Concepción Poblano Flores

Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
245/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • CONCEPCIÓN POBLANO FLORES y Otros.
  • Concepción Poblano Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos; el recurso de revisión no fue interpuesto en contra de la sentencia de sobreseimiento de diecinueve de abril de dos mil veintiuno; por ende, causó ejecutoria. Al no haber materia para ejecución, este asunto está concluido; entonces, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental Los cuadernos principal e incidental carecen de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso a), porque se sobreseyó en el juicio; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Incidente se suspensión El cuaderno original es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c), en virtud de que la suspensión definitiva fue negada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha. Archívese por separado. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los cuadernos y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; por lista a las demás partes.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia como se indica en el considerando último.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINITIUNO A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Fernando López Rojas, visto su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Incidental

    EN CUMPLIENTO AL PROVEIDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR LISTA EL DIVERSO DE DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITIUNO A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 261/2020, promovido por Fernando López Rojas y R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla y turnado a este juzgado día hábil siguiente, Fernando López Rojas promovió juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución. Actos que hizo consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. Segundo. Por auto de por auto de diez de marzo de dos mil veinte se formó, registró y admitió el juicio de amparo 261/2020; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Tercero. Mediante determinaciones de doce y trece de marzo de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridades responsables ejecutoras a las denominadas como agente de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrita a la Fiscalía General Metropolitana, agentes Estatales de Investigación dependientes del Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y agentes Estatales de Investigación dependientes de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado; finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, en los términos que se indican a continuación. - El auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del proceso 518/2013 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual ordenó la reaprehensión del quejoso y hace efectivos los montos exhibidos por libertad caucional el diez de junio de dos mil diecinueve, así como su ejecución. Al respecto, el acto se precisa del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, pues el quejoso indicó que reclama la orden de aprehensión librada en su contra desconociendo el número de proceso o causa penal, es decir, desconocía el origen de dicho acto, por ende, atendiendo al análisis integral de las constancias se advierte que el acto que reclama el quejoso es el antes indicado. TERCERO. Inexistencia del acto. Es inexistente la orden de aprehensión reclamada a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Jueces de Control de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, Jueces de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla. En efecto, los citados juzgadores al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del mandamiento privativo de la libertad que se les reclama, sin que el impetrante ofreciera medio de convicción alguno tendente a desvirtuar esa negativa. Por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo, mismo que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras toda vez que al no existir acto de las citadas autoridades ordenadoras, no puede existir acto de ejecución de las mismas. CUARTO. Certeza de los actos. Es cierto la orden de reaprehensión reclamada al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del proceso 518/2013 de su índice; por así reconocerlo la citada autoridad al rendir su respectivo informe justificado, aserto que se corrobora con el duplicado de la citada causa penal, de la cuales se advierte que emitió el mandamiento privativo de la libertad reclamado. En mérito de lo anterior, al resultar cierto el acto reclamado al citado juez debe tenerse por cierto el acto de ejecución reclamado a las autoridades ejecutoras, máxime que al rendir su respectivo informe justificado reconocieron la existencia de la orden de reaprehensión reclamada. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. De la revisión de las constancias no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que deba analizarse de oficio, por lo cual se procede al estudio de los conceptos de violación en términos del artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta alguno que deba suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estimarlo así, es conveniente destacar los antecedentes siguientes: 1. El veintitrés de diciembre de dos mil trece el juez responsable fijó los montos para que el quejoso gozara de la libertad bajo caución, siguientes: a) $50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional) por concepto de obligaciones procesales. b) $3,000.00 (tres mil pesos, moneda nacional) por concepto de reparación del daño en propiedad en favor de Bernardo José Ortiz y Caso. c) $675.18 (seiscientos setenta y cinco pesos con dieciocho centavos, moneda nacional) por concepto de multa. 2. En diligencia de dos de enero de dos mil catorce se tuvo a Bernardo José Ortiz y Caso, dándose por pagado de daño material y otorgando el perdón. 3. En actuaciones de diez de enero de dos mil catorce el juez de la causa tuvo al abogado del quejoso exhibiendo póliza de fianza 6417-49139-6 de Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, por concepto de obligaciones procesales y la garantía correspondiente a la posible multa a imponer; por ende, se ordenó la libertad del impetrante y en la misma fecha se le hicieron las prevenciones correspondientes, entre éstas, firmar el libro de control de procesados que gozan de libertad bajo caución cada quince días, en el libro 4, foja 189, así mismo se le indicó que de no cumplir con dichas obligaciones se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida; acto en el cual consta al calce el nombre y la firma del quejoso. 4. En determinación de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis el órgano jurisdiccional responsable modificó los montos de caución fijado, dejando intocados los conceptos antes referidos e incluyó el siguiente: d) $18,414.00 (dieciocho mil cuatrocientos catorce pesos, moneda nacional) por concepto daño moral a favor de María Isabel Ortíz Mantilla. e) $3,000.00 (tres mil pesos, moneda nacional) por concepto de reparación del daño en propiedad en favor de Bernardo José Ortiz y Caso. 5. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable ordenó la reaprehensión del quejoso toda vez que el impetrante no cumplió con lo ordenado en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. 6. En diligencia de diez de junio de dos mil diecinueve el juez de origen tuvo al impetrante exhibiendo $21,414.00 (veintiún mil cuatrocientos catorce pesos cero centavos, moneda nacional) por los montos de caución a que se refiere el antecedente 4 y ordenó girar atento oficio para que se dejara sin efectos la orden de reaprehensión decretada el veintiuno de junio de dos mil dieciocho; y, en esa misma data nuevamente formuló las prevenciones de ley, entre las que nuevamente le refirió la obligación de seguir firmando el libro 4, foja 189, cada quince días, especificándole que debería comparecer los días lunes, además se le reiteró que de no cumplir con dichas obligaciones se ordenaría su reaprehensión y se haría efectiva la garantía exhibida; diligencia en la que también consta el nombre y firma del impetrante. 7. El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve el secretario de acuerdos adscrito al órgano jurisdiccional responsable hace constar que con fecha diez de junio de dos mil diecinueve el encausado dejó de firmar el libro 04, foja 189 de los procesados que gozan de la libertad caucional. 8. Finalmente, en esa misma data el juez responsable emitió el acto reclamado mismo que es del tenor siguiente: ".Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 370, 371, fracciones I y II y 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, se acuerda: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el procesado Fernando López Rojas dejó de firmar el libro 04 cuatro foja 189 ciento ochenta y nueve, dejó de firmar (sic), siendo su única firma la de fecha diez de junio del año 2019 dos mil diecinueve, el libro de los procesados que gozan de su libertad caucional, incumpliendo con ello las prevenciones realizadas por el tribunal, no obstante estar debidamente enterado de la causa de revocación. II. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se revoca la libertad provisional de que disfruta el procesado Fernando López Rojas. III. Por lo que se hace efectiva la caución que exhibió para gozar de su libertad condicional y se ordena girar oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multa del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que ordene a quien corresponda, haga efectiva la cantidad de 21,414.00 veintiún mil cuatrocientos catorce pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de obligaciones a su cargo, (ÚNICAMENTE LIBERTAD) que exhibiera el referido procesado, para que gozará de su libertad caucional, numerario que fuera depositado en la Institución Bancaria Bancomer, el día 10 diez de junio del año 2019 dos mil diecinueve. IV. Asimismo, previa inserción del presente proveído gírese oficio al Fiscal General del Estado, a fin de que ordene a quien corresponda proceda a la captura del encausado de referencia y lograda que sea lo internen en el Centro de Reinserción Social del Estado, a disposición de esta autoridad para la continuación de la presenta causa iniciada en su contra. V. Finalmente, de conformidad en lo dispuesto por el diverso 320 fracción I del ordenamiento legal antes invocado se suspende el procedimiento hasta en cuanto sea cumplimentada la orden de reaprehensión. Notifíquese." Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía. Ahora bien, con relación al acto reclamado debe destacarse que al obtener el quejoso el beneficio de libertad caucional, se le hizo saber que contraía la obligación de presentarse al juzgado que conoce del proceso a firmar el libro de control de procesados que gozan de su libertad bajo caución cada quince días e incluso en la determinación de diez de junio de dos mil diecinueve se le indicó que debería comparecer los días lunes, debiendo firmar el libro 4 foja 189; también se le previno que en caso de incumplir con esas obligaciones se cancelaría el depósito otorgado y se ordenaría su reaprehensión; quedando constancia de su conocimiento al estampar su firma en la diligencia correspondiente ante el personal del órgano jurisdiccional. No obstante dicha situación, conforme a la certificación de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, quien goza de fe pública, se sabe que el quejoso dejó de firmar el libro indicado desde el diez de junio de dos mil diecinueve fecha en la que se le tuvo exhibiendo los montos fijados en la determinación de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; esto a pesar de estar debidamente enterado de esa obligación desde esa data omitió cumplir con las obligaciones que contrajo. Por tanto, se estima ajustado a derecho que se decretara la reaprehensión del quejoso en la determinación reclamada, pues de su análisis se advierte que el juez la fundó, en los artículos 31, 370, 371, fracciones I y II, y 374, todos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, los cuales se ajustan al caso particular, en tanto en los dos últimos se establecen las causas de revocación de la libertad cuando el acusado la garantizó por sí mismo o cuando un tercero lo haya hecho, entre estas, desobedecer las órdenes del juez y faltar a las obligaciones previstas en el diverso artículo 366, entre ellas, presentarse ante el juez que conozca del caso los días fijos que se le hayan señalado; y que en los casos de las fracciones I y II del artículo 371, se mandará reaprehender al acusado y se hará efectiva, por el Juzgado, la caución. También justificó tal determinación, pues tomó en consideración la certificación de la secretaria de acuerdos y, basado en ella, razonó que el procesado dejó de cumplir las prevenciones realizadas, no obstante estar enterado de la causa de revocación. Finalmente, se advierte que el juez responsable hizo efectiva la garantía que el quejoso exhibió por concepto de obligaciones a su cargo, conforme lo dispuesto en el artículo 370 que citó. Al respecto, cabe destacar que si bien el juez responsable indicó que hacia efectiva la garantía que el impetrante exhibió para garantizar las obligaciones procesales, lo cierto es que hizo efectiva la caución por la cantidad de $21,414.00 (veintiún mil cuatrocientos catorce pesos cero centavos moneda nacional) que el quejoso exhibió por conceptos de reparación del daño moral y patrimonial de los aquí terceros interesados, incongruencia que no genera perjuicio a la esfera jurídica del impetrante. En tanto que en conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Víctimas el juez del proceso está facultado para hacer efectiva dicha garantía en favor las víctimas en aquellos caso en que el inculpado deje de presentarse ante él los días que para tal efecto se hubiesen fijado, entre otros, lo cual aconteció en el caso que se analiza. Siendo dicho circunstancia una consecuencia de la conducta del quejoso que entorpece la impartición de justicia al sustraerse de la misma, tal y como lo indicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 79/2017; de ahí que tal circunstancia no le irroga afectación alguna al impetrante. Además, de que ningún efecto práctico tendría conceder el amparo para que el juez responsable subsane ese yerro, pues se le generaría al quejoso un perjuicio ya que en términos de ley el juez debería hacer efectiva tanto la garantía que exhibió por concepto de obligaciones procesales ($50,000.00) como las relativas al pago de la reparación del daño de los terceros interesados (que en conjunto ascienden a la cantidad de $21,414.00); de ahí que la circunstancia apuntada no pueda ser motivo de la concesión de amparo. En tales condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal, negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e. Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando López Rojas, contra la orden de reaprehensión reclamada a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Jueces de Control de la Región Judicial Centro Poniente del Estado de Puebla, Jueces de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, y su ejecución, por los motivos expuestos en los considerandos tercero de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Fernando López Rojas, contra el acto reclamado al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del proceso 518/2013 de su índice, así como su ejecución; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

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