álvarez y/o Concepción Morales Álvarez, aquí quejosa, compareciendo por propio derecho y en representación del precitado menor; asimismo, del escrito relativo (fojas 51 a 57 del tomo de pruebas), se advierte que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y designó para tales efectos al licenciado Juan Carlos López López. Mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno (foja 235 del tomo de pruebas), la autoridad de mérito designó como tutor del menor de referencia, al licenciado Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Determinación que fue notificada a la aquí quejosa, a través del abogado autorizado para tales efectos, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 239 y 240 del tomo de pruebas). El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 292 a 297 del tomo de pruebas), se llevó a cabo la junta de herederos y nombramiento de albacea en el juicio natural, en la que fungió como representante del menor en cuestión, el tutor designado por la juzgadora de primera instancia. Inconforme con la determinación adoptada en la referida audiencia, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en su contra (fojas 2 a 10 del tomo de pruebas), mismo que fue registrado con el toca 467/2021-II, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, entre otras cosas, dejó firme la designación de tutor del menor de iniciales J.C.G.M., realizada mediante acuerdo de dieciséis de junio del aludido año, así como las diversas actuaciones del principal hasta antes de la junta de herederos. Al respecto, del escrito relativo al referido recurso de apelación, se obtiene que Consepción Morales Álvarez, impugnó el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, concerniente a la junta de herederos y nombramiento de albacea. Si bien, del mismo se obtiene que realizó manifestaciones en cuanto a la designación de tutor de su menor hijo, en la precitada diligencia no realizó manifestación alguna al respecto y tampoco impugnó en su oportunidad el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que en su momento le fue notificado. Ello, tomando en cuenta que, es el aludido acuerdo que, en su caso, constituiría un acto de imposible reparación; por lo no estaba obligada a esperar la conclusión de la etapa relativa para controvertirlo. Pues, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional, que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada. Sobre el particular, es de tomar en cuenta las consideraciones que sustentan la tesis II.3o.P.5 K (10a.), formulada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2450, con número de registro 2007385, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada". Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LIII, página 3379, Quinta Época, Materias(s): Civil, con número de registro 357708, del siguiente rubro y texto: "TUTOR ESPECIAL, SUSPENSION TRATANDOSE DE REVOCAR EL NOMBRAMIENTO DE. Si se reclama en amparo la resolución de segunda instancia, que revoca el nombramiento de tutor especial para representar a los menores, en un juicio sucesorio, el efecto del acto reclamado es impedir que el tutor desempeñe el cargo, lo cual afecta a la sucesión quejosa, si el albacea, que es el padre de los menores, representa intereses de los demás herederos, que pueden ser contrarios a los de aquéllos, entorpeciéndose por falta de dicha representación, los trámites del juicio sucesorio y todas las diligencias o resoluciones en las cuales es necesaria la intervención del tutor especial, y por tanto, debe concederse la suspensión del acto reclamado, y si hubiere tercero que pudiera sufrir perjuicios con la suspensión, debe exigirse fianza". En razón de lo anterior, si la quejosa omitió reclamar en su oportunidad el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el que la juez de primera instancia designó al licenciado Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como tutor del menor de identidad reservada, con iniciales J.C.G.M. Debe estimarse tácitamente consentido el mismo y, como consecuencia, el señalado como tal en la demanda de amparo. Pues, si bien, interpuso recurso de apelación en contra de lo determinado en la junta de herederos y nombramiento de albacea de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno; en la misma no realizó manifestación alguna respecto de la designación de tutor de su menor hijo. Por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 17, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 12, Quinta Época, Materias(s): Común, con número de registro 393973, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De igual forma, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo III, mayo de 1996, página 582, con número de registro 202345, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Asimismo, tiene aplicación, en lo conducente, la tesis XVII.2o.P.A.3 P (11a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Libro 5, septiembre de 2021, Tomo IV, página 3055, con número de registro 2023568, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO (VÍCTIMA DEL DELITO) LO PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA, RESPECTO DE LA CUAL NO INTERPUSO RECURSO ALGUNO, AL CONSTITUIR UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Hechos: El quejoso (víctima del delito) promovió juicio de amparo directo contra la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto únicamente por la representación social, que confirmó la sentencia de primera instancia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el quejoso (víctima del delito) promueve el juicio de amparo directo en materia penal contra la sentencia de segundo grado que confirma la de primera instancia, y ésta fue recurrida sólo por el Ministerio Público, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues si no interpuso recurso alguno contra la resolución de primera instancia, ello constituyó un acto consentido; por tanto, la de segundo grado, contra la que pretende promover el juicio de amparo directo, resulta ser un acto derivado de otro consentido, en razón de que no modifica la situación jurídica del sentenciado. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 467, fracción VII y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte ofendida estaba legitimada para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, razón por la que si sólo lo hizo la representación social, la resolución de segunda instancia impugnada por la víctima u ofendido del delito en el juicio de amparo directo constituye un acto derivado de otro consentido; de ahí que se actualiza la mencionada causal de improcedencia del juicio constitucional". En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Consepción Morales Álvarez, por propio derecho y en representación de su menor hijo, de identidad reservada, con iniciales J.C.G.M., respecto de los actos reclamados y las autoridades establecidas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de cuatro de los actuales, se dio vista a las partes con el informe complementario rendido por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurre del diez al veintiuno del precitado mes, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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