Claudio Sánchez Henrnández
Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Claudio Sánchez Henrnández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. I. Demanda de amparo El seis de marzo de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida físicamente por ***, contra el acto y autoridades siguiente: A los Magistrados que integran el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, Perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán: La omisión de dictar el laudo correspondiente que ponga fin al juicio laboral ***. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, en su primer punto resolutivo, sobreseyó el juicio de amparo y en su segundo punto resolutivo otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: [.] III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y posteriormente en acuerdo de dos de mayo siguiente se tuvieron por recibidos los oficios signados por los Magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los que informaron sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y anexaron la documentación para acreditarlo, otorgándose el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho convenga. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexo que acompañaron las autoridades antes citadas, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que en fecha veintiocho de abril del año dos mil veintitrés, las responsables dictaron laudo en el expediente laboral *** de su índice. En consecuencia, el suscrito considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el veintiocho de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA ****, el acuerdo de 25 de 04 de 2023, y la sentencia de 21 04 2023, dictada por el Juzgado Auxiliar, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: ) Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 84/2023 suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, con el que informa que ya obra la sentencia dictada la cual es consultable de manera electrónica con el número 194/2023-I del índice del citado Juzgado Auxiliar. Por lo tanto, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en los presentes autos, con copia de la sentencia de mérito, para los efectos legales correspondientes. De igual forma notifíquese personalmente la sentencia de mérito a las partes del presente juicio de amparo, así como el contenido del presente acuerdo. Finalmente, se advierte que en proveído veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar cuadernillo con motivo de la audiencia celebrada el diecisiete de ese mismo mes y año; por tanto, toda vez que ya se dictó sentencia en este asunto, y en a fin de vigilar la debida integración del presente expediente, agréguese el referido cuadernillo a los presentes autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...] XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 16/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *** PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: contra actos de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado Yucatán, con residencia en Mérida, y de otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: [...]SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , se precisa el acto reclamado. Por tanto, del análisis integral de la demanda, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y de las constancias electrónicas del juicio de amparo, se advierte que *** reclama: [...]TERCERO. No son ciertos los actos reclamados al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la citada ciudad, pues así lo manifestaron el apoderado legal de la autoridad responsable señalada en primer término y la apoderada general de la segunda de las autoridades señaladas, al rendir sus informes justificados, aunado a que la impetrante no desvirtuó dicha negativa. Máxime que, mediante oficio de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en respuesta al juez de distrito auxiliado, informó que "revisando los archivos y la base de datos, no existe ni ha existido ningún registro de dicha persona, por tal motivo le comunico que no es empleado de esta (sic) INSTITUTO". De lo expuesto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables citadas en este considerando. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial de dicha entidad federativa, con residencia en la indicada ciudad, pues así lo manifestaron la rendir sus informes justificados QUINTO. Oportunidad de la demanda. El juicio de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo2 , en atención a que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 1892/2015 el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, el plazo empezó a correr, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo3, esto es, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, el treinta de noviembre de dos mil veintidós y feneció el cuatro de enero de dos mil veintitrés, previo descuento del tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos y, por ende, inhábiles en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo4, así como del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil veintitrés, por corresponder al segundo período vacacional del Poder Judicial del Por tanto, si la quejosa presentó la demanda de amparo el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, su presentación resultó oportuna. SEXTO. Al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia o que las partes hagan valer, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y debido a que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; aunado a que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. En ellos aduce que se viola en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber sido emplazada al juicio ejecutivo mercantil seguido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, respecto del cual es tercera extraña, y se le dejó en estado de indefensión al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Para un debido estudio del asunto, conviene tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1892/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida.Cabe decir que, cuando el acto reclamado consiste en la falta o el defectuoso emplazamiento del demandado al juicio de origen, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, al afectar al gobernado en la oportunidad de alegar, así como de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes e interponer recursos, lo que lógicamente implica colocarlo en un estado de indefensión. En el caso, el acto reclamado emana de un juicio