Cleto Díaz Suarez
Expediente 322/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cleto Díaz Suarez
- Cleto Díaz Suarez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales conducentes, los oficios números 6815/2016 y 7010/2016, signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el primero, transcribe el acuerdo de Presidencia de fecha dieciséis de agosto del año en curso, dictado en el amparo directo número 611/2016, del que se advierte que previo a pronunciarse sobre la aceptación de la competencia o no que se le declinó, requirió a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, su informe correspondiente. Y, por el segundo, transcribe el diverso acuerdo de presidencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en el que se aceptó la competencia declinada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos del párrafo que antecede se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Se hace el conocimiento de las partes, que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías promovida por Cleto Díaz Suárez y Anastacia Carreño Juárez, por propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, fórmese expediente y regístrese con el número 322/2016. Los actos reclamados se hace consistir literalmente en: "IV.-ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Se reclama de la citada Autoridad Responsable CC. Magistrados de la Segunda Sala Civil, del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Resolución de fecha veintitrés de junio de este año dos mil dieciséis, dictada dentro del Toca número 114/2016,de la mencionada Sala Familiar, relativo al Recurso de Apelación interpuesto por los suscritos CLETO DÍAZ SUÁREZ Y ANASTACIA CARREÑO JUÁREZ, en contra de la diversa Sentencia de cinco de enero del dos mil dieciséis, emitida en el Expediente número 43/2015 del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz, Huatulco.- Reclamándose de la propia Sala Familiar Responsable, las consecuencias y efectos de sus actos, que se traducen en una afectación a las Garantías de Seguridad Jurídica, al haberse dictado una resolución carente de motivación y fundamento en contra de los intereses de los Quejosos, dentro del Toca Familiar ya indicado.- Se reclama de la Autoridad señalada como Ejecutora Juez Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz, Huatulco la pretendida aplicación y ejecución de los puntos resolutivos, de la Sentencia emitida por la mencionada Sala Familiar ordenadora". (sic) Ahora bien, los artículos 34, 47, 107, 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 34.- Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. "Artículo 47.- Cuando se presente una demanda de amparo ante el juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". Artículo 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo". Por su parte el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.)". De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, por tal razón, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, habida cuenta que en el caso se reclama la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en el toca 114/2016 del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que se confirmó la sentencia dictada el cinco de enero de dos mil dieciséis, en el expediente número 43/2015. Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, con número de Registro: 2008611, publicada en la página 2352 del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia". En consecuencia, es evidente que el citado acto constituye una sentencia definitiva que no es competencia de este órgano jurisdiccional, al no estar comprendido dentro de alguna de las hipótesis previstas por el numeral 107 de la ley de la materia; por tanto, previa copia certificada que se deje de la demanda en substitución de la original, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo; remítase el escrito original de la demanda de garantías y tres copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, a fin de que acuerde lo que corresponda, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Armando Chan Manzano y Guadalupe Vásquez Quiroz, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Como expresamente lo solicita la quejosa, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Fernando Tanny Chan Ramírez y Joaquín Gilberto Domínguez Jacinto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. III-B
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