Concepción Campos Yáñez
Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Concepción Campos Yáñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual, acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo, en contra de la suspensión provisional decretada en el presente asunto mismo que registro bajo el número Q.C. 448/2023; asimismo, informa el contenido del auto de ocho de diciembre anterior, del que se aprecia que dicho órgano colegiado desechó el medio de impugnación anteriormente mencionado. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1297/2023 y; R E S U L T A N D O: I. ANTECEDENTES. En la demanda de amparo **************, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del titular y del actuario, ambos del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. II. SUSTANCIACIÓN. En proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se ordenó formar el incidente en que se actúa en cuyo expediente, por auto de la misma fecha por una parte se negó y se concedió por otra la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, ésta facultado para conocer de este incidente de suspensión, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Carta Magna; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reformado por su similar 30/2022, por derivar de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades judiciales de la circunscripción donde ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. EXISTENCIA. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, se parte de la base de que la inconforme señaló como acto reclamado: El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, expediente 665/2005, del índice del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, seguido por Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, en contra de ************** -aquí quejosa- y otra incluida la sentencia definitiva pronunciada en dicho asunto. En específico, la orden de lanzamiento decretada respecto del bien inmueble ubicado en: calle ********, número ****, interiores ******, de la colonia ***********, código postal *********, ************, en favor de la parte actora. En relación con los actos reclamados al titular y del actuario, ambos del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se tiene por ciertos, en términos de lo normado por el artículo 142 de la Ley de Amparo, toda vez que no rindieron su informe previo, no obstante de estar debidamente notificados para tal efecto. TERCERO. ESTUDIO. Para determinar si procede o no conceder la suspensión peticionada de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se deben tomar en consideración, además de que la solicite el agraviado, los requisitos siguientes: i) Tener certidumbre sobre su existencia -en el caso de la suspensión definitiva, deben tomarse en cuenta los informes previos de las autoridades responsables-. ii) El acto reclamado, de acuerdo con su especial naturaleza, debe ser susceptible de suspenderse. iii) Examinar que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y; iv) Tomar en cuenta la posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, según las circunstancias del caso. La satisfacción de dichos elementos se efectuará en forma ordenada. Bien, el análisis de los anteriores elementos se realiza de la siguiente forma. En la especie, en lo relativo al acto reclamado descrito supra líneas -inciso "a)"- es decir, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluida la sentencia definitiva, se tiene certeza de su existencia, pues se itera, así lo manifestaron las autoridades responsables, -requisito señalado en el punto i)-. Sin embargo, los actos analizados no cumplen con la exigencia a que se refiere el inciso ii) -sobre la especial naturaleza del acto reclamado- pues según el propio dicho de los promoventes, en el juicio de origen se han tramitado y agotado todas las fases procesales hasta el dictado de la sentencia definitiva y su ejecución -escrituración-, por lo que es evidente que las actuaciones practicadas en esa etapa del juicio primario ya no son suspendibles, por ende, debe negarse la suspensión definitiva, por tratarse de actos consumados y de otorgarse la medida cautelar, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de amparo que en el fondo se pronuncie. Es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." En consecuencia, toda vez que se requiere la convergencia de los requisitos destacados para la procedencia de la medida cautelar solicitada y al tomarse en consideración que los actos que son motivos de análisis no cumplen con la segunda de las exigencias citadas -consistente en que por su naturaleza sea susceptible de suspenderse- se niega la medida cautelar solicitada en relación con dichos actos, sin que resulte necesario analizar el cumplimiento de las restantes. A continuación, procede realizar pronunciamiento sobre el diverso acto reclamado enunciado en el inciso "b)". Respecto de ello debe decirse lo siguiente: i) Efectivamente, hay certidumbre en cuanto a su existencia, por el hecho de que así lo manifestaron las autoridades responsables. ii) En lo relativo a su especial naturaleza, debe decirse que el acto, en la forma en que lo plasman, se traduce en un actuar de las autoridades responsables con efectos positivos, ya que tiene como consecuencia la entrega del bien raíz en conflicto cuya posesión refiere detentar la inconforme. Aspecto que puede ser suspendido en relación con determinadas consecuencias que se precisarán más adelante, pues la paralización de tales actos sólo sería temporal, en la inteligencia de que suspender no significa destruir, porque la materia de lo suspendido subsiste y no desaparece. iii) Máxime que en cuanto al orden público y el perjuicio al interés social, en términos del artículo 129 de la legislación de la materia, en la especie con el otorgamiento de la medida solicitada, no se contravienen. iv) Finalmente, en la especie se torna innecesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, derivado de la acreditación de los puntos anteriores. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que es jurídicamente procedente suspender los efectos del acto reclamado destacado8 en líneas que anteceden, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos de lo dispuesto por el numeral 147 de la legislación de la materia, esto es, para que no se desposea a la quejosa del bien inmueble identificado como departamento ubicado en calle ************, número *****, interiores **** y ******, de la colonia ************, código postal ****, *********, desde luego si ello no ha sucedido. Con base en lo hasta aquí discernido, la determinación que ahora se dicta prevalecerá hasta que se haga del conocimiento de las responsables la determinación que recaiga sobre el fondo del asunto. En la inteligencia de que esta suspensión definitiva solamente surte efectos, en los términos que fue concedida en relación con la autoridad y por el acto mencionado en la demanda de amparo, la cual surtirá efectos de inmediato, aunque sea recurrida, pero dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días la parte quejosa omite otorgar garantía por el monto de $******** (****************** moneda nacional), en póliza de fianza o billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito o en cualquier forma establecida por la ley, a nombre de la parte quejosa y a disposición de este juzgado federal. La necesidad de fijar la garantía obedece a la naturaleza del acto reclamado, ello dado que al concederse la suspensión definitiva para que no se lleve a cabo la entrega del numerario al que fue condenada la quejosa, es inconcuso que con motivo de tal paralización, podrían generarse daños y perjuicios a la parte tercera interesada, quien ya obtuvo dicha prerrogativa. Cabe señalar que el artículo 2108 del Código Civil Federal, define como daño lo siguiente: "Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." Concomitante, los daños se refieren también a la pérdida del poder adquisitivo en relación con dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En tanto que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de dicha suma durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del asunto, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, cabe destacar que la garantía otorgada resulta de la adición de los montos $******* (*********** moneda nacional) y $*********** (************moneda nacional), las cuales sirven para garantizar, respectivamente, los daños y los perjuicios que se puedan ocasionar a la tercera interesada con motivo de la suspensión definitiva concedida contra los actos reclamados. En este punto, debe ponerse de relieve que el procedimiento natural del que deriva el acto reclamado, lo constituye un juicio ordinario civil -controversia de arrendamiento inmobiliario-, asimismo, la agraviada se ostenta como poseedor del inmueble materia de la controversia, además, del contenido de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio, no se advierte una cantidad liquida a la que hubiera sido condenada la demandada en el sumario de origen; por lo tanto, para calcular los daños y perjuicios que puede resentir la tercera interesada, por el hecho de que con la medida cautelar se impedirá el lanzamiento de la inconforme y por ende la entrega del bien raíz a quien ya obtuvo esa prerrogativa, se presumen respecto de las pensiones rentísticas percibidas de dicho bien raíz. Sobre esa base, a través de una simple operación aritmética sin necesidad del auxilio de peritos, se puede determinar un monto fácilmente liquidable en relación con dichas rentas respecto del cual son aplicables los factores señalados con antelación, es decir, el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Así, es dable tomar en cuenta el valor promedio actual y real de las rentas de una casa ubicada en la calle *********, número *******, interiores*****y **, de la colonia *************, código postal ******, ************, oscila alrededor de $******** (********** moneda nacional), mensuales, mismo que para calcular los daños se multiplicó por seis, que son las mensualidades probables en que podrá surtir sus efectos esta medida cautelar definitiva, monto que se obtiene de la consulta realizada en esta fecha en internet y que da como total la cantidad de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). Apoya lo anterior la tesis de rubro siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Por tanto, en adición a las pensiones rentísticas por concepto de los daños que se pueden provocar a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, se tiene en cuenta el porcentaje inflacionario por el tiempo que el juzgador estime podría estar vigente la medida aquí otorgada, para lo cual es factible acudir al Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México mensualmente publica en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a 4.32% (cuatro, punto, tres, dos, por ciento), relativo a la tasa mensual -la cual es anualizada- se obtiene 0.3600% (cero, punto, tres, seis, cero, cero, por ciento), que multiplicado por la cantidad señalada en párrafos precedentes, da como resultado $******** (********** moneda nacional), cuyo resultado multiplicado a la vez por seis meses -tiempo estimado para resolver sobre el fondo del juicio de amparo- da el monto de $1,166.40 (mil ciento sesenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). Por su parte, los perjuicios que se pueden producir al tercero interesado con motivo de la medida cautelar, lo cual equivale al rendimiento que ese plazo produciría respecto del citado monto condenado, conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho día -la cual refleja el valor del dinero-, aplicable el día de hoy, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a 11.5060% (uno, uno, punto, cinco, cero, seis, cero, por ciento), que dividido entre doce, se obtiene 0.9588% (cero, punto, nueve, cinco, ocho, ocho, por ciento), multiplicado por el monto señalado, da como resultado $****** (*********** moneda nacional), cuyo resultado se multiplica a la vez por el período de seis meses -tiempo probable en que habrá de resolverse sobre el fondo del juicio de amparo- se obtiene la cantidad de $3,106.62 (tres mil ciento seis pesos 62/100 moneda nacional). Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 71/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, enero de 2015, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. [Énfasis añadido.] Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con doce minutos, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: 'DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.', estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas." [Lo destacado es propio.] Al respecto, es menester señalar que este juzgador no comparte el criterio plasmado en la tesis aislada I. 12o.C. 123 C (10ª.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS A FIN DE REPARAR LOS DAÑOS E INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS CUANDO SE IMPIDE AL TERCERO INTERESADO DISPONER DEL BIEN INMUEBLE, MATERIA DE LA CONTROVERSIA. