Concepción Rivera Salas
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 05/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Concepción Rivera Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinte de febrero de dos mil dieciocho. I. Razón actuarial. Vista la razón de notificación efectuada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito, de la cual se aprecia que no le fue posible notificar los oficios 84/2018, 85/2018 y 86/2018, dirigidos al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Actuario Primero y Segundo adscritos al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por los motivos que en la misma se exponen. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para que una vez que las citadas autoridades reanuden sus labores, les notifiquen los referidos oficios, a efecto de que tengan conocimiento de la sentencia de catorce de febrero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a los Integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Delegados. Como lo solicita, se le tiene por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que precisan. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de ley de Amparo, téngase ofrecida la prueba documental que se anexa al informe justificado de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional, y con la misma dese vista las partes para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada el 29 de abril de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con Registro 2011561, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN POR LISTA. Si del informe justificado rendido por la autoridad responsable no se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar su notificación por lista de acuerdos, ya que sólo si se actualiza alguno de los referidos supuestos tendría que efectuarse personalmente porque, de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, pues no tendría otro momento para impugnar esos aspectos, cobrando aplicación, en ese caso, la fracción I, inciso k), del artículo 26 de la Ley de Amparo, que consigna la facultad del juzgador para hacerlo así cuando lo amerite." Oposición a publicación de datos personales. Por último, no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicitan las autoridades responsables respecto a que no se publiquen sus datos personales, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se concluye que la protección de los datos personales sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables. Es orientadora la tesis que dice: "Novena Época Registro: 176077 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: XIII.3o.12 A Página: 2518 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MAS NO DE LAS MORALES (AUTORIDADES RESPONSABLES). De la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se advierte que entre los objetivos de la ley citada se encuentra el garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, y para lograrlo otorgó facultades al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que dictó los acuerdos correspondientes, estableciendo en relación con los datos personales de las partes, que con el fin de respetar cabalmente tal derecho, al hacerse públicas las sentencias, se omitirán cuando manifiesten su oposición de manera expresa, e impuso a los órganos jurisdiccionales la obligación de que en el primer acuerdo que dicten en los asuntos de su competencia, señalen a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a esa publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; de donde se concluye que la protección de los datos personales de referencia sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables." Notifíquese.
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