Conrrado Galicia Vázquez

Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
993/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Conrrado Galicia Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 993/2022-6, promovido por **********, contra los actos que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el diecisiete de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el veinte siguiente, Conrrado Galicia Vázquez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S ".En el presente caso de cada una de las autoridades señaladas como responsable y ejecutora se reclaman los siguientes actos: De la responsable ordenadora y ejecutora, se reclama el acuerdo de fecha veintiséis de abril del año actual dictada en el Toca de Apelación número 033/2022 derivado del expediente 263/2012-S-3, relativo al JUICIO CONTENCIOSO promovido por el suscrito CONRRADO GALICIA VAZQUEZ, auto que desecha el recurso de apelación que se presentó contra el acuerdo dictado por el Titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco el día seis de enero del año en curso en el que únicamente condenan y requieren al tercero interesado a pagar al suscrito la cantidad de $2,923.88 (dos mil novecientos veintitrés pesos 88/100 m.n.) aduciendo hechos notoriamente inverosimiles. De la autoridad señalada como Ejecutora, se reclama los eminentes actos y mediadas tendientes a la inexacta interpretación de lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Tabasco así como el numeral 352, fracción Il, del Código de Procedimiento Civiles para el estado de Tabasco, aplicado de manera supletoria en el presente asunto, que consiste en que a falta de disposición expresa de la ley de la materia del juicio principal, se aplicara de manera supletoria el código de procedimientos civiles para el estado de Tabasco, y fue en lo que se fundamentó el suscrito para promover el recurso de apelación que indebidamente se me declaro improcedente, ya que existe una laguna jurídica de la ley de justicia administrativa del estado con respecto a los recursos para impugnar un auto o acuerdo." A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que respecta a la autoridad responsable denominada Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y se admitió a trámite la demanda por lo que respecta a la restante autoridad, radicándose bajo el expediente 993/2022-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, se emplazó al presente asunto mediante oficios 21871/2022 y 21872/2022 a los terceros interesados Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ambos del Estado de Tabasco, como se advierte de la constancia de notificación relativo que obra en autos. CUARTO. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de veintiséis de abril del año en curso, dictado en el toca de apelación 33/2022 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto en el juicio de origen. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su referido informe, consistentes en el toca de apelación 33/2022 y el duplicado del expediente 263/2012-S-3, las cuales obran por cuerda separada en dos tomos de pruebas. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para un mejor entendimiento, es conveniente realizar una breve semblanza de los antecedentes relevantes del caso en particular. Así, de las constancias allegadas por el magistrado presidente del tribunal responsable, cuyo valor probatorio se tiene por reiterado, se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil doce, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de lo Contenciosa Administrativo, con sede en esta ciudad, Conrrado Galicia Vázquez, demandó en la vía administrativa, Juicio Contencioso Administrativo, en contra de las autoridades demandadas Secretario, Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a quienes les reclamó entre otros actos, el indebido e ilegal procedimiento número SSP/UAJ/DR/016/2011, instruido en su contra. De dicha demanda tocó conocer a la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, quien por auto de ocho de mayo de dos mil doce, la admitió y registró con el número 263/2012-S-3 de su índice, en dicho proveído se ordenó emplazar a las autoridades demandadas a efecto de que en el término de diez días dieran contestación a la demanda incoada en su contra. Seguido el trámite correspondiente, mediante sentencia dictada por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, el diecinueve de marzo de dos mil trece, se resolvió lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO.- El ciudadano CONRRADO GALICIA VÁZQUEZ, acreditó la ilegalidad del acto reclamado y las autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CITADA SECRETARÍA, no acreditaron sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- De conformidad razonamientos vertidos en a los fundamentos y el considerando V de ésta sentencia se declara la ilegalidad del acto impugnado por la parte actora, consistente en la resolución de fecha tres de febrero de dos mil doce, emitida en el procedimiento administrativo número SSP/UAJ/DR/016/2011 por el SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA y la DIRECTORA DE LA UNIDAD JURIDICA DE LÀ CITADA DEPENDENCIA; y por ende su nulidad lisa y llana. TERCERO.- Conforme los fundamentos y razonamientos señalados en el considerando V de esta Sentencia, se condena a las autoridades SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MISMA DEPENDENCIA para que hagan pago al actor CONRRADO GALICIA VÁZQUEZ de la Indemnización consistente en tres meses de salario y las prestaciones legales y de seguridad social, que dejó de percibir desde la fecha en la que fue suspendido temporalmente doce de mayo de dos mil once hasta que se dé total cumplimiento a esta sentencia." Después, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió a la parte actora para que presentara su planilla de liquidación, a fin de determinar la cantidad líquida que se le debería cubrir por concepto de indemnización constitucional de tres meses de salario y las prestaciones legales y de seguridad social que dejó de percibir desde su suspensión temporal. Luego, mediante sentencia interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil catorce, se resolvió el incidente de liquidación promovido por el quejoso, en el cual se determinó lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos IV, V y VI, de la presente resolución es de aprobarse parcialmente la planilla de liquidación que presenté el actor CONRRADO GALICIA VÁZQUEZ, en su escrito de cinco de junio de dos mil trece. SEGUNDO.