ejecutivo mercantil, cuyo emplazamiento se rige por el Código de Comercio vigente previo a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, cuyos artículos 1,393 y 1,394 del Código de Comercio, establecen:Los artículos antes transcritos prevén las formalidades de la diligenciación del auto de exequendo propio del juicio ejecutivo mercantil, mas no las reglas conforme a las que debe proceder el actuario para llevar a cabo el emplazamiento, por lo que le son aplicables los artículos 309 a 312 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mercantil, de conformidad con lo dispuesto por elDe dichos preceptos, se advierte que en la primera notificación personal, el funcionario encargado de realizarla, tiene la obligación ineludible de cerciorarse de que la persona a notificar vive en la casa designada y, después de ello practicará la diligencia de emplazamiento, de todo lo cual asentará razón pormenorizada en autos, asimismo en el supuesto de que en la primera búsqueda no se encontrare al interesado, se le dejará citatorio de espera a hora fija del día siguiente, y, si no lo atiende se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. De igual forma, se establece que, si nadie acude al llamado del notificador o si el interesado o la persona que atiende la diligencia se niegan a recibir la notificación, ésta se hará mediante instructivo que sefijará en la puerta del domicilio, levantándose la razón correspondiente. Finalmente, al emplazar al demandado se le entregará copia de la demanda - con anexos- y de la resolución a notificar, y deberá firmar el acta respectiva tanto el funcionario que realizó la notificación como quien la recibió, haciéndose constar si éste último no sabe o no quiere firmar, por lo que si éste no lo hace firmará también el actuario. En este contexto, debe decirse que las reglas citadas tienen por objeto que se tenga plena certeza de que la parte demandada en el juicio natural atenderá al llamado de la autoridad, lo que implica que el funcionario judicial debe cerciorarse, por un lado, que el domicilio en que se constituyó es el señalado en autos y, por otro, que en el mismo puede ser localizado el demandado, lo cual debe realizar a través de medios bastantes y convincentes, debiendo expresar en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia, esto es, que asiente con claridad si se cumplen esos requisitos, haciendo constar los medios de convicción que lo llevaron a concluir si efectivamente el demandado habita, trabaja o tiene el principal asiento de sus negocios en el domicilio que se señaló en autos y que fue en él donde se constituyó para realizar la diligencia de emplazamiento. La finalidad de los requisitos señalados atiende a que, por tratarse de la primera notificación en el procedimiento, es indispensable cerciorarse de que la notificación se realizó efectivamente con el interesado, o con cualquiera de las personas que precisan los artículos citados.Ahora bien, es necesario corroborar si el emplazamiento realizado a la parte demandada, aquí quejosa, cumple con los requisitos establecidos en los preceptos legales citados. Así, las actas de dieciocho y diecinueve de enero de dos mil diecisiete, relativas al emplazamiento de *** al juicio ejecutivo mercantil 1892/2015, establecen lo siguiente (páginas 61 a 63, 67 y 68):[...]Acto seguido, la referida fedataria le requirió la presencia de la buscada y al no encontrarse presente, ya que fue informada que se encontraba trabajando, procedió a dejarle citatorio para que la esperara a las veintidós horas del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, bajo apercibimiento que de no hacerlo, la diligencia se entendería con cualquier persona que se encontrara presente, haciendo entrega de dicho citatorio, cuya persona que lo recibió no firmó por no querer hacerlo, pero firmó en su lugar la actuaria responsable en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Posteriormente, en la diligencia llevada a cabo el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, la actuaria responsable asentó que se encontraba en el domicilio señalado en autos, de cuyo domicilio se cercioró por la nomenclatura oficial de la calle y fraccionamiento visible en las placas metálicas del Ayuntamiento de Mérida, así como por el dicho de vecinos del rumbo, y por tener el número de predio visible en una placa metálica instalada en el predio, y que en dicho lugar habitaba la demandada, pues fue informada por la persona que se encontraba en su interior, quien dijo llamarse ***, de quien describió su media filiación, género y edad aproximada de treinta y dos años, ante quien se identificó como actuaria del Poder Judicial de Yucatán, con el gafete oficial, y al requerirle la presencia de la parte demandada, manifestó que no se encontraba toda vez que estaba trabajando, por lo que en ese momento no se encontraba la buscada y, por tanto, la fedataria entendió con ella la diligencia. Por otra parte, la actuaria responsable leyó a la persona que atendió la diligencia el auto de exequendo de quince de octubre de dos mil quince y diversos de veintinueve de octubre siguiente, y de diez de enero de dos mil diecisiete, poniéndole a la vista copias certificadas de los documentos base de la acción, y la requirió para que en ese acto hiciera pago de las [...]prestaciones reclamadas, por lo que al no hacerlo, se le conminó para que señalara bienes propiedad de la parte demandada, que fueran bastantes para cubrir las prestaciones reclamadas, pero al no hacerlo, la actora se reservó el derecho a señalar bienes para embargar hasta que tuviera conocimiento de su existencia. Posteriormente, se emplazó a la demandada, requiriéndole para que dentro del término de ocho días compareciera al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a hacer pago de las prestaciones reclamadas u oponerse a la ejecución haciendo valer las excepciones y defensas correspondientes y señalara domicilio para oír sus notificaciones, corriendo traslado con copias de la demanda y con el documento base de la acción debidamente cotejados, así como con la cédula de notificación y, finalmente, la actuaria responsable levantó el acta de la diligencia, la cual no fue firmada por quien entendió la diligencia por no querer hacerlo, por lo que firmó en su lugar dicha fedataria, en términos de lo dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, se advierte que contrario a lo que aduce la quejosa, sí se llevó a cabo el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1892/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, conforme