Conrrado Esteva Zárate

Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
104/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Conrrado Esteva Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, al no existir necesidad de que obre en autos el disco versátil digital [DVD], que remitió el Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se libre, devuélvase. Notifíquese.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del término legal con el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Devolución de constancias. Por consiguiente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, los discos en formato DVD que adjunto como justificación a su informe y a la misiva por la que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicitándose el acuse respectivo. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso ****, no desahogó la vista de doce de julio del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, por lo que se procede a resolver sobre el mismo, con base en los elementos que obran en el expediente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos veintiuno, se concedió al quejoso Conrado Esteva Zárate el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: [.] I) Deberá reponer únicamente la audiencia de control de detención de veintitrés de enero del año en curso, dentro de la causa penal 40/2021, en la que se calificó de legal la detención del quejoso Conrado Esteva Zarate, con motivo de que previamente a la emisión del acto reclamado, no se constató si la defensora pública Rosamar Belegui Castillo Blas es licenciada en derecho, por lo que en audiencia formal, deberá verificar que quien lo asistió cuente con dicha calidad. II) Si del ejercicio de verificación resulta que la defensora no era licenciada en derecho, deberá dejar sin efectos la audiencia de veintitrés de enero del actual, dentro de la causa penal 40/2021, en la que se calificó de legal la detención de quejoso Conrado Esteva Zarate, por lo cual se deberá señalar hora y fecha para el verificativo de la audiencia de control de la detención, en la cual se deberá cuestionar al imputado si es su deseo nombrar un defensor particular u opta por hacer uso del de oficio, persona que deberá acreditar ser licenciado en derecho de acuerdo con las consideraciones vertidas previamente y, una vez sucedido ello, seguida en todas sus fases dicha audiencia, resolver sobre la legalidad de la detención del impetrante con plenitud de jurisdicción, para lo cual deberá ponderar la trascendencia que llegue a tener la misma sobre su situación jurídica, sin que agrave ésta bajo el principio non reformatio in peius. III) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que la persona a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí era licenciado en derecho o abogado debidamente registrado, de ello dejará constancia y, por lo tanto, deberá dejar subsistente todo lo actuado para que forme parte de la determinación que resolvió sobre la legalidad del control de la detención, lo cual, al no ser aún materia de estudio de fondo, podrá ser impugnado nuevamente dentro de los plazos legales conducentes. En el entendido que: IV) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique tal circunstancia, sea el mismo que presidió la audiencia de control de la detención. V) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberán justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales la misma juzgadora no puede presidir dicha audiencia. [.] Por acuerdo de veinticuatro de junio del actual, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector. Por tal razón, mediante oficio con terminación 1935/2021, la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, remitió para tal efecto un DVD debidamente certificado que contiene audio y video de la audiencia de treinta de junio del año en curso en la causa penal 40/2021 de su índice, el cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de la reproducción del disco DVD se advierte que la licenciada Rosamar Belegui Castillo Blas, se individualizó, señalando ser defensora pública, con cédula profesional 11689589, la cual puso a la vista de la juzgadora, al igual que su credencial para votar; también expuso que cuenta ante la administración de dicho órgano jurisdiccional con el número de registro 417082, lo cual solicitó la Juez a la encargada de Sala que constatara, aduciendo que dichos datos eran correctos [minuto 00:03:30 a 00:08:10, video dos]. Asimismo, en cuanto al punto tres de la ejecutoria de mérito, con motivo de que se acreditó que Rosamar Belegui Castillo Blas es licenciada en derecho, declaró subsistente todo lo actuado en la causa penal 40/2021 del índice de ese Juzgado, que se instruye contra el quejoso Conrado Esteva Zarate por el delito que la ley señala como homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Vidal Zárate Esteva [00:21:18 a 00:22:30, video dos]. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese

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