Concepcion Flores Flores

Expediente 1196/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1196/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Concepcion Flores Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintitrés de noviembre dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1196/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso, con excepción de la demanda de amparo, dado la importancia del documento. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. CONSULTA DE EXPEDIENTE De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. CUESTIONES PRELIMINARES Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Concepción Flores Flores, quien se encuentra privado de la libertad personal en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de la ciudad de Puebla, acude a esta instancia constitucional a reclamar la falta de atención médica por parte de la autoridad responsable: 1. Leticia Viyaraldo López, Directora del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de la ciudad de Puebla. Asimismo, en la demanda el promovente aduce que: - Que sufrió una caída lesionándose la cabeza y el pie izquierda con una fractura expuesta en el tobillo y que le brindaron la atención médica en el Hospital del Sur de la ciudad de Puebla. - Que padece de diabetes mellitus, de veinte años de evolución, y sangrado de tubo digestivo alto, padecimientos que han sido atendidos en la Unidad Habitacional La Margarita IMSS, en diversas fechas que señala en su escrito inicial de demanda. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLANO El promovente del amparo solicita se conceda la suspensión con efectos restitutorios de atención médica por ser un derecho fundamental, hasta en tanto se resuelve el fondo del presente asunto. Dígasele al quejoso que no ha lugar a decretar la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: En principio el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los preceptos citados se advierte que, en lo que interesa, que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes manifiesta, en lo substancial, lo siguiente: (.) Me encuentro en prisión desde hace aproximadamente tres años y medio, habiendo ingresado al Centro penitenciario denominado San Miguel de esta Ciudad de Puebla, por el inexistente delito de Homicidio, y encontrándome en el dormitorio de dicho centro penitenciario de San Miguel, sufrí una caída de una litera lesionándome gravemente la cabeza y el pie izquierdo con fractura expuesta en el tobillo y de una u otra manera fui atendido, no con la especialidad debida en el mismo centro penitenciario y en el Hospital del Sur de esta Ciudad, motivo por el cual en la actualidad padezco de una incapacidad para caminar porque mi lesión del pie no fue curada con la especialidad debida. En atención a mi estado de salud delicado fui trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, de la Ciudad de Puebla, en el edificio sur, planta baja DORMITORIO C-1, cama 1; donde actualmente me encuentro recluido. (.) Deseo señalar que los días y horas que están en la cartilla de seguridad social, no las dispongo yo, sino que son las fechas en que por mi enfermedad me he agravado requiriendo de una atención de urgencia e inmediata, igualmente el instituto Mexicano del seguro Social que me atiende es por las tardes cuando me atiende, esto a causado que la Directora del plantel se moleste sobremanera por mi salida del CIEPA, y ser trasladado a mi atención médica y que estas atenciones, todas han sido de urgencia por la gravedad en la que me encuentro, pues no tengo momento exacto para sufrir un padecimiento u otro, la atención que requiero es momentánea por los dolores y alteración en mi cuerpo de lo que estoy padeciendo, motivo por el cual me veo en la necesidad de hablar por teléfono a mi familia para que acudan al CIEPA y exijan que sea atendido porque a mi no me hacen caso pues la guardia con quien me quejo me dice que me estoy haciendo buey que no tengo nada, toda vez que no existe medico de planta y es inútil que me atienda en la localidad en la que estoy ya que solamente soy atendido por una enfermera que atiende el área médica del centro de internamiento. Y con fecha jueves 17 de noviembre de 2023, tuve la necesidad por mis padecimientos de tener asistencia médica de urgencia, acudiendo a solicitar auxilio a mi familia y también al personal donde me encuentro recluido, enfermeras y personal de trabajo social, las cuales de manera firme me indicaron que tenía órdenes expresas de la Directora de no permitir mi salida para la atención requerida, NEGÁNDOME A QUE SALIERA A SER ATENDIDO, porque para la Directora, no obstante que soy trasladado por personal de seguridad y custodia por nadie más, ya que ni siquiera permite que mi familiar que me auxilia vaya conmigo en la patrulla, indicándome la Directora que la atención medica que se me da causa un alto riesgo de fuga porque es por la tarde, o a veces cuando empieza la noche (19 horas), y por tal motivo se opone rotundamente a que salga a ser atendido al seguro social. Deseo manifestar que durante el tiempo que he permanecido detenido en este centro de internamiento, han fallecido dos personas por falta de atención médica, y además deseo manifestar que cuando se me da medicamente que debo tomar diariamente, y que me lo da el mismo IMSS, lo conservan en enfermería para administrármelo, sin embargo en ocasiones me indican que ya no lo hay, que se terminó y lo que pasa es que a otras personas internas que no tienen medicamento, lo atienden con el medicamento que a mi me proporciona el instituto del seguro social, motivo por el cual me veo en la necesidad de presentar esta demanda de amparo en contra de dicha Directora del CIEPA, para el efecto de que se me preste atención medica que requiero y permita mis salidas de urgencia por los padecimientos que presento. (.)" Bajo ese contexto, se aprecia que el directo quejoso se encuentra privado de la libertad personal con motivo de algún proceso penal que se le instruye en su contra por el delito de homicidio, y que si bien tiene padecimientos de salud, se le ha permitido la salida del Centro de Internamiento y se le han brindado los medicamentos que requiere, particularidad que torna improcedente la medida cautelar de plano. De ahí que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente a decretar la suspensión de plano, pues a partir de un juicio valorativo de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que no le han negado la atención médica que requiere sus padecimientos y los medicamentos necesarios, aun cuando le son suministrados de manera racionada, por tanto, no se aprecia que se vulnere su dignidad ni integridad personal. