Concepción Alicia Ramos Lara

Expediente 1395/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1395/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Concepción Alicia Ramos Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en el duplicado del proceso penal número 406/2006 de su índice (fojas 19 y 20), devuélvasele el duplicado de dicha causa penal (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Concepción Alicia Ramos Lara, contra la resolución reclamada al Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte la inexistencia del acto reclamados por la autoridad que fue señalada como responsable - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa la quejosa Concepción Alicia Ramos Lara, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el tres de octubre de dos mil dieciséis y ante este órgano federal el cuatro de octubre siguiente, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla que hizo consistir en la negativa a librar orden de aprehensión dentro de la causa penal 406/2016 del índice del Juzgado responsable. Mediante proveído de cinco de octubre del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a la autoridad responsable su respectivo informe justificado. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, negó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora, con las copias certificadas de la causa penal referida que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla anexó a su informe justificado, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de las que se advierte: - Que el quince de agosto de la presente anualidad, en la causa antes referida, el Juez responsable, resolvió enviar los autos a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Delegación Centro, Mesa Vespertina a fin de que procediera conforme a sus facultades, toda vez que dicha representación social, no precisó, cuál es la conducta atribuida a los pasivos, declarando su imposibilidad para entrar al estudio del fondo de los datos de prueba. Dado lo anterior, se advierte que no existe determinación por la cual, se haya negado a librar orden de aprehensión en la causa penal 406/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal, toda vez que aún no se ha determinado si con los datos de prueba existentes si se encuentra o no acreditados tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, hasta en tanto el órgano técnico de acusación subsane las deficiencias del pliego de consignación. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Sin que sea necesario requerir a la peticionaria de amparo ampliar contra la determinación de quince de agosto de la presente anualidad, emitida por el Juez responsable en la multicitada causa, dado que contra dicha determinación, se actualiza de manera notable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 5° fracción I de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo citado dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la Ley de Amparo. Así, la fracción I del artículo 5º, a que remite la fracción XII, dispone que es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, por jurisprudencia establecida se ha determinado que tanto el interés jurídico como interés legítimo tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella. Así, las figuras del interés jurídico e interés legítimo, están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos Es aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." En el caso, se pone de manifiesto que respecto de del auto en comento, no se afectan los derechos subjetivos públicos de la quejosa, ni tampoco su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Es así, dado que la aludida determinación, no agravia los derechos subjetivos de la parte quejosa, ni afecta su especial situación frente al ordenamiento jurídico; toda vez que aún no existe un pronunciamiento de fondo por el Juez Penal respecto a determinar si es procedente o no librar la orden de aprehensión respectiva. Se considera lo anterior, toda vez que si bien el delito por el cual se consignó en la causa penal 406/2016 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal, fue el de falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, en el cual el bien tutelado es la administración de justicia; y si bien, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, está legitimado para promoverlo quien demuestre que sufrió una afectación en un derecho tutelado constitucionalmente, esto es, que con motivo de la probable comisión de esos delitos hubo un perjuicio o detrimento en sus derechos o bienes, únicamente podrá impugnar aquellos actos del procedimiento, sea en la averiguación previa o en el proceso, bajo las cuales se incida en la demostración del delito, esto es respecto a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del acusado. Sirve de apoyo los siguientes criterios: "AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDADES. AUN CUANDO EN DICHOS ILÍCITOS DE RESULTADO FORMAL EL BIEN JURÍDICO TUTELADO SEA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PUEDE PROMOVERLO QUIEN DEMUESTRE UN PERJUICIO O DETRIMENTO EN SUS DERECHOS O BIENES, NO OBSTANTE QUE NO TENGA LA CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Aun cuando en los delitos de fraude procesal y de falsedad de declaración ante autoridades (ambos de resultado formal) previstos en los artículos 310 y 311 del Código Penal para el Distrito Federal, respectivamente, el bien jurídico tutelado sea la administración de justicia, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el auto que confirma el no ejercicio de la acción penal por su comisión, no se requiere demostrar la calidad de víctima u ofendido, sino que puede promoverlo quien acredite que sufrió una afectación en un derecho tutelado constitucionalmente, esto es, que con motivo de la probable comisión de esos delitos hubo un perjuicio o detrimento en los derechos o bienes del quejoso y, por ello, la decisión de no ejercer la acción penal implicó que su afectación persistiera y sólo sea reparable a través de la acción constitucional respectiva. Por lo anterior, no se requiere ser víctima u ofendido en esos ilícitos para ejercer la acción de amparo contra dicho auto, pues en delitos perseguibles de oficio, donde se afectan los bienes jurídicos tutelados de las instituciones, también de manera indirecta puede perjudicarse a un particular en sus derechos o bienes. Considerar sólo las figuras de ofendido, víctima, bien jurídico tutelado o resultado formal, para determinar la procedencia del juicio de amparo, implicaría desatender el principio de instancia de parte agraviada. (Época: Décima Época. Registro: 2003469. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3.Materia: Común .Tesis: I.6o.P.32 P. 10a.Página: 1704)." "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO AFECTE DIRECTAMENTE UNA POSIBLE CONDENA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero interesado, siempre y cuando el acto reclamado afecte directamente la reparación del daño; sin embargo, conforme a una interpretación sistemática del citado precepto, en relación con el derecho humano de aquéllos a obtener la reparación del daño, consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008), se colige que a los sujetos pasivos de hechos delictivos se les ha reconocido -tanto por la Constitución General de la República, como en diversas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el carácter de parte activa procesal penal, con legitimación para impugnar no sólo tópicos relativos exclusivamente a la reparación del daño, sino también se ha extendido a toda la gama de actos del procedimiento, sea en la averiguación previa o en el proceso, bajo las cuales puede impugnar aspectos que inciden en la demostración del delito y la plena responsabilidad penal del acusado, con la finalidad de proporcionar los elementos jurídicos que estime conducentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, tomando en cuenta el interés jurídico de la víctima u ofendido del delito de que subsista el acto tildado de inconstitucional, en virtud de su expectativa de la reparación del daño; ya que existe una multiplicidad de actos procesales que si bien no afectan directamente la reparación del daño en tanto no se refieren al respecto, sí implican que, de hecho, aquélla no ocurra, al afectar la pretensión reparatoria expresada en la presentación de una denuncia por el ofendido contra el quejoso. Por tanto, el reconocimiento del ofendido como tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, aun cuando el acto reclamado no afecte directamente una posible condena a la reparación del daño, tiende a cumplir con el mandato constitucional de garantizar ese derecho humano reconocido en su favor en el citado artículo 20 apartado B, fracción IV, constitucional y en los diversos 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 96 del Código Penal y 115, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Jalisco, y así, evitar que las personas que son víctima u ofendido por la comisión de algún delito dejen de ser "los convidados de piedra del proceso penal". (Época: Décima Época. Registro: 2006956. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo II. Materia: Común. Tesis: III.2o.P.56 P 10a.Página: 1328)." De ahí que no tiene interés jurídico para reclamar el auto mediante el cual el Juez responsable devuelve a la representación social el pliego consignatario para subsanar las deficiencias formales en él contenidas. En virtud de lo anterior, al no afectar tal acto de autoridad el interés jurídico o legítimo de la peticionaria, pone de manifiesto la causal de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que en la causa penal 406/2016 no se ha dictado la resolución que determine si con los datos de prueba se encuentran acreditados o no, los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los activos"

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de Concepción Alicia Ramos Lara, quejosa en el presente asunto, y en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que quede debidamente integrado el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, un anexo y el escrito original de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios.

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