el procedimiento establecido en los artículos 1393 del Código de Comercio (citatorio), en relación con las diversas formalidades establecidas en los artículos 309 a 312 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mercantil y, por tanto, se le otorgó el derecho de ser oída y vencida en juicio; además, cabe destacar que la diligenciaria goza de fe pública y sus actuaciones tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que de ellos se exteriorizan, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, se advierte que en ambas diligencias -citación y emplazamiento- la actuaria responsable, ajustó su proceder a lo establecido en la legislación aplicable, dado que cumplió cabalmente con el requisito de cercioramiento del domicilio correcto, antes de llevar a cabo la primera notificación a la parte demandada. Esto es, la diligenciaria responsable se cercioró plenamente del domicilio de la demandada, ahora quejosa, y de que esta habitara ahí, ya que: 1. Llevó a cabo el cercioramiento del domicilio, asentando la razón correspondiente de cómo llegó a la conclusión de que se encontraba en el correcto, por la nomenclatura oficial de la calle, por las placas metálicas instaladas en las esquinas del Ayuntamiento de Mérida, así como del mismo domicilio, por el dicho de los vecinos y de la persona que atendió a su llamado, de quien describió su media filiación. 2. Hizo constar que fue atendida por una persona que se encontraba en el lugar quien manifestó ser conocida de la buscada, y señaló que en ese domicilio vivía y habitaba, pero que en ese momento no se encontraba presente, en virtud de que estaba trabajando. Como se ve, la diligenciaria no sólo se basó en su fe pública al manifestar que se encontraba en el domicilio buscado, sino también indagó y corroboró tal circunstancia con datos como el cercioramiento por medio de la nomenclatura, por los vecinos del lugar y por el dicho de la persona que atendió a su llamado, de quien también narró su media filiación. Lo que permite tener la certeza de que el domicilio era el mismo en el que se podía localizar y practicar la diligencia de emplazamiento. Por tanto, se advierte que, los medios de cercioramiento citados en las diligencias de citación y de emplazamiento, son suficientes para tener por acreditado que la actuaria responsable se constituyó en el domicilio encomendado, a efecto de emplazar a la parte demandada y que en dicho domicilio vivía o habitaba la demandada, ahora quejosa. Además, la actuaria responsable cumplió con entregar cédula de notificación, con copia de la demanda, documento base de la acción debidamente cotejadas, aunado a que la actuaria responsable firmó el acta levantada por sí y en lugar de la persona que atendió la diligencia quien no firmó. Entonces, contrario a lo que manifiesta la quejosa, sí fue debidamente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen, lo cual se hizo con las formalidades esenciales del procedimiento, de ahí que no se le dejó en estado de indefensión. Finalmente, las actuaciones de la diligenciaria responsable, en su carácter de funcionaria investida de fe pública, tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario, lo que en el caso no aconteció, tal y como se evidenció en párrafos precedentes.De ahí que, ante la existencia de datos suficientes para considerar que, oportunamente se hizo del conocimiento de la demandada, ahora quejosa, sobre la existencia del juicio entablado en su contra y, con ello, estuvo en posibilidad de contestar la demanda y hacer valer los medios de defensa que considerara pertinentes, es patente que no se vulneró el derecho de audiencia de la justiciable, previsto en el artículo 14 de la Constitución y, por ende, el juicio ejecutivo mercantil de origen cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Finalmente, cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta sentencia son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. OCTAVO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes. Sin que resulte aplicable el principio de reserva de los expedientes judiciales hasta en tanto no hayan causado estado, señalada en términos de los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción Xl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a la publicidad de la resolución que nos ocupa, toda vez que ésta culminó con el juicio respectivo, y dicho principio únicamente resulta de aplicación cuando la divulgación pueda ocasionar inconvenientes para la solución del caso concreto. Esta consideración encuentra sustento en los criterios números 11/2009, 15/2009 y 1/2011, emitidos por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en las respectivas sesiones de veinticinco de junio y uno de octubre de dos mil nueve, así como de veintisiete de enero de dos mil once, que resultan orientadores aun cuando se hubieren emitido dentro de un marco jurídico abrogado, por estar acordes con el contenido de las actuales Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; criterios que a continuación se reproducen:NOVENO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 16/2022- NOVENO. Toda vez que se ha dictado la sentencia correspondiente en el juicio de amparo indirecto 16/2022- I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, infórmese por oficio a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de esta Región, para que realice las anotaciones correspondientes; finalmente, como se ordenó en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, en atención al Punto de Acuerdo 19/2021 de treinta de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 194/2023-I de este juzgado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 16/2022-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra actos y autoridades precisados en el inciso b) del considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en el juicio de amparo indirecto 16/2022-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, contra los actos y las autoridades precisadas en el inciso a), del considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de dicha resolución. TERCERO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución. CUARTO. Envíese la presente sentencia de manera electrónica al órgano auxiliado, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que sea integrada al expediente electrónico de origen, que se encuentra vinculado con el diverso expediente electrónico número 194/2023-I de este juzgado. CÚMPLASE.[...]
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