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla pudieran causar al tercero interesado, si aquél no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Por lo que con base en un criterio objetivo, para cuantificar el monto de la medida cautelar, en los casos en que el tercero interesado no pueda disponer del bien inmueble materia de la controversia, la garantía que se fije por ese concepto debe atender al monto que el tercero interesado pudiera obtener de las rentas generadas del inmueble del que no podrá disponer durante el tiempo que surta efectos la suspensión. Lo anterior es así, porque con motivo de la suspensión decretada, el tercero interesado está imposibilitado para usar y disfrutar el inmueble arrendado, lo que genera un daño, pues mientras la quejosa lo ocupe, impide a aquél obtener las ganancias lícitas que derivaron de la renta de ese bien. Por tanto, para cuantificar los daños y perjuicios durante el tiempo que surta efectos la medida cautelar, debe partirse de datos objetivos para establecer la rentabilidad del inmueble, conforme al artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además, los órganos jurisdiccionales pueden auxiliarse de las herramientas tecnológicas actuales, como el Internet, el cual permite acceder a múltiples bases de datos como las especializadas en el mercado inmobiliario para determinar el parámetro de las rentas que el tercero interesado podría obtener del bien inmueble de acuerdo con sus características y el lugar de su ubicación, el cual deberá multiplicarse por el tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo, estableciéndolo, asimismo, con base en los indicadores estadísticos judiciales de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y una apreciación de las circunstancias propias del caso, siendo ése el tiempo aproximado que, en su caso, surta efectos la suspensión concedida al quejoso, lo que traerá como consecuencia que el tercero interesado no pueda disponer del bien inmueble, y así calcular una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de la medida cautelar se causaren si la quejosa no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, en términos del artículo invocado." Así como lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con sede en esta ciudad, en el recurso de revisión R. C. 15/2019, en el que concluyó: "Ahora, de acuerdo a lo narrado por la parte quejosa en su escrito aclaratorio, en el juicio de origen se condenó al demandado al pago de rentas a razón de veinte mil pesos; sin embargo, no debe, perderse de vista que de lo que se duele la quejosa es que a través de ese procedimiento, se le pretende privar de la posesión que ostenta del inmueble controvertido, de ahí que la suspensión definitiva se concedió para que no se le desposea del bien. Entonces, la garantía para condicionar la efectividad de la suspensión definitiva, no puede tener como base los factores que aplicó el juez de distrito, tales como el índice nacional de precios al consumidor y la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), sobre el valor actual de dicho predio, pues éstos son útiles cuando lo que debe asegurarse es una condena en cantidad líquida, mas no a la entrega de un bien, como sucede en el caso concreto. En esa tesitura, lo que debió tomar en cuenta el juez de amparo es la posible rentabilidad que genera el inmueble materia de la controversia de origen, en virtud de que el efecto de la medida cautelar fue para evitar que la peticionaria del amparo no sea desposeída, lo que trae como consecuencia que el tercero interesado no pueda disponer del bien. - - - [.]." Ello porque tales criterios, establecen diversos parámetros para fijar el monto de la garantía respectiva distintos a los anteriormente señalados, tales como indicadores estadísticos judiciales, características y lugar de ubicación del inmueble entre otros, sin embargo, como se plasmó en párrafos que anteceden, basta una simple operación aritmética para determinar la cantidad líquida a la que ascienden los probables daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte tercera interesada con motivo del otorgamiento de la presente medida cautelar, respecto de la cual es factible aplicar los factores señalados en la Jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del País anteriormente citada, la cual por cierto es de observancia obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe precisar que el instrumento a través del cual se otorgue la garantía, debe contener, cuando menos, la razón de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, así como la autorización expresa de la parte quejosa al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para solicitar y recibir de la institución financiera la información que permita el control de dichas garantías, en términos de los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 125, 128, 132 y 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Concepción Campos Yáñez, contra los actos que reclamó del titular y del actuario, ambos del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el inciso a) considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por *****************, contra los actos que reclamó del titular y del actuario, ambos del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el inciso b) considerando segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a la demás partes.
- Incidental
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por *, quien estampó su firma a ruego de * por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el que en se concedió la suspensión provisional solicitada. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia del citado medio de impugnación, en el sentido de que efectivamente en la data mencionada, se dictó el proveído al que alude el recurrente. Por lo tanto, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, para que remita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja. De igual manera, con fundamento en el artículo 113, punto cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, en su momento, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda el expediente electrónico para la integración del medio de impugnación que se trata, por lo que de igual manera, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día siguiente al en que se tenga conocimiento del órgano colegiado que corresponderá conocer del mismo, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en Turno, así como a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Incidental
Dada la cuenta que antecede y vista la certificación que antecede, de la que se advierte que, no obran las constancias de notificación ordenadas al titular y al actuario notificador, ambos del Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para rendir sus informes previos; por lo tanto, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.
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