Concepción Santos Paez
Expediente 74/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Concepción Santos Paez
Actuaciones
- Principal
Vista la diligencia actuarial de ratificación del escrito presentado el veintitrés del mes actual, a nombre de la quejosa Concepción Santos Paez, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto al requerimiento que se le hizo por auto de dieciséis del mes en curso. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo..Del precepto de mérito, se advierte la facultad del suscrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio..De lo anterior se colige que para desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: - La interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 37/2012 del índice del juzgado responsable.En el caso, este juzgador considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.Los dispositivos legales transcritos establecen la procedencia del amparo indirecto contra el procedimiento de remate. De dichos preceptos se observa que el amparo será procedente hasta en tanto se actualicen las siguientes dos condiciones: a) Se emita la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, b) Exista la determinación que ordena la entrega de los bienes rematados. De ahí que, sólo hasta que se materialicen ambos extremos, podrá acudirse al amparo en que podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución.Se dice lo anterior, porque de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte lo siguiente: 1. La quejosa tiene el carácter de demandada en el juicio 37/2012 del índice del juzgado responsable. 2. En interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el juicio 37/2012, la autoridad responsable aprobó el remate en primera almoneda, adjudicó en favor de la parte actora Julio César Lázaro Hernández, el inmueble rematado, una vez que éste garantice el monto restante de la totalidad del inmueble descrito en la interlocutoria de referencia; previno a la quejosa para que en el término de tres días, de que esa sentencia sea ejecutable otorgue y firme la escritura correspondiente ante el Notario Público que designe el actor, apercibida que de no hacerlo, se otorgará y firmará en su rebeldía, en términos de lo dispuesto por los artículos 494 y 495 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria del Código de Comercio. 3.- De igual forma, la parte quejosa en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, manifestó que a la fecha de presentación del citado ocurso (23 de febrero de 2016), la responsable no ha ordenado la entrega material del inmueble a la parte actora en el juicio natural.En ese orden, de lo apuntado se obtiene que aún no se actualizan en su integridad las condiciones para acudir al amparo contra el procedimiento de remate, ya que si bien, en el juicio de origen el diecinueve de enero de esta anualidad se dictó la resolución relativa al remate en primera almoneda, lo cierto es que aún no se ha ordenado la entrega material del bien rematado.De ahí entonces, que esos actos no sean impugnables en la vía de amparo indirecto..En razón de lo expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, con fundamento en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por CONCEPCIÓN SANTOS PAEZ, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad.Sin que obste el hecho de que la quejosa en su escrito aclaratorio manifieste que la autoridad responsable no ha ordenado la entrega material del inmueble rematado, pero ya aprobó la adjudicación del bien de que se trata y requiere a la quejosa para que otorgue y firme la escritura correspondiente ante el Notario Público que designe el actor, apercibida que de no hacerlo, se otorgará y firmará en su rebeldía, en virtud de que tal adjudicación se encuentra supeditada a que el actor garantice el monto restante de la totalidad del inmueble embargado, lo que en el caso, como se aprecia de lo expuesto en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, aún no ha ocurrido. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Concepción Santos Paez, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, no se concedió la suspensión de plano y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
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