Conrado Galindo Calderón
Expediente 668/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Conrado Galindo Calderón
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído dictado el trece de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que decretó el sobreseimiento, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por Conrado Galindo Calderón. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 668/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1ro, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 primer párrafo y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Conrado Galindo Calderón , contra actos de las autoridades responsables denominadas: Director General de Inspección Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de esta ciudad. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma ni tramita el incidente de suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no fue solicitado por la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5° fracción IV de la Ley de la Materia, con copia del escrito de demanda, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el numeral 115 de la legislación en cita, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Asimismo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 de la legislación de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PRECISIÓN AUTORIDADES RESPONSABLES. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con las denominaciones que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se exhorta a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se hace constar que en el presente asunto no se señaló si existe o no tercero interesado, y de la revisión de la demanda no se advierte la existencia de alguno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Venancio Baltazar Pérez España, Ricardo Ramírez de Jesús, Jesús Manuel Sicairos Galindo y Francisco Ernesto Vega Salcido; asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos en términos del parte final de dicho numeral a María Inés González Torres, Norma Angélica López González, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín y María Fernanda Saucedo Osuna. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. PRUEBAS De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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