Concepción Morales Nieves
Expediente 1236/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Concepción Morales Nieves
- Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, Con Sede En Atlixco, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Puebla, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que no obra la constancia de notificación ordenada vía electrónica a la Agente del Misterio Publico de la Federación respecto del proveído de ocho de junio del año en curso, por lo tanto pásense los autos a la actuaria encargada del presente juicio, para que proceda a realizar la notificación correspondiente. CUMPLASE y NOTIFÍQUESE EL AUTO QUE SE INDICA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ESTA FECHA SE ORDENA NOTIFICAR DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO, EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DISPONE Puebla, Puebla, ocho de junio de dos mil veintitrés. VISTA A LAS PARTES CON EL CUMPLIMIENTO Agréguese a los autos el oficio del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA, así como su anexo por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con el diverso con registro 7440, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa, electrónicamente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado federal, por lista y mediante oficios a las partes terceras interesada. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Patricia Asucena Juárez Díaz, que autoriza y da fe.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. INFORMA Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA; con su anexo; visto su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector; de lo que se tiene conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Los efectos de la protección constitucional por los cuales fueron concedidos son los siguientes: "El Juez de Control deberá emitir un proveído en el que ordene correr traslado a la víctima y su asesor jurídico con el escrito de acusación formulado por la representación social, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citará a las partes a audiencia intermedia. Celebrará audiencia intermedia, en la que deberá emitirse el juicio de apertura a juicio oral." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y prevéngase a la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN ATLIXCO, PUEBLA, para que dé cumplimiento al fallo en ejecución dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de cien VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Sin que haya lugar a requerir a superior jerárquico de la responsable, dado que en virtud de los principios de autonomía e independencia de los que goza la responsable en la emisión de sus resoluciones, éstos carecen se superiores jerárquicos. Háganse las anotaciones de estilo correspondiente en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1236/2022, promovido por ***; y, RESULTANDO: Primero. Por escrito depositado el ocho de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, *** promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, consistente en la omisión de juzgarlo dentro del plazo de un año en la causa penal 88/2020/ATLIXCO, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós este juzgado federal registró la demanda como juicio de amparo 1236/2022, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. En proveídos de veintidós de diciembre de dos mil veintidós y quince de febrero de dos mil veintitrés se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se verificó conforme al acta que antecede. Considerando. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo en la vía indirecta, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados son de naturaleza penal, porque se trata de omisiones que inciden en un proceso penal llevado a cabo dentro del Estado de Puebla, lo que actualiza su competencia material y territorial. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza un análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, a partir de lo cual se precisa que los actos reclamados constituyen: I. A la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla: a) La omisión de dictar el auto de apertura a juicio oral dentro de la causa penal 88/2020/ATLIXCO. Sin que pase desapercibido que en el apartado de acto reclamado el quejoso haya señalado que el acto que reclama es la omisión de juzgarlo dentro del plazo de un año, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento, ello en virtud de que el proceso que se sigue al imputado se encuentra en intermedia. Soporta lo anterior, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2005150, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)2 ." TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla por así haberlo asentado en su informe justificado. Afirmación que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 88/2020/ATLIXCO, de las cuales se desprende que hasta la fecha en que se actúa no se ha emitido el auto de apertura a juicio oral. Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones practicadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Resulta fundado y suficiente para conceder el amparo el concepto de violación formulado por la parte quejosa, suplido en su deficiencia de conformidad con el numeral 79, fracción III, inciso a)3 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior conviene realizar un resumen de la causa penal para evidenciar la ilegalidad del.acto.reclamado. La causa penal 88/2020/ATLIXCO dio inicio el trece de agosto de dos mil veinte con el oficio remitido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual solicitó se girara orden de aprehensión en contra de ***, hoy quejoso por presuntamente haber participado en la comisión del hecho señalado como delito de Feminicidio ello pues se le atribuyó que el día domingo veintinueve de julio del año dos mil dieciocho aproximadamente a las veinte horas con cuarenta minutos Imelda Morales Serrano al ir caminando en compañía de su madre Mariana Serrano Lozada en la carretera que conduce de Nexatengo a San José el Recreo a la altura del rancho del