- Se condena al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA MISMA DEPENDENCIA, a que una vez que quede firme la presente resolución interlocutoria, hagan pago al actor CONRRADO GALICIA VÁZQUEZ de la cantidad de $421,435.47 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 47/100 M.N.), SALVO ERROR U OMISIÓN ARITMÉTICA, SALVO ERROR U OMISIÓN ARITMÉTICA, por concepto de salarios caídos, indemnización constitucional consistente en tres meses de salario y las prestaciones que le corresponden, desde doce de mayo de dos mil once hasta el presente mes, mismas que seguirán aumentando hasta el total cumplimiento de dicha sentencia; requiriéndoseles a dichas autoridades para que informen a esta Sala dentro del mismo término el cumplimiento de la misma, de conformidad al artículo 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.". En razón de lo anterior, por auto de tres de noviembre de dos mil catorce, se ordenó requerir a las autoridades condenadas Secretario de Seguridad Pública en el Estado y Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, para que en el plazo de diez días dieran cumplimiento a la sentencia emitida el diecinueve de marzo de dos mil trece y resolución interlocutoria de diecinueve de agosto de dos mil catorce, esto es, hicieran el pago al actor de la cantidad de $421,435.47 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 47/100 M.N.), por concepto de salarios caídos, indemnización constitucional consistente en tres meses de salario y las prestaciones que le corresponden. Después, en diligencia de diecisiete de agosto de dos mil quince, ante la Tercera Sala Unitaria, se hizo entrega al quejoso CONRRADO GALICIA VÁZQUEZ, del cheque que amparaba la cantidad de $389,964.43 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.), el cual aceptó de conformidad; sin embargo, manifestó que existía un faltante de $2,923.88 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 88/100 M.N.), por lo que se turnaron los autos a la secretaría de dicha autoridad para acordar lo correspondiente. Posteriormente, por auto de seis de enero de dos mil veintidós, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, requirió a las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública en el Estado y Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Comisionado, todos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, (hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado) el pago de la suma restante de $2,923.88 (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 88/100 M.N.). Inconforme con dicha determinación, el quejoso Conrrado Galicia Vázquez, interpuso recurso de apelación, en virtud que a adujo que la cantidad requerida a las autoridades condenadas era incorrecta, pues se le adeudaba una cantidad mayor a la señalada por dicha autoridad. Finalmente, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, radicó dicho medio de impugnación bajo el toca AP-033/2022, determinado desechar el citado recurso por notoriamente improcedente. Este auto constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado se procede al análisis de los conceptos de violación. En términos generales, la parte quejosa aduce que el tribunal responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, en sus conceptos de violación el quejoso Conrrado Galicia Vázquez, manifestó que el auto reclamado es ilegal, ya que el Magistrado Presidente del Tribunal responsable determinó que dicho acuerdo no es recurrible, lo cual aduce es desacertado ya que viola su garantía del debido proceso consagrada en el artículo 14, así como el numeral 16 constitucionales, además de que contraviene lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Agregando el citado impetrante que de la lectura del citado artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se desprende la procedencia del recurso de apelación, pues establece que si no existe disposición expresa en la ley de la materia recurrente, se puede aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Por ello, el impetrante aduce aplicó de manera supletoria como lo señala el multicitado artículo 1 de la Ley en comento, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, concluyendo que contra el auto de seis de enero del año en curso, es admisible el recurso de apelación. Ahora bien, son infundados los referidos conceptos de violación, ya que contrariamente a lo que manifiesta el impetrante y como acertamente lo determina la autoridad responsable, no es procedente el recurso de apelación en contra el auto de seis de enero del presente año. En principio, es oportuno precisar lo que establecen los artículos 1 y 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como el diverso 352, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que disponen: LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. (.) A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate." (.) Recurso de Apelación. Artículo 111.- El recurso de apelación procederá en contra de: I. Resoluciones Interlocutorias de las Salas Unitarias que determinen la cuantificación en el pago de prestaciones o resuelvan cuestiones incidentales; y II. Sentencias definitivas de las Salas. El recurso se interpondrá dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE TABASCO ARTÍCULO 352.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. Ahora, de las porciones normativas antes descritas se desprende que a falta de disposición expresa en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente entre otros, lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, en lo que resulte aplicable, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. Asimismo, se advierte que el recurso de apelación será procedente únicamente cuando se trate de I. Resoluciones Interlocutorias de las Salas Unitarias que determinen la cuantificación en el pago de prestaciones o resuelvan cuestiones incidentales; y II. Sentencias definitivas de las Salas. De igual forma, según el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, sólo podrán ser objeto de apelación I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. En ese contexto, del contenido del acuerdo reclamado se advierte, que el tribunal responsable desechó por improcedente el recurso de apelación promovido por el impetrante contra el auto de seis de enero del año en curso, porque acorde al artículo 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no procede dicha apelación, toda vez que el auto recurrido no es una resolución interlocutoria que determine el pago de alguna prestación, o bien, resuelva cuestiones incidentales, ni tampoco es una sentencia definitiva. Ciertamente, para quien resuelve estima que fue correcta la razón en la que el tribunal responsable justificó el desechamiento del recurso de apelación planteado; ya que dicho medio de impugnación por el que se inconformó el promovente, fue contra el auto de seis de enero del presente año, en el cual la