Concepción Martínez Santiago

Expediente 276/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
276/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Concepción Martínez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en este juicio de garantías, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de i los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por lo que, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que deberán conservarse la demanda y sentencia respectiva. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se ordena devolver a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar, autorizada por el pleno para dictar sentencias, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 532/98, de su índice, relativo al juicio de controversias del orden familiar promovido por Juana Santiago Méndez en contra de Gabriel Santiago Ruiz (anexo uno).

  2. Principal

    Vista el estado de autos de los que se advierte que en diligencia de veintisiete de junio del año en curso, el tercero interesado Gabriel Santiago Ruiz, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Miramar Número 7-B, Barrio Canta Ranas de esta ciudad y autorizando para tales efectos a Jorge David Blas Brena y Salvador Arcturus Toledo Zepeda; por consiguiente, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte tercero interesado Gabriel Santiago Ruiz, el que indica y por autorizados para oír y recibir notificaciones a Jorge David Blas Brena y Salvador Arcturus Toledo Zepeda porque en esos términos lo solicita. Ahora, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, con las constancias que obran en autos, entre ellas los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las documentales que remitieron como justificación de sus informes, dése vista a Gabriel Santiago Ruiz, tercero interesado en este juicio de amparo, para que, dentro del término continuo y genérico de ocho días, manifieste lo que a su interés convenga. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para este día, se difiere señalándose nuevamente para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de la quejosa Concepción Martínez Santiago, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se le tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con los cuales se deberá dar cuenta en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional de conformidad con el precepto legal citado.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Concepción Martínez Santiago, contra actos de la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número que le corresponde. Tramítese sin incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase su informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo sin falta dentro del plazo de quince días. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se reserva proveer respecto del emplazamiento de algún posible tercero interesado, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir sus informes justificados: a).- Acompañen las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b).- Que las copias que anexen sean íntegras y legibles y, c).- Quedando obligada a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que de 1) no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se les impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, y en el segundo, de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente. Por otro lado, infórmese a las responsables que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada'', o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomaron en cuenta para emitir los actos reclamados, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibidas de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada (en caso de existir), así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 238 y 251, del mismo ordenamiento legal, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero siguiente. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de las autoridades señaladas como responsables o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, se podrá dejar de tenerlas con tal carácter y cesará toda comunicación con ellas; lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexó a su escrito de demanda consistentes en copia simple de: 1).- Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 532/1998, del índice, del Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; 2).- Instrumento notarial número trece mil quinientos cuarenta y ocho (13,548), volumen ciento noventa y dos (192), de quince de enero de dos mil dieciséis, del protocolo del Notario Público número 35, con funciones en esta ciudad, licenciado Jorge Winckler Yessin; 3).- Acta de defunción de Juana Santiago Méndez; 4).- Oficio 0088/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, expedido por el Juez Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad; 5).- Oficio GRRLSPSUR-SAPSCZ-DPSCZ-4490-2015, de ocho de octubre de dos mil quince, expedido por la Jefa del Departamento de Personal de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad; y 6).- Oficio GRRLSPSUR-SAPSCZ-DPSCZ-1992-2015, de doce de mayo de dos mil quince, expedido por la Jefa del Departamento de Personal de Petróleos Mexicanos, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional y se tengan por recibidas en ese acto aunque no exista gestión expresa de parte interesada, y que se justipreciará al dictar el fallo en el presente asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda y por autorizado sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rogelio Santiago Calderón, toda vez que no acredita contar con cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, circunstancia a la cual estaba obligado en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia Civil, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los libros de registros de cédulas profesionales que se llevan en este Juzgado. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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