puente de Santa Ana Yancuitlalpan, Atlixco, *** iba a bordo de una motocicleta de color verde, negro y blanco la cual conducía e iba acompañado por otro sujeto y cuando estaba frente a la víctima y su madre y estando a una distancia aproximada de metro y medio de la víctima le dispara en la cabeza y a su acompañante, posteriormente fueron trasladadas al hospital lugar en donde fallece Imelda por las lesiones que le fueron inferidas. Es así que el catorce de agosto de dos mil veinte, el Juez de Oralidad de la región Judicial Centro Poniente determinó librar la orden de aprehensión solicitada en contra de ***, la cual fue ejecutada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que se llevó acabo la audiencia inicial de formulación de imputación la que se reprogramó para el veintitrés siguiente, al haber fallas técnicas. Así, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se formuló imputación en contra de *** por el delito de feminicidio cometido en agravio de Imelda Moralez Serrano, se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el proceso. Seguida la secuela procesal el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al imputado revocando el nombramiento de defensor hecho con anterioridad y nombrando nuevos, por lo cual se le requirió para que comparecieran a aceptar el cargo, de igual forma se ordenó girar oficio a la Comisión ejecutiva de atención a víctimas del Estado para que nombrara asesor jurídico para la víctima. Posteriormente el veintitrés de abril de dos mil veintiuno se tuvo a la Comisión ejecutiva de atención a víctimas designando a asesora jurídica, asimismo se tuvo a los defensores particulares del imputado renunciando al cargo conferido por lo cual se le nombró a la defensora pública de la adscripción. Así el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno el imputado designó nuevos defensores quienes protestaron el cargo el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, asimismo, el veintinueve de junio de ese año los defensores del quejoso solicitaron se prorrogara el plazo de cierre de investigación complementaria por dos meses más lo cual les fue acordado de manera favorable. En la siguiente actuación de siete de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo al agente del Ministerio Público solicitando se cerrara el plazo de cierre de investigación complementaria, el cual había fenecido el veintidós de agosto de dos mil veintiuno, por lo cual, en esa fecha se declaró cerrado el plazo de investigación complementaria dentro de la causa penal y se señaló que a partir del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno inició el cómputo del plazo a que se hace referencia en el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo al agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del imputado por el delito de Feminicidio por lo que se ordenó correr traslado y hacer entrega de copia de la acusación a las partes. Actuación en la que también se tuvo a los defensores particulares del imputado interponiendo recurso de revocación en contra del auto de siete de septiembre, se admitió el recurso interpuesto, se realizó el estudio correspondiente y se determinó no revocar el auto recurrido. Posteriormente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se hizo constar que se recibieron oficios relativos al juicio de amparo 922/2021 del índice de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, toda vez que *** promovió juicio de amparo en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Después, el dieciocho de octubre se tuvo a la defensa contestando la acusación formulada en contra de su defendido, así mismo se tuvo a la ofendida informando que su asesora jurídica había renunciado a la dirección de víctimas por lo que solicitó se le nombrara una nueva asesora. Seguida la secuela procesal del juicio de amparo se desprende que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós se dictó sentencia dentro del mismo, la cual fue recurrida por el quejoso y posteriormente el catorce de junio de dos mil veintidós el Juez de Control tuvo por recibido el oficio por el cual se le informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sobreseyó en el juicio de amparo promovido. Posterior a ello, mediante acuerdos de veintiocho de marzo de dos mil veintidós la ofendida indicó que su asesora ya no laboraba para la institución pública, por lo cual ya no le prestaría sus servicios, en tales condiciones se dio vista a la representación social y el diecinueve de abril se tuvo informando las gestiones realizadas para lograr el nombramiento de la referida asesora jurídica; sin embargo el dieciséis de mayo siguiente se hizo constar que la víctima aún no contaba con asesor jurídico, por lo que nuevamente se requirió al agente del ministerio público, lo cual volvió acontecer el veintinueve de junio de veintidós y una vez más el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Así el veinticinco de octubre de dos mil veintidós se tuvo al imputado nombrando nuevos defensores quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido el ocho de noviembre de dos mil veintidós. Posteriormente el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós se tuvo a una nueva agente del Ministerio Público informando que había sido asignada dentro de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal, asimismo se ordenó girar oficio a la Comisión ejecutiva estatal de víctimas para que de manera inmediata designara un asesor jurídico para la víctima. Así el dos de diciembre fue informado que se señaló asesor jurídico para la parte ofendida dentro de la causa penal por lo que se requirió a éste para aceptar el cargo conferido, lo que ocurrió el seis de diciembre de dos mil veintidós siendo esta la última actuación derivada de la causa penal. Como se adelantó la omisión reclamada por el quejoso es cierta y trae como consecuencia la dilación del procedimiento de forma injustificada. Se explica. De conformidad con el artículo 20, apartados A, fracción I, y B, fracciones I, VII y IX, párrafo segundo, de la Constitución Federal se establecen los