Concepción Meneses Juárez
Expediente 1092/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Concepción Meneses Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9, de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que indica en el oficio en comento. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El trece de octubre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución correspondiente al incidente de personalidad, reclamado por la parte quejosa, dentro del expediente laboral 37/2015-A, del índice del tribunal responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, mismo que fue notificado a la parte quejosa con fecha catorce de octubre del año en curso -foja 48 vuelta-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral. Ahora, del análisis de la documental aportada por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el trece de octubre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución correspondiente al incidente de personalidad reclamado por la parte quejosa, dentro del expediente laboral 37/2015-A del índice del tribunal responsable, corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución correspondiente al acto que se reclama, así como de la notificación correspondiente practicada la parte quejosa el catorce de octubre del año en curso. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución correspondiente al incidente de personalidad en el expediente laboral de origen, tal como se advierte de la documental señalada y notificar dicha resolución al quejoso, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se decrete el sobreseimiento en el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución emitida el trece de los actuales, correspondiente al incidente de personalidad, en el expediente laboral 37/2015-A, tal como se advierte de las siguientes reproducciones: Dicha resolución fue notificada a la parte quejosa el catorce de octubre dos mil dieciséis -foja 48 vuelta-, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele el quejoso se subsanó al emitir la resolución correspondiente al incidente de personalidad, dentro del expediente laboral 37/2015-A del índice del tribunal responsable, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, lo que trae como consecuencia la dilación procesal y el retraso del procedimiento laboral, y el trece de octubre de dos mil dieciséis se haya emitido la resolución correspondiente acto que dio origen a dicho juicio. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la parte quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado el quejoso. ... Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama la parte quejosa no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que la quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el trece de octubre de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, si la pretensión de la parte quejosa consistiera en ampliar su demanda de amparo y reclamar el acuerdo de trece de octubre de dos mil dieciséis, en el que dicto la resolución del incidente de personalidad, en ese caso, probablemente se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de dicha resolución.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: "Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9, de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que indica en el oficio en comento. A la documental que exhibe la autoridad responsable, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Ahora, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa al oficio de cuenta, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El trece de octubre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución correspondiente al incidente de personalidad, reclamado por la parte quejosa, dentro del expediente laboral 37/2015-A, del índice del tribunal responsable, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, mismo que fue notificado a la parte quejosa con fecha catorce de octubre del año en curso -foja 48 vuelta-. En ese sentido, para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente señalar el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual consiste en: La omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral. Ahora, del análisis de la documental aportada por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el trece de octubre de dos mil dieciséis, se emitió la resolución correspondiente al incidente de personalidad reclamado por la parte quejosa, dentro del expediente laboral 37/2015-A del índice del tribunal responsable, corroborándose dicha circunstancia con las copias certificadas de la resolución correspondiente al acto que se reclama, así como de la notificación correspondiente practicada la parte quejosa el catorce de octubre del año en curso. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse la resolución correspondiente al incidente de personalidad en el expediente laboral de origen, tal como se advierte de la documental señalada y notificar dicha resolución al quejoso, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se decrete el sobreseimiento en el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. En el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada de la resolución emitida el trece de los actuales, correspondiente al incidente de personalidad, en el expediente laboral 37/2015-A, tal como se advierte de las siguientes reproducciones: Dicha resolución fue notificada a la parte quejosa el catorce de octubre dos mil dieciséis -foja 48 vuelta-, tal como se advierte de la presente reproducción: De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele el quejoso se subsanó al emitir la resolución correspondiente al incidente de personalidad, dentro del expediente laboral 37/2015-A del índice del tribunal responsable, en los términos apuntados. Sin que en el caso puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite respectivo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto, en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa, hizo consistir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, en la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, lo que trae como consecuencia la dilación procesal y el retraso del procedimiento laboral, y el trece de octubre de dos mil dieciséis se haya emitido la resolución correspondiente acto que dio origen a dicho juicio. No obstante tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que dicho precepto establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Lo anterior es así, toda vez que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento jurisdiccional no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17, de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. Pero sin llegar al extremo, de que por el simple hecho de que la parte quejosa, manifieste que la responsable transgrede con su actuar, su derecho de petición consagrado en el artículo 8, constitucional, por sí mismo, tal situación no puede ser, pues no se puede aislar tal circunstancia atendiendo a su origen. Sobre tal circunstancia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Séptimo Circuito, estableció que el derecho fundamental de petición que se consagra en el numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traducen en que, ante una petición elevada por escrito y en forma respetuosa, la autoridad correspondiente está obligada a emitir una respuesta congruente en un plazo razonable, haciéndosela saber al solicitante, sin que ello implique que la contestación deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues atendiendo al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Además, destacó que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el particular, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por el gobernado, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o bien, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo; en consecuencia, no puede considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que evaden o difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alegó violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado el quejoso. ... Por tanto, es de concluirse que al reclamarse en el presente asunto una omisión que contraviene al principio de justicia completa, pronta e imparcial que establece el artículo 17 Constitucional, del que deriva una determinación cuya omisión se reclama, lo cierto es que no comparten la naturaleza de la violación reclamada, pues mientras en un principio se reclamó la inactividad procesal, en el segundo se reclamaría la legalidad del dictado de una resolución dictada dentro del procedimiento jurisdiccional, contra el cual no procede la ampliación de demanda. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito señaló que los actos que reclama la parte quejosa no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo y, por tanto, se actualizaría la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... Ahora, para que los actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Nuestro más el Alto Tribunal, sostuvo que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Con base en tales premisas, es dable concluir que la quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. En efecto, el objeto de la promoción del amparo es la omisión de emitir resolución del incidente de personalidad, dentro del juicio laboral 37/2015-A del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el retardo injustificado en el citado procedimiento laboral, traducido en la falta de prosecución del trámite, el cual se rige por una normativa que regula el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, siendo estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ello en atención a que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad, de ahí que de ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el trece de octubre de dos mil dieciséis, se dolería exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo podría ser la transgresión al artículo 8o. constitucional ante la falta de respuesta a su escrito de petición. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de dichos procedimientos, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, en el caso, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta y por ende, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, si la pretensión de la parte quejosa consistiera en ampliar su demanda de amparo y reclamar el acuerdo de trece de octubre de dos mil dieciséis, en el que dicto la resolución del incidente de personalidad, en ese caso, probablemente se actualizaría la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de dicha resolución."
- Principal
Agréguese a los autos el escrito y anexo de cuenta, por medio del cual Alicia Mata Galindo, autorizada de la parte quejosa hace del conocimiento de este juzgado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en sesión ordinaria celebrada el trece de octubre de dos mil dieciséis ha declarado que es improcedente el incidente de personalidad interpuesto por la quejosa Concepción Meneses Juárez y ha señalado las nueve horas con cero minutos del veinticuatro de noviembre del año en curso, para continuar con la etapa de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 37/2015-A de su índice (cuya omisión en su emisión constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional). En atención a su contenido, resérvese a acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos los informes justificados de las autoridades responsables, pues a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las mismas en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, para tal efecto.
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