Congeladora Puerto Progreso S.A

Expediente 2154/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2154/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Congeladora Puerto Progreso S.A

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no obra de autos la constancia de notificación a la tercera interesada ***, ordenada en proveído de nueve de noviembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, el primero con anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y anexo y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, anexó a su informe copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral 811/2021 de su índice, constante de ochenta y seis fojas, fórmese UN LEGAJO. Sin que dicho legajo se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, vista la razón actuarial de dieciocho de octubre del año en curso, levantada por el actuario de la adscripción, de la que se advierte que no fue posible notificar y emplazar a la tercera interesada ******, por los motivos que expone. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su respectivo informe justificado se advierte como un diverso domicilio de la tercera interesada *****, el predio ubicado en la calle ****, número **** por calles *** y *** y ocho del Fraccionamiento ***** de esta ciudad. Por ende, se comisiona a la persona Actuaria adscrita a este juzgado, para que se constituya en el predio señalado en el párrafo que antecede y emplace a la citada tercera interesada, entregándole copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses. Asimismo, le prevenga para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin previo acuerdo, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Finalmente, agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2154/2023 y sus acumulados 2155/2023 y 2157/2023, promovido por********************ambos por su propio y personal derecho, y el segundo de ellos a su vez, ostentándose administrador general de la persona moral******************** contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida,********************ambos por su propio y personal derecho, y el segundo de ellos a su vez, ostentándose administrador general de la persona moral******************** promovió juicio de amparo contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, previo diferimiento, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Ahora, en el capítulo de acto de acto reclamado, la parte peticionaria de amparo destacó como actos reclamados: El emplazamiento realizado en el juicio laboral ********************, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario adscrito a dicha junta, ambos con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, IV. Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que como se señaló en párrafos precedentes, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos combatidos, por lo que se tuvieron por plenamente probados para el único efecto de resolver la suspensión definitiva. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito resolutor considera que, de ser procedente, la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, así como tampoco se contraviene lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados provienen de un procedimiento en materia de trabajo, es decir, se trata de una contienda entre particulares. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso el suscrito considera que no se afectaría el interés social pues, por el contrario, de no concederse la suspensión se transgredirían derechos de la parte quejosa, en razón de que como se expuso en párrafos precedentes, los actos reclamados provienen de un procedimiento en materia de trabajo, es decir se trata de un asunto entre particulares. A. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR Ahora bien, atendiendo a que de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo, se debe garantizar la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente; por tanto, se niega la suspensión definitiva hasta por el monto correspondiente a seis meses de salario de la parte obrera, que se estima son suficientes para garantizar su subsistencia, mientras se tramita y resuelve el presente juicio de amparo. Lo que se traduce en que, una vez que la junta responsable realice el cálculo aritmético de la cantidad correspondiente a la subsistencia de los trabajadores, ésta puede ser ejecutar el laudo por dichas cantidades. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 12/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Noviembre de 1995, visible a página 291, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CALCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES." Así como la diversa jurisprudencia 4a./J. 13/90 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, visible a página 249, del rubro: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO." B. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR No obstante, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 136, 139 y 152 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; hasta en tanto quede firme la resolución que ponga fin al expediente principal del que deriva este incidente. La medida cautelar tiene el efecto de que las responsables se abstengan de ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral de origen, única y exclusivamente en lo que exceda del término de seis meses del salario diario del trabajador, aquí terceros interesados, cálculo aritmético que deberá realizar la autoridad laboral responsable. Esto, tomando en consideración que conforme a las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados del Décimo Cuarto Circuito, el tiempo que transcurre para la resolución de un asunto, incluyendo la tramitación del recurso de revisión, es en promedio de seis meses. Además, la suspensión así concedida no podrá tener por efecto suspender el procedimiento laboral de ejecución de origen, dado que la continuación de los procedimientos constituye una cuestión de orden público, como lo dispone el artículo 150 de la Ley de Amparo. GARANTÍA. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de veintiséis mil ciento dieciséis pesos 54/100 moneda nacional ($26,116.54 M.N.) para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". En primer término, debe señalarse que se tomará como cantidad base para contabilizar la garantía fijada, el monto de trescientos once mil ciento cincuenta y dos pesos 11/100, Moneda Nacional ($311,152.11 M.N.), al que fue condenado a pagar la parte quejosa en el laudo dictado en el expediente laboral ********************. En ese tenor, la cantidad de veintiséis mil ciento dieciséis pesos, 54/100 moneda nacional ($26,116.54 M.N.), se obtuvo de las operaciones aritméticas siguientes: Se multiplico la cantidad base antes referida, por la tasa de inflación mensual del Índice de Nacional de Precios al Consumidor (0.44%), que se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica https://www.inegi.org.mx tales operaciones, dan como resultado la cantidad de ocho mil doscientos catorce pesos, con cuarenta y un centavos, moneda nacional ($8,214.41 m.n.), por concepto de daños. A ello se suma el diverso monto, que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad base, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.5070%), entre doce (para obtener la cantidad mensual), y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio los inmuebles que en esta vía se defienden, dando como resultado la cantidad de diecisiete mil novecientos dos pesos, con trece centavos, moneda nacional ($17,902.13 m.n.). Es necesario precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.banxico.org.mx. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante), 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía, 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía, 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía, 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a********************ambos por su propio y personal derecho, y el segundo de ellos a su vez, ostentándose administrador general de la persona moral******************** respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el apartado A del considerando último de esta resolución incidental. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a********************ambos por su propio y personal derecho, y el segundo de ellos a su vez, ostentándose administrador general de la persona moral******************** contra los actos atribuidos a las responsables, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando último, apartado B, de esta sentencia interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se notifica y emplaza a juicio por lista de estrados a la parte tercero interesada ******, la determinación de 09 de noviembre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, (se deja a su disposición copia de la demanda en la secretaria de este Juzgado para el uso de sus derechos), mismo que refiere: Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, el primero con anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y anexo y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, anexó a su informe copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral ****** de su índice, constante de ochenta y seis fojas, fórmese UN LEGAJO. Sin que dicho legajo se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, vista la razón actuarial de dieciocho de octubre del año en curso, levantada por el actuario de la adscripción, de la que se advierte que no fue posible notificar y emplazar a la tercera interesada ******, por los motivos que expone. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su respectivo informe justificado se advierte como un diverso domicilio de la tercera interesada *****, el predio ubicado en la calle ****, número **** por calles *** y *** y ocho del Fraccionamiento ***** de esta ciudad. Por ende, se comisiona a la persona Actuaria adscrita a este juzgado, para que se constituya en el predio señalado en el párrafo que antecede y emplace a la citada tercera interesada, entregándole copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada del presente acuerdo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses. Asimismo, le prevenga para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, sin previo acuerdo, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional. Finalmente, agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

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