Sala Unitaria procedió a analizar el cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria, determinando que se encontraba pendiente un remanente de pago al quejoso, por lo que, requirió a las autoridades demandadas del pago de dicha cantidad. En efecto, el citado acuerdo por el cual el quejoso promovió recurso de apelación, en nada se asemeja a una resolución interlocutoria que resuelva cuestiones incidentales, ni tampoco a una sentencia definitiva, al contrario se trata de un proveído por medio del cual se solicita a las autoridades demandadas el pago del remanente que se le adeuda al impetrante, de la cantidad a la que fueron condenadas dentro del juicio contencioso administrativo 263/2012-S-3. En relatadas condiciones, es posible coincidir con la conclusión a la que llegó el tribunal responsable, de que no es procedente el recurso de apelación que hizo valer el quejoso, toda vez que para plantear dicho medio de impugnación el impetrante aplicó de manera supletoria el artículo 352 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; sin embargo, su actuar fue erróneo, pues ello solo sería factible si la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no contemplara los recursos a través de los cuales se pudieran impugnar las determinaciones emitidas por las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que en el caso no acontece, pues en su "capítulo II" se advierten los diversos recursos que la referida ley prevé, en contra de los autos dictados por dicha responsable. Por lo que, como anteriormente se indicó deviene infundado lo que alega el quejoso en relación a que el auto reclamado carece de debida fundamentación y motivación, pues como se expuso, la autoridad responsable señaló con precisión los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del acto; y además existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Tampoco es incongruente el acto reclamado como lo afirma el quejoso, en razón de que la autoridad responsable sí estudió correctamente sus argumentos o agravios expresados en su escrito de apelación, donde precisó que dicho medio de impugnación no encuadraba en ninguna de las hipótesis de ley, por lo que, determinó desechar por improcedente el aludido recurso de apelación. En ese sentido, al ser legal el marco constitucional del acto reclamado, devienen infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; por lo que, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la autoridad tercero interesada, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el escrito signado por Adriana Patricia Méndez Denis, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, (tercero interesada) personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del nombramiento de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos. Ahora bien, téngase a la promovente en su carácter de tercero interesada apersonándose al presente juicio; asimismo, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. De igual manera, se le tiene señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que menciona en su oficio de cuenta, el cual conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso b), y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, deberán realizarse por oficio y en el domicilio oficial de la misma, sin que sea óbice que tenga el carácter de tercero interesado en el presente sumario, ya que así lo indican expresamente los aludidos numerales. Finalmente, téngasele designando como autorizados a Antonio Manuel Alfonsin Nishimura e Isidro Soberano González, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y al resto de las personas que menciona en su escrito de cuenta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo antes invocado, en virtud de que éstos no cuentan con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Secretaria General de Acuerdos, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo impugnado y su constancia de notificación, del toca de apelación 33/2022 y del duplicado del expediente 263/2012-S-3,de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada constantes de DOS tomos y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual Conrrado Galicia Vázquez, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 993/2022-6. DESECHAMIENTO PARCIAL DE DEMANDA Ahora bien, respecto a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, también señalada por la parte quejosa como autoridad responsable, debe decirse que a la misma no le reviste tal carácter, ya que si bien es cierto, que entre las funciones de ésta se encuentra la de autorizar junto con el presidente las resoluciones dictadas por dicho tribunal; sin embargo, dicha función no implica que resuelva conjuntamente con quienes son los únicos responsables de sus fallos; por lo cual debe desecharse la demanda respecto de esta autoridad, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, y 113 todos de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia número 1006, visible en la página 692, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, bajo el rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". Por otra parte, respecto a la restante autoridad señalada como responsable, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Se le hace saber a la autoridad responsable que el plazo de quince días para que rinda o actúe en el juicio de amparo, no debe descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, aun cuando sean periodos vacacionales, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2024510, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada en el presente asunto a: Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco, con domicilio en avenida 16 de septiembre sin número, esquina periférico Carlos Pellicer Cámara, Colonia Primero de Mayo de esta ciudad. Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco, con domicilio en avenida 16 de septiembre sin número, esquina periférico Carlos Pellicer Cámara, Colonia Primero de Mayo de esta ciudad. Por lo anterior, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio de oficio, emplácese a los citados terceros interesados; adjuntando una copia simple de la demanda de amparo, para que en caso de que lo estime conveniente, se apersone a juicio a hacer valer sus derechos. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto: La presuncional legal y humana La instrumental de actuaciones. Probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Manuel Antonio Ortiz Pérez y Luis Jesús Meraz Cabrera, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia y conforme al segundo párrafo del citado numeral a Edgar Fernando Márquez Hernández, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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