principios rectores del proceso acusatorio penal, el cual tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, se reconoce que el imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad en sentencia. Para lo cual se establece que deberá ser juzgado dentro de un año, en aquellos delitos cuya pena de prisión exceda de dos años, siempre que no solicite un mayor plazo para su defensa. De igual forma, se indica que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, pero en ningún caso será superior a dos años. Sin embargo, para garantizar el cumplimiento de esos derechos, es necesario que el procedimiento penal se ajuste al contenido de los artículos 14 y 17 constitucionales. En efecto, dentro de los procedimientos judiciales rige el artículo 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, en el cual se indica que los juicios deben seguirse ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, se establece la existencia de los juicios como medios jurídicos o legales en los que se deberán respetar las normas del procedimiento que para el efecto hayan sido estatuidas. Así mismo, en el diverso 17, párrafo segundo, de la misma Ley Fundamental, se prevé que para lograr la eficaz, debida, pronta y expedita impartición de justicia, la autoridad debe ajustar su actuación a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tanto, de los numerales citados se llega al conocimiento que el Estado Mexicano prevé que todo gobernado tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esto es, por regla general los órganos encargados de administrar justicia deben observar el mandato constitucional referido con arreglo a las leyes ordinarias, respetando los plazos y términos que para el efecto determinen las mismas, como regla ordinaria, salvo los casos de excepción, los cuales están sujetos a prueba, pues no debe soslayarse que las reglas procesales se emiten tomando en consideración lo ordinario del desarrollo de tales actos, es decir, la forma común jurídica en que deben emitirse y realizarse éstos; de ahí que cuando la autoridad jurisdiccional no se sujeta a dichas normas, su actuar fuera de ese contexto debe ser racional, para lo cual se exige su justificación para no estimarse arbitraria y, por ende, ilegal. En el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que el procedimiento penal se conforma por tres etapas, dentro de las cuales se encuentra la de investigación, que a su vez se divide en dos fases, la inicial y la complementaria, siendo que la segunda comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Por su parte, la intermedia o de preparación del juicio, comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; mientras que la de juicio, comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Destacando que el proceso comienza con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. De igual forma, en los artículos 103, fracciones I, VII y X, 153, 155, fracción XVI, 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevé el derecho del imputado a ser tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; y, que será juzgado antes de un año cuando la pena de prisión del delito atribuido exceda de dos años. También se establece que para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, se podrá imponer alguna de las medidas cautelares previstas en la ley, dentro de las cuales se comprende la prisión preventiva, la cual no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, sin que la medida pueda ser utilizada como sanción penal anticipada; la que podrá ser modificada en los términos previstos en la ley. De lo expuesto se puede observar que en la Constitución Federal y legislación procesal penal se establecen dos derechos diversos del imputado: el primero, relacionado con la posibilidad de ser juzgado antes de un año cuando el delito por el que se instruye el proceso amerita pena priva que excede de un año; y, el segundo, que la medida cautelar de prisión preventiva no exceda de dos años, salvo que se prolongue con motivo del derecho de defensa. Sin embargo, esos derechos son de naturaleza distinta, ya que pese a vincularse con el procedimiento penal su cumplimiento está supeditado a las formalidades establecidas para cada uno de ellos. Lo anterior, porque la posibilidad de ser juzgado antes de un año está supeditado a que se cumpla con las formalidades del procedimiento previamente establecidas, lo cual implica agotar cada una de las etapas que lo conforman. Para lo cual se prevé en el artículo 134, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales la obligación de los jueces resolver los asuntos que corresponda ajustándose a las reglas establecidas en la ley, con la finalidad de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Por su parte, la imposición y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debe sujetarse a las propias reglas previstas para ello, pues su finalidad es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Ahora bien, de la síntesis de antecedentes realizada se desprende que el siete de septiembre de dos mil veintiuno se declaró cerrado el plazo de investigación complementaria y si bien dicho auto fue recurrido por el imputado mediante recurso de revocación, este no fue revocado, y la sentencia respecto de éste no fue modificada por el juicio de amparo indirecto promovido, ni por la sentencia que recayó al recurso de revisión interpuesto, de ahí que dicha actuación judicial sea subsistente y constituya cosa juzgada. La cosa juzgada es una institución procesal que se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en una resolución firme (cosa juzgada en sentido material), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues su autoridad encuentra sustento en los principios de certeza, seguridad jurídica y acceso a la justicia reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, es una expresión de la figura jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva (cosa juzgada en sentido formal). Es así que la autoridad de la cosa juzgada se basa principalmente en el derecho fundamental a la seguridad jurídica y