Concepción Meneses Juárez
Expediente 547/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Concepción Meneses Juárez
- Karina Erazo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de julio de dos mil diecinueve. Acusa recibo de expediente Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del diverso 19390/2019 de ocho de julio del año en curso, por medio del cual le fue remitido el original del expediente laboral 160/2015 y sus acumulados 163/2015 y 168/2015 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veinte de junio del año en curso (fojas 47 a 51), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Concepción Meneses Juárez, Luis Enrique Rivera Atriano, Ma. Juana Vázquez Sánchez, Karina Erazo Rodríguez, Alina Meneses Texis, Isidro Montes Pérez, María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, Margarita Yolotzin González Lugo, Esteban Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. No ha lugar a ordenar devolución de documentos originales Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Devolución de expediente Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitió como anexo al oficio 5393/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve el expediente laboral 160/2015 y sus acumulados 163/2015 y 168/2015 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. En virtud de lo anterior, y toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, devuélvanse las constancias referidas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veinte de junio de dos mil diecinueve: Apizaco, Tlaxcala, veinte de junio de dos mil diecinueve. Se acepta competencia Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, comunica el auto de doce de junio de dos mil diecinueve, en el que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Concepción Meneses Juárez, Luis Enrique Rivera Atriano, Ma. Juana Vázquez Sánchez, Karina Erazo Rodríguez, Alina Meneses Texis, Isidro Montes Pérez, María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, Margarita Yolotzin González Lugo, Esteban Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán, en los autos del juicio de amparo directo 457/2019 de su índice, por las razones expuestas. Radicación demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 547/2019-VIII. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste en la determinación de uno de abril de dos mil diecinueve, emitida en el expediente laboral 160/2015-D, y sus acumulados 163/2015-C y 168/2015-D, en la cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, determinó declinar competencia en favor del Tribunal Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora, respecto de la referida determinación reclamada, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VIII de la Ley de Amparo interpretados a contrario sensu, como a continuación se analiza. Los artículos mencionados indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, como se desprende de la transcripción anterior, el legislador estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, analizó que para que tal procedencia opere, dichos actos deben adquirir el carácter de definitivos. En efecto, procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta. Lo anterior es así, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En efecto, debido a que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, lo tramita hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Sirven de apoyo la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) y P./J. 29/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Sin embargo, en el caso que nos ocupa, si bien la responsable mediante resolución de uno de abril de dos mil diecinueve, se declaró incompetente para conocer del expediente 160/2015-D, y sus acumulados 163/2015-C y 168/2015-D, lo cierto es que del escrito y anexos que se provee no se advierte que la autoridad en cuyo favor se declinó competencia -Tribunal Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala- se haya pronunciado sobre la competencia planteada, por tanto, dicha resolución no cumple con la condición de ser la definitiva en el procedimiento seguido en la indagatoria referida. En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu, lo procedente es desechar la demanda de amparo, promovida por Concepción Meneses Juárez, Luis Enrique Rivera Atriano, Ma. Juana Vázquez Sánchez, Karina Erazo Rodríguez, Alina Meneses Texis, Isidro Montes Pérez, María Lorena Mercedes Hernández Jiménez, Margarita Yolotzin González Lugo, Esteban Pedro Erazo Rivera y Guadalupe Rodríguez Guzmán contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por las razones expresadas en el presente proveído. Tomos Por otra parte, se ordena integrar las constancias que remitió la autoridad oficiante, en un tomo por separado en el cual deberá elaborarse la carátula respectiva. Domicilio y autorizados Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios a Alicia Mata Galindo, María del Carmen Islas García y Fernando Luna Rojas, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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