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) sustentada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." DESECHAMIENTO POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ATENCIÓN MÉDICA. Conforme a lo establecido en los artículos 9, 107, 114, 115, 116, 117, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé un procedimiento administrativo, que atiente a la afectación de las condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; asimismo, cuando se trate de peticiones urgentes, se podrá acudir de manera directa ante el Juez de Ejecución para plantearle esa circunstancia, quien oficiosamente suspenderá de inmediato el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva la problemática planteada. Que tratándose de omisiones de la autoridad penitenciaria, el Juez de Ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. Además, en el supuesto de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses de los peticionarios, éstos podrán formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; mientras que si la petición no hubiera sido resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución a demandar esa omisión, hipótesis en la que el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Así también, se prevé que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la ley, tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cuestiones, las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. En este sentido, debe señalarse que las solicitudes de la parte quejosa relacionadas con su salud, deben considerarse una cuestión urgente, en atención a que el médico o especialista es la única persona calificada para definir profesionalmente si el padecimiento del interno o como lo es en el presente caso, originado por la falta de atención médica, realmente ponen en riesgo su vida o su salud y por ende, su afección entraña una urgencia, pues no puede dejarse al arbitrio de las autoridades penitenciarias ni del Juez de Ejecución que determinen si el caso de que se trate es urgente o no, cuando se aleguen cuestiones relacionadas con la salud. Por lo tanto, el solo hecho de que la persona que se encuentre privada de su libertad manifieste que existe una omisión o negativa de las autoridades responsable de proporcionarle atención médica, es suficiente para que se considere que se está en presencia de un acto, hecho u omisión de carácter urgente, de aquellos a que se refiere el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que por tanto, ameritan atención inmediata; pues tratándose de la salud de las personas, cualquier dilación puede dejar sin materia la petición, en tanto que, la tardanza puede (en el peor de los panoramas) agravar su situación, incluso en forma permanente o producir una difícil solución a los padecimientos que puedan surgir por esa falta de atención. De ahí que, todas las cuestiones inherentes a la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad en centros de reclusión, han de considerarse de carácter urgente y requiere de atención inmediata, de no ser así, tal omisión impactaría en su calidad de vida y de no recibir la atención correspondiente por profesionales de la salud, se corre también el riesgo de que su estado clínico pueda agravarse hasta el punto de llegar a provocar una situación irreparable. Máxime que, de estar en el supuesto que los internos soliciten la atención médica y ésta no les sea proporcionada por la persona capacitada para ello, esto es, por un profesional de la salud, se estaría permitiendo que las personas recluidas padezcan y soporten los síntomas producto de su afección médica injustificadamente, situación en la cual, se estaría afectando irremediablemente su calidad de vida. De ahí que, tratándose de cuestiones de deficiencia, falta, omisión o negativa de proporcionar atención médica, su simple naturaleza es suficiente para que se considere que se está en presencia de un acto, hecho u omisión de carácter urgente, en los términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, debido a que dicho ordenamiento contempla expresamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición y en este caso, dicho juez, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Así, resulta innegable que el quejoso, previo a instar el presente sumario, debió acudir al procedimiento administrativo previsto en el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que al tratarse de un asunto urgente, dicho procedimiento contempla la suspensión del hecho u omisión sin pedir mayores requisitos que los solicitados por la ley de Amparo, de ahí que no exista excepción para agotar el principio de definitividad. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda signado por el impetrante, se advierte que no se actualiza algún supuesto excepcional que permita sostener que la demanda planteada deba de ser admitida en esta vía, por afectar gravemente los derechos humanos de la parte quejosa, pues no puede sostenerse que la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle atención médica, afecte gravemente la integridad personal de la parte peticionaria, por equipararse a una especie de tormento al que se encuentre sujeto o que en su caso pueda poner en riesgo su vida o salud psicológica de forma grave, sin que aportaran mayores elementos o en su caso se justificara esa circunstancia, que permita a este juzgador considerar que no es factible agotar el medio de defensa previsto en el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal ya referido. En mérito de lo anterior, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto u omisión de autoridad, lo que se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los medios de impugnación ordinarios, antes de promover el juicio constitucional. Mecanismos de defensa, mediante los cuales se puede modificar los actos reclamados, previo a instar el juicio de amparo indirecto; por tanto, es inconcuso que la vía constitucional resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, con fundamento en el diverso numeral 113 de dicha ley, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sandra Inda Salamanca, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. Por otra parte, téngase como autorizado en términos restringidos a la diversa persona que señala en su escrito inicial de demanda. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. Se hace constar que la quejosa se encuentra privado de la libertad personal en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de la ciudad de Puebla, por lo que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que se estimen pertinentes en dicho centro de reclusión. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. El registro con el que se dio cuenta debe integrarse al expediente físico - en fotocopia-, y con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así mismo, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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