el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. En razón de que esta institución encuentra su fundamento en los derechos fundamentales a la seguridad jurídica es que se ha considerado a la inmutabilidad de la cosa juzgada como absoluta, sin que pueda, en ningún caso, ceder frente a otros derechos de corte constitucional, como el de acceso efectivo a la justicia. De ahí que aunque en contra de la determinación de tener por cerrada la etapa de investigación complementaria se hayan interpuesto diversos medios de impugnación y juicio de amparo, lo cierto es que ninguno de ellos tuvo como resultado modificar o nulificar tal actuación, de ahí que ésta constituya una determinación firme cuyos efectos deben producirse. De igual forma, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que la representación social formuló acusación en contra del imputado, así como que éste dio contestación a dicha acusación mediante escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno. De ahí que la causa penal actualmente se encuentra en la etapa intermedia, de conformidad con lo expuesto en el numeral 211 fracción II del Código Nacional de Procedimientos. Penales. Sin embargo, de la propia causa penal se desprende que la parte agraviada no recibió el traslado respectivo con el escrito de acusación, pues refirió no contar con asesor jurídico y que no recibiría ningún traslado hasta contar con asesoría legal; lo que ocurrió hasta el seis de diciembre de dos mil veintidós, sin que hasta la fecha en que se emite la presente resolución se haya informado por parte del Juez de Control que corrió traslado a la ofendida con el escrito de acusación, ello con el propósito de que esté en condiciones de correr el plazo a que hace referencia el numeral 338 del Código procesal de la materia. Omisiones del Juez de Control que sin duda resultan violatorias del derecho de acceso a la justicia del hoy quejoso, y hacen patente que en el proceso que se le sigue las actuaciones no se hayan ajustado a las disposiciones procesales, pues las omisiones referidas se traducen en que no se haya llevado a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal y a su vez, que no se le juzgue dentro del plazo establecido en la Ley, sin que exista causa justificada para ello. En conclusión, la responsable no ajusta su actuación a los plazos y términos que señala la ley procesal penal, con lo cual infringe lo dispuesto en el numeral 17 de la Constitución Federal. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la misma Ley Fundamental, se prevé que para lograr la eficaz, debida, pronta y expedita impartición de justicia, la autoridad debe ajustar su actuación a los plazos y términos que fijen las leyes. Esto es, por regla general los órganos encargados de administrar justicia deben observar el mandato constitucional referido con arreglo a las leyes ordinarias, respetando los plazos y términos que para el efecto determinen las mismas, como regla ordinaria, salvo los casos de excepción, los cuales están sujetos a prueba, pues no debe soslayarse que las reglas procesales se emiten tomando en consideración lo ordinario del desarrollo de tales actos, es decir, la forma común jurídica en que deben emitirse y realizarse éstos; de ahí que cuando la autoridad jurisdiccional no se sujeta a dichas normas, su actuar fuera de ese contexto debe ser racional, para lo cual se exige su justificación para no estimarse arbitraria y, por ende, ilegal. Y del relato expuesto se puede observar que el Juez responsable injustificadamente ha retardado el proceso, pues de las constancias remitidas se desprende que las actuaciones del año dos mil veintidós se centraron en buscar representación para la víctima y una vez que se consiguió representante, no se le corrió traslado con la acusación formulada, lo que impide que se siga con el trámite del proceso penal. Ya que si bien es cierto, el quejoso ejerció su derecho de defensa en diversas ocasiones, no se desprende que esa sea la razón por la cual se ha retardado el procedimiento, tampoco la promoción del diverso juicio de amparo 922/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, pues si bien durante la tramitación de éste se ordenó suspender el procedimiento, lo cierto es que en los efectos de dicha suspensión se establecía la posibilidad de concluir la etapa intermedia y una vez que se le notificara la resolución definitiva, podría seguir con el trámite de la causa. Lo que estuvo en aptitud de realizar desde que se le informó que el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 922/2021, no modificó la sentencia emitida ni tampoco el auto en el que se declaró cerrada la investigación complementaria, es decir, desde el diez de junio de dos mil veintidós. Así, en virtud de que la omisión reclamada viola el derecho humano del quejoso de acceso a la justicia procede conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión para los efectos que a continuación se precisan. QUINTO. EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en términos del numeral 74 de la Ley de Amparo, se fijan los efectos de la concesión: El Juez de Control deberá emitir un proveído en el que ordene correr traslado a la víctima y su asesor jurídico con el escrito de acusación formulado por la representación social, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el numeral 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citará a las partes a audiencia intermedia. Celebrará audiencia intermedia, en la que deberá emitirse el juicio de apertura a juicio oral. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra la omisión de ser juzgado en un año dentro de la carpeta judicial administrativa 88/2020/ATLIXCO, reclamada a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, por los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos precisados en el diverso quinto. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO, A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE JUZGADO VÍA ELECTRÓNICA Y POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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